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OPEAL, un proyecto del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, hace seguimiento permanente a la situación geopolítica, económica, medioambiental y de seguridad de la región así como a la coyuntura de seguridad y la política exterior colombiana.


Conozca el texto de la decisión de la corte en torno a las demandas de inconstitucionalidad presentadas al Ley 37 de 1961 por la cual se aprueba el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas”, también conocido como el Pacto de Bogotá.  
 
Resumen de la demandas:
 
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos XXXI y L de la Ley 37 de 1961 “Por la cual se aprueba el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas” (Pacto de Bogotá). Accionante: Juan Manuel Santos Calderón -Presidente de la República de Colombia-.
Referencia: Expediente D-9907.
 
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos II y V (parciales) y los capítulos Cuarto y Quinto de la Ley 37 de 1961 “Por la cual se aprueba   el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas” (Pacto de Bogotá).  
Accionantes: Juan Carlos Moncada Zapata, Jéssica Alejandra Mancipe González y Carlos Eduardo Borrero González.
Referencia: Expediente D-9852
 
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo XXXI (parcial) de la Ley 37 de 1961 “Por la cual se aprueba el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas” (Pacto de Bogotá).  
Acccionante: Oscar Fernando Vanegas Ávila. 
Referencia: Expediente D-9886.
 
Magistrado Ponente: MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO. 
 
 

Foto: Javier Casella - SIG

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Jueves, 27 de noviembre de 2014
 
Ecopetrol, Pacific Rubiales y CNEC caen durante la jornada como castigo por el anuncio de la Opep de mantener su techo de producción de petróleo en 30 millones de barriles diarios. La TRM para este jueves es de 2.165,15 pesos.
Durante la jornada bursátil de este jueves, el precio promedio del dólar es de 2.178,85 pesos.
 
El valor mínimo con el que se ha transado la moneda estadounidense ha sido 2.167,50 pesos, mientras que el mayor precio tocó los 2.193 pesos.
 
Sin embargo, para las acciones petroleras no ha sido una buena jornada, debido a la decisión de la Opep de mantener su techo de producción de petróleo en 30 millones de barriles diarios.  
 
Al medio día, el precio de la acción de Ecopetrol cayó 5,06 por ciento y el de Pacific Rubiales en un 4,75 por ciento.
 
La acción petrolera que más cayó fue la de CNEC (10,46 por ciento).
 
Un informe diario del Banco de Bogotá, señala que este jueves, en medio de la celebración de Acción de Gracias en Estados Unidos, el dólar interbancario opera bajo la modalidad next day, mercado donde las transacciones pactadas tendrán cumplimiento hasta la siguiente sesión (viernes).
 
 

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Jueves, 27 de noviembre de 2014
 
El anuncio fue hecho por el negociador de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Pablo Catatumbo, y se produjo horas después de que el grupo rebelde liberó a dos soldados, los primeros de cinco rehenes que acordaron soltar para que el Gobierno reanude el diálogo.
 
La Cruz Roja informó que los soldados Paulo César Rivera y Jonathan Andrés Díaz fueron puestos en libertad sanos y salvos en el departamento de Arauca, en el noreste del país, luego de haber estado tres semanas en manos de esa insurgencia.
 
Ahora queda pendiente la liberación del general Rubén Darío Alzate, el militar de mayor rango capturado por los rebeldes desde que nació la guerrilla. Fue raptado hace poco más de una semana junto a una abogada y un suboficial en un área selvática.
 
“Si todo sale bien, creo que el fin de semana podemos estar diciendo que el general retorna a su hogar”, dijo Catatumbo a periodistas en La Habana, donde se desarrolla el diálogo dirigido a poner fin a medio siglo de hostilidades.
 
La captura del general y sus acompañantes llevó al presidente Juan Manuel Santos a suspender las negociaciones con las FARC hasta que sean liberados, dejando en suspenso al diálogo que ha logrado más avances que todos los intentos anteriores.
 
Los soldados liberados el martes, considerados prisioneros de guerra por los rebeldes, habían sido secuestrados hace tres semanas durante un enfrentamiento en el departamento de Arauca, una zona fronteriza con Venezuela.
 
Santos, en un acto de Gobierno, calificó la liberación como “un paso importante que demuestra la madurez del proceso de paz y los gestos de paz que todos los colombianos reclaman, esto le da fortaleza a este proceso para seguir adelante”.
 
Los militares fueron llevados en un helicóptero marcado con el emblema del CICR hasta un aeropuerto en donde fueron entregados a representantes del Ejército.
 
Un proceso similar sería realizado para la liberación del general y las otras dos personas.
 
Las FARC habían dicho previamente que la entrega del general a la Cruz Roja podría complicarse debido a los operativos militares ordenados por Santos, aunque en un comunicado desde La Habana aclararon que enfocarán sus esfuerzos en entregar a Alzate y a sus acompañantes.
 
“Esperamos que los operativos dirigidos por el Ministerio de Defensa y el sitio militar contra la población civil, se suspendan de inmediato, para que la liberación de las personas mencionadas, trascurra sin sobresaltos y sin riesgos para ninguna de las partes”, precisó la guerrilla.
 
Pero el comandante de la Séptima División del Ejército, general Leonardo Pinto, dijo a periodistas que están dadas las condiciones para garantizar el regreso a la libertad de Alzate.
 
Cuba y Noruega, garantes del proceso de paz con el que busca acabar con un conflicto que ha dejado más de 200.000 muertos, ayudaron a facilitar un acuerdo para liberar a los rehenes.
 
DIÁLOGO Y FUEGO
 
A pesar de que las partes han estado dialogando en La Habana, siguen enfrentándose a fuego abierto en el interior de Colombia. Aún son frecuentes los ataques de la guerrilla y los bombardeos de las Fuerzas Militares.
 
Santos se niega a firmar un cese bilateral del fuego, como reclaman las FARC, con el argumento de que la guerrilla podría aprovechar para sacar ventaja militar y prolongar la negociación indefinidamente. Y las FARC aún siguen capturando militares y policías.
 
En el pasado, la guerrilla llegó a tener en su poder a decenas de efectivos de las Fuerzas Armadas. La mayoría de ellos fue entregada al CICR, otros murieron en cautiverio, fueron rescatados o huyeron.
 
Las FARC dijeron el lunes que no será tan fácil retomar las negociaciones de paz porque la suspensión del proceso por parte de Santos minó la confianza construida entre las partes.
 
En el proceso de paz, las partes han logrado acuerdos parciales para dar acceso a la tierra a campesinos pobres, sobre garantías para que los guerrilleros puedan participar en la política, y sobre la lucha contra el narcotráfico.
 
Pero aún quedan pendientes temas complejos como la compensación a las víctimas, el fin de la violencia y la aprobación por parte de los colombianos de los acuerdos a través de un mecanismo como un referendo.
 

general alzate liberacion

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Miércoles, 26 de noviembre de 2014
 
El Presidente Juan Manuel Santos declaró ese miércoles que el general Rubén Darío Alzate, y las otras dos personas secuestradas en el departamento del Chocó, serán liberados el próximo sábado.
 
Así lo manifestó al término de una visita al Centro de Servicios Financieros del Sena en Bogotá, donde participó en un conversatorio con emprendedores.
 
“Y por último, un anuncio de una información que me acaba de llegar, que me habían preguntado mucho, que cuándo es que van a liberar al general, con la señora y el cabo. De acuerdo a los protocolos eso se podrá hacer el sábado. Entonces el sábado tendremos eso”, manifestó el Mandatario.
 
El general Alzate, la abogada Gloria Urrego y el cabo Jorge Rodríguez fueron secuestrados el pasado domingo 16 de noviembre.
 
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Liberación del general Alzate será el próximo sábado
 
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Martes, 25 de noviembre de 2014
 
Este martes en la Comisión Primera del Senado se discutirá la situación que en estos momentos atraviesa la Unidad Nacional de Protección, entidad que ejecuta medidas de protección a personas que puedan encontrarse amenazadas por las funciones que desarrollan.
 
El director de la Unidad de Protección (UNP), Andrés Villamizar, hizo público que se desmontarían 1.800 esquemas de protección por falta de recursos a comienzos de este mes.
 
Aunque posteriormente se retractó, señalándole a EL TIEMPO que el Gobierno ya había girado 30.000 millones de pesos que adeudaba y que eran necesarios para continuar con las labores, señaló que aún hacían falta recursos. (Lea también: Minhacienda dice que giró plata a UNP y exige que no haya derroche).
 
“Ha dicho el director de la Unidad, que no tienen los recursos y por ello queremos saber qué es lo que está pasando con eso. Queremos saber quién está prestando esos servicios de protección y si esos servicios de escoltas tienen todos los elementos de seguridad”, señaló el senador citante Manuel Enríquez Rosero (partido de ‘la U’).
 
A este debate están citados los ministros del Interior, Juan Fernando Cristo Bustos, y el de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Están invitados el fiscal, Eduardo Montealegre, el procurador, Alejandro Ordóñez, el contralor, Edgardo Maya y el defensor del pueblo, Jorge Armando Otálora.
 
“Nosotros queremos saber cuál es la garantía que hoy tienen las personas que de acuerdo a la ley tienen derecho a una protección. Queremos saber cuál es la garantía de si se les va a seguir prestando el servicio, e igualmente necesitamos saber si efectivamente están disponibles los recursos para cancelarles los salarios a quienes vienen prestando esos servicios de seguridad”, añadió el congresista.
 
 
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Martes, 25 Noviembre 2014 16:49

¿Diálogo? Solo para cumplir fallo dela CIJ

La Prensa Noticias
 
Martes, 25 de noviembre de 2014
 
Si el gobierno nicaragüense inicia un diálogo con Colombia sobre la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) del 19 de noviembre de 2012, deberá ser solo para establecer “una forma no traumática” de cumplir con dicho fallo, pero “no para modificar los límites (marítimos entre ambos países) establecidos” por el tribunal internacional, opinaron los excancilleres Enrique Dreyfus y Norman Caldera, así como el jurista Mauricio Herdocia, quienes ayer se reunieron en ocasión del segundo aniversario del veredicto.
 
Dos años después de que la CIJ falló a favor de Nicaragua en un diferendo con Colombia sobre una considerable porción de agua en el Caribe, el presidente colombiano Juan Manuel Santos anunció el martes que comenzará la negociación de un tratado con Nicaragua para que se respeten los derechos de los pobladores de las islas de San Andrés y Providencia.
 
Por su parte, el presidente inconstitucional Daniel Ortega afirmó ayer que el anuncio de su homólogo colombiano, sobre conversar acerca de derechos de navegación en el mar Caribe, fue un acuerdo al que llegaron ambos en 2012, según publicó el portal El 19 Digital.
 
“Esto fue un acuerdo que tomamos con el presidente Santos después del fallo, lo tomamos en México hace dos años, el 2 de diciembre, para la toma de posesión del presidente Enrique Peña Nieto, ahí nos reunimos, estaba fresco el fallo”, dijo Ortega.
 
El jurista Mauricio Herdocia indicó que Nicaragua debe estar siempre abierta al diálogo, pero “no a cualquier costo”, refiriéndose a que no debe estar en juego lo que el país ganó con la sentencia de la CIJ.
 
El excanciller Norman Caldera señaló que “el único espacio para un tratado es sobre el manejo de (la reserva de biósfera) Seaflower”, que parte de ella está en aguas nicaragüenses y otra en colombianas. Caldera indicó que velar por esta reserva es costoso y en eso deben unirse ambos países.
 
El exembajador de Nicaragua en Costa Rica y actual diputado en el Parlamento Centroamericano, Mauricio Díaz, indicó que para él la propuesta del presidente colombiano, de dialogar con Nicaragua, “es una salida de baño de Santos, tratando de desviar el cumplimiento inexcusable de un fallo que por su naturaleza es de ineludible cumplimiento”.
 
“Nicaragua no tiene por qué aceptar ningún acuerdo al margen de un fallo del máximo tribunal de justicia del planeta, que es la Corte Internacional de Justicia. La Corte ya falló y le recuperó a Nicaragua una enorme extensión marítima que pasa a ser parte del territorio nacional”, indicó Díaz.
 
Enrique Dreyfus, Mauricio Herdocia y Norman Caldera.
LA PRENSA/ D. LÓPEZ
 
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Martes, 25 de noviembre de 2014
 
Los pescadores de San Andrés y Providencia tuvieron que decir adiós a sus faenas luego del fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), por eso le pidieron al Gobierno Nacional que negocie un tratado con Nicaragua para poder volver tranquilos a las zonas de pesca. Según los expertos, este acuerdo debe por lo menos contener cinco claves para garantizar los derechos de la población raizal: los espacios marítimos, derechos de pesca, ambiente, cultura y libre tránsito.
 
Luego de dos años de la decisión de La Haya de quitar a Colombia cerca de 75.000 kilómetros de mar, los pescadores siguen teniendo problemas. Por eso, el presidente Juan Manuel Santos ordenó a la canciller María Ángela Holguín ir avanzando en un tratado para garantizar los derechos de los raizales, no solo en materia económica, sino de autonomía cultural y derechos fundamentales.
 
Carlos Arévalo, presidente de la Academia Colombia de Derecho Internacional, señaló que el reconocimiento del fallo de CIJ por parte de Colombia será el punto de partida de Nicaragua.
 
“Los dos Estados pueden llegar a un acuerdo que incluso puede ser distinto a lo que dijo la CIJ, eso es válido. Pero lo difícil será que Nicaragua se mueva de una posición en la que el punto de partida es una decisión favorable para ellos”, explicó.
 
Colombia no ha reconocido el fallo de la CIJ, ante lo cual Nicaragua ya ha presentado tres nuevas demandas ante esta instancia. Santos retiró al país del Pacto de Bogotá por el cual se acepta la jurisdicción de La Haya.
 
El espacio que queda para la negociación será, entonces, buscar los máximos beneficios que se puedan obtener para la comunidad sanandresana.
 
Para Ricardo Abello, internacionalista Universidad del Rosario, hay muchos puntos por tocar, pero entre los fundamentales está cómo se van a administrar los diferentes espacios marítimos y cuáles son los derechos de pesca. “Hay que definir qué pasa con los buques que van a pescar a Quitasueño y cuando regresan a San Andrés para que no tengan inconvenientes en la zona económica exclusiva de Nicaragua”, explicó el experto, que añadió que no se pueden dejar de lado las vedas de pesca, para establecer con claridad cuáles van a ser esos derechos que van a tener cada una de las partes.
 
El tema ambiental también será clave, pues se deben tomar medidas para proteger la reserva de biosfera Seaflower. El presidente Santos manifestó que este es uno de los puntos fundamentales, pues la zona quedó entre los dos países.
 
El representante a la Cámara por San Andrés, Jack Housni, agregó que esta historia binacional viene desde 1928 y lo que se puede plantear ahora es un tratado en el que lo último que se toque sea el tema limítrofe.
 
“Que se recupere la unidad del archipiélago con una política cultural, de libre tránsito de las personas, con comercio entre estas comunidades, una frontera que sea viva y que traiga beneficios a los habitantes de la zona”, manifestó. En los últimos meses ha habido acercamientos entre los gobiernos de Colombia y Nicaragua para lograr una salida consensuada al conflicto.
 
 
Las Opiniones
 
Ricardo Abello
Internacionalista Universidad del Rosario
 
“Se debe determinar cómo se van a administrar los diferentes espacios marítimos y cuáles son los derechos que tienen unos y otros en la zona económica exclusiva nicaragüense. Así como los derechos de pesca”.
 
 
 
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Martes, 25 Noviembre 2014 16:21

A negociar con Nicaragua

 
Martes, 25 de noviembre de 2014
 
Al cumplirse dos años del polémico fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, mucha agua ha corrido bajo el puente, con temas puntillosos por definir. Es el momento de resolverlos mediante la negociación bilateral.
 
El diálogo, se dice con razón, es la mejor forma de solucionar los problemas. Mucho más si el mismo se desarrolla a nivel diplomático y envuelve a las más altas autoridades de ambos países. En especial para temas tan complejos y de tanta trascendencia como el de la situación generada en nuestro Caribe. Los raizales se han visto seriamente perjudicados en sus labores de pesca artesanal tras la decisión de la alta Corte. De ahí que con el tacto y la mesura que caracterizan a los responsables de formular y ejecutar la política exterior se pueda llegar a un justo acuerdo.
 
Se suele olvidar que en diciembre de 2007 la misma Corte produjo un importante fallo que reconoció la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Pero al mismo tiempo la sentencia determinó que el meridiano 82º no era el límite natural entre nuestro país y Nicaragua. En este sentido, la CIJ expresó que tenía competencia para resolver la disputa sobre la frontera marítima. Para este efecto, y luego de escuchar los argumentos de las partes, determinaría a quién le correspondía la soberanía de los demás islotes y cayos, así como la de sus aguas adyacentes. El resultado fue el fallo de noviembre de 2012 que determinó dichos límites. Y ahí fue Troya.
 
Hubo desde quienes irresponsablemente pidieron enviar barcos de guerra a defender la soberanía, hasta los que, con gran desconocimiento y ligereza, descalificaron todo lo actuado ante la CIJ. No faltaron, por supuesto, los políticos oportunistas que quisieron sacar ventaja de la situación para endilgar al gobierno de turno la responsabilidad del “despojo” que había sufrido el país. Aunque fueron a San Andrés por lana y salieron trasquilados. Vea pues.
 
Lo cierto, como lo hemos dicho en este periódico, es que el meridiano 82 no era nuestro límite natural. Si se mira el mapa de Colombia a finales de los años sesenta y se compara con el que hay en la actualidad, el país, contrario a lo que se cree, no sólo no perdió, sino que consiguió que jurídicamente la Corte le reconociera soberanía y derechos frente a algunos islotes que forman parte del archipiélago, lo que no había sucedido con anterioridad. Dado que la sentencia es una realidad, el gobierno ha maniobrado entre escollos para no ser acusado a nivel internacional por no acatar el fallo, pero al mismo tiempo capotear la tormenta política interna que se generó. De ahí que en este momento lo que se imponga sean la mesura y la búsqueda de caminos viables para la sin salida en que parecía haber quedado esta papa caliente.
 
En los dos años que van corridos desde el fallo, Nicaragua, en gesto inamistoso, interpuso dos nuevas demandas contra Colombia. Una para que se cumpla la sentencia en su totalidad y otra para que se determine que, según su absurda interpretación, tiene derechos soberanos sobre la plataforma marítima extendida. El equipo jurídico designado por el presidente Santos ha venido haciendo el trabajo con seriedad y sin mayor figuración. Así debe ser para este tipo de espinosos asuntos. Mientras tanto, la canciller Holguín deberá desplegar toda su habilidad diplomática para que, una vez sentada a la mesa con su par nicaragüense, Samuel Santos López, se protejan los derechos de los raizales y se llegue a un tratado justo que determine, por fin y para siempre, los límites entre los dos países.
 
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Inicio
 
Martes, 25 de noviembre de 2014
 
Ni los once años que duró el juicio en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya (Holanda), para definir los límites entre Colombia y Nicaragua, ni los dos años transcurridos luego de la sentencia desfavorable a nuestro país, han puesto punto final al diferendo en el Mar Caribe.
 
Nicaragua considera que el fallo fue “justo”, mientras que para Colombia es “inaplicable”, porque viola el ordenamiento interno.
 
Esta semana el presidente Juan Manuel Santos ordenó a la Cancillería “iniciar la negociación con Nicaragua de un tratado en donde los derechos de los raizales sean uno de los puntos fundamentales”. Además, la Corte Constitucional, al fallar la exequibilidad del Pacto de Bogotá, advirtió que el fallo de la CIJ debe cumplirse, pero primero debe haber un tratado bilateral aprobado por el Congreso y ratificado por esa corporación.
 
Para conocer el ambiente de cara a esa negociación del tratado, COLPRENSA habló con dos catedráticos: el colombiano Ricardo Abello Galvis, profesor de Derecho Internacional en la Universidad del Rosario, y el nicaragüense Norman Miranda Castillo, catedrático y jurista, experto en Derecho Internacional.
 
“NO DEBE SER UN SIMPLE TRATADO DE LÍMITES”: Ricardo Abello Galvis
 
- ¿Qué alcance tiene el anuncio del presidente Santos?
Lo que dijo el Presidente es mucho más amplio que un tratado de límites que ya están en la sentencia de la CIJ del 19 de noviembre de 2012. Lo más importante es que haya acuerdos sobre aspectos como: administración de esa zona -entre Quitasueño, Providencia y Santa Catalina- donde confluyen derechos de ambos Estados; cómo se van a manejar las vedas de pesca, la reserva Seaflower, la seguridad, las medidas sanitarias y fitosanitarias, los derechos de pesca de los pescadores artesanales, etcétera. Son muchos los temas que debe incluir ese tratado.
 
- El presidente Santos habló, justamente, de proteger los derechos de pesca de los raizales…
Hay un problema con la pesca que se está realizando en Quitasueño: cuando los buques regresan a San Andrés y Providencia son interceptados por naves nicaragüenses y no se sabe dónde se realizaron esas actividades de pesca. Cómo se va a manejar eso, es lo que debe definirse en el Tratado.
 
- O sea, no va a ser un tratado exclusivo de límites…
No, es que ya la Corte Constitucional se pronunció sobre los límites. En la sentencia de constitucionalidad del Pacto de Bogotá la Corte dijo que tenía que haber un tratado sobre límites, pero que el fallo de la CIJ debe ser acatado. Todo eso hay que manejarlo al mismo tiempo. Pero el tratado debe incluir esos otros temas.
 
- Nicaragua dice que negociará un tratado, siempre que se respete integralmente el fallo de La CIJ, pero para Colombia ese fallo es inaplicable. ¿Qué va a pasar?
Mientras no haya un acuerdo para modificar ese fallo, Colombia tiene que cumplirlo. Pero si las partes se ponen de acuerdo en negociar una modificación de esa sentencia de la CIJ, es viable hacerlo.
 
- ¿Cree que Nicaragua estaría dispuesta a negociar el alcance de ese fallo?
Pues por eso se trata de una negociación. Si no hay negociación se deben cumplir esos parámetros que ya fijó la Corte Internacional de Justicia.
 
- El presidente Ortega dijo que hace dos años acordó con Santos respetar los derechos de los raizales. ¿Es un buen síntoma?
Lo que pasa es que el tratado no va a ser fácil ni rápido: hay que nombrar las comisiones negociadoras, después negociar el tratado, eventualmente hay que hacer consulta previa, luego una ley aprobatoria en el Congreso que debe pasar el control de constitucionalidad en el caso colombiano, y por último la ratificación mediante el intercambio de notas de canje. Todo eso, si nos va bien, tomará varios años.
 
- Y si en ese tiempo hay cambio de gobiernos…
Bueno, en dos o tres años aquí también habrá cambio de Gobierno. Lo importante es que se inicien las negociaciones. Yo pienso que estos temas son de Estado, no de Gobierno, y en ese sentido no tiene por qué haber cambio de políticas.
 
“NICARAGUA NO CEDERÁ UNA PULGADA DE MAR”: Norman Miranda Castillo
 
- ¿Cómo se recibe en su país la propuesta de negociar un tratado de límites con Colombia?
Es positivo que el presidente Santos haya procedido con el diálogo y no haya escuchado al mandatario anterior, que ha clamado por desacatar el fallo de la CIJ. Pero me causa extrañeza: durante décadas Colombia no tuvo ninguna disposición para negociar con Nicaragua. ¿Por qué ahora sí quiere un tratado? Eso es extraño, pero enhorabuena que lo haga.
 
- ¿Es decir, Nicaragua sí quiere negociar ese tratado?
La pregunta es ¿negociar qué y para qué? Si es una negociación para implementar el fallo de la CIJ, sobre todo la responsabilidad conjunta frente al manejo de la reserva Seaflower, que tiene 300 mil kilómetros cuadrados compartidos, bienvenida sea. Si es para que ambas armadas hagan patrullajes de prevención contra el narcotráfico, pues para eso no se necesita tratado, solo un acuerdo. Pero lo que no es viable, en lo que no puede haber negociación, es en cambiar la sentencia de la CIJ. Nicaragua no puede aventurarse a quedar bajo el artículo de la Constitución de Colombia que dice que una modificación de límites tiene que hacerse mediante un tratado; eso no tiene asidero desde el punto de vista del Derecho Internacional.
 
- ¿Qué ambiente percibe en la Asamblea Nacional de Nicaragua?
El Congreso, de manera monolítica, aportaría un sí a un acuerdo que sea a favor de la sentencia del 19 de noviembre de 2012. En eso, aquí el poder Legislativo está en sintonía con el Ejecutivo. De eso no hay duda.
 
- El presidente Ortega dijo que Nicaragua reconoce la soberanía colombiana sobre las áreas raizales…
Bueno, él no habló de “soberanía”. El comandante Ortega recordó que hace dos años, en la posesión del presidente de México, habló personalmente con el presidente Santos y reconoció el derecho de los raizales. Pero mire: Nicaragua no tiene la culpa de que los raizales colombianos tengan menor desarrollo que los colombianos continentales. Con eso lo que hace el presidente Santos es lanzar una especie de sofisma, eso nada tiene que ver con la sentencia de la CIJ.
 
- Usted, como experto en Derecho Internacional, ¿cómo cree que se puede solucionar esta situación?
Nicaragua tiene que apegarse literalmente al fallo de la Corte Internacional de Justicia, porque Colombia puso objeciones preliminares y luego siguió con el juicio, entonces no viene al caso que ahora Colombia reniegue de la sentencia. En el ambiente de Nicaragua no hay probabilidad de hacer ningún cambio sobre la extensión del mar que nos reconoció la CIJ. Donde cabría negociación es en las dos modalidades que ya le dije: manejo conjunto de la reserva Seaflower y vigilancia contra el narcotráfico en esa área marítima.
 
- Es decir, Nicaragua negociaría un tratado pero sin modificar la sentencia de la CIJ…
Claro, Nicaragua no tiene por qué aceptar que se cambie el tenor de la sentencia. Lo bueno de todo esto es que hay por lo menos una actitud de acercamiento. Además, recuerde que hay otras dos demandas de Nicaragua contra Colombia: una, del 16 de septiembre, para pedir extensión de plataforma continental más allá de las 200 millas reconocidas, y otra de noviembre del año pasado, para pedir a la Corte que obligue a la Colombia a cumplir la sentencia. Es decir, estaríamos dispuestos a negociar un tratado de límites pero sin ceder una pulgada del mar que nos fue reconocido.
 
 
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Lunes, 24 Noviembre 2014 16:06

Los 43 desaparecidos… de Colombia

Proceso

Lunes, 24 de noviembre de 2014

 Los 43 desaparecidos y presuntamente ejecutados por un grupo criminal no sólo conmocionaron a Colombia, sino que provocaron una reacción enérgica de la comunidad internacional y del gobierno.
 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictaminó que el Estado violó los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad de los desaparecidos. El actual presidente, Juan Manuel Santos, pidió perdón a los familiares de las víctimas en nombre del Estado y se comprometió a evitar que se repita una masacre de esa naturaleza, en la que los asesinos actuaron en connivencia con las autoridades locales.
 
Los cuerpos de los 43 desaparecidos no han sido encontrados pero la investigación judicial dejó en claro que fueron ejecutados por un grupo de paramilitares encabezado por el extinto Fidel Castaño.
 
Ello ocurrió la noche del 14 de enero de 1990 en Pueblo Bello, Colombia (unos 490 kilómetros al noroeste de esta capital) y casi 25 años después los familiares de las víctimas mantienen viva su demanda de justicia. Fue uno de los hechos más trágicos que haya vivido este país.
 
Castaño eligió 43 víctimas como venganza porque la guerrilla le robó 43 cabezas de ganado. El actual presidente colombiano, Juan Manuel Santos, fue quien pidió perdón a los familiares de los desaparecidos en marzo de 2009, cuando era ministro de Defensa.
 
Similitudes
 
El general retirado de la Policía Nacional de Colombia (PNC), Luis Enrique Montenegro, quien fue asesor del secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, entre 2008 y 2012, cree que la similitud entre la masacre de Pueblo Bello y la desaparición de 43 normalistas en Iguala, Guerrero, en septiembre pasado, no es casual.
 
“Más bien ilustra –dice a Apro— que México está viviendo una situación muy similar a la que vivía Colombia en los ochenta y noventa, con una mezcla de narcotráfico, grupos armados al margen de la ley, autoridades políticas que son cómplices de criminales y una débil capacidad institucional para enfrentar este explosivo fenómeno de inseguridad”.
 
Montenegro, exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, organismo nacional de inteligencia disuelto hace tres años), considera que a la luz de la experiencia colombiana lo primero que debe hacer el presidente mexicano Enrique Peña Nieto es “replantear la estrategia de seguridad y establecer como primer punto de su agenda, por arriba de todo, la seguridad ciudadana”.
 
“Y si no lo hace… ocurre otro caso de esos (la desaparición de los normalistas) y le toca renunciar”, asegura el consultor en materia de seguridad.
 
El exdirector de Inteligencia de la PNC, general retirado Jairo Delgado, coincide con su colega en que el gobierno de México debe reformular la estrategia de combate al crimen organizado “porque estos hechos de Guerrero nos indican que estamos frente a un fracaso”.
 
“Cuando el poder político ha quedado usurpado por la mafia, lo que tenemos es un tremendo fracaso de la estrategia antinarcóticos y de seguridad. Hay que reconocer esto. En el momento en que el narcotráfico entra prácticamente a manejar y a ejercer un dominio tan alto del sector político, de las policías, de la estructura institucional legítima, nosotros tendríamos que hablar del fracaso de la estrategia y de la necesidad de hacer un replanteamiento”, indica el exjefe policiaco, experto en inteligencia y director del Observatorio de Política y Estrategia en América Latina (OPEAL), con sede en esta capital.
 
Una nueva SSP
 
En entrevistas por separado, Delgado y Montenegro plantean la conveniencia de restituir la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la cual desapareció en el gobierno de Peña Nieto para dar paso a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), un organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob).
 
De acuerdo con Delgado, una debilidad de la política antidrogas del gobierno mexicano es la “deficiente articulación institucional” para aplicarla a nivel nacional en un país con 31 estados, un Distrito Federal y 2 mil 457 municipios autónomos.
 
Por ello, para el exdirector de Inteligencia de la PNC lo que se requiere en México es una SSP reconfigurada.
 
“Me parece –dice– que una política nacional antinarcóticos requiere una Secretaría Nacional Antinarcóticos, mucho más allá de la Secretaría de Seguridad que sea responsable de la lucha antinarcóticos en todo el país, a nivel federal, porque la articulación política (de la lucha contra el crimen, que se buscó al asignar la CNS a la Segob) se queda en cierto tipo de concesiones y de acuerdos políticos pero en nada incide en la estrategia antinarcóticos, en absolutamente nada”.
 
Delgado sostiene que México necesita “una articulación policiaca profesional de la estrategia contra los cárteles de la droga y una estructura nacional que la soporte, que es algo que aprendimos en Colombia en la lucha contra los cárteles de Medellín y de Cali. Aquí tuvimos que aplicar un modelo nacional antinarcóticos que recayó en la Policía Nacional y fue así como logramos desarticular a las grandes organizaciones criminales y recuperar el control de la seguridad”.
 
Considera que, desde la experiencia de Colombia, donde los cárteles de Medellín y Cali llegaron a penetrar el Congreso y los más altos niveles de la administración pública, México debe pasar “de un federalismo antinarcóticos en el que la fragilidad de los gobiernos locales facilita la corrupción política, a una estrategia nacional antinarcóticos que se aplique por igual en todos los rincones del país y que tenga en la inteligencia policial uno de sus principales soportes. La respuesta del Estado mexicano a lo que está pasando tiene que ser monolítica, homogénea, nacional”.
 
El general retirado y licenciado en Estupefacientes de la Universidad Católica de Salta, en Argentina, asevera que “lo que está muy claro en México es que hay una debilidad institucional y una gran capacidad del narcotráfico para acumular poder, desestabilizar, generar violencia y cooptar a las autoridades locales vía intimidación o corrupción. El narcotráfico, como acción criminal, es lo primero que hay que atacar, y es lo primero que debe hacer México con una estrategia que evite que la ilegalidad se convierta en una práctica de gobierno, como es evidente que ocurría en Guerrero”.
 
 
 
Error garrafal
 
El general Montenegro no recuerda que durante sus años de asesor de García Luna el estado de Guerrero fuera una prioridad en la lucha contra las drogas. “Yo asesoraba a Genaro en el diseño de políticas contra las drogas, contra los cárteles, y no había una preocupación especial por Guerrero o por otro estado, sino que el objetivo era elaborar una estrategia más general”, indica.
 
Sostiene que la desaparición de la SSP al comenzar el sexenio de Peña Nieto le dolió “en el alma” porque al trasladar sus funciones a la Segob, “lo que hicieron fue bajarle el perfil a la lucha contra los fenómenos que crean inseguridad ciudadana”.
 
Montenegro no duda en catalogar esa medida como “un error garrafal que nunca debió ocurrir, sobre todo en México, que es consciente que tiene muchas dificultades para enfrentar el crimen”.
 
De acuerdo con el general, quien fue director de Investigación Criminal en la PNC en 1989 y 1990, los años más ríspidos de la guerra contra el Cártel de Medellín, “Peña Nieto en esos momentos, mirando lo que pasó en Guerrero, lo primero que debe hacer es sacar la Secretaría de Seguridad de donde la tiene arrinconada y con bajo perfil (en la Segob), y traerla a donde estaba, hacerla otra vez Secretaría, para que dependa directamente del Presidente de la República”.
 
No importa, dice, que como titular de la eventual SSP sea nombrado un político, en vez de un policía como García Luna –quien “tenía mucha sinergia con el presidente Felipe Calderón”–, aunque el mando de la Policía Federal sí debe ser un cuadro surgido de las filas de esa corporación.
 
“El mensaje que yo les doy desde Colombia es que hay que restituir la Secretaría de Seguridad Pública. El secretario de Gobernación, con el montón de actividades que tiene como responsable de la agenda política del presidente, no tiene tiempo para pensar y resolver los problemas de seguridad. El peor error que se ha cometido en el sexenio de Peña Nieto es ese, desaparecer la SSP”, asegura Montenegro.
 
Para el general retirado y exdirector del DAS, además de la restitución de la SSP, lo que se debe hacer en México tras los acontecimientos de Guerrero es establecer “de una vez por todas un mando único de las policías a nivel de los estados, así se opongan los gobernadores y alcaldes”; establecer medidas efectivas de control en las policías estatales y municipales, con uso de polígrafos y estrategias de contrainteligencia que permitan prevenir y atacar la penetración del crimen organizado a esas corporaciones, y golpear de manera más eficaz las finanzas del narcotráfico.
 
Pero “por encima de todo esto, y como primer punto, hay que investigarlos a todos: a los gobernadores, a los alcaldes para prevenir que ocurra otro crimen tan atroz como el de Guerrero”, agrega el consultor en seguridad.
 
Montenegro recuerda que en Colombia la llamada “parapolítica” fue un fenómeno criminal y de corrupción que penetró las estructuras del Estado y que puede equipararse a lo que ocurre en México en estos días.
 
Las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) llegaron a convertirse en una federación de capos del narcotráfico con control sobre diputados, senadores, gobernadores y presidentes municipales en gran parte del territorio colombiano.
 
El general Montenegro indica que en el combate a ese fenómeno fue determinante la acción de la Corte Suprema de Justicia, que como poder autónomo del Estado realizó una investigación en la cual fueron vinculados 199 congresistas a investigaciones por sus presuntos nexos con grupos paramilitares. De estos, 41 han recibido condenas, ocho están en etapa de juicio, 110 se encuentran en instrucción preliminar y sólo nueve han sido absueltos.
 
Además han sido procesados 25 gobernadores y exgobernadores, 96 alcaldes y exalcaldes, 179 concejales y exconcejales y 55 funcionarios públicos por sus vínculos y asociaciones mafiosas con las AUC. En este escándalo están implicados políticos de los principales partidos.
 
–¿En México hace falta un proceso judicial similar al de la “parapolítica”? –se le pregunta a Montenegro.

 

–Sí –responde–, un proceso que esté a cargo de la Suprema Corte de Justicia, que es autónoma, con apoyo de la PGR. Tiene que haber una investigación federal masiva, revisar en profundidad la situación de cada alcalde y cada gobernador. Este caso de Guerrero indica que hay que investigar quién es quién en todos los niveles de gobierno y mirar sus contactos. Esto va a crear rechazo a nivel político, pero la situación lo amerita, y la Suprema Corte debe encabezar este esfuerzo, como pasó en Colombia con el paramilitarismo. No hay de otra, que los investiguen a todos.
 
El memorial de la masacre de Pueblo Bello, Colombia. Foto: El Tiempo
 
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