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OPEAL, un proyecto del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, hace seguimiento permanente a la situación geopolítica, económica, medioambiental y de seguridad de la región así como a la coyuntura de seguridad y la política exterior colombiana.


 

BBC

 
Tuesday, 16 December 2014
 
Thousands of people have joined protests in Colombia against a possible amnesty for Farc rebels as part of a peace process to end 50 years of conflict.
 
Many of the marchers were supporters of former President Alvaro Uribe, an opponent of his successor, Juan Manuel Santos.
 
They argue that peace should not come at the price of impunity.
 
In two years of talks in Havana, a number of issues have been agreed.
 
Negotiators are now discussing how the left-wing rebels should lay down their arms, and whether they should face prosecution for human rights atrocities and drug trafficking.
 
The rallies in several cities across the country were organised by the Colombia Quiere movement and backed by the Centro Democratic Party of former President Uribe.
 
Former President Alvaro Uribe led the march in Medellin. He is a bitter opponent of his successor Juan Manuel Santos
In Medellin, where Mr Uribe led the march, he said: "We call on the army to support us by fighting and defeating the guerrillas, if the government wants it or not."
 
On social media he said: " It is better to protest than to let them deliver the country to terrorism."
 
Mr Uribe and his allies have argued that the Farc should answer for killings, kidnapping and drug trafficking.
 
They have accused President Santos of overlooking rebel atrocities in order to drive through the peace process.
 
Cali, Colombia, during a demonstration against the alleged impunity at the peace talks negotiations held in Havana (Cuba), between Colombian Government and Farc guerrilla.  13 Dec 2014 
 
But the two sides have already gone further than any other peace process in the past between the government and the rebels.
 
Negotiators in the Cuban capital have reached agreements on agrarian reform, political participation for Farc and how to jointly fight the illegal drug trade.
 
They have left the most difficult issues till last, namely how Farc will lay down its arms and whether commanders will face prosecution for atrocities.
 
The talks have been going on in Havana for two years.
 
This weekend saw seven people, five members of a family and two armed men, die during a shootout between two armed groups.
 
The murders took place in the rural municipality of Amalfi, in the department of Antioquia.
 
The authorities were not able to say if the armed men were part of criminal gangs, or Farc or ELN rebels, although both groups operate in the area.
 
Anti government peace talks march  Bogota Dec. 13, 2014.
 
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Martes, 16 de Diciembre de 2014
 
Con el deseo compartido de que 2015 sea el año en que Colombia logre sellar por fin el proceso de paz con las FARC que se negocia en La Habana, la Organización de Estados Americanos (OEA) renovó este lunes el convenio por el que desde 2004 apoya los diversos acuerdos por Bogotá con otros grupos armados del país sudamericano.
 
Dos son las principales diferencias de esta firma con las que se llevan realizando cada año desde hace una década para prolongar el mandato de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA (MAPP-OEA): por primera vez, se renueva por tres años, hasta enero de 2018. Además, se agrega al texto el concepto de "flexibilidad" con la intención expresa de incluir, en caso necesario, “las negociaciones actuales con las guerrillas de las FARC y el ELN y un posible acuerdo de paz con dichas guerrillas”.
 
“La paz en Colombia también es la paz en América, por eso América acompaña indeclinablemente el proceso de paz en Colombia”, destacó durante la ceremonia de la firma, en la sede de la OEA en Washington, el embajador colombiano ante el organismo interamericano, Andrés González.
 
Al rubricar el acuerdo ya suscrito el 1 de diciembre por el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, subrayó la ventaja que supone la experiencia que acumula de la misión de la organización en Colombia.
 
"Nuestra misión tiene la ventaja de que tiene lecciones aprendidas que esperamos que sirvan para el proceso de paz iniciado con las FARC y el ELN, tenemos algo que aportar", afirmó el excanciller chileno. Insulza, que acabará su mandato en mayo de 2015, definió la MAPP como la misión especial "más importante" asignada a la OEA en la región y manifestó su esperanza de que el año que está a punto de comenzar sea el momento en que se cumpla el "anhelo de paz" de la sociedad colombiana.
 
El objetivo declarado de la MAPP es "respaldar los procesos de paz, verificar y monitorear la política de paz del gobierno, y acompañar a las comunidades víctimas de la violencia". Para ello, trabaja en proyectos específicos en zonas de conflicto para reducir la violencia, cimentar la confianza, obtener la reconciliación y fortalecer la democracia. Apoya en este sentidos proyectos de reintegración y puede supervisar ceses del fuego, procesos de desmovilización o de desarme. Desde su creación en 2004, la Misión de la OEA en Colombia ha acompañado 36 desmovilizaciones de paramilitares.
 
 
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Martes, 16 de Diciembre de 2014
 
La economía podría cerrar el año 2014 con un crecimiento económico del 4,7 por ciento, según las estimaciones de las autoridades económicas, luego de conocerse el desempeño del tercer trimestre del año que, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), se ubicó en el 4,2 por ciento.
 
La cifra estuvo levemente por debajo del comportamiento del segundo trimestre, cuando el PIB mostró un avance del 4,3 por ciento y no colmó las expectativas de los analistas, quienes esperaban que el indicador estuviera en un nivel entre este 4,3 por ciento y el 4,7 por ciento.
 
El resultado del tercer trimestre es el más bajo de este año (en el primer trimestre fue de 6,5 por ciento y en el segundo de 4,3 por ciento) y se ubicó 1,6 puntos porcentuales por debajo del indicador del tercer trimestre del 2013, que fue de 5,8 por ciento.
 
De acuerdo con los datos revelados por la entidad, entre julio y septiembre el sector que mejor comportamiento registró fue la construcción, con un avance del 12,7 por ciento, mientras el que tuvo el mayor retroceso fue el mineroenergético, que se contrajo en un 1,03 por ciento, al tiempo que la industria siguió en terreno negativo, al decrecer un 0,3 por ciento anual en el tercer trimestre, cifra que en todo caso implicó una mejoría frente al segundo trimestre, cuando cayó un 1,4 por ciento.
 
El director del Dane, Mauricio Perfetti, dijo que el comportamiento de la construcción entre julio y septiembre se explica por un crecimiento de 14,1 por ciento en las nuevas edificaciones y de 11,1 por ciento en obras civiles, es decir, carreteras, puentes y demás obras de infraestructura.
 
El desempeño coincide con lo que expertos le habían dicho a EL TIEMPO, en el sentido de que en el periodo se evidenció una dinámica importante en la construcción de proyectos diferentes a vivienda, como oficinas, bodegas y hoteles, entre otros, ya que las edificaciones no residenciales tuvieron un crecimiento del 29 por ciento.
 
En el trimestre, siete de las nueve ramas crecieron y cinco lo hicieron por encima del promedio de 4,2 por ciento, entre ellas comercio, restaurantes y hoteles (4,8 por ciento), los servicios locales y comunales (4,7 por ciento), el sector financiero (4,4 por ciento) y el sector transporte, con 4,3 por ciento de crecimiento.
 
En el caso del sector agropecuario, el indicador de crecimiento fue del 3,4 por ciento frente al tercer trimestre del 2013, impulsado por el café, cuya variación se ubicó en el 16,3 por ciento.
 
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, señaló que el dato del 4,2 por ciento del aumento del PIB entre julio y septiembre orienta el indicador hacia un cierre del año del 4,7 por ciento, “y el Gobierno se ratifica en esta proyección que hizo hace un año”. No obstante, esta cifra será menor a la estimación del Banco de la República, que calculó que este año la economía crecería a un ritmo del 5 por ciento.
 
Además, los analistas han bajado sus expectativas para el cierre del año y para el 2015. La comisionista Alianza Valores, estimó que para lograr el objetivo del Emisor será necesario crecer mínimo 4,8 por ciento en el cuarto trimestre del año, situación que el equipo de investigaciones económicas de Bancolombia ve menos probable ahora, ya que desde octubre a la fecha la economía ha enfrentado el choque de disminución de precios del petróleo y la subida del dólar.
 
Según el equipo de investigaciones económicas del BBVA, adelante las fuentes de crecimiento del país irán cambiando hacia los sectores transables no mineros (industria y agricultura), mientras la minería dejará de ser un soporte importante para el crecimiento.
 
Según el ministro Cárdenas, Colombia es el país de mayor tamaño en América Latina que está creciendo a la tasa más alta.
 
Por ejemplo, según el Dane y los registros de sus entidades pares, en el tercer trimestre el crecimiento de Colombia estuvo por encima del de México (2,2 por ciento), Chile (0,8 por ciento), Brasil (-0,2 por ciento) y Perú (-3,2 por ciento).
 
Los tres pilares del crecimiento en el tercer trimestre
Más allá del desempeño de cada sector, entre julio y septiembre los sectores que fueron los protagonistas del crecimiento de la economía fueron el financiero, la construcción y los servicios sociales y comunales, siendo en este último el de mayor peso el gasto del Gobierno.
 
En cuanto al sistema financiero, las estadísticas del Dane muestran que su aporte a la variación del PIB fue del 20,89 por ciento, toda vez que generó un valor de 1,08 billones de pesos de los 5,1 billones de pesos que aumentó el producto de toda la economía en el período.
 
Al detallar este sector, las actividades de intermediación financiera aportaron un 9,48 por ciento en el resultado del renglón.
 
Entre tanto, con un peso del 20,6 por ciento en el total del PIB, el sector de la construcción fue el segundo en contribuir al crecimiento, pues en esta actividad la economía generó 1,04 billones de pesos. Con la recuperación de la construcción de proyectos diferentes a vivienda, la actividad edificadora tuvo un peso mayor que las obras civiles, al ocupar el 10,4 por ciento de esta variación, mientras las obras como carreteras y demás infraestructura reportaron una cuota del 9,85 por ciento en esta contribución total.
 
Por su parte, las llamadas actividades de servicios sociales, comunales y personales fueron la tercera columna sobre la que reposó el PIB del tercer trimestre, impulsada por el gasto del Gobierno. Mientras esta rama económica tuvo una contribución, o un peso, del 17,1 por ciento en la generación de valor de la economía (890.000 millones de pesos), al desagregarla se evidenció que el 11,2 por ciento, o 573.000 millones de pesos, correspondió al gasto del Gobierno (administración pública y defensa).
 
Otro de los sectores a destacar en el aporte fue el del comercio y hoteles, que aportó un 13,7 por ciento del PIB en el tercer trimestre, equivalente a la generación de valor por 716.000 millones de pesos.
 
Según Alianza Valores, este renglón avanzó por la expansión en la reparación de automotores (6,3 por ciento) y el crecimiento del 4,9 por ciento en el comercio, y se ubicó por encima del promedio de los últimos seis trimestres, ratificando el buen desempeño de la demanda interna.
 
El sector minero se une a la industria
Con el resultado del tercer trimestre quedó claro que el sector minero energético llegó a hacerle compañía a la industria en materia de desempeño económico. Producto de la caída del 2,8 por ciento en la extracción de petróleo y gas, esta rama se contrajo un 1,03 por ciento, acumulando dos períodos de variación negativa.
 
Entre tanto, en la caída trimestral del 0,28 por ciento en la industria, los sectores más golpeados fueron la fabricación de productos de tabaco, que bajó 15,3 por ciento, la elaboración de productos textiles (-10,12 por ciento), las actividades de edición e impresión (retrocedieron 14,3 por ciento) y la refinación de petróleo, que retrocedió en el trimestre un 10,9 por ciento y le quitó valor al PIB en 185.000 millones de pesos. Así, el sector industrial acumuló dos períodos en terreno negativo.
 
Entre tanto, según la encuesta de opinión industrial de la Andi, a octubre la producción aumentó 2,4 por ciento frente a igual lapso del 2013, mientras las ventas totales subieron 2,6 por ciento y las del mercado interno crecieron 3,9 por ciento.
 
A mirar para el 2015
 
El equipo de investigaciones económicas del BBVA dice que es hora de hallar nuevas fuentes de crecimiento para el 2015, recurriendo a sectores como la industria y la agricultura, y comprometiendo grandes inversiones públicas (regalías y gasto del Gobierno en obras), así el déficit fiscal se eleve marginalmente.
 
La construcción diferente a vivienda, como hoteles y oficinas, se aceleró en el tercer trimestre. Archivo
 
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Lunes, 15 de diciembre de 2014
 
A medida que se avanza hacia un acuerdo de paz definitivo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), los negociadores van a tener que hacer malabares para trazar una vía sostenible para el desarme y la reintegración a la vida civil de los guerrilleros. Para ser viable, la estructura de la transición no solo ha de ser creíble a ojos de las FARC, sino que debe también ofrecer garantías a una sociedad que no está para nada convencida de la voluntad del grupo de abandonar las armas, desvincularse del crimen organizado y atenerse a las reglas de juego de la democracia. El fracaso del desarme y la reintegración retrasaría, en el mejor de los casos, la implementación de las reformas que ya han sido acordadas en las negociaciones en La Habana. En el peor de los casos, podría sumir al acuerdo en una espiral de violencia renovada y erosionar el apoyo político. Se necesitan firmes garantías internas y externas para llevar adelante el proceso que se avecina, en un período que será probablemente agitado y volátil .
 
Hay muchas cosas que pueden salir mal. La mayoría de los cerca de 7.000 combatientes, y el triple de miembros en redes de apoyo, se concentran en zonas periféricas en las que apenas existe infraestructura y una presencia civil del Estado. Algunos frentes guerrilleros están involucrados en la economía de las drogas y la minería ilegal. En la mayoría de las regiones, las FARC operan cerca del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el segundo grupo guerrillero de Colombia, u otros grupos armados ilegales, lo que expone a sus miembros a amenazas de seguridad y toda una gama de posibilidades de rearme, reclutamiento y disidencia. Aún hay dudas sustanciales acerca del compromiso de los militares con el proceso de paz, y si están dispuestos a dar los pasos necesarios para poner fin al conflicto. La violencia política ha disminuido desde el auge de los paramilitares, pero podría brotar de nuevo. Las FARC no han olvidado los miles de asesinatos que diezmaron la Unión Patriótica (UP), un partido que establecieron en el marco de las negociaciones de paz de los años 80. Tras décadas de un conflicto que se ha cobrado cada vez más víctimas civiles, y esfuerzos de negociación que culminaron en amargos fracasos, las partes están avanzando a tientas en un marco de profunda desconfianza mutua y fuerte oposición política.
 
No existe una solución perfecta a corto plazo para ninguno de estos problemas. Pero el punto de partida no está mal en absoluto. Colombia cuenta con tres décadas de experiencia en materia de reintegración de grupos armados ilegales, y dispone de mayores recursos económicos y humanos que la mayoría de los países que están saliendo de un conflicto. Las estructuras de mando y control de las FARC se encuentran en buen estado, y los líderes guerrilleros tienen mucho interés en que la transición sea exitosa. La agenda de La Habana, que además del “fin del conflicto” incluye el desarrollo rural, la reintegración política, la justicia transicional y la lucha contra las drogas ilícitas es, al menos en teoría, lo suficientemente amplia como para integrar la transición de las FARC en una estrategia de consolidación de la paz a largo plazo centrada especialmente en los territorios más afectados. Por último, y muy al contrario de la desmovilización paramilitar, tanto América Latina como la comunidad internacional en general apoyan firmemente el proceso.
 
Los negociadores deben acordar una oferta de reintegración que permita a las FARC cerrar filas en torno a un proceso de transición plagado de incertidumbre y ambigüedad. Dada su arraigada desconfianza del Estado, probablemente la mejor manera de lograr esto sea otorgar a las FARC un papel en la reintegración, aprovechando su cohesión. Esto minimizaría los riesgos de que la transición genere divisiones dentro de las FARC. Pero las partes también deben ser conscientes de las desventajas de esta solución, y manejarlas cuidadosamente. Para lograr que un modelo de reintegración colectiva resulte digerible para una sociedad poco dispuesta a ser generosa con las FARC, y escéptica acerca de sus verdaderas intenciones, los negociadores deberían acordar medidas contundentes de rendición de cuentas, supervisión y transparencia. También deben promover medidas de justicia transicional a nivel local para evitar que se agudicen las tensiones en las comunidades tras la llegada de los combatientes de las FARC.
 
Una oferta de reintegración a largo plazo probablemente facilitaría la tensa negociación de las condiciones bajo las cuales las FARC están dispuestas a abandonar el conflicto en las etapas iniciales de la transición. Es necesario que el cese al fuego bilateral entre en vigor inmediatamente después de la firma del acuerdo definitivo. Esto exigirá que comience la desescalada militar mucho antes, pero solo será posible sostener un cese al fuego formal una vez que se hayan acantonado las fuerzas de las FARC. Cuando el acuerdo haya sido ratificado, se debería comenzar a implementar las medidas para la “dejación de las armas” (o desarme). Estos son pasos arriesgados e irreversibles, y convencer a la guerrilla de tomarlos será aún más difícil ante la negativa del gobierno a negociar cambios más amplios en las fuerzas de seguridad. Pero el interés común en la estabilidad del post-conflicto debería proporcionar suficiente espacio para llegar a una solución viable. Además de garantías de seguridad y medidas interinas para estabilizar los territorios con presencia de las FARC, se deberían producir rápidos avances en la implementación de elementos claves del acuerdo de paz y el establecer un mecanismo de seguimiento conjunto para garantizar que se cumpla con los acuerdos una vez que haya concluido el desarme.
 
La implementación de los acuerdos alcanzados entre el gobierno y las FARC será en gran medida responsabilidad de ambos actores. Pero en el entorno intensamente polarizado de Colombia, los actores internacionales tendrán un papel fundamental. Se debería invitar a una misión internacional liderada por civiles a supervisar y verificar el cese al fuego y el proceso de desarme. Para que este tipo de supervisión tenga éxito, la misión deberá tener suficiente autonomía de las partes, además de capacidad técnica y política para lidiar con los contratiempos y disputas previsibles. Más allá de esto, los actores internacionales deberían estar preparados para apoyar el proceso ofreciendo garantías de implementación de alto nivel, apoyo político a reformas polémicas, incluidas reformas del sector seguridad, y un compromiso de financiamiento a largo plazo.
 
Ninguno de los elementos necesarios para lograr la estabilidad en el periodo inmediatamente posterior al conflicto es enteramente nuevo en el contexto colombiano, pero en su conjunto romperán el molde de los anteriores programas de desarme y reintegración. Los negociadores deberán mostrar flexibilidad y tenacidad, y el gobierno deberá renovar sus esfuerzos por impulsar la apropiación social del proceso de paz, en particular en zonas de conflicto. Las anteriores transiciones se tambalearon debido a los altos niveles de violencia, la indiferencia pública, y la tímida participación internacional. Esta vez se necesita una respuesta más rápida y audaz para encauzar a Colombia irreversiblemente hacia la paz.
 
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Viernes, 12 Diciembre 2014 16:48

Presidente Santos destaca logros del cuatrienio

El Nuevo Siglo Bogota
 
Viernes, 12 de Diciembre de 2014
 
El Presidente de la República, Juan Manuel Santos, destacó los importantes logros alcanzados por el Gobierno Nacional, durante el último cuatrienio, que permitieron mejorar la vida de millones de colombianos.
 
“Esos resultados son fruto de un trabajo coordinado entre todas las entidades del Gobierno”, indicó el Mandatario durante la rendición de cuentas del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), evento que se realizó hoy en Bogotá.
 
De acuerdo con el Jefe de Estado, “son miles de funcionarios y contratistas del Dapre los que nos han acompañado en esta ardua tarea, y lo han hecho con profunda dedicación y sentido de la responsabilidad”.
El Presidente Santos recordó que desde 2010 se ha promovido una administración pública basada en la eficiencia, la eficacia, la transparencia y la rendición de cuentas, que son los principios esenciales del buen gobierno.
 
“Este escenario de rendición de cuentas es un ejemplo de que le cumplimos a la ciudadanía, propiciando espacios de diálogo que permiten informar a la gente acerca de nuestra gestión”, señaló.
 
El Mandatario aprovechó la jornada de rendición de cuentas para referirse a los tres pilares de su Gobierno en el nuevo cuatrienio: paz, equidad y educación, así como al ajuste que se hizo a la estructura del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, con el objetivo de hacer énfasis en los temas que se han definido como prioritarios.
 
“Hoy quiero manifestar mi gratitud a todos los colaboradores del Dapre”, dijo y afirmó que “todos y cada uno de los funcionarios han sido fundamentales, y lo seguirán siendo, en el logro de los objetivos trazados”.
“Sé que cuento con un gran equipo, un equipo con vocación de servicio público, y con su ayuda vamos a cumplir las metas que nos propusimos para este nuevo periodo de gobierno. A ellos agradezco su esfuerzo y tantas horas de trabajo”, sostuvo.
 
El Jefe de Estado invitó a todos sus colaboradores a continuar haciendo su tarea, para que –dijo–, “entre todos conduzcamos a Colombia por el camino de un país en paz, con mayor equidad y mejor educado”.
 
 
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Jueves, 11 de Diciembre de 2014

La exalcaldesa (d.) de Bogotá Clara López lidera la intención de voto para las próximas elecciones a la Alcaldía de Bogotá, según la más reciente encuesta de la firma Cifras y Conceptos, revelada este jueves por Caracol Radio.
 
A la pregunta de si las elecciones fueran mañana, López obtiene el 25 por ciento de los votos. Luego aparece el exvicepresidente Francisco Santos (15%) y el exministro Rafael Pardo (14%).
 
López aspirará a la Alcaldía en nombre del Polo Democrático, mientras que Santos lo hará por el Centro Democrático y Pardo busca el apoyo de los partidos que conforman la Unidad Nacional.
 
En la encuesta, el 38 por ciento de los consultados manifestó que votará en blanco y un 8 por ciento dijo que no sabía o prefería no responder.
 
Cifras y Conceptos, que dirige el exdirector del Dane César Caballero, también indagó por las consultas que se realizarían en los partidos para definir las candidaturas únicas a la Alcaldía.
 
En el caso de los conservadores, el primer lugar fue para el excomisionado de paz Camilo Gómez (24%), seguido del exrepresentante a la Cámara Miguel Gómez Martínez (9%) y el exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry (7%). En esta pregunta, el 60 por ciento dijo que no sabía o prefería no responder.
 
En una eventual consulta de la Alianza Verde, y si llega a postular su nombre, el ganador sería el exalcalde Emrique Peñalosa (83%), seguido de los concejales Antonio Sanguino (5%) y Carlos Vicente de Roux (3%). Tanto Sanguino como de Roux ya fueron seleccionados como prencandidatos por ese movimiento. Peñalosa aún no ha decidido si postula su nombre en la carrera por la Alcaldía de Bogotá.
 

 

Finalmente, la encuesta también preguntó por lo que ocurriría en la consulta del Movimiento Progresistas, que apoya al alcalde Gustavo Petro. Allí ganaría el periodista y exgerente del Canal Capital Hollman Morris (46%), seguido por el exsecretario de Gobierno Guillermo Alfonso Jaramillo (35%) y la exsecretaria de Hábitat María Mercedes Maldonado (8%).
 
Clara López lidera la intención de voto a la Alcaldía de Bogotá, según la encuesta de Cifras y Conceptos.
 
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Jueves, 11 de Diciembre de 2014
 
El sonado ‘articulito’ de la reelección presidencial que en 2005 aprobó el Congreso, al parecer, será definitivamente parte del pasado.
 
Ya no podrá ser realidad que al antojo y caprichoso del gobernante de turno se permita y abra paso la posibilidad de revivir la reelección presidencial.
 
Así quedó establecido en la conciliación de la reforma de equilibrio de poderes que elaboraron en el Senado y la Cámara de Representantes.
 
Es decir, se deja claro en la Constitución un ítem específico para cerrarle la puerta definitivamente a la reelección presidencial.
 
Sólo se podrá volver a revivir la reelección presidencial por referendo (donde el pueblo decida) o Asamblea Constituyente.
 
El senador Armando Benedetti Villaneda, conciliador del proyecto, dijo que se acordó que las corporaciones acatarán la “cláusula pétrea” para acabar con la reelección.
 
Este jueves las plenarias votarían el texto de la conciliación con esta decisión que en su momento fue promovida en el Senado por la bancada del Partido Conservador. 
 
Reelección presidencial sólo podrá revivirse por una Constituyente o un referendo
 
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Miércoles, 10 de Diciembre de 2014
 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado colombiano por su responsabilidad en las 11 desapariciones del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985.
 
Se trata de la condena número 15 que recibe el país en la historia, que implica que el Estado debe hacer una millonaria indemnización a las víctimas, un acto de perdón, que incluye un documental; tratamientos psiquiátricos y le ordena resultados judiciales a la mayor brevedad.
 
Según la Corte Interamericana, en el expediente hay pruebas contundentes de que “existió un modus operandi tendiente a la desaparición forzada de personas consideradas como sospechosas de participar en la toma del Palacio de Justicia o colaborar con el M-19”.
 
La sentencia agrega que “los sospechosos eran separados de los demás rehenes, conducidos a instituciones militares, en algunos casos torturados, y su paradero posterior se desconocía”. Entre los lugares a donde fueron trasladados menciona la Escuela de Caballería, donde el coronel Alfonso Plazas Vega (condenado en segunda instancia) era comandante; y el Batallón Charry Solano. Allí el jefe militar era el cuestionado general Iván Ramírez, quien fue absuelto en primera instancia. (Lea también: Así va el caso del coronel (r) Plazas Vega).
 
La Corte dice que “Carlos Augusto Rodríguez Vera (administrador de la Cafetería) y la guerrillera Irma Franco Pineda fueron separados de los demás sobrevivientes, conducidos a una institución militar, torturados y desaparecidos”. 
 
“Respecto a las demás presuntas víctimas desaparecidas –agrega la sentencia-- la prueba en el expediente refiere que fueron consideradas sospechosas de colaborar en la toma del Palacio de Justicia por autoridades estatales y que varias personas consideradas sospechosas, además de Carlos Augusto Rodríguez Vera e Irma Franco Pineda, fueron víctimas del mismo modus operandi”. (Lea también: 'Magistrado Urán salió con vida de Palacio y fue ejecutado': Corte IDH).
 
Y concluye que “bajo la dirección de funcionarios militares, las autoridades alteraron gravemente la escena del crimen y cometieron múltiples irregularidades en el levantamiento de los cadáveres”.
 
​En el fallo se lee que el tribunal internacional declaró responsable internacionalmente al Estado de Colombia "por ciertas violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de los sucesos conocidos como la toma y la retoma del Palacio de Justicia". (Lea también: ¿Quiénes son las víctimas por las que el Estado fue condenado?)
 
Llama la atención que la Corte IDH encontró que el Estado es responsable de las 11 desapariciones forzadas tras la toma que hizo la guerrilla del M-19. Aparecen los nombres Carlos Augusto Rodríguez Vera, Irma Franco Pineda, Cristina del Pilar Guarín Cortés, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Stella Lizarazo Figueroa, Luz Mary Portela León, Lucy Amparo Oviedo Bonilla y Gloria Anzola de Lanao. (Vea: Recordando el paso de EL TIEMPO... El holocausto del Palacio de Justicia)
 
Así mismo, encontró que el Estado tiene responsabilidad de la desaparición forzada y ejecución extrajudicial del magistrado Carlos Horacio Urán Rojas.
 
De igual manera, fue declarado internacionalmente responsable por haber violado su deber de garantizar el derecho a la vida por la falta de determinación del paradero de Ana Rosa Castiblanco Torres por dieciséis años, y de Norma Constanza Esguerra Forero hasta la actualidad.
 
El tribunal también determinó que Yolanda Santodomingo Albericci, Eduardo Matson Ospino y José Vicente Rubiano fueron torturados, así como con la detención y los tratos crueles y degradantes cometidos en perjuicio de Orlando Quijano, ocurridos en el marco de los mismos hechos. (Lea también: ¿Quiénes han sido condenados por desaparecidos del Palacio?)
 
Se concluyó que hay falta de esclarecimiento judicial de los hechos y "violación del derecho a la integridad personal en perjuicio de los familiares de las víctimas, así como por el incumplimiento de su deber de prevención frente al riesgo en que se encontraban las personas que se encontraban en el Palacio de Justicia". (Lea también: Hablan familiares de las dos guerrilleras halladas en fosa común)
 
Por el caso del Palacio de Justicia están condenados el coronel (r) Alfonso Plazas Vega, a 30 años de prisión, y el general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, quien recientemente fue sentenciado a 35 años de cárcel. En el primer caso, el caso del coronel Plazas Vega está en revisión de la Corte Suprema de Justicia. De hecho, se conocio que la ponencia que se discute es de absolución.
 
¿Qué ordena la Corte IDH?
 
1. Millonaria indemnización: En el fallo, de 2012 páginas, la Corte IDH reconoció los pagos ya hechos por el Estado colombiano a los familiares de las víctimas. Sin embargo indicó que "aún y cuando algunos familiares de víctimas han recibido indemnización por conceptos de daño moral", ordenó pagos adicionales por el concepto de daño inmaterial.
 
En el desglose de las tasas, los jueces fijaron que cada víctima de desaparición forzada (11) y el magistrado Carlos Urán recibirán 100.000 dólares. En ese caso, la compensación la reciben las familias,
 
También, ordenó el pago de 80.000 dólares a favor de padres, madres, hijos, cónyuges o compañeros permanentes de las víctimas de desaparición, incluyendo a Urán. Así como 40.000 dólares a favor de los hermanos y hermanas de los mismos.
 
De otro lado, la Corte ordena 80.000 a favor de Norma Constanza Esguerra, y 70.000 de Ana Castiblanco; así como de 20.000 dólares para las familias de estas dos víctimas.
 
En el caso de quienes fueron víctimas de torturas y tratos crueles, fueron tres, la Corte fijó que deben recibir como indemnización 40.000 dólares, y 30.000 a favor de Orlando Quijano. También, 15.000 dólares para cada una de las familias de ellos.
 
Finalmente, los jueces de la Corte IDH indicaron que el Estado debe pagar 61.000 dólares a los abogados de las víctimas por concepto de costas. La decisión de hallar internacionalmente responsable al Estado colombiano por hechos del Palacio de Justicia fue tomada por los jueces Roberto Caldas, presidente de la Corte IDH; Manuel Ventura Robles, Diego García - Sayán, Eduardo Vio Grossi y Eduardo Ferrer Mac-Gregor.
 
2. Resultados judiciales en la mayor brevedad: "Llevar a cabo las investigaciones para establecer la verdad de los hechos" y condenar a los responsables y realizar todos los esfuerzos para "determinar el paradero de las once víctimas aún desaparecidas a la mayor brevedad". Esto porque "la Corte indicó que el Estado "incumplió su obligación de iniciar una investigación de oficio, inmediata y efectiva, omitió realizar las actividades de búsqueda necesarias para localizar el paradero de los desaparecidos y esclarecer lo sucedido, así como no actuó con la debida diligencia en las primeras diligencias de la investigación y, en menor medida, en las investigaciones desarrolladas actualmente en la jurisdicción ordinaria. Por último, la Corte constató que la investigación de estos hechos no ha respetado la garantía del plazo razonable".
 
3. Tratamiento médico: "Brindar, el tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico a las víctimas que así lo soliciten y, de ser el caso, pagar la suma establecida por concepto de gastos por dicho tratamiento para aquellas víctimas que residan fuera de Colombia".
 
4. Acto público: el Estado deberá hacer un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y realizar un documental sobre el holocausto del Palacio de Justicia.
 
'Es un logro para la justicia'
 
Para Santiago Canton, ex Secretario Ejecutivo CIDH, la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es "un logro para la justicia en uno de los casos más emblemáticos de desprecio absoluto de las fuerzas armadas al estado de derecho y los derechos fundamentales". Canton considera que la decisión "es un triunfo importante para todas las víctimas y sus familiares que durante más de 29 años han tenido que enfrentar la negación sistemática de los hechos ocurridos en la toma y retoma del Palacio de Justicia por parte del Estado colombiano".
 
El exsecretario considera que el fallo es oportuna "teniendo en cuenta que en estos momentos está pendiente de decidirse un recurso de casación dirigido a tumbar la condena del Coronel Alfonso Plazas Vega y en su lugar absolverlo de responsabilidad, pese a que ha sido claramente identificado como uno de los principales responsables del operativo militar en el que el ejército cometió desapariciones forzadas, actos de tortura y ejecuciones extrajudiciales, como en es el caso del Magistrado Carlos Horacio Urán Rojas".
 
Imagen de la toma al Palacio de Justicia 1985.
 
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El Nuevo Siglo Bogota
 
Miércoles, 10 de Diciembre de 2014
 
En  La Habana reinició el ciclo 31 de los diálogos de paz entre el Gobierno  colombiano y la guerrilla de las Farc.
 
El reinicio arrancó con las declaraciones del  jefe de la delegación de paz del Gobierno, Humberto de la Calle y desmintió  las declaraciones del expresidente y actual senador de la República Álvaro Uribe Vélez  quien hace unos días publicó en su cuenta de Twitter una serie de condiciones que supuestamente pedía el grupo subversivo para retomar las conversaciones.
 
Al respecto, De La Calle dijo que esos supuestos compromisos de las Farc no exixtieron y si lo hubieran pedido tampoco se habían aceptado.
 
Declaró que están “preparados para un debate serio, con argumentos serios y sólidos” y recordó que debido a unas declaraciones del Centro Democrático se dieron a conocer a la opinión pública los acuerdos logrados hasta ahora en Cuba
Estas fueron las supuestas condiciones solicitadas por las Farc, según Uribe:  
 
1. Mantener a los guerrilleros rasos con un auxilio de 1.800.000 por 5 años mientras se preparan profesionalmente
2. Mantener logística y financieramente la seguridad del secretariado
3. Reparar económicamente a familiares de comandantes guerrilleros asesinados por las Fuerzas Militares
4. Archivar y cerrar todas aquellas investigaciones contra cualquier miembro de las Farc
 5. Todos los guerrilleros que se encuentren en las cárceles deben ser liberados sin condiciones
6. Borrar todos los registros penales en las páginas de internet del gobierno e Interpol
7. No permitir que se difame o se desprestigie el nombre de las Farc a nivel internacional
 8. Permitir que las Farc tengan su propio canal de tv y emisora radial con el propósito de expresar sus ideas y libre comunicación.

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Martes, 9 de diciembre de 2014

Las autoridades colombianas están trabajando en cooperación con organismos civiles para impedir que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) recluten niños y adolescentes.
 
A través de varios programas, más de media docena de organizaciones militares y civiles participan en este esfuerzo, incluyendo el Ejército Nacional de Colombia, el Ministerio de Defensa, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, el Grupo Policial para la Protección de Niños y Adolescentes, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y otros. El Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, dio inicio a esta iniciativa en noviembre de 2011, cuando anunció el programa “Basta, Aquí Soy Libre”. Ésta es una campaña nacional para despertar consciencia sobre los esfuerzos de las FARC para reclutar jóvenes.
 
Desde que Pinzón anunció el programa, el Ministerio de la Defensa ha organizado centenares de talleres para educar a niños, adolescentes y padres sobre las falsas promesas de los reclutadores de las FARC. Los miembros de las FARC a menudo tratan de cautivar a los niños y adolescentes con el prospecto del dinero, pero estos atractivos son vacíos; muchos terminan en campamentos remotos, con poco o nada de dinero, con escasa comida y sin oportunidades de contactar a sus familias.
 
Desde que el Ministro de la Defensa dio inicio al programa, la campaña ha alcanzado a más de 33.500 personas en decenas de municipios de alto riesgo en todo el país.
 
Ademas de las conferencias y una amplia campaña por los medios que incluye camisetas, folletos y anuncios por radio y televisión, “Basta, Aquí Soy Libre" también financia “La Vida en Juego”, una serie de seminarios realizados en 14 municipios para promover deportes como el fútbol, como alternativas positivas a las drogas y la violencia.
 
Ayudar a niños que trabajaban en las FARC
 
Pero esta campaña va más allá de los seminarios, folletos y anuncios por radio y televisión. Como parte de la iniciativa, el gobierno federal de Colombia ha entrenado a miles de miembros de las Fuerzas Armadas en esfuerzos y protocolos de prevención que deben seguirse cuando se trate con menores que escaparon o fueron rescatados de las FARC.
 
Los soldados pusieron en uso estos protocolos el 21 de octubre en el Departamento de Antioquia, donde el Ejército Nacional de Colombia se enfrentó en una serie de combates armados con miembros de las FARC. Después de la batalla, encontraron una niña de 14 años llorando junto al cuerpo sin vida de alias “Chamaría”, que era el jefe del Frente 5 de las FARC. Este terrorista de 36 años reclutó ilegalmente a la niña en 2012, cuando la arrebató a su familia.
 
Los soldados la cuidaron y rápidamente la colocaron bajo la custodia del Instituto de Bienestar Familiar de Colombia.
 
En todo el país, las autoridades militares y policiales han realizado rescates similares de adolescentes y niños que habían sido reclutados por las FARC. A mediados de octubre, la policía del Departamento de Tolima rescató a una niña de 13 años y un joven de 15, quienes dijeron que habían sufrido de abusos físicos y psicológicos durante los varios meses que habían estado con el grupo guerrillero. Y en septiembre, el Ejército liberó de las FARC a cinco menores en el Departamento del Cauca. El grupo terrorista había forzado a uno de los menores, de solo 10 años, a participar en un extenuante entrenamiento físico.
 
Las FARC constituyen el mayor grupo terrorista involucrado en el reclutamiento de niños y jóvenes, pero otras organizaciones ilegales también tienen en la mira a los jóvenes.
 
“El reclutamiento ilegal ocurre todos los días”, dijo el Coronel Carlos Lasprilla, Jefe de la Unidad de Prevención del Reclutamiento Ilegal del Ministerio de Defensa. “Es una práctica sistemática de las FARC, el Ejercito de Liberación Nacional (ELN) y las bandas criminales (BACRIM).”
 
Desde 2002, más de 4.000 menores han estado ligados a grupos armados ilegales, según el Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado (GAHD), una entidad del Ministerio de Defensa. Entre 5.000 y 18.000 menores están actualmente en las filas de grupos terroristas y bandas criminales en Colombia, de acuerdo con los estimados de las Naciones Unidas (ONU).
 
De hecho, algunos frentes de las FARC dependen mucho de los menores. Por ejemplo, cerca del 60% de los frentes Séptimo y Primero de las FARC están formados por niños y adolescentes, según estimados del gobierno federal. Las FARC, el ELN, y las BACRIM son particularmente activas en el reclutamiento de menores en Antioquia – el departamento más severamente afectado – así como en el Guaviare, Tolima, Meta, Norte de Santander, Cauca y Nariño, según el Ministerio de la Defensa.
 
“Estos grupos han estado cometiendo este delito desde hace ya 50 años y, desafortunadamente, tales delitos han sido invisibles”, expresó el Coronel Lasprilla.
 
El reclutamiento de menores, en ascenso desde 2002
 
Las FARC, el ELN y grupos del crimen organizado comenzaron a incrementar su reclutamiento de menores aproximadamente desde 2002. Algunos de los líderes de las FARC han establecido metas específicas del número de niños y adolescentes que quieren reclutar y para cumplir esas cuotas, incluyen a niños hasta de 8 años de edad.
 
Los grupos armados ilegales se aprovechan de la pobreza que experimentan miles de menores y sus familias en las zonas rurales, según el GAHD. Además de prometerles dinero, los terroristas reclutadores atraen a los niños y adolescentes con promesas de poder y bienes materiales que de otra manera no podrían adquirir, como celulares y computadoras tipo tableta.

 

“Los menores no piensan en los riesgos. Los reclutadores se aprovechan de eso", dijo el Coronel Lasprilla. “En 50 años, la guerrilla no ha hecho ni un solo gesto encaminado a la liberación de los niños. Así que debemos rescatarlos.”

Proteger a los niños: El Ejército Nacional de Colombia y el Ministerio de Defensa están desempeñando papeles importantes en “Basta, Aquí Soy Libre”, la campaña del gobierno contra el reclutamiento ilegal de menores por parte de grupos armados ilegales. La iniciativa incluye conferencias, eventos deportivos, folletos y anuncios por radio y televisión. [Foto: Ministerio de Defensa]
 
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