Venus
OPEAL, un proyecto del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, hace seguimiento permanente a la situación geopolítica, económica, medioambiental y de seguridad de la región así como a la coyuntura de seguridad y la política exterior colombiana.



Jueves 22 de Enero de 2015

El presidente de la Bolsa de Valores de Colombia dijo que el objetivo de la integración de México en el Mercado Integrado Latinoamericano es construir un mercado de capitales para la región.

CIUDAD DE MÉXICO.- El Mercado Integrado Latinoamericano (Mila) debe ser el pilar estratégico de la Alianza del Pacífico (AP) para que las empresas de la región tengan mejores condiciones de financiamiento que les permitan competir globalmente y para que los ciudadanos podamos acceder a buenas pensiones sin hacer quebrar el fisco, manifestó Juan Pablo Córdoba.

El presidente de la Bolsa de Valores de Colombia afirmó que para estas necesidades "requerimos que Mila sea ese pilar estratégico de la Alianza del Pacífico y que no haya dudas que el objetivo es construir un mercado de capitales para la región".

Durante la ceremonia con motivo de la adhesión de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) al Mercado Integrado Latinoamericano (Mila), el representante de los tres mercados latinoamericanos afirmó que quieren más participación, más liquidez para tener más competitividad para los mercados integrados de la Alianza del Pacífico.

La BMV se integró oficialmente al Mila, conformado por Chile Perú y Colombia, en diciembre de 2014, lo que hace que el Mila dé un salto cualitativo en su capitalización bursátil, que en conjunto suma aproximadamente 1 billón de dólares al cierre de 2014 y a más de 790 empresas listadas entre los cuatro países, convirtiéndose en el mercado más grande de América Latina.

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Jueves 22 de Enero de 2015

Esta semana, en la ciudad de Bogotá, tendrá lugar la XIX ronda de Grupos Técnicos de la Alianza del Pacífico. En esta ocasión se reunirán funcionarios encargados de los temas de: cooperación; asuntos institucionales; servicios y capitales; turismo; educación; pymes; innovación; Comité de Expertos para el CEAP; Movimiento de Personas y Facilitación de Tránsito Migratorio; Relacionamiento Externo y Estrategia Comunicacional.

Los grupos técnicos tienen como función coordinar y ejecutar las acciones en áreas específicas priorizadas por las altas autoridades de Chile, Colombia, México y Perú.

Se trata de la primera reunión de Grupos Técnicos del año. Posteriormente, se ha previsto rondas en marzo en Perú y en mayo en México, ambas como antesala a la X Cumbre de Jefes de Estado de la Alianza del Pacífico que tendrá lugar el 18 y 19 de junio en Urubamba, Perú.

Lea completa la noticia en: alianzapacifico.net
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Jueves 22 de Enero de 2015

Bogotá (ene. 20/15). Alrededor de 150 delegados de los países miembros de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú) participan del 21 al 22 de enero en Bogotá, de la XIX reunión de Grupos Técnicos.

Durante estos dos días, los delegados revisan el estado de los proyectos que actualmente se están diseñando y ejecutando,  lo cual permitirá avanzar en el cumplimiento de los compromisos asumidos en el marco de este proceso de integración profunda.

Los integrantes de once de los 18 Grupos Técnicos de la Alianza del Pacífico, abordarán durante estas reuniones una agenda enfocada en temas de Cooperación, Asuntos Institucionales, Servicios y Capitales, Turismo, Educación, Pymes, Innovación, Comité de Expertos que analiza las recomendaciones del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico; Movimiento de Personas y Facilitación del Tránsito Migratorio, Estrategia Comunicacional y Relacionamiento Externo.

Los resultados de estas reuniones, que se llevan a cabo en las instalaciones de la Cancillería y del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, serán presentados a los Viceministros de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior en la próxima reunión del Grupo de Alto Nivel (GAN), con el fin de avanzar en la preparación de entregables para la X Cumbre de la Alianza del Pacífico, que tendrá lugar en junio del año en curso en Urubamba (Perú), ocasión en la que este país asumirá la Presidencia Pro Témpore del mecanismo.

A través de la Alianza del Pacífico los países miembros buscan conformar un área de integración profunda en la que sea posible la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas a partir de un eje económico-comercial y proyectos de cooperación en distintas áreas.

Este mecanismo fue creado formalmente el 6 de julio de 2012 con la firma del Acuerdo Marco por parte de los Presidentes de Colombia, Chile, México y Perú, y actualmente cuenta con treinta y dos Estados Observadores.

Lea completa la noticia en: cancilleria.gov.co
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Miércoles 21 de Enero de 2015

El diputado sandinista y presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional, Jacinto Suárez, afirma que la demanda de Nicaragua de delimitar su plataforma continental más allá de las doscientas millas náuticas es correcta y legítima, contrastando así la posición de Colombia, que rechaza esta demanda establecida en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con sede en La Haya, Holanda.

Ayer Nicaragua presentó sus observaciones a la objeción de Colombia, aunque oficialmente no se conoce cuáles fueron.

LA PRENSA intentó hablar con el embajador de Nicaragua en Holanda, Carlos Argüello, pero este no estaba disponible, explicó otro funcionario administrativo de esa Embajada.

El pasado 16 de septiembre de 2013, Nicaragua solicitó ante la CIJ la delimitación de su plataforma continental más allá de las doscientas millas náuticas, demandando que el alto tribunal se pronuncie y declare el “rumbo exacto” de su frontera marítima con Colombia, más allá de los límites ya establecidos en la sentencia del 19 de noviembre del 2012.

“Lo que se le pide a la Corte (CIJ) es que diga: hasta dónde llega Colombia y hasta dónde llega Nicaragua”, explicó Suárez ayer en la Asamblea.

Sin embargo, Colombia objeta la jurisdicción de la CIJ en esta demanda y también cuestiona la admisión de la misma.

La objeción de Colombia plantea que la CIJ ya resolvió la delimitación continental en la sentencia del 19 de noviembre del 2012. Sin embargo, Nicaragua presentó (el 24 de junio de 2013) a la Comisión de Límites sobre Plataforma Continental, un informe completo sobre su interés de extender su plataforma continental, lo cual no fue rechazado.

Colombia retrasa

El diputado sandinista Jacinto Suárez recordó que la demanda de Nicaragua de establecer los límites de su plataforma continental más allá de las doscientas millas náuticas se hizo antes de que se venciera el plazo para que se hiciera efectivo el retiro de Colombia de la CIJ. Suárez hizo ver que la objeción colombiana es una maniobra para evitar el proceso de demanda y retrasar los procedimientos de la CIJ. Nicaragua solicitó a la CIJ establecer el límite de su plataforma continental, porque en el territorio extendido la plataforma se traslapa con los territorios de otros países.

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República de Nicaragua

OPEAL pone a su disposición el texto de Demanda presentada el 26 de noviembre de 2013 contra Colombia por Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia aduciendo supuestas violaciones a derechos soberanos y espacios marítimos en el Mar Caribe, más conocida como la tercera demanda o la demanda por desacato. 

Descargue el texto completo aquí.

Consulte más análisis y artículos en: www.opeal.net

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Martes 20 de Enero de 2015

El comercio y la inversión de los cuatro países del bloque están volcados hacia otras regiones, principalmente Estados Unidos y la Unión Europea. Así lo revela un estudio realizado por el Programa Latinoamericano del Wilson Center.

La Alianza del Pacífico, iniciativa conjunta de Colombia, México, Chile y Perú, tiene una integración comercial de entre el 15 y el 20 por ciento, a pesar de que los acercamientos entre los países llevan décadas.

Así lo señala un estudio realizado por el Programa Latinoamericano del Wilson Center, según el cual son mayores los niveles de intercambio de bienes y servicios así como inversión con terceros, en particular Estados Unidos, la Unión Europea y China.

El informe señala además que en otros bloques es mayor el nivel de integración. Por ejemplo, en Asia llega al 50 por ciento, y en Europa supera el 70 por ciento.

Aunque es poco el comercio intrarregional de la Alianza del Pacífico, la situación difiere entre los países.

México es, de acuerdo con el documento, el país de menor integración comercial, teniendo en cuenta no solo los volúmenes de intercambio, sino la participación dentro del total.

En otras palabras, a pesar de ser el mayor exportador a sus demás socios del bloque, el monto es muy pequeño si se compara con el total de sus despachos al exterior.

De hecho, los países de la Alianza son apenas el 2,3 por ciento de sus envíos al exterior, y entre sus compradores Colombia ocupa el puesto 6, Chile el 11 y Perú el 13.

En cuanto a las importaciones, Colombia es el que compra los mayores volúmenes al interior del bloque, con el 12 por ciento del total, pues México es su tercer proveedor, Chile el 13 y Perú el 15.

Dos razones presenta el estudio para explicar esta situación. Por un lado, el aumento en los precios de las materias primas que exportan los socios del Pacífico y el aumento de la demanda de China hicieron que se volcaran a este segmento.

La otra, es que México y Chile tienen vínculos más fuertes con Mercosur que con la Alianza, en particular por el intercambio con Brasil.

En cuanto al comercio intraindustria –uno de los temas que más se ha tratado como beneficio del bloque comercial– los lazos más estrechos se producen entre Colombia y Chile, principalmente en textiles.

Para fortalecer la integración, el estudio plantea la necesidad de avanzar en logística, mejorar el capital humano, crear clústeres especializados y competitivos en la región, así como facilitar los trámites aduaneros, estandarizar las normas y apoyar financieramente las operaciones de comercio exterior.

COLOMBIA, EL QUE MÁS INVERSIÓN RECIBRE DE LA AP

El otro tema clave es la inversión extranjera entre los países de la Alianza. Si bien son mayoría los recursos provenientes de EE. UU. y Europa, lo cierto es que hay cada vez multilatinas expandiéndose con operaciones propias, ampliación de sus redes comerciales o adquisiciones en la región.

Mientras que Colombia es el país que, de lejos, más ha recibido recursos de sus socios de la Alianza, las empresas mexicanas han sido las más agresivas en su labor de expansión regional.

Lea completa la noticia en: portafolio.co
 

Martes 20 de Enero de 2015

El Gobierno colombiano tiene hasta mediados de este año para responder los alegatos. 

El Gobierno de Daniel Ortega debe presentar por escrito este lunes antes ante la Corte Internacional de Justicia sus argumentos y objeciones en el litigio que mantiene con Colombia en el mar Caribe.

Esto después de que La Haya extendiera el plazo que estaba fijado para el pasado 3 de octubre, en vista del recurso presentado por nuestro país en el pasado mes de agosto, en el que se pide que la Corte se declare sin competencia en la segunda demanda interpuesta por Nicaragua.

La nueva causa nicaragüenses denuncia que Colombia ha incumplido en obligaciones del derecho internacional al no haber acatado el fallo de La Haya.

El Gobierno colombiano tiene hasta mediados de este año para responder los alegatos.

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Lunes, 19 de Enero de 2015

La guerrilla de las Farc y el gobierno colombiano, que adelantan diálogos de paz en Cuba, aún difieren sobre el tema de justicia transicional para los insurgentes cuando dejen las armas, aseguró este lunes Humberto de la Calle, jefe negociador del gobierno.

"Los temas pendientes tienen una enorme complejidad. En la justicia transicional, como era de esperar, todavía enfrentamos distancias considerables", dijo De la Calle, representante del presidente Juan Manuel Santos en la mesa de negociación que avanza desde noviembre de 2012.

En alocución pública, el delegado afirmó que entre el 15 y el 18 de enero, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y el gobierno desarrollaron reuniones de planificación para "examinar el panorama general de los pasos a seguir y compartir visiones sobre los puntos restantes de la agenda".

En esos encuentros técnicos, calificados como "positivos" por De la Calle, el gobierno insistió en que "Colombia debe ajustarse a estándares mundiales y nacionales (de justicia transicional), en particular, en lo relacionado con crímenes internacionales".

"Creemos, sin embargo, que hay espacios en el terreno de la alternatividad penal que permiten satisfacer en la mayor medida posible los derechos de las víctimas e impedir la impunidad", agregó el representante oficial.

Hasta el momento, las partes han llegado a acuerdos sobre tres de los cinco puntos de la agenda: desarrollo rural, participación política y drogas ilícitas.

Actualmente, está en discusión el punto sobre víctimas y queda por definir el del fin del conflicto, que incluye el establecimiento de un futuro cese bilateral del fuego y la entrega de armas por parte de la guerrilla, así como el mecanismo de refrendación de los acuerdos de paz. Puntos polémicos como las penas que se impondrán a los guerrilleros una vez dejen las armas y su elegibilidad a cargos públicos, aún están sobre la mesa. 

Las Farc ordenaron una tregua unilateral a partir del 20 de diciembre pasado, pese a que el gobierno se opone a un alto el fuego bilateral antes de la firma de un acuerdo final. Sin embargo, en el nuevo ciclo de negociaciones que inicia el próximo 2 de febrero, las partes discutirán medidas para reducir las hostilidades en un conflicto armado de más de 50 años.

El desmantelamiento de campos minados, el cese del reclutamiento de menores por parte de la guerrilla -de lo que el gobierno la ha acusado históricamente- y la suspensión de bombardeos aéreos de la fuerza pública, hacen parte de esta discusión.

Farc y gobierno aún difieren sobre justicia transicional: De la Calle

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Viernes, 19 Diciembre 2014 21:12

Corte Penal Internacional: 12 años y contando

En poco más de doce años, la Corte Penal Internacional lucha aún por convertirse en el referente de la justicia penal en el mundo. En este documento se evalúan algunos aspectos de su intervención en las diferentes situaciones que son de su competencia –hasta hoy, todas en África-. También se mencionan algunos de los casos que podrían llegar a ser del conocimiento del Tribunal en el futuro y se explora en perspectiva el estado del arte frente a la situación colombiana

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Introducción

 

Nueve situaciones en África, veintiún casos abiertos, tres sentencias proferidas, varios juicios que siguen en curso y casi una decena de países bajo la lupa. Ese es el balance general de la Corte Penal Internacional (CPI) en algo más de doce años de funciones que el Estatuto de Roma –su tratado fundacional, ratificado hoy por 122 Estados - entró en vigor -. Encargado de juzgar a los responsables por la comisión de crímenes de guerra, de lesa humanidad y de genocidio –y quizá en un futuro cercano de agresión[1]-, el tribunal ha seguido de cerca el caso colombiano. Entre tanto, muchas han sido las informaciones que la Oficina de su Fiscal actual –Fatou Bensouda- y la de su antecesor –Luís Moreno Ocampo-, han recibido, con el fin que se abra una investigación formal sobre la situación de Colombia. En este Análisis Político Estratégico se comentan algunos de los logros y varias de las limitaciones que este tribunal ha encontrado en medio de las diferentes investigaciones que se han abierto desde 2002. También se tienen en cuenta las posibles situaciones futuras que podrían llegar a ser de conocimiento de la Corte y el estado actual de la investigación preliminar que lleva sobre el caso colombiano.

Los casos emblemáticos

 

Entre los individuos que la Corte ha judicializado o ha buscado judicializar –o bien por la incapacidad material para hacerlos comparecer en La Haya o bien porque simplemente éstos han muerto antes de llegar hasta esta instancia- hay que nombrar a los varios Jefes de Estado en ejercicio sobre los cuales se han proferido órdenes de detención. El primero fue Omar Al-Bashir, hasta hoy Presidente de Sudán acusado de la comisión de diferentes cargos de crímenes de guerra, de lesa humanidad y de genocidio. Sus acciones estarían relacionadas con la crisis humanitaria de mediados de la década pasada en la región de Darfur  la cual en su momento llamó la atención de la prensa y la opinión pública global. De hecho, fue el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a través de su Resolución 1593 el que remitió la situación ante la CPI en 2005.

En cualquier casoen marzo de 2009, luego de más tres años de investigación, se profirió la primera orden de captura en contra de un Jefe de Estado en ejercicio. Aunque en 2010 dicha orden se extendió con nuevos cargos, hoy Al Bashir sigue en su cargo en Sudán, ha llevado a cabo visitas de Estado a varios países[2] –que estarían en la obligación de entregarlo a la Corte- y ha incluso nombrado a varios de los demás acusados sudaneses por el tribunal internacional como miembros de su gabinete de gobierno. La limitación evidente es que la CPI carece del poder de ejecutar sus mandatos. Éste recae sobre los Estados y mientras éstos no estén en disposición de apoyar la acción del tribunal, la impunidad sigue a la orden del día.

Además, en relación con la situación de Darfur, el pasado 12 de diciembre la Fiscal de la CPI comunicó a la opinión pública internacional que había decidido archivar la investigación “ante la falta de apoyo del Consejo de Seguridad”, ente que, para ella, debió hacerse cargo con las medidas coercitivas en contra de Al Bashir y los demás sindicados en relación con este caso[3]. Al día siguiente, el Presidente sudanés declaró la “victoria” de su país ante el tribunal. De hecho, declaró que la Corte “quiso arrodillar a los sudaneses pero terminó alzando sus brazos, admitiendo que falló”. Para Al Bashir “el pueblo de Sudán derrotó a la CPI”. Este tipo de hechos siguen restándole no sólo credibilidad sino que prueban que las capacidades del tribunal son muy limitadas, sobre todo a lo que se refiere a la judicialización de los sindicados.

En un segundo caso, en relación con Kenia, hay que recordar que su Presidente, Uhuru Muigai Kenyatta, se convirtió en el primer Jefe de Estado en ejercicio en comparecer voluntariamente ante la Corte. El 8 de octubre de 2014 se presentó en La Haya a “título personal” y no como Presidente del país, lo cual según él, “no compromete la soberanía del pueblo kenyano”. Acusado de la comisión de 5 cargos de crímenes de lesa humanidad relacionados con la violencia postelectoral que se vivió en 2007 luego de las elecciones presidenciales en su país, Kenyatta sostuvo un discurso profundamente soberanista ante el tribunal internacional. Esta movida política se entendió desde varias perspectivas. Una ampliamente comentada por la opinión pública internacional tiene que ver con la noción de enfrentamiento entre el tribunal –como representante de la sociedad civil, amparada en el derecho internacional- vs. el Estado –como ente sobre el que recae el poder soberano- y cómo las acciones del Presidente de Kenya podrían ser emuladas por otros Jefes de Estado en el futuro. Para otros, la presentación de Kenyatta ante el tribunal constituyó una suerte de victoria para la CPI en tanto se habría establecido un patrón de conducta frente a la asunción de responsabilidades por parte de Jefes de Estado del mundo frente a la Corte.

De cualquier forma, el 5 de diciembre de 2014 la Fiscal de la Corte le informó al mundo la decisión de retirar todos los cargos que se le imputaban a Kenyatta. La polémica decisión, recibida con beneplácito por el gobierno del país africano, responde a que no se encontró “suficiente evidencia para probar los cargos, más allá de la duda razonable que el inicio de su juicio requeriría”. Y aunque Bensouda dejó claro en su comunicado que retomaría la investigación en caso de encontrar “evidencia suficiente” para hacerlo, el tribunal terminó maniatado ante la falta de cooperación del gobierno de Kenya y la imposibilidad de minimizar el amedrentamiento al que varios testigos –incluso por twitter y otras redes sociales- se vieron sometidos durante el proceso. La justicia penal internacional no sólo se ve limitada ante los Estados. También lo está ante la poca legitimidad de la que goza frente a los individuos que se deberían apoyar en ella.

Pasando a los Jefes de Estado fuera del poder, la CPI también se ha encargado de proferir órdenes de captura a varios de ellos. El primer caso es el de Jean-Pierre Bemba Gombo, antiguo presidente de la República Centroafricana, quien se encuentra a disposición de la Corte desde 2008 y en pleno juicio, sindicado por la comisión de 2 cargos de crímenes de lesa humanidad y 3 cargos de crímenes de guerra. No obstante, el caso más sonado, quizá por su reconocimiento en Occidente y por la forma que tomó el fin de su gobierno, ha sido el del antiguo presidente libio Muammar Al-Gaddafi. Siendo otra situación que llegó a ser del conocimiento de la CPI vía Consejo de Seguridad (Resolución 1970 de 2011), el de Libia se convirtió en uno de esos raros casos de nuestros días en el que los intereses de los Estados se coordinan momentáneamente. De hecho, para algunos analistas, el no veto de Rusia a la proposición conjunta de resolución de EEUU, Reino Unido y Francia que finalmente fue aprobada por el ente máximo de la ONU, tuvo que ver con la aparente garantía que representaba inmiscuir a la CPI en el asunto en pro de evitar una intervención unilateral de EEUU en Libia –aunque de cualquier forma la OTAN se hizo presente-.  No obstante, aunque la orden de arresto proferida en junio de 2011 en contra de Al Gaddafi por la CPI –por la comisión de dos crímenes de guerra- fue bien recibida por la opinión pública internacional, ésta nunca llegó a materializarse por su sangrienta muerte a manos de miembros del Consejo Nacional de Transición libio.

El último de los casos emblemáticos a mencionar, y dejando de lado a los Jefes de Estado, es el de Thomas Lubanga Dylio, antiguo líder del grupo “Fuerzas Patrióticas para la Liberación del Congo”, en custodia de la CPI desde 2006. De hecho, la primera sentencia que la Corte profirió en contra de algún individuo en toda su historia se efectuó en contra de este congoleño por la comisión de un cargo de crimen de guerra (reclutamiento, enlistamiento y utilización de niños en la guerra). La sentencia de 2012 determinó que Lubanga debía pasar 14 años en prisión, y pese a que ésta fue apelada, su confirmación se hizo efectiva el 1 de diciembre de 2014. Al día de hoy se ha proferido también una sentencia más – la de Germain Katanga- sobre quien recae una condena de 12 años. El proceso de apelación de la defensa sigue su curso, mientras que sigue siendo uno de los casos de mostrar para la Corte.

 

Los casos que menos suenan

 

Pese a la grandísima campaña mediática adelantada desde Occidente en 2012 haciendo públicos los muchos crímenes de Joseph Kony y los demás miembros del Lord´s Resistance Army (LRA) en Uganda y sus países vecinos, la situación de este país es pocas veces comentada cuando se aborda el tema de la Corte Penal Internacional. Aunque la situación, remitida al tribunal por su propio gobierno en 2003, fue la primera en la que se abrió una investigación formal, ésta se ha quedado estancada luego de que se profirieron cinco órdenes de detención –entre ellas la de Kony-, todas en contra de miembros del mencionado grupo, que tendría como objetivo la fundación de un Estado regido por un código cristiano-sincrético en Uganda y otros países fronterizos como República Democrática del Congo. Lo anterior es en mucho la consecuencia de la imposibilidad tanto del Gobierno de Uganda de poner a disposición de la Corte a los sujetos requeridos –que siguen libres, salvo uno, Raska Lukwiya, reportado muerto en 2007- y a su vez de la inexistencia de un mecanismo efectivo para hacer cumplir las determinaciones de la Corte –como ya se discutía anteriormente-.

La situación de Costa de Marfil, por otra parte, constituye otro de aquellos casos que han sido poco comentados como representativos de la acción de la Corte Penal Internacional. No obstante, la naturaleza de este caso constituye un interesante caso de estudio para la justicia penal internacional. Luego de Kenya, la situación marfileña se convirtió en la segunda investigación en ser iniciada motu proprio por parte de la Fiscalía del tribunal. Y aunque es un Estado que acepta la competencia total de la Corte desde mayo de 2013, había aceptado ya desde 2010 su competencia ad hoc para la situación en mención. En cualquier caso, el equipo de la Fiscalía encontró suficiente evidencia sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad después de noviembre de 2010, fecha en que habría comenzado un intenso periodo de violencia postelectoral. A la fecha, la investigación ha llevado a la emisión de órdenes de captura en el caso del ex Presidente Laurent Gbagbo y su esposa, Simone Gbagbo, así como una orden en contra de Charles Blé Goudé, líder de un grupo subversivo aparentemente aliado del antiguo presidente.

El asunto de Costa de Marfil ha servido como ejemplo para aquellos que defienden la tesis de que la Corte Penal Internacional en ocasiones puede llegar a servir como un mecanismo para satisfacer los intereses políticos de algunos grupos antes que para proveer justicia. El actual gobierno decidió entregar al tribunal al ex mandatario Gbagbo en 2011. Para muchos este es un mecanismo útil para borrar del panorama político a un serio contendor del hoy gobernante Alsana Ouattara, quien asumió la presidencia en plena crisis postelectoral. Blé Goudé, por su parte, fue capturado en Ghana en 2013 y transferido por el gobierno de dicho país a la CPI en 2014. La ex primera dama marfileña se encuentra presa en su país, sin que el gobierno de este último haya mostrado su intención de transferirla a la Corte. De hecho, el pasado 11 de diciembre, el tribunal le solicitó de manera pública al gobierno marfileño su traslado a La Haya, argumentando que los cargos por los que estaría siendo juzgada en su país no son los mismos por los cuales es acusada por el tribunal internacional. El Gobierno de Ouattara ha respondido que no la trasladará a Holanda en tanto el proceso que se ha abierto en su contra contempla dichos cargos. De cualquier forma, solo la voluntad del gobierno marfileño podría hacer efectiva dicha solicitud del tribunal, ante la imposibilidad de hacer cumplir la solicitud de cualquier otra forma.

Las últimas dos situaciones en las que se han abierto investigaciones formales han sido la de Mali y la que se puede denominar como República Centroafricana II. La primera fue remitida por su propio gobierno en 2012, en relación con los hechos de violencia en el marco de la que ha sido denominada como la Revolución de los Touareg –grupo nómada musulmán que habita el norte de este país-, y que cuyos coletazos se evidencian hasta hoy. La segunda fue remitida por el gobierno centroafricano en 2014, en referencia a las situaciones de violencia que se han venido presentando en dicho país desde el golpe de Estado de inicios de 2013, las cuales involucrarían a varias milicias musulmanas y miembros de otras facciones políticas armadas.

 

Lo que estaría por venir

 

La CPI se encarga de clasificar de diferente forma las situaciones que se encuentran en fase de investigación previa, necesaria para establecer la necesidad o no de abrir formalmente una investigación sobre cualquier situación determinada. Por una parte, durante la fase previa 1 la Fiscalía recoge el material necesario para determinar si la situación amerita abrir una investigación. En ésta, una gran cantidad de situaciones son desestimadas.  Luego, las situaciones en fase previa 2 se refieren a aquellos casos en los que se adelantan estudios correspondientes a la jurisdicción material, temporal, territorial y/o personal  de la Corte –es decir, si los crímenes que aparentemente se cometieron son de competencia del tribunal, si fueron cometidos en el periodo en el que la acción de la CPI se ha activado en cada situación específica y si se cometieron en el territorio y/o por las personas que son objeto de su competencia-. Por otra parte, la fase previa 3 corresponde a las situaciones sobre las que se evalúan criterios de admisibilidad, relativos a la activación de la Corte como mecanismo complementario a la justicia nacional –es decir, se debe probar que el Estado al que le correspondería proveer justicia es incapaz o carece de la voluntad de hacerlo (unable or unwilling)- y que la eventual acción de la CPI no iría en contra del “interés de la justicia.

 

Hoy hay tres situaciones que atraviesan por esa segunda fase. La primera es la situación en Honduras, investigada preliminarmente desde 2010, en relación con los hechos de violencia en el marco del golpe de Estado de 2009 que depuso al Presidente Manuel Zelaya. La segunda tiene que ver con los hechos acaecidos en Ucrania entre finales de 2013 y comienzos de 2014, luego de que el gobierno de dicho país decidiera anunciar que dejaba de lado un acuerdo de asociación con la Unión Europea y miles de personas salieran a las calles a protestar en contra de estas medidas –una situación previa a los sucesos acaecidos más recientemente en Crimea-. La tercera situación en esta fase corresponde a los sucesos que tuvieron lugar en Iraq entre 2003 y 2008, en los que varios militares del Reino Unido estarían involucrados en la presunta comisión de diferentes crímenes de guerra en el marco de la ocupación a este país. Esta investigación se inició en 2014, luego de que en 2006 ya hubiese sido descartada la situación de Iraq por parte del entonces Fiscal Moreno Ocampo, al no haber encontrado evidencia suficiente para iniciar una investigación formal en relación con acciones llevadas a cabo por tropas de la coalición liderada por EEUU que ocupó el país desde 2003.

En cuanto a las situaciones que se encuentran en fase previa 3 hay que tener en cuenta los casos de Afganistán, Georgia, Guinea y Nigeria:

-       En el primer caso, se estudia desde 2007 la posibilidad de abrir una investigación relativa a los hechos ocurridos a partir de 2003 –año en que la OTAN liderada por Estados Unidos comenzó con su operación en contra del régimen talibán-.

-       En el caso de Georgia, la CPI evalúa desde 2008 la opción de abrir una investigación relativa a los sucesos del verano de ese mismo año, en medio de los enfrentamientos militares que implicaron las declaraciones de independencia de Osetia del Sur y Abjasia, apoyadas ambas por Rusia.

-       En Guinea, la Corte busca establecer si existen los elementos necesarios para abrir una investigación relativa a los hechos que acaecieron en dicho país en 2009, en medio de una oleada de protestas generalizadas en contra de la Junta Militar que ha estado gobernando al país desde 2008 y que habría recurrido al uso desmedido de la fuerza para reprimirlas.

-       Por último, el caso de Nigeria es evaluado por la Corte desde 2010 y la investigación estaría dirigida a esclarecer varios de los hechos en los que el grupo fundamentalista islámico Boko Haram ha estado inmiscuido.

En estos años de funcionamiento de la CPI también se ha descartado la apertura de diferentes investigaciones por no encontrar los elementos necesarios para ello, bien en la segunda fase de evaluación preliminar o bien en la tercera. Algunas de estas situaciones han sido Palestina –descartada en 2012 ante el no reconocimiento expreso del tribunal de ésta como un Estado-, Venezuela –descartada al no encontrar evidencia para iniciar una investigación respecto al fallido golpe de Estado de 2002- y la situación relativa a las Islas Comoras –más conocida como la situación de la flotilla humanitaria hacia Gaza-  en la que hubo un ataque israelí a una flotilla que se encontraba distribuyendo alimentos y otros elementos con destino a grupos de refugiados en Gaza.

¿Y Colombia?

 

La situación de Colombia fue aceptada como parte de las investigaciones previas de la Corte Penal Internacional en 2005. Y aunque desde la época del Presidente Pastrana el país se ha tratado de blindar ante una posible investigación del tribunal –apelando a la disposición transitoria consignada en el artículo 124 del Estatuto de Roma: La competencia de la CPI sobre crímenes de guerra en Colombia sólo es efectiva desde noviembre de 2009-, lo cierto es que en el ámbito local, el fantasma de una posible intervención del tribunal va y vuelve dependiendo de la coyuntura política. En el informe oficial más reciente sobre la situación -2012- se establece que los temas que están bajo la lupa de la corte son aquellos relativos a la provisión efectiva de justicia dentro del “Marco Legal para la Paz”, el posible apoyo a la conformación o permanencia de diferentes grupos paramilitares luego de los acuerdos de Ralito, el asunto del desplazamiento forzoso, los crímenes sexuales y los casos de falsos positivos (ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de las fuerzas militares de cuya existencia se sabe desde 2008)[4].

Así en 2013, ya con el proceso de negociación con las Farc en marcha, una delegación de la Fiscalía del tribunal visitó el país. En un comunicado posterior, la CPI estableció que “Colombia se encuentra en una encrucijada frente a la oportunidad de superar decenios de conflicto y poner fin a una situación que ha llevado y sigue llevando a la comisión de presuntos crímenes de la competencia de la CPI”[5]. Esto deja claro que pese al aparente esfuerzo del Estado por proveer justicia, el tribunal sigue muy de cerca lo que pasa en el país, y que en ningún momento descarta la posibilidad de intervenir en él. De hecho, a comienzos de diciembre de 2014, en su informe anual, la CPI dejó claro que “durante el año próximo [2015], la Fiscalía seguirá en comunicación con las autoridades colombianas para evaluar si se están realizando procedimientos de manera autentica contra los más responsables por los crímenes más graves a fin de llegar a determinaciones en materia de admisibilidad”. El asunto que más le preocupa a la Corte ante el posible acuerdo con las Farc es la impunidad.

En términos de política interna, el asunto de la intervención del tribunal en Colombia sigue siendo usado por uno y otro sector político con miras a ejercer presión sobre el proceso. Pero más allá de esto, cabe anotar que la gran preocupación del gobierno sigue siendo el inicio per se de una investigación de la Corte en el país. El hecho que su situación pueda ser puesta al nivel de otras como las de Sudán, Mali o Libia significaría un profundo golpe a la construcción de la legitimidad internacional del país. Hasta ahora el tribunal no ha salido de África, continente asociado con el fallo estatal y la escasa provisión de justicia. Que la Fiscalía decidiera iniciar una investigación formal podría significar un profundo golpe para las aspiraciones de inserción en el contexto internacional del Gobierno actual –y de cualquier gobierno venidero-.

 

Conclusión

 

El tema es amplio y sin duda quedan muchísimos elementos por fuera del recuento. Las críticas que se han levantado contra la Corte Penal Internacional, como la de ser un tribunal –hasta ahora- meramente africano, el debate entre la provisión de justicia y la gestión de la paz y el millonario presupuesto que se invierte en ella ante los –aparentes- pocos resultados que hasta ahora se evidencian quedan en el tintero. De cualquier forma, al ser el primer gran intento por hacer de la justicia penal un bien a escala global, el tribunal es un esfuerzo remarcable. En el futuro cercano las acciones de la Fiscal Bensouda estarán enfocadas en continuar con los juicios que ya están en marcha –casos de República Democrática del Congo, Sudán, Uganda, Costa de Marfil y República Centroafricana I- y a aportar resultados en las últimas dos situaciones que han sido del conocimiento del tribunal –Mail y República Centroafricana II-. También habrá que esperar a lo que suceda en torno a Libia y Sudán, que aunque parecen situaciones estancadas –por la imposibilidad de ejecución de la que adolece la Corte o por los múltiples choques con Estados para quienes la defensa de su soberanía es primordial-, en cualquier momento se pueden reactivar ante un error estratégico o un eventual cambio de postura política. Y en el medio, la expectativa de países como Colombia, para los cuales una intervención de la CPI implicaría inmensos costos políticos, tanto en el nivel interno como en el externo. Doce años han pasado y sin duda el cronómetro apenas comienza a contar.***

Mauricio Palma Gutiérrez

Investigador OPEAL y Profesor de Relaciones Internacionales, Universidad del Rosario

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[1] La definición de éste se discutió en 2010 durante la Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma en Kampala (Uganda). Una de las dos enmiendas propuestas al final de dicha reunión aboga por entender que “una persona comete un crimen de agresión cuando, estando en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción política o militar de un Estado, dicha persona planifica, prepara, inicia o realiza un acto de agresión que por sus características, gravedad y escala constituya una violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas". Dicha enmienda al estatuto entraría en vigor al año que el país número 30 las haya ratificado (hoy lo han hecho 20), pero no antes del 1 de enero de 2017.  

[2] Como China, Egipto, República Democrática del Congo, Arabia Saudita e Irán, entre varios otros.

[3] Tal y como está estipulado en el  Estatuto de Roma y en el posterior Acuerdo de Cooperación entre la Corte Penal Internacional y las Naciones Unidas del 4 de octubre de 2004, El Consejo de Seguridad de la ONU sería el ente encargado de hacer valer las disposiciones del tribunal en caso que los Estados involucrados no estuvieran en la capacidad o en la disposición de hacerlo.

Foto:Alkan Boudewijn de Beaumont Chaglar , Flickr, Creative Commons

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Jueves, 18 de Diciembre de 2014
 
El presidente Juan Manuel Santos recibiría una carta del presidente del Senado, José David Name, en la que le solicita estudiar un posible reconocimiento del Estado Palestino, como ya lo han hecho desde otras partes del mundo.
 
"El reconocimiento de Palestina como estado autónomo por el mundo ayudaría a la paz en Medio Oriente", afirma Name quien al igual que Fabio Amín, son descendientes de la comunidad árabe e impulsarán este trámite para que Colombia haga el reconocimiento, pues es el único país de América Latina que no ha reconocido al Estado palestino.
 
Según fuentes de Confidencial Colombia, habría sido la canciller Maria Ángela Holguín la que realizó la sugerencia.
 
En este año, el gobierno sueco reconoció al Estado Palestino, luego la Cámara Baja de Irlanda y, finalmente este miércoles, el Parlamento Europeo dio el visto bueno al reconocimiento de Palestina como estado formal con 498 votos a favor.
 
Cabe recordar que el Gobierno Santos a principios de diciembre le dio estatus de misión diplomática a la delegación palestina en Bogotá.
 
 
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