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Wednesday, 22 Oct 2014

Lunes, 20 de octubre de 2014

A poco menos de un mes de cumplirse dos años del fallo adverso de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre San Andrés en el que Colombia fue despojada de cerca de 75.000 kilómetros de mar territorial alrededor del archipiélago, el gobierno colombiano parece no reaccionar ante las pretensiones expansionistas de Nicaragua.

Mientras la Cancillería colombiana ha tardado casi un año en trazar una estrategia para defender la soberanía nacional y preparar la apelación al mencionado fallo, el gobierno de Nicaragua parece tenerla clara para reclamar para su territorio una mayor porción de mar continental. Una segunda demanda fue admitida en La Haya, esta vez para que se tracen nuevas fronteras, y el país centroamericano reclama para sí cerca de 200 millas náuticas desde sus costas.

Sin embargo, ante esas pretensiones, aún se desconoce la estrategia del gobierno colombiano. Por eso en el Congreso de la República, la Comisión de Asuntos Internacionales encendió las alarmas y citó a la ministra María Ángela Holguín para que, en sesión reservada, explique la forma como el Gobierno defenderá al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

En efecto, el pasado 3 de octubre, en un comunicado publicado en la página oficial de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre la “Cuestión de la delimitación de la plataforma continental entre Nicaragua y Colombia más allá de las 200 millas náuticas desde la costa de Nicaragua”, se devela la segunda parte de la estrategia jurídica de ese país para que mediante un nuevo fallo se establezcan de una vez por todas los límites definitivos con Colombia como lo señala el documento.

Otra de las estrategias de Nicaragua que quedó en evidencia es tratar de convencer a la Corte de La Haya de que si bien esta es una nueva demanda, debería ser interpretada como la segunda parte de la primera, teniendo en cuenta que en el primer fallo no se definió con precisión el nuevo límite marítimo entre los dos países.

El fallo de noviembre del 2012 no reconoció más el meridiano 82 como límite, pero ratificó la soberanía colombiana sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia, desconociendo a su vez los derechos de los raizales, de las comunidades pesqueras y de todo el pueblo sanandresano que vive exclusivamente de la pesca y el turismo.

Esta nueva demanda pretende que la Corte declare los límites. Además, con la teoría del mar extendido, Nicaragua pretende aguas que colindan las costas de Cartagena.

En ese marco, está en riesgo una zona en la que hay petróleo y la reserva sea Flower, una de las más grandes del mundo y que está protegida por la ONU.

Lo peor del caso es que Colombia sólo se retiró de la jurisdicción de la Corte de La Haya después de conocerse el primer fallo, es decir, de forma tardía, pues la segunda demanda de Nicaragua fue admitida cuando Colombia seguía reconociendo la competencia de este tribunal internacional.

Ante este panorama, la estrategia de defensa de Colombia se advierte improvisada, lo cual contrasta con la habilidad del gobierno nicaragüense y la solidez de los abogados que desde hace varias décadas han liderado su estrategia. Por su parte, Colombia ha dado bandazos no sólo en la estrategia, también en los encargados de defender los intereses del país en La Haya.

De hecho, según el comunicado de la Corte, sólo el pasado 14 de agosto del 2014, Colombia apeló al artículo 79 del reglamento del tribunal y planteó objeciones preliminares a la competencia de la Corte, confirmando que no acepta su jurisdicción para conocer este caso, en concordancia con su retiro del Pacto de Bogotá, su no adhesión a la Convención sobre Derecho del Mar y al respeto del fallo de la Corte Constitucional colombiana.

Referendo, la mejor estrategia

La gobernadora de San Andrés, Aury Guerrero, en diálogo con Semana.com, no ocultó su preocupación ante un fallo adverso que llevaría a que el archipiélago quedara enclavado en aguas de Nicaragua (si es que la Corte falla en ese sentido), lo cual supondría una situación crítica para los habitantes, que, por ejemplo, tendrían que pedir visado para poder ejercer la pesca, una de las principales fuentes económicas del archipiélago.

Por eso, Guerrero, aunque respaldó al Gobierno en la estrategia de defensa, sugirió que esta vez sí se vinculen las voces del pueblo raizal dentro de la discusión, algo que no sucedió en la estrategia ante la primera demanda de Nicaragua. “El proceso de defensa debe tener una reorientación que incorpore la voz del sanandresano dentro de esa discusión”.

Para la gobernadora, “no sabemos cuál es la estrategia del Gobierno”, pero se sumó a las voces que, como las del uribismo, consideran que el Ejecutivo debe desacatar el fallo y convocar un referendo para que el pueblo colombiano se pronuncie sobre la pertenencia de San Andrés. “En el país tendría que surgir la idea del referendo. Nosotros somos colombianos, no acatamos el fallo, que nos vean con ojos de protección que debe haber con un pueblo que ha estado en la consolidación histórica del territorio colombiano”, explicó Aury Guerrero.

Desde el Congreso, la senadora Teresita García, integrante de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, afirmó que respalda firmemente la defensa jurídica del gobierno nacional, y ha manifestado que se deben corregir los yerros del pasado, pues Colombia no está dispuesta a perder un centímetro más de territorio. “Hay que hacerle entender a la corte que los raizales, los pescadores y la comunidad en general de San Andrés tienen unos derechos adquiridos milenariamente que no deben ser desconocidos”

“Las pretensiones de Nicaragua son absurdas, ellos buscan el reconocimiento de las 200 millas que si analizamos, darían casi en las costas de Cartagena, pues que entonces nos devuelvan la costa de Mosquitos, que si la contamos desde San Andrés, también hace parte de la plataforma extendida colombiana”, dijo.

Políticos en la Isla

En momentos en que en San Andrés se empiezan a encender las alarmas sobre un nuevo fallo adverso, coincide la presencia de grupos políticos en la Isla para avanzar en nuevas promesas a favor de los sanandresanos.

Los conservadores andan en la Isla, y allí, su presidente, el representante David Barguil, aprovechó para presentar un proyecto de ley que impulsarán en el Congreso que busca apoyar al archipiélago para que pueda mejorar en seguridad, servicios públicos y desarrollo turístico.

Pretenden hacerlo a través de la creación de un fondo para el desarrollo del departamento que tendrá una duración diez años y que obligaría al gobierno nacional a ejecutar un plan nacional de desarrollo para solucionar los problemas que más afectan a la isla.

Mientras llegan estas nuevas promesas, la principal pregunta que asalta a los sanandresanos es qué hará el Gobierno para enfrentar la amenaza que supone la nueva estrategia expansionista de Nicaragua.

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La Prensa

Lunes, 20 de octubre de 2014

El presidente de la República, Juan Carlos Varela, dijo este lunes, 20 de octubre, que todavía no se ha logrado un acuerdo con el gobierno de Colombia para excluir a Panamá de la lista de paraísos fiscales en la que fue incluida por ese país sudamericano.

Varela informó que durante el fin de semana se mantuvieron conversaciones a nivel de las cancillerías. De igual forma, indicó que el viernes pasado fue la última vez que conversó vía telefónica con el presidente de Colombia Juan Manuel Santos, sobre este tema.

El mandatario panameño añadió que este miércoles, cuando se realice el Consejo de Gabinete, espera que la canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado, presente un informe sobre algún tipo de acuerdo que sea beneficioso para Panamá.

Mañana martes vence el plazo de siete días que el gobierno de Panamá dio al de Colombia para modificar su decisión de incluirlo en una lista de paraísos fiscales.

Varela dijo que su administración está abierta al diálogo, aunque sin imposición de ningún tipo. De no lograrse un acuerdo –enfatizó Varela– se tendrán que tomar medidas de retorsión. No se dijo sobre la fecha de vigencia de estas medidas contra Colombia.

El pasado 8 de octubre se conoció de la inclusión de Panamá en una lista de paraísos fiscales de Colombia, luego de advertir hace un año que aplicaría esta medida si el país no accedía a firmar un tratado de intercambio de información fiscal.

Presidente de Panamá, Juan Carlos Varela

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Lunes, 20 de octubre de 2014

La polémica desatada por la elección de María del S. Bustamante y Moisés Orozco como representantes a la Cámara de las comunidades afro no cesa.

En medio de la actual disputa jurídica algunos miembros afros aseguran que les habrían ofrecido dinero para testificar en contra de Bustamante.

Edgar Ramírez, el denunciante, dijo que algunos testigos “han sido objeto de ataques y constreñimiento por sus testimonios y declaraciones ante el Consejo de Estado”.

“Quieren que renuncien a dar sus declaraciones dentro del actual proceso que se lleva en el Consejo de Estado por las supuestas causales de nulidad”, dijo.

La denuncia de estas presiones fue presentada ante la Fiscalía General de la Nación.

A su turno, William Hernández, otro denunciante, dijo la semana pasada en Noticias Uno que hay unas grabaciones donde algunos representantes legales de otras comunidades les han venido solicitando que desistan a algunos testigos.

La posesión de Bustamante y Orozco fue suspendida por un fallo de tutela la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura hasta que el Consejo de Estado se pronuncie sobre una demanda de nulidad de la elección.

Algunos miembros de las comunidades negras dicen que no se siente representados por ninguno de los dos dirigentes elegidos: María del Socorro Bustamante y Moisés Orozco.

En entrevista con El Espectador, Diego Angulo, candidato a una de las dos curules de las negritudes, dijo que "usurparon nuestros dos puestos en el Congreso".

“Las personas que se presentaron para las curules de la población afrodescendiente no son de nuestra etnia, no comparten nuestra cultura, cosmovisión o tradiciones. Es decir, usurparon nuestros dos puestos en el Congreso, las curules que la Constitución nos asignó”, explicó.

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Lunes, 20 de octubre de 2014

Los agentes de la Guardia Nacional (GNB) que incursionaron hoy en territorio colombiano afirmaron que cruzaron la frontera "sin percatarse" mientras realizaban una inspección, informó Migración Colombia en un comunicado.

Las autoridades colombianas confirmaron que pondrán a disposición del Servicio Administrativo de Identificación de Migración y Extranjería (SAIME) a "cinco" funcionarios de ese país que atravesaron por error la frontera por la mañana, informó la agencia Efe.

"Según versiones de los funcionarios venezolanos, ingresaron a territorio colombiano sin percatarse de que habían cruzado la frontera, en momentos en que realizaban una inspección en el municipio de Ureña en Venezuela", indicó el comunicado.

Asimismo, los agentes dijeron a Migración Colombia que "la comunidad impidió que se devolvieran al territorio venezolano" y fue entonces cuando intervino la Policía colombiana para llevarlos ante las autoridades migratorias.

Con la coordinación de las autoridades venezolanas, "de forma pacífica", los agentes regresarán a su país, concluye el comunicado.

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Lunes, 20 de octubre 2014

La canciller María Ángela Holguín, que viaja a la capital panameña con otros funcionarios del Gobierno, se mostró esperanzada en que las autoridades del istmo accedan a entregar la información requerida hace dos años. “Vamos a seguir insistiendo en el diálogo”, explicó Holguín, quien rechazó el “ultimátum” de siete días que Panamá le dio a Colombia para que le retire la calificación de “paraíso fiscal”. (Lea también: Se cerraría puerta a contratar con el Estado panameño).

Colombia puso a Panamá en el rango de “paraíso fiscal” luego de que sus autoridades se negaran a firmar un acuerdo para suministrar la información financiera de empresas colombianas con actividades económicas en ese país.

La declaración de “paraíso fiscal” fue considerada una “decisión desafortunada y contraproducente” por el Instituto Libertad y Progreso. Este organismo, que pidió al Gobierno reconsiderar la decisión, dijo que “una cosa es castigar la evasión y otra es ignorar las imprescindibles inversiones de empresarios y emprendedores colombianos en Panamá y panameños en Colombia”. (Lea también: Decreto sobre Panamá rige a partir de enero de 2015: Minhacienda).

Cita en Bogotá

La ministra de Comercio, Cecilia Álvarez, y su homólogo panameño, Melitón Arrocha, hablan este viernes en Bogotá de la declaración de paraíso fiscal y de las importaciones asiáticas que pasan por el istmo.

La Canciller María Ángela Holguín confía en que por la vía del diálogo llegará a un acuerdo con el Gobierno panameño.

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Viernes, 17 de octubre de 2014

El voto obligatorio que volvió a ser tema de agenda ayer en el legislativo, es tendencia en la región y de hecho, Colombia y Nicaragua, son los únicos Estados latinoamericanos que no lo han implementado de acuerdo con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (Iidh).

Según Juan Ramón Martínez, docente de derecho internacional de la Universidad del Rosario, la masiva acogida de la medida, podría deberse, en parte, a la Carta Democrática de 2001, en la que se estableció “que los Estados firmantes adquirían un compromiso de que la democracia sería el único medio para poder llegar al poder y eso se puede lograr mediante el método de elegir y ser elegido. Creo que algunos países han interpretado la premisa con cierto grado de obligatoriedad en la regla, pero aclaro que eso no es así, y cada Estado tiene la facultad de hacerlo o no”.

En Colombia, los académicos afirman no estar de acuerdo y según los expertos si la propuesta no pasó en más de 65 años que lleva rondando el legislativo, es porque no es conveniente.

Dice Carlos Andrés Echeverry, docente de derecho constitucional de la Universidad Javeriana Cali, que la Constitución de 1991 valoró el sufragio como un derecho, o sea de libre consideración para el ciudadano, e imponérselo, podría rayar, según el especialista, en lo antidemocrático. “Que la gente no vaya a votar, constituye una manifestación de inconformidad. Cuando las personas se abstienen de ir a las urnas, indica que no fueron seducidos por la propuesta de los diferentes aspirantes y quitarles esa facultad es convertir al país en un lugar que no es respetuoso de las decisiones de sus ciudadanos”.

Leonardo Acevedo, constitucionalista del Politécnico Grancolombiano, dice que el voto obligatorio ha venido teniendo una gran acogida por la importante abstención que hay en Colombia cuando se celebran elecciones. En las pasadas elecciones presidenciales de 2010 (primera vuelta) de los 29,9 millones de ciudadanos convocados a las urnas, votaron 14,6 millones de personas, lo que representa una ausencia de 51%. En la primera vuelta presidencial de 2014, el abstencionismo superó 60%, hecho que no se repetía desde hace más de 20 años. “Todas las reformas que se han presentado en ese sentido se han caído. Históricamente en el país, se ha respetado la libertad del ejercicio, e imponer una cultura obligatoria no es viable en este momento. Por otro lado, considero que no hay infraestructura para lograr controlar que 32,7 millones de ciudadanos que están habilitados para votar, acudan a las urnas”. Con lo que sí está de acuerdo el constitucionalista del Politécnico Grancolombiano es con conservar la lista cerrada para la elección de partidos, que también ocupó un espacio importante en la plenaria del Senado ayer. “Con este punto de la reforma los partidos políticos se volverían más disciplinados en sus propuestas y en su organización interna”.

En la opinión de Acevedo coincide el constitucionalista, Juan Manuel Charria, quien agrega que el conteo de votos se volvería muchísimo más sencillo para la Registraduría.

Para Héctor Andrés Valero, magister en derecho de la Universidad Icesi, la medida además de fortalecer el debate público de los partidos, también desincentivaría el clientelismo y la corrupción. “Los candidatos no comprarían votos porque nadie les va a garantizar que les favorezca a ellos, o a quienes están encabezando las listas”.

La discusión es sin afanes
Ayer el Senado retomó la discusión del proyecto de acto legislativo de la reforma del equilibrio de poderes, que tiene como eje central la eliminación de la reelección presidencial. Nuevamente la sesión se centró en la votación de impedimentos de algunos de los senadores, y se negaron los pedidos por Musa Besaile y Luis Fernando Velasco, entre otros.

El presidente del Senado, José David Name, señaló que dará todo el tiempo necesario para la discusión del proyecto, e incluso resaltó que entiende el afán del Gobierno porque salga la iniciativa, pero dejará que se debata de forma amplia.

Las opiniones

Héctor Andrés Valero
Magister en derecho de la universidad Icesi
“La lista cerrada es uno de los puntos importantes que se quieren introducir en la reforma de Equilibrio de Poderes, porque al erradicar la votación individual se evita que sucedan hechos de corrupción, como la compra de votos, que es tan frecuente”.

Juan Manuel Charria
Abogado constitucionalista
“La lista cerrada, además de fortalecer el debate público de los partidos, también desincentivaría el clientelismo y la corrupción, ya que los candidatos no comprarían votos porque nadie les va a garantizar que les favorezca a ellos o a sus compañeros”.

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Viernes, 17 de octubre de 2014

La gobernadora de San Andrés, Aury Guerrero, se refirió sobre la nueva demanda que interpuso Nicaragua en contra de Colombia.

"La demanda de Nicaragua ha sido presentada por el vecino país con la intención de seguir apropiándose del mar territorial y casi llegar hasta las costas colombianas dejando a San Andrés enclavado", señaló.

En ese sentido, la gobernadora exhortó a la Presidencia y a la Cancillería a seguir asumiendo una posición firme y contundente porque "las pretensiones expansionistas de Nicaragua son cada vez mayores".

"Si no hay reacciones fuertes por parte del Gobierno se podría ver en riesgo el país", sostuvo.

La semana pasada, según la gobernadora, la Cancillería envió expertos para informarse sobre lo hasta ahora actuado y frente a lo que se puede hacer hacia futuro.

"Pretensiones expansionistas de Nicaragua son cada vez mayores": gobernadora de San Andrés

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Viernes, 17 de octubre de 2014

La plenaria del Senado terminó el jueves de votar el proyecto de reforma al equilibrio de poderes, y finalmente modificó el tribunal de aforados o supertribunal, que ahora investigará al Procurador, al Fiscal, al Contralor, al Defensor, al Registrador y a los magistrados de las altas cortes. (Lea también: Procurador y Fiscal serían investigados por tribunal de aforados).

La aprobación de la enmienda a la Constitución, que superó su segundo de ocho debates en el Congreso, se dio luego de tres largas jornadas.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, agradeció a las bancadas de los partidos políticos por su esfuerzo, y afirmó que “no es una reforma perfecta” y que, por lo tanto, “tenemos que seguirla mejorando”. (Lea también: Reforma del Estado: partidos tendrán listas cerradas desde 2022).

El plato fuerte de la sesión de ayer fue la modificación del tribunal de aforados, la cual se logró con el quórum mínimo para ello (52 votos) y tres minutos antes de cumplirse el tiempo dispuesto por el reglamento para la votación.

Según lo aprobado, el nuevo organismo se compondrá de cinco miembros los cuales serán elegidos por la Cámara de Representantes de ternas que envíen las facultades de derecho mejor calificadas del país. (Lea también: Senado hundió voto obligatorio en segundo debate de reforma al Estado).

El senador por ‘la U’ Armando Benedetti, uno de los coordinadores ponentes del proyecto, dijo que esa nueva instancia “se encargará de instruir en los procesos contra magistrados de altas cortes, Procurador, Fiscal, Contralor, Registrador y Defensor”. Según él, esto quiere decir que la nueva instancia se encargará solamente de “recaudar las pruebas y presentarlas ante la plenaria de la Cámara, la cual definirá si acusa o no ante el Senado”.

La investigación del Presidente y el Vicepresidente seguirá en manos de la Comisión de Acusación, a la que solamente se le cambió el nombre y ahora se llamará Comisión de Investigación. (Lea también: Aprueban plazo a las altas cortes para que elijan a sus magistrados).

Pero la creación de este nuevo tribunal, que ha sido acompañado por el Gobierno Nacional, no fue una tarea fácil para la coalición.

Antes de la aprobación de este artículo, el pleno del Senado negó una proposición de la senadora por Alianza Verde Claudia López, la cual pretendía que ese organismo no solo investigara, sino que también juzgara a los aforados.

La idea de la congresista era que estuviera conformado por nueve magistrados, divididos en tres salas: una para que investigara, otra para que juzgara y una tercera que sirviera de segunda instancia. López insistió en su propuesta y les pidió a sus colegas no dejarse “someter al chantaje” de algunos altos servidores del Estado para que no se implemente un modelo de “investigación y juzgamiento” para ellos.

Sin embargo, las mayorías de la coalición hundieron esta propuesta.

Tras esto, la mayoría de la bancada del Centro Democrático abandonó el recinto y redujo sustancialmente el quórum decisorio, por lo que la coalición se vio en aprietos para lograr su cometido, que al final se conquistó.

El otro tema clave del jueves fue la permanencia de las llamadas listas ‘cremallera’, las cuales buscan que la mitad de las planchas sean conformadas por hombres y la otra mitad por mujeres, esto de forma intercalada.

Primero se acogió una proposición del senador conservador Laureano Acuña, quien propuso que las listas a corporaciones públicas sean cerradas, pero eliminó la parte en la que decía que estas planchas se integrarían intercaladamente por hombres y mujeres.

Con ello, las listas ‘cremallera’ quedaban supuestamente hundidas, pero después Claudia López presentó otra proposición, que fue aprobada, y revivió el texto que venía en la ponencia.

Al final del debate y con la premura de tener que votar el Presupuesto Nacional, los senadores dejaron como constancias que se pueden revivir en los siguientes debates diez artículos del proyecto, el cual pasa a consideración de la Comisión Primera de la Cámara.

Mucha actividad se presentó en la plenaria del Senado.

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Miércoles, 15 de octubre de 2014

Tras cerca de seis horas de reunión, la Cámara de Representantes le dio el aval al proyecto de Presupuesto para 2015 aforado en 216,2 billones de pesos que viene con más gasto y con un déficit de 12,5 billones de pesos que espera tapar con una reforma tributaria.

Tras ser aprobada la iniciativa, después de varias intervenciones de los congresistas reclamando mayores recursos para sus regiones, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, destacó el monto del presupuesto de inversión para 2015 que bordea los 50 billones de pesos. "Nunca antes el país había tenido una cifra que ya acaricia los 50 billones de pesos en inversión".

Remarcó que por primera vez la educación es el que tiene la mayor apropiación de recursos, que asciende a 28,9 billones de pesos, seguido de los recursos para la guerra con 28,2 billones de pesos.

Reconoció que el presupuesto tuvo varias modificaciones donde se destacó la austeridad en el funcionamiento para priorizar la inversión social. Recordó que el Gobierno se ha comprometido con un ahorro del 10% en los gastos generales que significan cerca de 500.000 millones de pesos.

El Presupuesto para 2015 crece 6,4% frente al que se ejecuta en 2014 de 203,1 billones de pesos. El funcionamiento crece de 113,8 billones de pesos a 121,07 billones y la nómina pasa de costar 23,3 billones a 25,08 billones de pesos.

Para el servicio de la deuda fueron incluidos 48,9 billones de pesos desde los 42,4 billones de 2014.

El sector de educación con 28,9 billones de pesos y Defensa con 28,2 billones son los de mayores recursos. Trabajo tiene 26,5 billones de pesos donde el mayor porcentaje es para el pago de pensiones.

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Miércoles, 15 de octubre de 2014

Según el Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana, que aplicó y procesó la encuesta entre febrero y septiembre de este año, al 68,8 por ciento de las personas le genera satisfacción vivir en la ciudad. No obstante, el 81,8 % contestó que se siente poco y nada satisfecho con la administración de la justicia en la ciudad.

De igual manera, el 88,9 afirmó que se siente poco o nada satisfecho con el estado de las calles y el 80 por ciento manifestó su inconformidad por el transporte público. El 68,8 por ciento aseguró que se siente insatisfecho con los servicios de salud.

Al revelar los resultados de la encuesta, que la administración denominó 'Primer encuesta de felicidad y satisfacción de los bogotanos', el alcalde Gustavo Petro señaló que Bogotá es una de las mejores capitales de Latinoamérica para vivir y agregó que se está trabajando para mejorar el acceso a la justicia a través de la propuesta de crear 50 casas de justicia en la ciudad.

Sobre el tema de la movilidad afirmó que “el mejoramiento de las calles vale 5 mil millones de dólares porque durante 20 años no se han arreglado. No existió una política pública para arreglar las calles porque las fuentes que tenía el distrito se usaron exclusivamente para las troncales y la expansión del TransMilenio”, señaló.

Petro aseguró que se necesitaría invertir un billón de pesos anuales para la reconstrucción de vías. Según el estimado por el alcalde, el tiempo de duración para arreglar toda la malla vial sería de 40 años. Sin embargo el mandatario aclara que con la máquina tapahuecos se podrán disminuir costos porque al tapar huecos no estructurales será posible destinar más dinero para la reconstrucción de vías y así poder tener arreglada toda la malla vial en 5 o 7 años.

Informó que ya hay 300 kilómetros/carril de vía reconstruida, 1.700 huecos tapados en Usaquén y se cuenta con 400 mil millones de pesos para la reconstrucción de vías. Agregó que “la ciudad sigue teniendo un déficit presupuestal que solamente se va a suplir con recursos tributarios”.

Aseguró que otro de los aspectos importantes para mejorar la movilidad en la ciudad es disminuir el uso del carro. “Hay que cobrar más, quitar espacios y tener una mayor cultura del uso del vehículo”, dijo el mandatario quien señaló que la solución para mejorar la movilidad es tener “más bicicletas, menos uso del carro y el metro”.

Bogotanos se sienten inseguros

Sobre el tema de la seguridad, la encuesta, realizada por el Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad ciudadana (CEACS) reveló que el 77,4 % de las personas se siente inseguro en la ciudad y solo el 22,5 % piensa lo contrario. El estudio señala que las personas de los niveles socioeconómicos 1 y 2 son las que tienen mayores niveles de percepción de inseguridad pues el 48,2 por ciento de los encuestados pertenecientes a estos estratos contestó que no se siente seguro en la capital.

Respecto a los temas que los encuestados consideran que se debería trabajar más para mejorar la calidad de vida en Bogotá, el 17, 6 % contestó la seguridad, el 16, 5 % dijo que la generación de empleo, el 13,4 % afirmó que la drogadicción y venta de sustancias psicoactivas, el 11,05 % señaló la lucha contra la corrupción y el 9,1 % contestó la movilidad.

“La encuesta nos muestra que toca trabajar mucho más y que tenemos que analizar. Para mí es un llamado de atención y un reto para mejorar”, señaló el general Humberto Guatibonza, director de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Según el alcalde “hay una paradoja en el tema de la seguridad porque los delitos de alto impacto, empezando por el homicidio, disminuyen y siguen disminuyendo pero eso no pega en las percepciones. Los delitos de bajo impacto son los que menos pegan en la percepción como el hurto de celulares”, informó.

Petro aseguró que la acción que ha desarrollado la ciudad contra las mafias del robo de celulares hay que mantenerla con una presencia policial en los flujos de población. “Debemos tener miles de personas cuidando a los transeúntes en las zonas de flujo de la ciudad”, agregó.

El mal estado de las vías es uno de los temas que más impacta a los bogotanos.

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