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Saturday, 25 Oct 2014

Miércoles, 22 de octubre de 2014

Este martes se confirmó que el senador Carlos Fernando Galán no renunciará al Congreso de la República.

Aunque en los últimos días corrió el rumor de que Galán dejaría su curul a nombre de Cambio Radical para presentar su nombre en los comicios de 2015 a la alcaldía de Bogotá, en el Senado se confirmó que no dará ese paso.

Se conoció que Galán por respeto a quienes lo acompañaron en las elecciones al Congreso no presentará su carta de renuncia.

En las elecciones de octubre de 2011 el actual congresista fue candidato a la alcaldía de Bogotá logrando una importante votación en dichos comicios.

De momento el único candidato dentro de los partidos de la Unidad Nacional del presidente Juan Manuel Santos es el exministro Rafael Pardo Rueda, a nombre del Partido Liberal.

Senador Carlos Fernando Galán no renuncia al Congreso para aspirar a la alcaldía

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Miércoles 22 de Octubre de 2014 10:46

Panamá y Colombia, un año para negociar acuerdo

La Prensa

Miércoles, 22 de octubre de 2014

Panamá y Colombia se dieron ayer un plazo de un año con el propósito de negociar un convenio para evitar la doble tributación que incluiría cláusulas de intercambio de información financiera.

Los dos Gobiernos sellaron en la tarde de ayer un memorando de entendimiento para comenzar unas conversaciones en las que también se incluirán temas de la agenda comercial bilateral, una aspiración de Panamá.

También en la tarde de ayer el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, firmó un decreto que excluía a Panamá de su lista de paraísos fiscales, un requisito que había impuesto Panamá para poder negociar el acuerdo tributario en igualdad de condiciones y sin coacciones.

La canciller y vicepresidenta de la República, Isabel de Saint Malo de Alvarado, dijo anoche en una rueda de prensa que “habiéndose retirado las medidas discriminatorias”, se había acordado una agenda de conversaciones para combatir el lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo y para evitar la doble imposición fiscal.

Saint Malo aclaró que “no hemos llegado a ningún acuerdo de fondo”. Lo que se ha pactado es el inicio de conversaciones, en las que también se incluirá la disputa sobre los aranceles que Colombia impuso a los calzados y textiles que pasan por la Zona Libre de Colón, medida que ha afectado a las ventas del emporio comercial en uno de sus principales mercados.

Sobre el intercambio de información tributaria de las cuentas de colombianos en Panamá, que es el objetivo primario del país vecino, la vicepresidenta panameña dijo que “somos de la opinión que es en el mejor interés de nuestro país explorar la viabilidad de un acuerdo para evitar la doble imposición fiscal en el que se preserven las garantías de los usuarios de nuestra plataforma de servicios y se estimule la inversión colombiana en nuestro país”.

Los dos Gobiernos dijeron tras la resolución de la crisis que se habían cumplido sus objetivos parciales. De Saint Malo apuntó que “con el retiro de Panamá de la lista de paraísos fiscales de Colombia mandamos un mensaje al resto del mundo de, primero, respeto a nuestro sistema fiscal; segundo, que Panamá va a reclamar los espacios de diálogo para poder evaluar sus alternativas; y, tercero, que no estamos dispuestos a negociar acuerdos bajo presión ni a la carrera”.

Por su parte, el Gobierno de Colombia señaló en un comunicado que el memorando de entendimiento “sienta las bases para la negociación de un tratado de doble tributación que incluirá una cláusula de información financiera con los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que era justamente lo que Colombia estaba buscando”.

Colombia se refirió también al acuerdo para cooperar en el lavado de activos y blanqueo de capitales a través de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF, equivalente de la Unidad de Análisis Financiero) y cooperación con organismos internacionales. “Este tratado refuerza los que buscamos y hemos establecido con todos los vecinos, que es cooperar en todos los temas”, aseguró la canciller colombiana María Angela Holguín.

ANUNCIO. La vicepresidenta de la Republica y canciller Isabel de ...

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Miércoles, 22 de octubre de 2014

La primera batalla política de la excandidata presidencial Clara López acaba de empezar, como parte de sus planes para conquistar la Alcaldía de Bogotá en las elecciones del próximo año.

En las próximas semanas, López buscará limar las asperezas que la han distanciado en los últimos meses del Moír, un sector representativo del Polo que es liderado por el senador Jorge Enrique Robledo, el más votado en las pasadas elecciones de marzo.

Las discrepancias entre ambos surgieron por el voto abierto de López a Juan Manuel Santos en la segunda vuelta presidencial.

Ese respaldo, entre otros asuntos, como el proceso de paz con las Farc y las alianzas políticas en la capital del país y en las regiones con miras a las elecciones para alcaldes y gobernadores del 2015, promete dominar la discusión del próximo congreso nacional del partido, que se realizará en el primer trimestre del próximo año.

Allí, además, se renovarán las directivas y López buscará seguir en la presidencia de la colectividad para afianzar su candidatura a la Alcaldía. Lo más probable es que en el camino se encuentre con otras personas que también han mostrado su interés en este cargo, como el senador Alexánder López.

Este jueves, en el comité ejecutivo del Polo, habrá una nueva discusión sobre los temas esenciales que se debatirán en el congreso nacional.

“Respaldo una política amplia de alianzas y no solo entre los sectores de izquierda, pues queremos hacer una gran convergencia de fuerzas en las elecciones regionales del próximo año”, afirmó este martes López en diálogo con EL TIEMPO.

En cuanto a la división con el sector del Moír y el impacto que le puede causar dicha fractura a su candidatura a la Alcaldía de Bogotá –donde competirá seguramente con el exministro Rafael Pardo y el candidato que surja del uribismo–, López sostuvo que va a “buscar la unidad del Polo”. “Las discusiones se tienen que dar democráticamente en los organismos del partido y en el congreso nacional (compuesto por 750 delegados, que serán elegidos próximamente). Se va a discutir con ideas y con respeto y no hay peligro de división”, sostuvo la excandidata presidencial, quien ya fue alcaldesa designada de la ciudad en el 2011, tras la destitución de Samuel Moreno.

Sobre las discrepancias que generó su apoyo a Santos en la segunda vuelta presidencial y las críticas de Robledo, la excandidata dijo que le están “cobrando algo que no es cobrable, como es la votación por la paz”.

Sin embargo, el plan de López para zanjar las diferencias ideológicas y buscar la unidad del Polo no será una tarea fácil. Robledo, en una entrevista con María Isabel Rueda en este diario, calificó de “terrible” la forma en la que López apoyó a Santos. “Transmitió la idea de que ese era un voto institucional, de partido, y no lo era; fue un voto personal. Segundo, ella sacó una propaganda en la televisión y en hojas volantes llamando a votar por Santos, por ‘un sistema de salud más humano y eficiente’, por ‘un nuevo desarrollo del campo’, por ‘el pleno empleo’, como si el programa de Santos fuera el del Polo”, sostuvo Robledo.

En las últimas horas, además, el ambiente se caldeó luego de que el excandidato a la Alcaldía Aurelio Suárez, del Moír y cercano a Robledo, divulgó un documento escrito por López y propuesto a los miembros del comité ejecutivo el pasado 16 de octubre.

En el escrito, al hablar de las diferencias sobre el proceso de paz y la oposición a Santos, la excandidata advirtió una dificultad adicional. Ella habló de “cultura dogmática entre nosotros, que se traduce en un estilo ofensivo en la discusión interna que hace difícil la deliberación democrática”, dijo Suárez.

Por su parte, consultado por este diario sobre la molestia que causó la revelación de dicho documento, afirmó: “Recojo una frase de Carlos Gaviria (excandidato presidencial del Polo): el debate en los partidos de izquierda los enriquece y no los debilita”.

Las diferencias
El excandidato Aurelio Suárez, una de las personas más cercanas a Robledo, se refirió a las diferencias con Clara López. “Ella dice que son profundas y serias. Eso requerirá entonces un tratamiento profundo y serio y las diferencias, seguramente, podrán resolverse”, dijo.

La excandidata presidencial Clara López y el senador Jorge Enrique Robledo.

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Lunes, 20 de octubre de 2014

A poco menos de un mes de cumplirse dos años del fallo adverso de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre San Andrés en el que Colombia fue despojada de cerca de 75.000 kilómetros de mar territorial alrededor del archipiélago, el gobierno colombiano parece no reaccionar ante las pretensiones expansionistas de Nicaragua.

Mientras la Cancillería colombiana ha tardado casi un año en trazar una estrategia para defender la soberanía nacional y preparar la apelación al mencionado fallo, el gobierno de Nicaragua parece tenerla clara para reclamar para su territorio una mayor porción de mar continental. Una segunda demanda fue admitida en La Haya, esta vez para que se tracen nuevas fronteras, y el país centroamericano reclama para sí cerca de 200 millas náuticas desde sus costas.

Sin embargo, ante esas pretensiones, aún se desconoce la estrategia del gobierno colombiano. Por eso en el Congreso de la República, la Comisión de Asuntos Internacionales encendió las alarmas y citó a la ministra María Ángela Holguín para que, en sesión reservada, explique la forma como el Gobierno defenderá al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

En efecto, el pasado 3 de octubre, en un comunicado publicado en la página oficial de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre la “Cuestión de la delimitación de la plataforma continental entre Nicaragua y Colombia más allá de las 200 millas náuticas desde la costa de Nicaragua”, se devela la segunda parte de la estrategia jurídica de ese país para que mediante un nuevo fallo se establezcan de una vez por todas los límites definitivos con Colombia como lo señala el documento.

Otra de las estrategias de Nicaragua que quedó en evidencia es tratar de convencer a la Corte de La Haya de que si bien esta es una nueva demanda, debería ser interpretada como la segunda parte de la primera, teniendo en cuenta que en el primer fallo no se definió con precisión el nuevo límite marítimo entre los dos países.

El fallo de noviembre del 2012 no reconoció más el meridiano 82 como límite, pero ratificó la soberanía colombiana sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia, desconociendo a su vez los derechos de los raizales, de las comunidades pesqueras y de todo el pueblo sanandresano que vive exclusivamente de la pesca y el turismo.

Esta nueva demanda pretende que la Corte declare los límites. Además, con la teoría del mar extendido, Nicaragua pretende aguas que colindan las costas de Cartagena.

En ese marco, está en riesgo una zona en la que hay petróleo y la reserva sea Flower, una de las más grandes del mundo y que está protegida por la ONU.

Lo peor del caso es que Colombia sólo se retiró de la jurisdicción de la Corte de La Haya después de conocerse el primer fallo, es decir, de forma tardía, pues la segunda demanda de Nicaragua fue admitida cuando Colombia seguía reconociendo la competencia de este tribunal internacional.

Ante este panorama, la estrategia de defensa de Colombia se advierte improvisada, lo cual contrasta con la habilidad del gobierno nicaragüense y la solidez de los abogados que desde hace varias décadas han liderado su estrategia. Por su parte, Colombia ha dado bandazos no sólo en la estrategia, también en los encargados de defender los intereses del país en La Haya.

De hecho, según el comunicado de la Corte, sólo el pasado 14 de agosto del 2014, Colombia apeló al artículo 79 del reglamento del tribunal y planteó objeciones preliminares a la competencia de la Corte, confirmando que no acepta su jurisdicción para conocer este caso, en concordancia con su retiro del Pacto de Bogotá, su no adhesión a la Convención sobre Derecho del Mar y al respeto del fallo de la Corte Constitucional colombiana.

Referendo, la mejor estrategia

La gobernadora de San Andrés, Aury Guerrero, en diálogo con Semana.com, no ocultó su preocupación ante un fallo adverso que llevaría a que el archipiélago quedara enclavado en aguas de Nicaragua (si es que la Corte falla en ese sentido), lo cual supondría una situación crítica para los habitantes, que, por ejemplo, tendrían que pedir visado para poder ejercer la pesca, una de las principales fuentes económicas del archipiélago.

Por eso, Guerrero, aunque respaldó al Gobierno en la estrategia de defensa, sugirió que esta vez sí se vinculen las voces del pueblo raizal dentro de la discusión, algo que no sucedió en la estrategia ante la primera demanda de Nicaragua. “El proceso de defensa debe tener una reorientación que incorpore la voz del sanandresano dentro de esa discusión”.

Para la gobernadora, “no sabemos cuál es la estrategia del Gobierno”, pero se sumó a las voces que, como las del uribismo, consideran que el Ejecutivo debe desacatar el fallo y convocar un referendo para que el pueblo colombiano se pronuncie sobre la pertenencia de San Andrés. “En el país tendría que surgir la idea del referendo. Nosotros somos colombianos, no acatamos el fallo, que nos vean con ojos de protección que debe haber con un pueblo que ha estado en la consolidación histórica del territorio colombiano”, explicó Aury Guerrero.

Desde el Congreso, la senadora Teresita García, integrante de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, afirmó que respalda firmemente la defensa jurídica del gobierno nacional, y ha manifestado que se deben corregir los yerros del pasado, pues Colombia no está dispuesta a perder un centímetro más de territorio. “Hay que hacerle entender a la corte que los raizales, los pescadores y la comunidad en general de San Andrés tienen unos derechos adquiridos milenariamente que no deben ser desconocidos”

“Las pretensiones de Nicaragua son absurdas, ellos buscan el reconocimiento de las 200 millas que si analizamos, darían casi en las costas de Cartagena, pues que entonces nos devuelvan la costa de Mosquitos, que si la contamos desde San Andrés, también hace parte de la plataforma extendida colombiana”, dijo.

Políticos en la Isla

En momentos en que en San Andrés se empiezan a encender las alarmas sobre un nuevo fallo adverso, coincide la presencia de grupos políticos en la Isla para avanzar en nuevas promesas a favor de los sanandresanos.

Los conservadores andan en la Isla, y allí, su presidente, el representante David Barguil, aprovechó para presentar un proyecto de ley que impulsarán en el Congreso que busca apoyar al archipiélago para que pueda mejorar en seguridad, servicios públicos y desarrollo turístico.

Pretenden hacerlo a través de la creación de un fondo para el desarrollo del departamento que tendrá una duración diez años y que obligaría al gobierno nacional a ejecutar un plan nacional de desarrollo para solucionar los problemas que más afectan a la isla.

Mientras llegan estas nuevas promesas, la principal pregunta que asalta a los sanandresanos es qué hará el Gobierno para enfrentar la amenaza que supone la nueva estrategia expansionista de Nicaragua.

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La Prensa

Lunes, 20 de octubre de 2014

El presidente de la República, Juan Carlos Varela, dijo este lunes, 20 de octubre, que todavía no se ha logrado un acuerdo con el gobierno de Colombia para excluir a Panamá de la lista de paraísos fiscales en la que fue incluida por ese país sudamericano.

Varela informó que durante el fin de semana se mantuvieron conversaciones a nivel de las cancillerías. De igual forma, indicó que el viernes pasado fue la última vez que conversó vía telefónica con el presidente de Colombia Juan Manuel Santos, sobre este tema.

El mandatario panameño añadió que este miércoles, cuando se realice el Consejo de Gabinete, espera que la canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado, presente un informe sobre algún tipo de acuerdo que sea beneficioso para Panamá.

Mañana martes vence el plazo de siete días que el gobierno de Panamá dio al de Colombia para modificar su decisión de incluirlo en una lista de paraísos fiscales.

Varela dijo que su administración está abierta al diálogo, aunque sin imposición de ningún tipo. De no lograrse un acuerdo –enfatizó Varela– se tendrán que tomar medidas de retorsión. No se dijo sobre la fecha de vigencia de estas medidas contra Colombia.

El pasado 8 de octubre se conoció de la inclusión de Panamá en una lista de paraísos fiscales de Colombia, luego de advertir hace un año que aplicaría esta medida si el país no accedía a firmar un tratado de intercambio de información fiscal.

Presidente de Panamá, Juan Carlos Varela

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Lunes, 20 de octubre de 2014

La polémica desatada por la elección de María del S. Bustamante y Moisés Orozco como representantes a la Cámara de las comunidades afro no cesa.

En medio de la actual disputa jurídica algunos miembros afros aseguran que les habrían ofrecido dinero para testificar en contra de Bustamante.

Edgar Ramírez, el denunciante, dijo que algunos testigos “han sido objeto de ataques y constreñimiento por sus testimonios y declaraciones ante el Consejo de Estado”.

“Quieren que renuncien a dar sus declaraciones dentro del actual proceso que se lleva en el Consejo de Estado por las supuestas causales de nulidad”, dijo.

La denuncia de estas presiones fue presentada ante la Fiscalía General de la Nación.

A su turno, William Hernández, otro denunciante, dijo la semana pasada en Noticias Uno que hay unas grabaciones donde algunos representantes legales de otras comunidades les han venido solicitando que desistan a algunos testigos.

La posesión de Bustamante y Orozco fue suspendida por un fallo de tutela la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura hasta que el Consejo de Estado se pronuncie sobre una demanda de nulidad de la elección.

Algunos miembros de las comunidades negras dicen que no se siente representados por ninguno de los dos dirigentes elegidos: María del Socorro Bustamante y Moisés Orozco.

En entrevista con El Espectador, Diego Angulo, candidato a una de las dos curules de las negritudes, dijo que "usurparon nuestros dos puestos en el Congreso".

“Las personas que se presentaron para las curules de la población afrodescendiente no son de nuestra etnia, no comparten nuestra cultura, cosmovisión o tradiciones. Es decir, usurparon nuestros dos puestos en el Congreso, las curules que la Constitución nos asignó”, explicó.

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Lunes, 20 de octubre de 2014

Los agentes de la Guardia Nacional (GNB) que incursionaron hoy en territorio colombiano afirmaron que cruzaron la frontera "sin percatarse" mientras realizaban una inspección, informó Migración Colombia en un comunicado.

Las autoridades colombianas confirmaron que pondrán a disposición del Servicio Administrativo de Identificación de Migración y Extranjería (SAIME) a "cinco" funcionarios de ese país que atravesaron por error la frontera por la mañana, informó la agencia Efe.

"Según versiones de los funcionarios venezolanos, ingresaron a territorio colombiano sin percatarse de que habían cruzado la frontera, en momentos en que realizaban una inspección en el municipio de Ureña en Venezuela", indicó el comunicado.

Asimismo, los agentes dijeron a Migración Colombia que "la comunidad impidió que se devolvieran al territorio venezolano" y fue entonces cuando intervino la Policía colombiana para llevarlos ante las autoridades migratorias.

Con la coordinación de las autoridades venezolanas, "de forma pacífica", los agentes regresarán a su país, concluye el comunicado.

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Lunes, 20 de octubre 2014

La canciller María Ángela Holguín, que viaja a la capital panameña con otros funcionarios del Gobierno, se mostró esperanzada en que las autoridades del istmo accedan a entregar la información requerida hace dos años. “Vamos a seguir insistiendo en el diálogo”, explicó Holguín, quien rechazó el “ultimátum” de siete días que Panamá le dio a Colombia para que le retire la calificación de “paraíso fiscal”. (Lea también: Se cerraría puerta a contratar con el Estado panameño).

Colombia puso a Panamá en el rango de “paraíso fiscal” luego de que sus autoridades se negaran a firmar un acuerdo para suministrar la información financiera de empresas colombianas con actividades económicas en ese país.

La declaración de “paraíso fiscal” fue considerada una “decisión desafortunada y contraproducente” por el Instituto Libertad y Progreso. Este organismo, que pidió al Gobierno reconsiderar la decisión, dijo que “una cosa es castigar la evasión y otra es ignorar las imprescindibles inversiones de empresarios y emprendedores colombianos en Panamá y panameños en Colombia”. (Lea también: Decreto sobre Panamá rige a partir de enero de 2015: Minhacienda).

Cita en Bogotá

La ministra de Comercio, Cecilia Álvarez, y su homólogo panameño, Melitón Arrocha, hablan este viernes en Bogotá de la declaración de paraíso fiscal y de las importaciones asiáticas que pasan por el istmo.

La Canciller María Ángela Holguín confía en que por la vía del diálogo llegará a un acuerdo con el Gobierno panameño.

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Viernes, 17 de octubre de 2014

El voto obligatorio que volvió a ser tema de agenda ayer en el legislativo, es tendencia en la región y de hecho, Colombia y Nicaragua, son los únicos Estados latinoamericanos que no lo han implementado de acuerdo con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (Iidh).

Según Juan Ramón Martínez, docente de derecho internacional de la Universidad del Rosario, la masiva acogida de la medida, podría deberse, en parte, a la Carta Democrática de 2001, en la que se estableció “que los Estados firmantes adquirían un compromiso de que la democracia sería el único medio para poder llegar al poder y eso se puede lograr mediante el método de elegir y ser elegido. Creo que algunos países han interpretado la premisa con cierto grado de obligatoriedad en la regla, pero aclaro que eso no es así, y cada Estado tiene la facultad de hacerlo o no”.

En Colombia, los académicos afirman no estar de acuerdo y según los expertos si la propuesta no pasó en más de 65 años que lleva rondando el legislativo, es porque no es conveniente.

Dice Carlos Andrés Echeverry, docente de derecho constitucional de la Universidad Javeriana Cali, que la Constitución de 1991 valoró el sufragio como un derecho, o sea de libre consideración para el ciudadano, e imponérselo, podría rayar, según el especialista, en lo antidemocrático. “Que la gente no vaya a votar, constituye una manifestación de inconformidad. Cuando las personas se abstienen de ir a las urnas, indica que no fueron seducidos por la propuesta de los diferentes aspirantes y quitarles esa facultad es convertir al país en un lugar que no es respetuoso de las decisiones de sus ciudadanos”.

Leonardo Acevedo, constitucionalista del Politécnico Grancolombiano, dice que el voto obligatorio ha venido teniendo una gran acogida por la importante abstención que hay en Colombia cuando se celebran elecciones. En las pasadas elecciones presidenciales de 2010 (primera vuelta) de los 29,9 millones de ciudadanos convocados a las urnas, votaron 14,6 millones de personas, lo que representa una ausencia de 51%. En la primera vuelta presidencial de 2014, el abstencionismo superó 60%, hecho que no se repetía desde hace más de 20 años. “Todas las reformas que se han presentado en ese sentido se han caído. Históricamente en el país, se ha respetado la libertad del ejercicio, e imponer una cultura obligatoria no es viable en este momento. Por otro lado, considero que no hay infraestructura para lograr controlar que 32,7 millones de ciudadanos que están habilitados para votar, acudan a las urnas”. Con lo que sí está de acuerdo el constitucionalista del Politécnico Grancolombiano es con conservar la lista cerrada para la elección de partidos, que también ocupó un espacio importante en la plenaria del Senado ayer. “Con este punto de la reforma los partidos políticos se volverían más disciplinados en sus propuestas y en su organización interna”.

En la opinión de Acevedo coincide el constitucionalista, Juan Manuel Charria, quien agrega que el conteo de votos se volvería muchísimo más sencillo para la Registraduría.

Para Héctor Andrés Valero, magister en derecho de la Universidad Icesi, la medida además de fortalecer el debate público de los partidos, también desincentivaría el clientelismo y la corrupción. “Los candidatos no comprarían votos porque nadie les va a garantizar que les favorezca a ellos, o a quienes están encabezando las listas”.

La discusión es sin afanes
Ayer el Senado retomó la discusión del proyecto de acto legislativo de la reforma del equilibrio de poderes, que tiene como eje central la eliminación de la reelección presidencial. Nuevamente la sesión se centró en la votación de impedimentos de algunos de los senadores, y se negaron los pedidos por Musa Besaile y Luis Fernando Velasco, entre otros.

El presidente del Senado, José David Name, señaló que dará todo el tiempo necesario para la discusión del proyecto, e incluso resaltó que entiende el afán del Gobierno porque salga la iniciativa, pero dejará que se debata de forma amplia.

Las opiniones

Héctor Andrés Valero
Magister en derecho de la universidad Icesi
“La lista cerrada es uno de los puntos importantes que se quieren introducir en la reforma de Equilibrio de Poderes, porque al erradicar la votación individual se evita que sucedan hechos de corrupción, como la compra de votos, que es tan frecuente”.

Juan Manuel Charria
Abogado constitucionalista
“La lista cerrada, además de fortalecer el debate público de los partidos, también desincentivaría el clientelismo y la corrupción, ya que los candidatos no comprarían votos porque nadie les va a garantizar que les favorezca a ellos o a sus compañeros”.

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Viernes, 17 de octubre de 2014

La gobernadora de San Andrés, Aury Guerrero, se refirió sobre la nueva demanda que interpuso Nicaragua en contra de Colombia.

"La demanda de Nicaragua ha sido presentada por el vecino país con la intención de seguir apropiándose del mar territorial y casi llegar hasta las costas colombianas dejando a San Andrés enclavado", señaló.

En ese sentido, la gobernadora exhortó a la Presidencia y a la Cancillería a seguir asumiendo una posición firme y contundente porque "las pretensiones expansionistas de Nicaragua son cada vez mayores".

"Si no hay reacciones fuertes por parte del Gobierno se podría ver en riesgo el país", sostuvo.

La semana pasada, según la gobernadora, la Cancillería envió expertos para informarse sobre lo hasta ahora actuado y frente a lo que se puede hacer hacia futuro.

"Pretensiones expansionistas de Nicaragua son cada vez mayores": gobernadora de San Andrés

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