12:33 PM
Wednesday, 17 Sep 2014
Miércoles 17 de Septiembre de 2014 09:35

ELN se atribuye muerte de dos líderes indígenas de Colombia

Miércoles, 17 de septiembre de 2014

Siete policías murieron y cinco más resultaron heridos el martes luego de una emboscada de las FARC a una patrulla policial en el noroeste de Colombia, mientras que el ELN se atribuyó el asesinato de los líderes indígenas Miguel Becheche Zarco y Ernelio Pacheco Tunay, ocurridos este fin de semana en el departamento del Chocó.

El ataque contra los policías fue perpetrado hacia el mediodía en Tierradentro, en el departamento de Córdoba y a 415 kilómetros al noroeste de Bogotá, explicó informó el general Rodolfo Palomino, director de la Policía Nacional.

“Siete de mis policías fueron asesinados en Tierradentro, cinco más (resultaron) gravemente heridos y dos ilesos cuando se transportaban en un camión de la Policía”, indicó el oficial, que atribuyó el hecho al frente 58 de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Los guerrilleros lanzaron explosivos al paso del camión con los uniformados, agregó.

Los uniformados heridos fueron internados en centros médicos de Montería, capital de Córdoba, a unos 500 kilómetros al noroeste de la capital colombiana.

Entretanto, el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN) se atribuyó el asesinato de los líderes indígenas Miguel Becheche Zarco y Ernelio Pacheco Tunay.

En un comunicado publicado en una de sus páginas web, el ELN afirma que “se vieron en la necesidad de actuar” contra ellos ya que ambos habían “abandonado sus comunidades y formaban parte de las filas de las fuerzas armadas tanto paramilitares como militares del ejército gubernamental colombiano”.

Pacheco, presidente de la Organización Indígena del Chocó (OICH), fue asesinado el viernes, en tanto que el cadáver de Becheche, que se desempeñaba como presidente de la Asociación de Cabildos Indígenas del Alto Baudo (ACIAB), fue encontrado el domingo, un día después de ser raptado.

El ELN asegura que “mediante seguimientos e investigaciones de varios años”, redactaron una lista de “informantes y cooperantes de organismos de inteligencia del Estado colombiano” que residen en la zona del Chocó, en la que figuraban los nombres de ambos líderes.

Por este motivo, añade la nota de prensa, se determinó en “un tribunal revolucionario” que Pacheco y Becheche “dejaron de ser civiles” y, en consecuencia, “se determinó hacer justicia revolucionaria” contra ellos.

En el Chocó, donde ambos líderes fueron asesinados, actúan varios grupos armados paramilitares, además del ELN, que luchan por el control de la riqueza minera y el narcotráfico en la región.

La situación de violencia contra las comunidades indígenas y afrodescendientes, que son mayoría en la región, ha sido denunciada en numerosas ocasiones por la Defensoría del Pueblo de Colombia y Naciones Unidas, quienes el pasado julio alertaron de la “crisis humanitaria” que vive el departamento.

Desde fines del 2012, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC adelantan en Cuba un proceso de paz para tratar de poner fin a 50 años de confrontaciones entre las partes.

El ataque contra los policías fue perpetrado hacia el martes en Tierradentro, en el departamento de Córdoba y a 415 kilómetros al noroeste de Bogotá, informó el general Rodolfo Palomino, director de la Policía Nacional de Colombia. Foto archivo.

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Miércoles, 17 de septiembre de 2014

El PIB de los departamentos de Colombia tarda en duplicarse, aproximadamente, 18,5 años, un período que sin un conflicto armado sería solo de 8,5 años, por lo que si fructifican las negociaciones de paz entre el Gobierno y las FARC en La Habana, el país pude ganar una década de crecimiento económico.

Así se desprende del libro "Costos económicos y sociales del conflicto en Colombia: ¿cómo construir un posconflicto sostenible?", elaborado por varios economistas colombianos y que fue presentado hoy por una de sus coordinadoras, Ana María Ibáñez, decana de la facultad de Economía de la Universidad de Los Andes.

Durante el acto de lanzamiento, Ibáñez explicó que si los diferentes grupos armados que actúan en Colombia alcanzaran un acuerdo de paz definitivo y cesara el conflicto armado que se prolonga desde hace más de 50 años, se producirá un aumento de la economía de los 32 departamentos que componen el país del 4,4 %.

Este cálculo considera incluso la posibilidad de que se mantenga "la violencia criminal" y por tanto permanezcan reductos donde el desarrollo económico sea más complicado.

La estimación elaborada por los economistas recoge que, cuando se produce un incremento del 1 % de los ataques y secuestros, hay una caída del PIB de los departamentos del 0,04 % y del 0,36 %, respectivamente.

Asimismo, Ibáñez explicó que, según los datos recabados en el estudio, un incremento de los ataques del 10 % aumenta en un 10,3 % la posibilidad de que una firma manufacturera abandone esa región.

En este sentido, destacó que los ataques que tienen un mayor efecto sobre las empresas son aquellos cuyo autor es desconocido porque generan una mayor incertidumbre.

Además, señaló que aquellas regiones en las que existe un conflicto por el control del territorio entre los diferentes grupos armados se ven más afectadas por el abandono de las firmas.

El estudio también analizó el impacto que tiene sobre el riesgo país los diferentes hitos del conflicto armado colombiano, como el asesinato de los políticos Guillermo Gaviria y Gilberto Echeverri a manos de las FARC o la captura del guerrillero de este grupo "Simón Trinidad", alias de Juvenal Ovidio Ricardo Palmera.

En el primero de los casos se produjo un notable aumento del riesgo país, mientras que en el segundo un gran descenso, lo que tiene efecto directo sobre la deuda externa colombiana.

Sin embargo, Ibáñez destacó que los mercados también se acostumbran a estos eventos, por lo que las reacciones ahora son menores.
En referencia a la producción agrícola, el informe desvela que aquellos hogares enclavados en regiones con cuatro años de presencia de grupos armados tienen, en promedio, 7,4 puntos porcentuales de tierra sin usar y 7,7 puntos más de pastos subutilizados.

Esto genera una reducción de la productividad agrícola que está también determinada por la incertidumbre generada por la acción de los grupos armados, lo que tiene una incidencia directa en el comportamiento de los campesinos.

Ibáñez también resaltó que la acción de estos grupos tiene un efecto directo sobre la producción agrícola debido a la destrucción de infraestructuras, la muerte de campesinos y el deterioro del capital humano.

El libro concluye con una encuesta realizada por los investigadores sobre las perspectivas de reconciliación que alberga la sociedad colombiana, de la que se desprende que el 70 % de las víctimas estarían dispuestos a que los actores armados participen de la vida pública.
En este sentido, recomiendan que, en caso de que se llegue a un acuerdo de paz, Colombia emprenda políticas públicas que reactiven la producción económica y mitiguen los impactos negativos del conflicto.

El Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) desarrollan un proceso de paz en La Habana desde noviembre de 2012.

Colombia puede ganar una década de crecimiento económico si se logra la paz

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Lunes, 15 de Septiembre de 2014

La junta directiva de la Empresa de Energía de Bogotá decidió que la actual presidenta de la entida, Sandra Fonseca, debe salir del cargo. En su lugar estará Ricardo Roa Barragán, presidente de la firma Transportadora de Gas Internacional (TGI).

La junta informó en un comunicado que la empresa está en su mejor momento, pero decidió “mejorar las relaciones entre la empresa y los socios en el grupo”. También destacó que Fonseca lideró con éxito la empresa logrando mejorar su desempeño y utilidades.

La junta directiva había sido citada solo para tratar un punto en la agenda del día: el informe que debe presentar la presidenta Fonseca sobre la gestión cumplida desde que asumió la empresa, en febrero del 2013.

Fuentes consultadas manifestaron que de tiempo atrás hay un malestar con Fonseca por la recompra de 31,92 por ciento de acciones que hizo la EEB en la Transportadora de Gas Internacional (TGI), por 880 millones de dólares, cuando esas acciones Citigroup las había adquirido antes por unos 400 millones de dólares.

Pese a que la junta había autorizado a la presidenta de la EEB esa compra, lo que incomodó fue el “procedimiento” y el “excesivo” valor de esa recompra. Mientras tanto, Fonseca ha defendido esa inversión y el que haya logrado elevar las utilidades de la empresa un 33 por ciento en el primer semestre de este año, al cerrar utilidades netas por 956.772 millones.

Noticia en desarrollo...

Sandra Fonseca, la saliente presidenta de la Empresa de Energía de Bogotá.

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Lunes, 15 de Septiembre de 2014

Este lunes se conoció que la Casa de Nariño tomó decisiones trascendentales sobre sus delegados en la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB).

Blu Radio reveló que el presidente Juan Manuel Santos resolvió retirar al presidente de Fenalco, Guillermo Botero, como su delegado en la junta directiva de la CCB.

En los círculos políticos y de opinión algunos consideran que el Jefe de Estado le está pasando ‘cuenta de cobro’ a Botero por su apoyo a la campaña de Óscar Iván Zuluaga, respaldo que se evidenció en un comercial de la campaña uribista.

La semana pasada el presidente Juan Manuel Santos se ausentó a la asamblea de Fenalco en Ibagué (Tolima) por algunos problemas de ajuste de agenda.

El otro delegado del presidente que fue retirado de la Cámara de Comercio es Alberto Velásquez, hombre señalado de ser del corazón del uribismo.

El nuevo delegado del presidente Santos en la Cámara de Comercio de Bogotá es Martín Carrizosa, un reconocido abogado que trabajó en el gobierno del expresidente César Gaviria Trujillo (1990-1994).

El segundo delegado de Santos en la CCB es Iván Parra, un reconocido empresario de comunicaciones, señalado de ser cercano al expresidente Ernesto Samper Pizano (1994-1998)

Presidente Santos sacó de Cámara de Comercio de Bogotá a presidente de Fenalco

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Viernes, 12 de Septiembre de 2014

El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, confirmó este viernes desde el municipio de Mahates, Bolívar, que ya hay confirmados casi 1.000 casos del virus Chikungunya en Colombia.

Gaviria, quien se desplazó a la Costa para supervisar el plan de contingencia que las entidades municipales emprendieron para mitigar el impacto del virus en la región, corroboró que la enfermedad se ha extendido por todo el departamento de Bolívar. Ya hay casos confirmados en los municipios de Arroyohondo, María la Baja y San Juan Nepomuceno además de Mahates, donde se ordenó una completa fumigación.

Tras una reunión, en el hospital municipal, con alcaldes de las zonas afectadas, el ministro anunció que se atenderá la crisis hospitalaria instalando nuevas salas de urgencia para la población más vulnerable, asimismo se aumentará el número de paramédicos y se contará con mayor cantidad de medicinas. El Ministerio hizo una transferencia además por más de $6.000 millones a los primeros municipios afectados.

“Tenemos comprobados por sintomatología más de 520 casos: 250 en San Joaquín, 250 en San Juan y 20 en María la Baja, pero con seguridad tenemos otros en Arroyohondo y tenemos indicios de que aquí, en el casco urbano de Mahates, ya hay algunos casos. Asimismo, tenemos indicios de que en el Distrito de Cartagena ya hay casos. Entonces haciendo una contabilidad rápida estamos hablando fácilmente de 800 a mil casos”, aseguró Gaviria.

A pesar de que el ministro estimó que en Bolívar ya pueden existir 1.000 casos del virus, ninguna persona ha estado grave o ha tenido su vida en riesgo. “Podemos dar un parte de tranquilidad, pero sin duda es un fenómeno que va a seguir creciendo, no sólo en esta comunidad sino en buena parte del departamento de Bolívar y en otros lugares del país y para eso estamos preparados y la comunidad debe estar atenta a las medidas de prevención que se centran en combatir el mosquito transmisor”, agregó el ministro.

Ya se han detectado casi 1.000 casos del virus Chikungunya en Colombia

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Viernes 12 de Septiembre de 2014 10:13

Ernesto Samper asume la Secretaría General de la Unasur

Portafolio.co: Portal de Economía y Negocios

Viernes, 12 de Septiembre de 2014

Se convierte en el cuarto secretario del organismo internacional, cargo que estrenó el fallecido expresidente argentino Néstor Kirchner, en 2010.

El expresidente colombiano Ernesto Samper fue juramentado este jueves en Caracas como nuevo secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) por el jefe de Estado de Surinam, Desiré Bouterse, presidente protempore del bloque regional.

El expresidente colombiano recibió el cargo del venezolano Alí Rodríguez, en un evento en el Palacio de Miraflores en Caracas, en presencia del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y representantes de varios países de la región como el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño.

Posteriormente, asumió esa responsabilidad la excanciller colombiana María Emma Mejía por un periodo de un año que continuó desde 2012 Rodríguez.

El excanciller venezolano se mantuvo en el cargo más allá del periodo inicialmente previsto de doce meses ante la falta de consenso para designar un sucesor.

"Tenemos frente a nosotros la enorme tarea de definir qué hacer con la enorme riqueza que representan nuestros recursos naturales", destacó Rodríguez en el acto.

"La clave es la unión, mantenerla, fortalecerla", añadió el secretario saliente. Por su parte, Samper, en su primer discurso como secretario de la Unasur, afirmó como "objetivo misional" del bloque, el mantener a la región como "una zona de paz" y su intención de dar apoyo a las conversaciones para superar el conflicto armado en Colombia.

El político de 64 años es miembro del Partido Liberal y ocupo la Presidencia de Colombia en el periodo 1994-1998. Desde entonces, no volvió a ocupar cargos públicos en Colombia.

El exmandatario colombiano fue designado el pasado 22 de agosto para el cargo tras el consenso alcanzado por los presidentes y jefes de Estado de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela, naciones integrantes del bloque.

Ernesto Samper, nuevo secretario general de la Unasur.

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• La Alianza del Pacífico, constituida por México, Colombia, Perú y Chile, ha generado enormes expectativas en cuanto a su potencialidad como:

o Mecanismo de integración de las economías que la integran, tanto en el sector real como financiero, e incluso (y con especial relevancia) del mercado laboral.
o Plataforma para la inserción de los Estados miembros en el sistema internacional, no sólo en el plano económico sino también político.
o Alternativa al estancamiento y obsolescencia de otros mecanismos de integración en la región, y según algunos, como contrapeso tácito a algunos de ellos.
o Una "comunidad de valores", política y económica.

• De conformidad con el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico (Lima, 6 de junio de 2012), los objetivos de la Alianza son:

o Construir, de manera participativa y consensuada, un área de integración profunda para avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas.
o Impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de las economías de las Partes, con miras a lograr mayor bienestar, superar la desigualdad socioeconómica e impulsar la inclusión social de sus habitantes.
o Convertirse en una plataforma de articulación política, integración económica y comercial, y proyección al mundo, con énfasis en la región Asia-Pacífico.

• La Alianza del Pacífico se inscribe dentro de la lógica del "regionalismo abierto". La membresía está abierta a cualquier estado que manifieste su interés en ello, a condición de que haya celebrado y concluido tratados de libre comercio con los demás miembros del grupo. En ese sentido, recoge por ejemplo el acervo normativo resultante de acuerdos y mecanismos de integración en los cuales sean parte los Estados miembro y construye sobre ellos su propio marco regulatorio.

• La Alianza del Pacífico implica una ruptura con los modelos tradicionales de integración económica en la medida en que no pretende replicar la trayectoria de la integración europea, no está predeterminada por la vecindad geográfica, ni tiene la pretensión de derivar de la integración económica una creciente y progresiva integración política.

o La Alianza no busca ni un arancel externo común, ni una unión aduanera ni un mercado común.
o Más allá de la eliminación de aranceles, la agenda de la Alianza es mucho más ambiciosa, especialmente en aspectos como inversiones, servicios, compras públicas, propiedad intelectual, estándares y movilidad humana.

• La Alianza del Pacífico ha optado por una estructura flexible, esencialmente intergubernamental, en la que lo importante son los marcos institucionales (las reglas de juego, las hojas de ruta) y la coordinación, antes que las creaciones burocráticas, los procedimientos altamente formalizados o la transferencia de competencias a instancias supranacionales.

• La Alianza del Pacífico surge en un contexto de crisis de los modelos tradicionales de integración económica (CAN, Mercosur), y al tiempo que se empieza a formar una nueva arquitectura institucional en América Latina (CELAC) y Sur América (UNASUR).

• Los avances alcanzados hasta ahora en materia de abolición de aranceles y de adopción de otras medidas para estimular el comercio entre los miembros de la Alianza han sido en buena medida el resultado de la homologación de los esquemas existentes para reducción arancelaria, armonización normativa y otros procedimientos.

• El comercio intrabloque es limitado, en buena medida debido a la naturaleza no complementaria de las economías. Prácticamente, para ninguno de los miembros el comercio con otro representa más del 1 o 2% de su intercambio comercial. El incremento del flujo comercial intrabloque constituye por lo tanto uno de los desafíos más importantes para la Alianza del Pacífico. En ese sentido, impone una tarea de transformación y reconversión productiva, pero además:

o Superar las deficiencias en infraestructura.
o Reducir la sensibilidad de algunos sectores productivos a la competencia externa.
o Eliminar efectivamente las barreras no arancelarias cuya inercia ha impedido el avance de la liberalización en algunos sectores.
o Adoptar políticas de estímulo al intercambio intrabloque en el sector servicios y de inversiones (campo que constituye uno de los terrenos acaso más promisorios para el desarrollo futuro de la Alianza).

• La Alianza del Pacífico no es una asociación ideológica. Sin embargo, los Estados miembros han afirmado reiteradamente su compromiso con la economía de mercado, la libertad de empresa y el respeto a la propiedad privada (como pilares de su modelo económico) y con el Estado de Derecho y la democracia liberal (como elementos esenciales de su ordenamiento constitucional). En ese sentido, puede catalogarse la Alianza como un "eje liberal" en un contexto en el que se distinguen ejes menos liberales (como el ALBA) en América Latina.

• El alineamiento liberal, y los indicadores macroeconómicos de los Estados que la integran (no obstante los magros resultados de la economía chilena del último trimestre —los cuales por otro lado contrastan con los de la economía colombiana), contribuyen a explicar el enorme atractivo que la Alianza del Pacífico tiene a ojos de terceros, lo cual se ve reflejado en el creciente número de Estados observadores (32 a la fecha). Resulta particularmente llamativo el hecho de que Estados miembros de Mercosur (como Uruguay y Paraguay o del ALBA (Ecuador) se cuenten actualmente dentro del grupo de observadores.

• Si el siglo XXI está predestinado a presenciar el desplazamiento del epicentro del poder mundial hacia Asia/Pacífico, la Alianza es hasta ahora la más destacada respuesta de carácter multilateral, en América Latina, frente a las oportunidades y los desafíos que este "cambio de poder" implica. Resulta llamativa la participación de China, India, Singapur, Australia, Nueva Zelanda, Japón y Corea del Sur como Estados observadores. En el largo plazo, la Alianza del Pacífico debe servir a los Estados miembros como plataforma para su inserción en el Pacífico. Pero también debería servir para recordarle al mundo que la cuenca del Pacífico tiene dos riberas, una de las cuales, la ribera del Pacífico Latinoamericano, puede ser tan promisoria como la otra.

Andrés Molano-Rojas
Profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, catedrático de la Academia Diplomática San Carlos, y Director Académico del Observatorio de Política y Estrategia en América Latina (OPEAL).
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Foto: Página oficial de la Alianza del Pacífico

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Miércoles, 10 de Septiembre de 2014

 

El ente de control anunció que inició una acción preventiva en el sistema de transporte masivo de Bogotá, ante los problemas de servicio.

Esto significa que tanto el alcalde, Gustavo Petro, y el gerente de TransMilenio, Sergio París, fueron requeridos por la Procuraduría General de la Nación para que expliquen "las acciones adoptadas para proteger derechos fundamentales de los usuarios del servicio como la vida e integridad personal, dignidad y movilidad".

Las demoras en las frecuencias, la congestión en buses y estaciones y la inseguridad en el sistema son algunos de los temas sobre los cuales el ministerio Público solicitará información, para determinar si los planes, estrategias y acciones adelantados por las entidades responsables han sido idóneas.

Además indagará por el incremento de los vendedores ambulantes y la mendicidad dentro del sistema, la insuficiencia de articulados y el movimiento de buses 'En tránsito' que no recogen pasajeros en horas pico, cuando las estaciones del sistema se encuentran llenas.

TransMilenio también está bajo la lupa de la Superintendencia de Puertos y Transportes, por todos esos temas y porque aún hay duplicidad de tarjetas que les impiden a los pasajeros hacer un uso sencillo del servicio. Por estra razón ya se les impuso una multa de 106 millones de pesos mensuales hasta que los problemas sean resueltos. (Lea: En firme sanción a TransMilenio por tarjetas de recaudo)

No obstante, el comunicado de la Procuraduría no aclara si también solicitará información sobre los problemas de la implementación del Sistema Integrado de Transporte Público, a cargo de la empresa TransMilenio S. A.

Trancones de buses articulados y congestiones son algunos de los problemas que enfrentan los usuarios en TransMilenio.

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Miércoles 10 de Septiembre de 2014 11:00

Venezuela encarcela a los estudiantes expulsados por Colombia

Miércoles, 10 de Septiembre de 2014

 

Lorent Gómez Saleh y Gabriel Valles, dos jóvenes expulsados por el gobierno colombiano la semana pasada, permanecerán detenidos en la sede principal del Sebín, (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) en Caracas. Ni los familiares ni abogados de los jóvenes conocían de su paradero durante el fin de semana.

El caso de los dos chicos fue llevado el sábado en la noche ante el Tribunal 47 de Control del Área Metropolitana de Caracas, pero éste decidió trasladarlo a los tribunales en Valencia, Estado Carabobo, donde ambos tienen un proceso judicial abierto por participar en unas protestas violentas en 2010. Dentro de ese proceso, tenían la obligación de presentarse cada 21 días ante los tribunales, y se supone que no debían salir del país. Así lo explicó la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz y añadió: “Inmediatamente se les revocó el beneficio y se les pidió una pena privativa de libertad”.

Tras conocerse la decisión, los familiares pidieron que los dejaran en las instalaciones del Sebín en Carabobo, más cerca de donde vive la familia, pero la juez Magaly Parra ordenó su reclusión en la sede de Caracas. Allí permaneció Gómez Saleh durante el fin de semana, en una celda de tres metros cuadrados, pero dijo que los agentes del Sebín lo habían tratado bien. Así se le contó a su madre Yamile Saleh, cuando pudo hablar con ella por vía telefónica hacia el medio día. La señora había llegado a la audiencia muy temprano portando una pancarta que rezaba “Por Dios, dónde está mi hijo Lorent”, según informaron medios locales.

El abogado Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano, informó que a la fecha hay 69 detenidos por su participación en las protestas del 5 de febrero. Añadió que el caso de Gómez Saleh y Valles estaba “paralizado” desde hace años. A ambos se les investiga por los presuntos delitos de incitación pública, incertidumbre y divulgación de información falsa.

A través de su cuenta de twitter, Romero informó luego que la Fiscalía solo dictó orden de captura contra los jóvenes el seis de septiembre. Sin embargo, Gómez Saleh fue entregado al Sebin en la frontera el jueves cuatro de septiembre y Valles el viernes cinco. “Esto implica que Gómez Saleh y Valles fueron detenidos en Venezuela sin orden de captura luego de ser deportados”, añadió Romero.

El partido de oposición venezolano Un Nuevo Tiempo, que abiertamente expresó no compartir las mismas ideas políticas de Gómez Saleh, emitió un comunicado en el que cuestionaba el procedimiento y la forma en que ambos jóvenes fueron deportados. “Rechazamos por ilegítimo, que el gobierno de Colombia, le haya violado el derecho al debido proceso al estudiante Lorent Enrique Gómez Saleh, lo haya entregado sin requerimiento judicial de extradición a la policía política venezolana”.

Saleh y Valles estaban en Colombia desde hace varios meses y se identificaban como directores de la ONG Operación Libertad. Ambos se habían acercado al partido del senador y expresidente Alvaro Uribe, Centro Democrático, y participado en eventos de esa colectividad política. Saleh había empezado a cursar estudios en la Escuela de Guerra de Colombia sin tener previamente aclarado su estatus migratorio ante las autoridades de ese país. Alegando que los dos jóvenes estaban haciendo “proselitismo”, y dado que ambos tenían asuntos pendientes con la justicia venezolana, fueron deportados a su país de origen.

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Jueves 04 de Septiembre de 2014 09:07

Fiscalía le imputará dos cargos a Sandra Morelli

Con el argumento de que la excontralora Sandra Morelli no acatará el llamado de la justicia y que su carta desde Roma es evidencia de que no acudirá a próximas diligencias judiciales, la Fiscalía pedirá este jueves al Tribunal Superior de Bogotá que sea juzgada como persona ausente.

Esa es la primera petición que harán los fiscales del caso, quienes le imputarán a la exfuncionaria los cargos de peculado y contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, por las presuntas irregularidades en la venta de los edificios de la Contraloría y el arriendo de una nueva sede.

Por solicitud del Tribunal Superior, la Defensoría del Pueblo designó a un defensor público para que represente a Morelli. Su abogado, Juan Carlos Prías, renunció argumentando que lo había sorprendido el viaje.

El sábado, la excontralora abandonó el país y se radicó en Italia, donde tiene ciudadanía, con el argumento de que no tiene garantías procesales y que el proceso hace parte de “un montaje” por una “enemistad manifiesta” con el fiscal Eduardo Montealegre.

Aunque la Fiscalía no había considerado pedir medida de aseguramiento contra Morelli, luego de que se conoció su salida del país, los investigadores empezaron a revaluar el tema. Si la Fiscalía decide pedir la medida de aseguramiento se solicitará inicialmente una circular azul (de ubicación) y no roja (de captura).

Sin embargo, la tesis que está primando en la Fiscalía es no pedir ninguna medida de aseguramiento, para garantizar que la funcionaria se presente voluntariamente. Con la imputación de cargos, los bienes de la contralora en Colombia quedarán congelados.

 

Durante la audiencia, la Fiscalía destapará las evidencias que tiene contra la exfuncionaria, entre las que están, dicen voceros, dictámenes de peritos y estudios que demostrarían que con las decisiones de Morelli se le ocasionó un detrimento patrimonial al Estado. Los investigadores señalaron que la excontralora no cumplió los principios de planeación y transparencia en los contratos que suscribió.

La excontralora Morelli tiene nacionalidad italiana, y ese país no extradita a sus nacionales, por lo que en el ente acusador consideran que, aunque se podría acudir a tratados internacionales, llegaría a ser un desgaste realizar ese trámite.

El juicio en contra de Morelli avanzaría sin su presencia, y solo de ser encontrada culpable de los delitos imputados, el juez del caso sería el que emitiría una orden de captura en su contra, la cual se llevaría a Interpol para que se emita la circular roja.

Tiene más de 20 procesos
Contra la excontralora Sandra Morelli la Fiscalía General tiene más de 20 investigacio- nes, todas por denuncias presentadas por ciudadanos.

El ente acusador ya cerró siete procesos contra la exfuncionaria.

Sandra Morelli, contralora General de la Nación.

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