Venus
OPEAL, un proyecto del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, hace seguimiento permanente a la situación geopolítica, económica, medioambiental y de seguridad de la región así como a la coyuntura de seguridad y la política exterior colombiana.


Domingo, 30 Agosto 2015 00:00

Desde la frontera

Se echa de menos una política integral que reduzca la sensibilidad y la vulnerabilidad e incremente la resiliencia y la redundancia.

Desde la frontera se ven dos cortinas de humo.  Una es la que crean desde Caracas el presidente Maduro y sus áulicos, con la esperanza de que estigmatizando a los colombianos, sembrando la confusión y el miedo, denunciando conspiraciones e invocando el estado de excepción, hallarán la excusa perfecta para suspender o aplazar las elecciones legislativas previstas para el próximo diciembre —o por lo menos, para cuestionar la validez de los resultados en aquellos estados donde la oposición tiene alguna ventaja sobre el oficialismo.  La otra es la que tejen desde Bogotá quienes reducen la grave crisis fronteriza a una muestra más de la desesperación de los chavistas, y que de tanto denunciar la cortina de humo ajena no se percatan de la forma en que la suya distorsiona su propia perspectiva de las cosas.

Desde la frontera se puede hacer el balance de una estrategia diplomática fallida:  la que llevó a Colombia a permitir que Venezuela, de modo prácticamente unilateral, estableciera la agenda, definiera los problemas y las soluciones, y señalara las prioridades en la relación binacional.  La misma estrategia que confundió la distensión con el irenismo, y acabó ignorando las señales evidentes que anunciaban la tragedia humanitaria que hoy protagonizan miles de colombianos:  los deportados, las familias desgarradas, los que anticipadamente están huyendo ante el temor de una expulsión arbitraria y abusiva, y todos aquellos cuya vida cotidiana depende de la normalidad transfronteriza.

Desde la frontera se puede percibir la pasmosa orfandad institucional y el vacío de liderazgo que padece América Latina.  Una OEA marginada e irrelevante, resignada a mirar de lejos y en silencio.  Una Unasur con poca credibilidad y escasa voluntad, cuyo secretario general parece la caja de resonancia de Miraflores.  Y la ausencia total de cualquier figura que por su reconocida autoridad moral y talante político pudiera fungir como efectivo mediador entre los dos países y asumiera la defensa oficiosa de los derechos conculcados.

Desde la frontera se ven las consecuencias del negacionismo colombiano (según el cual los temas de seguridad no debían enturbiar el recobrado entendimiento con Caracas) y del venezolano (que se rehúsa a admitir que estructuras endógenas de criminalidad han medrado al amparo de un régimen negligente y a veces cómplice con el delito).

 

Desde la frontera colombo-venezolana se echa de menos una política integral que reduzca la sensibilidad y la vulnerabilidad, que incremente la resiliencia y la redundancia social y económica.  Una política que saque a las fronteras, de una vez por todas, de la tierra del olvido.  +++

Andrés Molano-Rojas
Profesor de la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario y Director Académico del Observatorio de Política y Estrategia en América Latina (OPEAL).

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Domingo, 09 Agosto 2015 00:00

Un canal “entre comillas”

Nada está construido hasta que todo esté construido.  Pero en todo caso, los nicaragüenses de a pie pagarán los costos más onerosos.

El pasado 4 de agosto la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario convocó un panel sobre China y el “Gran Canal Interocéanico” de Nicaragua, en el cual participaron Margaret Myers (del programa China-América Latina del Diálogo Interamericano), Miguel Ceballos (decano de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda), y el autor de esta columna.

Miguel Ceballos ha sugerido hace rato la existencia de una supuesta connivencia sino-nicaragüense para afectar los derechos de Colombia en el Caribe (jueza de la Corte Internacional de Justicia incluida), en aras de la construcción del “Gran Canal”, la cual fue asignada a dedo y de manera sospechosamente expedita por Daniel Ortega al empresario hongkonés Wang Jing, no sin asegurarle además excepcionales privilegios, monopolios e inmunidades por un plazo inicial de 50 años prorrogables por otros 50 más.  Su preocupación es del todo respetable, aunque uno no suscriba ni uno sólo de sus argumentos, y aunque la mayoría de analistas (incluida la señora Myers y quien esto escribe) coincidan en que el “Gran Canal de Nicaragua” no sólo debe escribirse entre comillas, sino que está, desde su concepción, en entre dicho.

En efecto:  la opacidad del proyecto; su faraónica envergadura; la incertidumbre sobre su financiación; las suspicacias sobre la relación de China con Wang Jing; el enorme impacto ambiental —cuya valoración oficial ya fue realizada pero no divulgada— que tendría la construcción del canal, entre otros, en el ya frágil régimen hídrico centroamericano; los riesgos sísmicos y los asociados al cambio climático; los costos sociales (especialmente para campesinos e indígenas), la polarización interna en Nicaragua; son algunas de las razones que ponen en duda la ambiciosa obra de ingeniería que supuestamente entrará en operación en tan sólo 5 años.

Ello por no hablar de su pertinencia: frente a un canal de Panamá ampliado (y que más que un canal es un verdadero régimen internacional), frente a la demanda y las necesidades reales del comercio marítimo, e incluso frente a otras alternativas (desde la apertura de los pasos del Ártico hasta el ferrocarril transcontinental suramericano) que fácilmente podrían satisfacer los presuntos intereses que Beijing tiene en el Canal.

Nada está construido hasta que todo esté construido.  Pero una cosa sí es cierta por ahora: el riesgo palmario de que el “Gran Canal” sea a la postre la más grande trama de corrupción de la historia, y de que, con canal o sin canal, sean los nicaragüenses de a pie los que paguen los costos más onerosos.  +++

Andrés Molano-Rojas
Profesor de la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario y Director Académico del Observatorio de Política y Estrategia en América Latina (OPEAL).

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El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, negó este lunes la supuesta incursión de tropas de la Guardia Nacional Bolivariana de su país (GNB, policía militarizada) en territorio colombiano, tal como aseguraron campesinos de la zona.

"No hay tal incursión en ningún sector de la frontera ni ningún paso de tropas venezolanas hacia el lado colombiano", aseguró Padrino López durante un acto de su despacho transmitido por la televisión estatal VTV.

El ministro aseguró que "la incursión que se denuncia en Colombia, allá en Tibú, al norte de Santander, que hace frontera con el estado Zulia, esa incursión por parte de la Fuerza Armada Nacional, está totalmente negada".

Los hechos negados hoy por Padrino se refieren a una supuesta incursión armada que habría sucedido el pasado jueves y denunciada por campesinos colombianos ante la Defensoría del Pueblo de ese país.

Campesinos del lugar aseguraron que "los presuntos militares vestidos con camuflados verdes, dos de ellos ocultando sus rostros con capuchas, requisaron la vivienda de una mujer y robaron un dinero de la Junta de Acción Comunal", explicó en su momento la Defensoría del Pueblo.

Según las denuncias de los habitantes de la zona, los presuntos agresores "retuvieron irregularmente a un joven de 18 años, a quien previamente lanzaron al suelo y le hicieron un disparo cerca de la cabeza, así como a un hombre de 28 años".

Ante la denuncia, la Defensoría del Pueblo pidió a la Cancillería colombiana "realizar las averiguaciones necesarias a fin de determinar la veracidad de las denuncias y establecer mecanismos de cooperación para garantizar los derechos de quienes viven en la zona limítrofe".

La Cancillería envió una nota al Gobierno venezolano para que le ayudara a aclarar si supuestos agentes de la GNB realizaron la incursión armada en territorio colombiano, según informó el pasado sábado la canciller colombiana, María Ángela Holguín.

Venezuela y Colombia comparten una frontera de 2.219 kilómetros.

Venezuela niega la incursión de sus tropas en territorio colombiano

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El acero chino es un 6% más barato que el del resto del mundo y se produce en fábricas estatales en condiciones de competencia desleal y sin responder a criterios de mercado. Así lo creen las patronales siderúrgicas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, que este mes han remitido una carta conjunta a los Gobiernos para reclamar medidas que frenen las importaciones. Entienden que la desaceleración de su economía empuja al gigante asiático a vender a Latinoamérica lo que ya no puede colocar en su mercado.

La ralentización del gigante asiático no solo afecta a América Latina por el lado de la depreciación de las materias primas que esta región le exporta. Según las patronales, pone en riesgo su industria, cuya evolución también se ha visto perjudicada por el propio frenazo latinoamericano.

En Brasil, las plantas siderúrgicas despidieron a 11.188 empleados en los últimos 12 meses y se aplazaron inversiones por 1.900 millones de euros. En México, las fábricas anunciaron que dejaban en la calle a 11.000 trabajadores y también cancelaban proyectos de ampliación.

Tubos más baratos

En Argentina, la planta más emblemática del sector, la del grupo local Techint en Campana (70 kilómetros al norte de Buenos Aires), se vio directamente afectada, elabora tubos para la industria petrolera y exporta el 70% de su producción. La caída de la cotización del crudo ha reducido las inversiones en los pozos, ha presionado a una bajada de los costes y China ha aprovechado para ofrecer sus tubos, más baratos pero también inferior calidad.

Techint ha impuesto suspensiones rotativas a 3.300 empleados, que pasan a cobrar el 85% de su salario los días de descanso obligado. La planta de Campana está al 30% de su capacidad, uno de los niveles más bajos de su historia. De todos modos, Argentina, con sus restricciones generalizadas a la importación, no ha visto un incremento importante de las importaciones desde China, como ha sucedido en Brasil, México y Colombia. En la región, las exportaciones de acero chino a Latinoamérica crecieron un 29% hasta abril.

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La Defensoría del Pueblo de Colombia denunció este jueves una presunta "incursión armada" por parte de militares venezolanos en un municipio del este del país, fronterizo con Venezuela, y pidió al gobierno investigar lo ocurrido.

"Tras una visita humanitaria a la vereda San Luis Beltrán del municipio de Tibú, en norte de Santander, donde presuntos miembros de la Guardia Nacional venezolana protagonizaron una incursión armada, la entidad solicitó la intervención del ministerio de Relaciones Exteriores para que se revise esta situación", dijo la Defensoría en un comunicado.

Según las denuncias recopiladas por el organismo, que vela por los derechos humanos en Colombia, "los presuntos militares vestidos con camuflados verdes y dos de ellos ocultando sus rostros con capuchas, requisaron la vivienda de una mujer y robaron un dinero de la Junta de Acción Comunal" de la localidad.

Los hechos habrían ocurrido en la mañana de este jueves y, también según los testimonios de los lugareños, "los hombres armados habrían interrogado a los habitantes de la casa, a quienes acusaban de guerrilleros y les preguntaban sobre la presencia de grupos criminales" en la zona.

Durante la incursión, los presuntos militares habrían retenido a dos hombres de 18 y 28 años, a quienes intentaron sacar del país, de acuerdo con los testimonios recogidos por la Defensoría.

ESTE TIPO DE INCURSIONES A COLOMBIA YA SE HAN DADO EN OCASIONES ANTERIORES

Además de solicitar a la cancillería de Colombia una investigación, la Defensoría también pidió a las autoridades "reforzar y mantener su presencia" en las zonas fronterizas con Venezuela "dado el temor de los habitantes en el sentido de que puedan presentarse episodios similares".

Este tipo de incursiones de militares venezolanos a Colombia ya se han dado en ocasiones anteriores, a lo largo de la extensa frontera -de unos 2.200 kilómetros- que comparten ambos países.

La Guardia Nacional de Venezuela es uno de los cinco componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela.

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El secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper, dijo que el caso del opositor venezolano encarcelado Leopoldo López no debe invisibilizar la campaña de la oposición en Venezuela, que ayer presentó un plan de unidad de cara a las elecciones de diciembre.

"El caso de Leopoldo López por importante que sea no debe invisibilizar la legítima campaña... que debe hacer la oposición venezolana para conseguir sus espacios democráticos", escribió en su cuenta de Twitter el que fuera presidente de Colombia entre 1994 y 1998.

Samper ha expresado en reiteradas ocasiones que los comicios parlamentarios, previstos para el 6 de diciembre, serán el mejor escenario para confrontar las dificultades y dirimir las controversias entre Gobierno y oposición.

La mayoría de los partidos que hace frente al chavismo en Venezuela, agrupados en la alianza Mesa de la Unidad Democrática (MUD), selló un pacto de "unidad" al anunciar que irá a las elecciones parlamentarias con una tarjeta única.

El pacto de los partidos políticos de la MUD se cerró hoy con el "sí" de Voluntad Popular (VP), fundado y dirigido por el encarcelado Leopoldo López.

 

Samper dice que caso de Leopoldo López no debe invisibilizar campaña de oposición venezolana

 

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La canciller de Panamá dijo que las negociaciones avanzan y que se buscan posibilidades creativas para que en la reunión de agosto se logre un acuerdo definitivo entre los dos países.

Panamá y Colombia avanzan en las negociaciones para definir un acuerdo que evite la doble tributación en sus territorios, aseguró la vicepresidenta y canciller del país centroamericano, Isabel de Saint Malo de Alvarado.

De Saint Malo explicó que Panamá aboga por un pacto que ofrezca posibilidades creativas, adaptadas a la "complementariedad" y estrecha relación entre ambas economías, más allá de la iniciativa para evitar la doble tributación, que ya fue acordada, según la funcionaria.

"El acuerdo que se negocie tiene que reconocer los elementos de esa relación y los elementos de esa complementariedad para asegurarnos de que beneficie a ambos países y potencie esa complementariedad en lugar de afectarla, y en ese ámbito estamos seguros de que habrá posibilidades creativas", dijo.

En agosto próximo, Ciudad de Panamá albergará la siguiente reunión de la comisión técnica que negocia los detalles del posible acuerdo, informó la jefa de la diplomacia panameña en una reunión con la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera en Panamá (ACOPEP).

De Saint Malo aseguró que las negociaciones marchan por buen camino, y que hasta el momento apuntan a satisfacer los términos de Panamá.

La canciller recordó que el pasado 26 de junio se reunió con su homóloga colombiana, María Ángela Holguín, en el marco de la XV Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, en Guatemala, después de que se cumpliera la tercera ronda de negociaciones sobre el tema fiscal bilateral.

Panamá y Colombia firmaron en octubre pasado un memorando de entendimiento con el que se dieron plazo de un año para negociar un esquema de cooperación en materia fiscal y avanzar en la solución de otros asuntos de índole comercial. Ambos países se plantearon esto después de una crisis bilateral por la inclusión del país centroamericano en una lista gris de "paraísos fiscales" del Gobierno colombiano, en la que finalmente solo permaneció dos semanas.

Colombia había declarado a Panamá como "paraíso fiscal" por no haber firmado a tiempo un acuerdo de intercambio de información fiscal, que según Panamá no le beneficiaba de ninguna forma. La ministra de Exteriores panameña reiteró que su país tiene un sistema financiero serio, robusto, que cumple las normas, y que no es un paraíso fiscal.

"Que hayan países aún que se atrevan a mencionarlo (como paraíso fiscal), para mí es desconocimiento y es absolutamente lamentable", sostuvo, dos semanas después de que la Comisión Europea incluyera a Panamá en una lista negra paneuropea, en la que figuran en total 30 países o territorios considerados como "no cooperadores en materia fiscal".

 

Delegaciones de los dos países avanzan en el acuerdo que permitirá controlar la evasión.

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El Fondo Monetario Internacional (FMI) redujo las previsiones de Colombia al 3 %, Perú 3,2 % y Chile 2,5 %, y elevó ligeramente las de Argentina a un crecimiento del 0,1 % este año, en un contexto de pronunciada ralentización lastrada por la baja inversión y deterioro de la confianza en América Latina.

El dato de Colombia supone medio punto menos de lo pronosticado en abril, la de Perú de seis décimas menos y la de Chile, de dos décimas, de acuerdo a los nuevos cálculos del FMI.

En su actualización de las Perspectivas Económicas para la región, el Fondo reiteró la contracción de Brasil del 1,5 para este año y la expansión de México del 2,4 %, en ambos casos con revisiones a la baja respecto a los previos cálculos de abril, en cifras ya apuntadas la pasada semana.

Como consecuencia, explicó Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental, “América Latina encara años de bajo crecimiento por delante”, que el organismo cifra en un 0,5 % este año y 1,7 % el próximo.

“El principal riesgo es una ralentización mayor de China, además de los posibles efectos del inicio de la normalización monetaria de EE.UU. y el contexto interno de baja confianza, algo que puede seguir pesando sobre la recuperación del consumo y la inversión”, indicó Werner en rueda de prensa.

La heterogeneidad de la situación económica se enmarca entre dos fuerzas: por un lado la dinámica actividad en Norte y Centroamérica, asociada a la recuperación de Estados Unidos, y por otra, la debilidad de los países de Suramérica, afectados por la caída de precios de materias primas.

Como ejemplos extremos, Panamá, que se espera crezca alrededor del 6 % este año, y Venezuela, que registrará la mayor contracción de la región, un 7 % este año y con una inflación prevista superior al 100 % en 2015.

En el caso de Argentina, única economía regional para la que el FMI incrementa sus pronóstico desde el -0,3 % de abril al actual 0,1 %, Werner señaló que la situación sigue siendo “muy delicada” en la balanza de pagos y con niveles de inversión privada “muy débiles”.

El funcionario también comentó los efectos del reciente acuerdo entre Irán y las potencias internacionales que levantará las sanciones económicas a Teherán y se espera abra el grifo de la producción de crudo iraní, lo que ampliará la oferta global “en el entorno de entre 500.000 barriles y un millón de barriles” en el mediano plazo.

“Esta normalización de las relaciones con Irán supone que la recuperación gradual del crudo para el mediano plazo que se esperaba, enfrenta una valla adicional. Para América Latina es una mala noticia, especialmente para los petroleros”, dijo Werner.

No obstante, señaló que parte de estas consecuencias han sido ya “descontadas” en el mercado en los últimos meses y los países “ya se están moviendo para enfrentar este choque”, al poner como ejemplo medidas fiscales aplicadas al respecto en México y Ecuador.

En sus últimos análisis de la economía latinoamericana, el FMI ha reiterado los importante desafíos a medio plazo que encara y la necesidad imperiosa de aplicar reformas estructurales para generar crecimiento.

Werner señaló que la situación macroeconómica de inicio es positiva en muchos aspectos, ya que existe poca deuda, sistemas bancarios saneados, y bajos niveles de desempleo.

Pero, remarcó, lo cierto es que “el crecimiento no provendrá de la demanda externa, ni del gasto público porque no hay espacio fiscal, por lo que tiene que venir de inversión y productividad” y estas cuestiones “toman tiempo” al estar relacionadas con la educación, la infraestructura y la innovación.

La próxima reunión de otoño del FMI y el Banco Mundial tendrá lugar en octubre en Lima, en lo que supone el regreso de la institución financiera internacional a América Latina en 50 años para celebrar su principal evento anual.

america latina 2015

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El lunes, en Caracas, Venezuela, se vivió una guerra. Desde las cuatro de la madrugada, 200 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, se preparaban para subir a la Cota 905, un barrio popular en el que los delincuentes actúan con total impunidad. Medio día después, el gobierno informó que 14 delincuentes habían sido abatidos durante la operación.

"Liberación y Protección del Pueblo" fue el nombre que el Gobierno dio al operativo de seguridad que, 48 horas después de iniciado, dejó un saldo de 18 muertos, 247 detenidos, 28 vehículos robados recuperados, 24 motocicletas robadas recuperadas, y 30 armas incautadas, cortas y largas.

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Luis Reverol, informó de que el operativo se activó en Caracas y en otras regiones en zonas que estaban bajo total control de bandas delictivas. Se trata de las "zonas de paz", un espacio que promueve desde 2013 José Vicente Rangel Ávalos, viceministro de Asuntos para la Paz.

¿Qué pasa en esos lugares? En un principio se les pidió a los delincuentes de distintas bandas no enfrentarse entre sí, para bajar los índices de violencia, explica un funcionario policial que pidió reservar su nombre. Luego, los delincuentes de las distintas zonas se pusieron de acuerdo y ahora controlan totalmente esos espacios. "Ahí la policía no puede entrar. Están mejor armados que nosotros. Ahí se vende droga, van a parar los carros robados y muchas de las personas secuestradas", señaló.

Paramilitares

Una muestra de lo que es una zona de paz se vivió el 5 de junio, en un tiroteo de ocho horas entre policías y delincuentes en la misma Cota 905 que dejó siete funcionarios heridos por una granada y nueve motos policiales quemadas. A raíz de eso, el presidente Nicolás Maduro ordenó el operativo.

Unos 35 extranjeros, varios de ellos colombianos, fueron detenidos en el operativo. Maduro expresó: "Se nos está atacando desde Colombia, desde sectores paramilitares de ultraderecha, para meternos drogas, crímenes, muerte, para caotizar Venezuela", dijo en un acto en el Ministerio de Defensa.

El presidente ordenó la creación de una unidad especial en la Fuerza Armada que se ocupe de la "amenaza paramilitar"

Ley mordaza

El presidente anunció que el Parlamento venezolano denunciará en "todos los escenarios" la Ley de Seguridad Ciudadana de España, denominada como "Ley Mordaza", porque supuestamente viola los derechos humanos.

"Esa es una ley fascista. Si yo hubiera aprobado una ley así, me llamarían dictador", expresó en un programa de televisión.

A Maduro lo acompañó el presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, uno de los que impulsó la destitución de la ex parlamentaria opositora María Corina Machado.

Machado fue inhabilitada el martes por la Contraloría para ejercer cargos públicos por 12 meses. Se une a otros líderes opositores inhabilitados, como Leopoldo López y Daniel Ceballos.

A pesar de la decisión, la ex diputada anunció que intentará competir por un puesto en el Parlamento. "Estoy habilitada por los ciudadanos", dijo.

 

Miembros de la Guardia Nacional Bolivariana participan en un operativo...

 

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Domingo, 12 Julio 2015 00:00

Dos decretos (y medio)

Con la velocidad a la que se diluyen las noticias en Colombia —un país acostumbrado a vivir en el eterno presente, con limitada conciencia de su pasado histórico y aún más precaria visión del porvenir— se corre el riesgo de que la polémica suscitada recientemente sobre el diferendo marítimo con Venezuela acabe convertida en un episodio más del anecdotario diplomático colombiano.  Sería una lástima y un grave error estratégico.  El encendido debate, provocado por dos decretos (y medio) —el 1787, en su versión original del 27 de mayo y en su versión remendada del 8 de junio, y el 1859 promulgado el pasado 6 de julio— expedidos por el gobierno venezolano, inicialmente para torpedear las concesiones petroleras costa afuera de Guyana, deja varias lecciones que hay que repasar tanto como sea necesario hasta que queden suficientemente aprendidas.

1.  Los diferendos hay que resolverlos.  Parece obvio, pero no.  Los diferendos territoriales no desaparecen por el hecho de hibernar, o porque en un acto de buena voluntad las partes decidan evitar roces directos o mutuas provocaciones.  Mientras no se resuelven, son como una caja de Pandora que en cualquier momento puede abrirse y enturbiar peligrosamente las relaciones bilaterales (e incluso desbordarlas).

2.  El derecho internacional importa.  Por reputación, por reciprocidad y a fin de evitar represalias (tanto materiales como simbólicas), el cumplimiento de la ley internacional no es extraño al interés de los Estados.  La incoherencia erosiona la credibilidad y, lo que es peor, puede reducir el margen de maniobra político y diplomático disponible.  ¿No es ese el caso de Colombia frente a la Corte Internacional de Justicia tras la errática gestión del escenario post fallo 2012? 

3.  El maximalismo genera expectativas máximas (y por lo tanto, máxima frustración).  Alguien sugirió, al fragor de la polémica, aprovechar la ocasión y reclamar los Monjes.  Semejantes apuestas, aun como parte de una estrategia jurídica, de presión o de negociación, son sumamente riesgosas.  A la postre, pueden alimentar en la opinión pública la sensación de que cualquier solución —por arbitraje, vía judicial o arreglo directo— es, por definición, insatisfactoria; lo cual incrementa enormemente los costos, de por sí muy elevados, que implican los procesos de esta naturaleza.

4.  Paciencia no es inacción.  Naturalmente, el diferendo no se resolverá en el corto plazo.  Entre otras cosas, porque la situación política interna, ni en Colombia ni en Venezuela, es favorable.  Pero hay que mantener activos los instrumentos, abiertos los canales, definidos los protocolos, preparada la agenda y no dejar pasar en vano las oportunidades.  +++

*Profesor de la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario y Director Académico del Observatorio de Política y Estrategia en América Latina (OPEAL).

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