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OPEAL, un proyecto del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, hace seguimiento permanente a la situación geopolítica, económica, medioambiental y de seguridad de la región así como a la coyuntura de seguridad y la política exterior colombiana.


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Martes, 9 de diciembre de 2014

Las autoridades colombianas están trabajando en cooperación con organismos civiles para impedir que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) recluten niños y adolescentes.
 
A través de varios programas, más de media docena de organizaciones militares y civiles participan en este esfuerzo, incluyendo el Ejército Nacional de Colombia, el Ministerio de Defensa, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, el Grupo Policial para la Protección de Niños y Adolescentes, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y otros. El Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, dio inicio a esta iniciativa en noviembre de 2011, cuando anunció el programa “Basta, Aquí Soy Libre”. Ésta es una campaña nacional para despertar consciencia sobre los esfuerzos de las FARC para reclutar jóvenes.
 
Desde que Pinzón anunció el programa, el Ministerio de la Defensa ha organizado centenares de talleres para educar a niños, adolescentes y padres sobre las falsas promesas de los reclutadores de las FARC. Los miembros de las FARC a menudo tratan de cautivar a los niños y adolescentes con el prospecto del dinero, pero estos atractivos son vacíos; muchos terminan en campamentos remotos, con poco o nada de dinero, con escasa comida y sin oportunidades de contactar a sus familias.
 
Desde que el Ministro de la Defensa dio inicio al programa, la campaña ha alcanzado a más de 33.500 personas en decenas de municipios de alto riesgo en todo el país.
 
Ademas de las conferencias y una amplia campaña por los medios que incluye camisetas, folletos y anuncios por radio y televisión, “Basta, Aquí Soy Libre" también financia “La Vida en Juego”, una serie de seminarios realizados en 14 municipios para promover deportes como el fútbol, como alternativas positivas a las drogas y la violencia.
 
Ayudar a niños que trabajaban en las FARC
 
Pero esta campaña va más allá de los seminarios, folletos y anuncios por radio y televisión. Como parte de la iniciativa, el gobierno federal de Colombia ha entrenado a miles de miembros de las Fuerzas Armadas en esfuerzos y protocolos de prevención que deben seguirse cuando se trate con menores que escaparon o fueron rescatados de las FARC.
 
Los soldados pusieron en uso estos protocolos el 21 de octubre en el Departamento de Antioquia, donde el Ejército Nacional de Colombia se enfrentó en una serie de combates armados con miembros de las FARC. Después de la batalla, encontraron una niña de 14 años llorando junto al cuerpo sin vida de alias “Chamaría”, que era el jefe del Frente 5 de las FARC. Este terrorista de 36 años reclutó ilegalmente a la niña en 2012, cuando la arrebató a su familia.
 
Los soldados la cuidaron y rápidamente la colocaron bajo la custodia del Instituto de Bienestar Familiar de Colombia.
 
En todo el país, las autoridades militares y policiales han realizado rescates similares de adolescentes y niños que habían sido reclutados por las FARC. A mediados de octubre, la policía del Departamento de Tolima rescató a una niña de 13 años y un joven de 15, quienes dijeron que habían sufrido de abusos físicos y psicológicos durante los varios meses que habían estado con el grupo guerrillero. Y en septiembre, el Ejército liberó de las FARC a cinco menores en el Departamento del Cauca. El grupo terrorista había forzado a uno de los menores, de solo 10 años, a participar en un extenuante entrenamiento físico.
 
Las FARC constituyen el mayor grupo terrorista involucrado en el reclutamiento de niños y jóvenes, pero otras organizaciones ilegales también tienen en la mira a los jóvenes.
 
“El reclutamiento ilegal ocurre todos los días”, dijo el Coronel Carlos Lasprilla, Jefe de la Unidad de Prevención del Reclutamiento Ilegal del Ministerio de Defensa. “Es una práctica sistemática de las FARC, el Ejercito de Liberación Nacional (ELN) y las bandas criminales (BACRIM).”
 
Desde 2002, más de 4.000 menores han estado ligados a grupos armados ilegales, según el Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado (GAHD), una entidad del Ministerio de Defensa. Entre 5.000 y 18.000 menores están actualmente en las filas de grupos terroristas y bandas criminales en Colombia, de acuerdo con los estimados de las Naciones Unidas (ONU).
 
De hecho, algunos frentes de las FARC dependen mucho de los menores. Por ejemplo, cerca del 60% de los frentes Séptimo y Primero de las FARC están formados por niños y adolescentes, según estimados del gobierno federal. Las FARC, el ELN, y las BACRIM son particularmente activas en el reclutamiento de menores en Antioquia – el departamento más severamente afectado – así como en el Guaviare, Tolima, Meta, Norte de Santander, Cauca y Nariño, según el Ministerio de la Defensa.
 
“Estos grupos han estado cometiendo este delito desde hace ya 50 años y, desafortunadamente, tales delitos han sido invisibles”, expresó el Coronel Lasprilla.
 
El reclutamiento de menores, en ascenso desde 2002
 
Las FARC, el ELN y grupos del crimen organizado comenzaron a incrementar su reclutamiento de menores aproximadamente desde 2002. Algunos de los líderes de las FARC han establecido metas específicas del número de niños y adolescentes que quieren reclutar y para cumplir esas cuotas, incluyen a niños hasta de 8 años de edad.
 
Los grupos armados ilegales se aprovechan de la pobreza que experimentan miles de menores y sus familias en las zonas rurales, según el GAHD. Además de prometerles dinero, los terroristas reclutadores atraen a los niños y adolescentes con promesas de poder y bienes materiales que de otra manera no podrían adquirir, como celulares y computadoras tipo tableta.

 

“Los menores no piensan en los riesgos. Los reclutadores se aprovechan de eso", dijo el Coronel Lasprilla. “En 50 años, la guerrilla no ha hecho ni un solo gesto encaminado a la liberación de los niños. Así que debemos rescatarlos.”

Proteger a los niños: El Ejército Nacional de Colombia y el Ministerio de Defensa están desempeñando papeles importantes en “Basta, Aquí Soy Libre”, la campaña del gobierno contra el reclutamiento ilegal de menores por parte de grupos armados ilegales. La iniciativa incluye conferencias, eventos deportivos, folletos y anuncios por radio y televisión. [Foto: Ministerio de Defensa]
 
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Martes, 9 de Diciembre de 2014
 
El proyecto de reforma tributaria tiene varios ajustes a los impuestos que pagan las personas naturales. El primero de ellos viene por cuenta de una modificación a las condiciones para poder utilizar el sistema del Impuesto Mínimo Alternativo Simple (Imás), una declaración simplificada mediante la cual se paga un monto superior al del Impuesto Mínimo Alternativo Nacional (Imán), que queda en firme en solo seis meses. Expertos tributaristas explican que los umbrales para poder acceder a ese sistema se van a reducir, pues el remedio pensado hace dos años, para que los asalariados e independientes pagaran un poco más, resultó peor que la enfermedad.
 
En el documento que sería sometido a votación se reduce de 4.700 unidades de valor tributario (UVT) a 2.800 el monto el valor de los ingresos anuales máximos para poder utilizar el Imás. (Lea también: Comienza semana decisiva para la reforma tributaria).
 
Horacio Ayala, exdirector de la Dian, dice que el cambio tiene como objetivo corregir un vacío que quedó tras la reforma del 2012 al Estatuto Tributario, que llevó a que muchos contribuyentes que estaban en el sistema ordinario y no eran sujetos del Imán se acogieran al Imás, pagando menos de lo que les correspondía.
 
El experto explica que muchos contribuyentes con ingresos por debajo de las 4.700 UVT al año (129,1 millones de pesos actualmente) declaraban a través del Imás, con lo cual resultaban unas retenciones mayores que el valor a pagar en la declaración, generando saldos a favor.
 
El umbral: $ 79,1 millones
 
Ayala subraya que lo que se busca es que las personas cuyos ingresos de este año sean superiores a los 79,1 millones recurran al sistema ordinario y no al Imás.
 
El cambio cubrirá a quienes ganan entre esta suma y los 129,1 millones de pesos, monto por debajo del cual hoy se puede hacer la declaración con el sistema llamado Imás.
 
En los cambios que plantea la ponencia del proyecto de reforma tributaria también hay requisitos más exigentes para que los trabajadores por cuenta propia o independientes puedan utilizar el Imás a la hora de declarar renta. Lo anterior, porque un numeral del proyecto señala que así el 80 por ciento de los ingresos de este trabajador provenga de solo una actividad, tampoco se va a poder acoger al Imás si su patrimonio líquido excede las 12.000 UVT, equivalentes a 339,3 millones de pesos para el año próximo.​
 
Declarantes como personas naturales podrían pagar más impuesto de renta con la reforma tributaria.
 
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El Nuevo Siglo Bogota
 
Martes, 9 de Diciembre de 2014
 
Esta semana la plenaria de la Cámara aprobaría en su cuarto debate,  salvando su primera vuelta, el proyecto de reforma constitucional que fortalece el fuero penal militar.
 
La iniciativa hace que todos los delitos que cometan los uniformados como parte del servicio sean conocidos por tribunales castrenses, con excepción de los crímenes de lesa humanidad, genocidio y un listado de siete conductas más.
 
El proyecto sería aprobado sin ninguna modificación a pesar de las advertencias que han hecho organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos, entre estas últimas Human Rights Watch (HRW) y la propia Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas (Oacdh), quienes consideran que de esta forma se abre la puerta a la impunidad frente a los delitos que cometan militares y policías, además de que los mal llamados falsos positivos pasarían a jueces militares.
 
La iniciativa que presentó al Congreso el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, revive parte de la reforma al fuero penal militar que tumbó la Corte Constitucional el año pasado por vicios de trámite.
 
El proyecto de acto legislativo No. 167 de 2014 Cámara – 022 de 2014 Senado establece que de los delitos cometidos por los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio, conocerán las cortes marciales o tribunales militares.
 
Fija que en ningún caso lo Justicia Penal Militar o Policial conocerá de los crímenes de lesa humanidad, ni de los delitos de genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado. Las infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas por miembros de la Fuerza Pública, salvo los delitos anteriores, serán conocidas exclusivamente por las cortes marciales o tribunales militares o policiales.
 
En su tránsito en sus dos primeros debates en Senado el proyecto tuvo a cuestas las críticas de organizaciones de derechos humanos como HRW y de la Oacdh, al alertar que esta norma abriría la puerta a la impunidad porque conductas por fuera de la ley en que cayeron uniformados, como los falsos positivos,  irían a parar a manos de la justicia castrense.
 
En ese sentido la Oacdh advirtió al final de octubre pasado sobre este proyecto y otro que presentó el Gobierno para que la Justicia Penal Militar sea independiente del mando, que “distorsionan el DIH porque en vez de promover su aplicación como marco de protección mediante prohibiciones para la guerra, tal y como prevén los Convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales, es usado como causal de justificación de varias  conductas en materia penal, y en relación con uno solo de los actores del conflicto”.
 
La semana anterior y en la antesala del último debate de la primera vuelta de la reforma al fuero penal militar, el responsable para las Américas de HRW, José Vivanco, dijo que el Gobierno colombiano con este proyecto y dos más que cursan en el Congreso sobre este sistema pretende blindar a los uniformados frente a delitos violatorios de los derechos humanos que han cometido en el desarrollo del conflicto armado.
 
"Lo que persigue la reforma es que cualquier hecho que se produzca en el campo de batalla, y todo se produce en el contexto de hostilidades, esté amparado por unas órdenes que le dan un barniz de legalidad para proteger a todos los asesinos que participan en estas ejecuciones", aseguró Vivanco.
 
En el marco del debate que se le dio a este proyecto en la Comisión Primera de Cámara, los partidos de la Unidad Nacional defendieron la iniciativa por considerar que es necesaria para otorgar seguridad jurídica a los uniformados en la lucha que libran en el conflicto armado, pero además con la tranquilidad que dicen tener de que por esta vía no habrá impunidad de hechos ocurridos como los falsos positivos ni a futuro.
 
Sin embargo, la oposición al Gobierno encarnada en el Polo Democrático y los independientes de la Alianza Verde son contrarios a este proyecto. Germán Navas (Polo) afirmó que podría abrir paso a la impunidad y que no brinda claridad sobre el tratamiento de casos como falsos positivos y las violaciones al Derecho Internacional Humanitario.
 
Por su parte, la representante Ángela Robledo (Alianza Verde) expresó que la ampliación fuero militar borra de tajo los avances de la ley 1719 de 2014, frente a violencia contra mujeres y niñas en territorios de guerra, ya que los delitos sexuales, en su opinión, podrán ser juzgados por la Justicia Penal Militar.
 
Sin embargo en dicha sesión el ministro Pinzón fue enfático al señalar que los falsos positivos jamás se incluirán en las materias de conocimiento de la Justicia Penal Militar. Sostuvo además que se trata de un mandato del presidente de la República, para lo cual se ha estructurado una norma que expresamente en ese sentido se orienta, y en la cual además la Fiscalía tiene un papel decisivo, y ha señalado que hay una garantía adicional y es que el fiscal también ha dicho públicamente que nunca permitirá que un falso positivo pase a la Justicia Penal Militar.
 
 
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BBC

Viernes, 5 de diciembre de 2014

El general Rubén Darío Alzate, liberado el domingo por las FARC tras 14 días en poder de la guerrilla, anunció que pidió su baja del ejército.
 
"Por el amor y respeto a nuestra institución militar, que por este hecho se ha visto afectada, he solicitado al gobierno nacional mi retiro del servicio activo", dijo el militar en su primera declaración pública.
El presidente Juan Manuel Santos, por su parte, comentó que aceptó la renuncia del general.
"El general salió como un buen militar, salió con el honor militar", dijo el mandatario.
 
Alzate fue capturado por la guerrilla el pasado 16 de noviembre en la población de Las Mercedes, departamento del Chocó, cuando viajaba sin escoltas y vestido de civil.
 
El general se convirtió así en el oficial de más alto rango capturado por las FARC en 50 años de conflicto.
Y explicó su presencia en una zona dominada por la guerrilla por una acción comunitaria.
 
El corresponsal del BBC Mundo en Colombia, Arturo Wallace, recordó que la captura del militar sumió en crisis las conversaciones de paz que el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC vienen celebrando en Cuba desde hace dos años.
 
"La crisis, sin embargo, no parece ser definitiva. Y de todas las explicaciones posibles, la ofrecida este lunes por el general es también la más conveniente, pues se había llegado incluso a especular sobre posibles conspiraciones en el estamento militar para sabotear el proceso de paz", dijo nuestro corresponsal.
 
El general dijo que la presencia de guerrilleros de las FARC en el caserío los tomó por sorpresa y calificó su captura de un secuestro que violaba claramente los derechos humanos y el DIH.
"Durante los 14 días que duró nuestro secuestro fui esposado y posteriormente amarrado durante las noches al igual que el cabo Rodríguez", dijo.
"Nos vimos forzados por estos terroristas a realizar marchas de mas de ocho horas diarias a través de la selva a demás de recibir amenazas de muerte si decidieramos optar por un escape".
Además, se quejó de que fue forzado a "participar en un show mediático que realizaron con fotos y videos el día de la liberación".
 
Mi afán de servicio y el amor por el pueblo chocoano me llevó a no aplicar los procedimientos que en materia de seguridad debía adoptar en mi desplazamiento
 
"Debo reconocer que mi afán de servicio y el amor por el pueblo chocoano me llevó a no aplicar los procedimientos que en materia de seguridad debía adoptar en mi desplazamiento", se justificó Alzate.
El general explicó que su misión incluía también labores sociales en el departamento del Chocó.
Y, según Alzate, la falta de confianza de las comunidades de la zona en el ejército obligaba a buscar "nuevas formas de acercamiento".
 
"Me informé de la situación de seguridad y de inteligencia del área y procedí a visitar el corregimiento de Las Mercedes adoptando unas medidad de seguridad que incluían: desinformación de mi ruta y destino final, el no acompañamiento de mi anillo de seguridad y el manejo de un bajo perfil, razón por la que iba vestido de civil y sin armamaneto", relató el militar.
 
"Para mí es importante enfatizar que adicional al bajo perfil fui vestido de civil para fortalecer la confianza con una comuidad que merece nuestra atención y acercamiento y compromiso", insitió.
 
Visiblemente emocionado, la voz de Alzate se quebró al llegar al final de su comparecencia, que fue cuando anunció su decisión de solicitar la baja.
 
Y es que este oriundo del departamento de Valle del Cauca empezó su carrera militar luego de graduarse de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba en 1983, por lo que ya sumaba más de 31 años en las fuerzas armadas colombianas.
 
Durante ese período, Alzate ocupó diferentes cargos, entre ellos el de comandante de su Grupo Antisecuestro y Extorsión (GAULA) del ejército, lo que significa que no era ajeno a las labores de inteligencia.
 
Y también participó en diferentes cursos en contrainsurgencia en Estados Unidos, obteniendo una maestría en el Army War College, un centro de estudios avanzados de las fuerzas armadas estadounidenses.
 
Fue el propio presidente Santos quien, a inicios de año, le pidió a este antiguo miembro del Estado Mayor Conjunto, ascendido a Brigadier General en diciembre de 2011, que dejara las tareas administrativas –en ese momento la dirección de Proyectos Especiales del ejército colombiano– para asumir la jefatura de la fuerza de tarea para el Chocó.

 

Una distinguida carrera militar llega pues a su fin después de una serie de acontecimientos inesperados.
 
Brigadir General Rubén Darío Alzate
 
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Noticias de Cali, Valle y Colombia

Viernes, 5 de diciembre de 2014

Tranquilidad y confianza en la Fuerza Pública fue el mensaje que envió al país el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, tras el secuestro de cuatro militares y una civil en noviembre pasado en Chocó y Arauca. Lea también: Farc y Gobierno reanudarán el proceso de paz el próximo 10 de diciembre.
 
Dijo que en Colombia lo que hay son “unos jefecillos” de las Farc, ya que los máximos cabecillas se han visto obligados a salir del país por la presión de las Fuerzas Armadas.
 
Referente al secuestro de los soldados, el Ministro dijo que “en el marco de ese show, las Farc quisieron presentarse como unas palomas mensajeras (…) por eso, los soldados que fueron secuestrados quedan exonerados de cualquier responsabilidad por lo que fueron obligados a decir. Bajo esa situación uno no habla con libertad, más cuando le ponen un fusil en la sien”.
 
Asimismo, expresó que "no se debe olvidar que uno de los soldados secuestrados fue obligado a hablar y vio como la guerrilla remató a uno de sus compañeros (…) muy lamentables esos espectáculos que las Farc han querido plantear”. Lea también: Gobierno negoció en secreto liberación de general, dice jefe de Farc.
 
El titular de la cartera de defensa afirmó que el máximo cabecilla de las Farc, alias Timochenko, “lo único que ha traído es narcotráfico, sangre, violencia y esclavitud al pueblo colombiano”.
 
De otra parte, destacó que lo único que las Farc quieren es mantener a las comunidades aisladas, sin acceso al desarrollo, y por lo cual queman carros para que no llegue el Ejército a construir las carreteras que están haciendo.
 
“A ellos les quiero decir que de malas, la carretera llegará, el desarrollo llegará y se hará a sangre y fuego”, puntualizó.
 
Denunció además que lo que hace las Farc es someter con su violencia a la comunidad, sin embargo, reiteró que gracias al esfuerzo militar realizado en los últimos años por la Fuerza Pública, varios de los “terroristas”, que están hoy en Cuba, se fueron del país “por temor, por cobardes, porque se tienen que ir de aquí por las operaciones contundentes, para que no caigan como otros han caído”.
 
“Los que quedan aquí son un poco de ‘chaverras’, de tipos de cuarto y quinto nivel que se dedican a humillar y a someter comunidades, y las tienen esclavizadas en minas de oro”, agregó.

 

Finalmente, lanzó una advertencia a las Farc. “A los jefes de las Farc que están en La Habana les digo: el tiempo se les está agotando, porque aquí seguiremos nuestra campaña de ofrecerle seguridad al país”.
En Colombia lo que hay son "unos jefecillos" de las Farc: Mindefensa
 
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Viernes, 5 de diciembre de 2014
 
El Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC dieron este miércoles por superada la crisis de los diálogos de paz y anunciaron que el próximo ciclo de negociaciones se celebrará en La Habana entre el 10 y el 17 de diciembre.
 
Luego de analizar conjuntamente los hechos de las últimas semanas, consideramos superada la crisis'Las delegaciones del Gobierno nacional y las FARC, luego de analizar conjuntamente los hechos de las últimas semanas, consideramos superada la crisis', señalaron las partes en un comunicado leído en La Habana por representantes de Cuba y Noruega, países garantes del proceso, y en presencia de los negociadores del ejecutivo colombiano y la guerrilla. En la ronda de conversaciones que comenzará el 10 de diciembre, el objetivo de las partes será 'avanzar en el desescalamiento del conflicto con el fin de llegar a un acuerdo lo más pronto posible en esta materia'.
 
Dentro de ese ciclo, el 16 de diciembre la mesa de conversaciones recibirá en audiencia al quinto y último grupo de víctimas que intervendrá ante la mesa de diálogo como parte del punto sobre los afectados por la confrontación colombiana. Las partes han acordado además 'establecer un mecanismo permanente, a través de los países garantes, para facilitar la solución de eventuales crisis que se puedan presentar en el futuro'. Tras unos días de receso que coincidirán con las fiestas navideñas, los negociadores del Gobierno y las FARC retomarán de nuevo sus diálogos en la segunda quincena de enero 'en fecha por definir'.
 
Fin de la crisis El acuerdo anunciado este miércoles en La Habana pone fin a la crisis que ha vivido el proceso de paz colombiano a raíz del secuestro del general Rubén Darío Alzate y otras dos personas a manos de la guerrilla, un episodio que llevó al presidente colombiano, Juan Manuel Santos, a suspender el pasado 17 de noviembre las conversaciones de La Habana.
 
El pasado domingo se produjo la liberación del general Alzate y las dos personas que lo acompañaban (un cabo del Ejército y una abogada civil) cuando fue capturado por las FARC en el departamento del Chocó. En su comunicado conjunto de hoy, los negociadores destacan que esas liberaciones se 'desarrollaron sin contratiempos y de manera expedita', al tiempo que resaltan que la mediación de los países garantes y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) resultó fundamental para el éxito de esas operaciones.
 
El anuncio sobre la reanudación de las negociaciones se ha producido tras dos días de reuniones en La Habana entre delegaciones reducidas de cada equipo negociador. En el caso del Gobierno, han participado en estas reuniones su jefe de la delegación de paz, Humberto de la Calle, el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, y los generales retirados Óscar Naranjo (Policía) y Jorge Humberto Mora (Ejército). Por las FARC, sus delegados en estos contactos previos han sido el número dos de la guerrilla, 'Iván Márquez' (Luciano Marín Arango), 'Ricardo Téllez' (Rodrigo Granda), 'Pablo Catatumbo' (Jorge Torres Victoria' y 'Pastor Alape' (Félix Antonio Muñoz Lascarro).
 
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Viernes, 5 de Diciembre de 2014
 
Con total hermetismo avanza este viernes la audiencia de imputación de cargos en contra del intendente Buenaventura Orobio Caicedo, señalado de colaborar con las FARC para llevar a cabo el atentado en la Isla Gorgona que dejó seis policías heridos y uno muerto.
 
Ante la juez 48 de garantías, la Fiscalía le imputa cargos por tentativa de homicidio agravado, terrorismo y rebelión.
 
El ente acusador estableció, a través de interceptaciones telefónicas, que el intendente Caicedo celebró con guerrilleros de las Farc la incursión a la Isla Gorgona, días después del atentado.
 
La Policía cercó, por seguridad, un perímetro de la URI La Granja, en la localidad de Engativa en Bogotá, sitio donde se adelanta la diligencia.
 
Debido al paro judicial este procedimiento no se pudo realizar en el complejo de Paloquemao que ya completa dos meses cerrado.
 
Grabaciones indican que luego del ataque, el intendente Caicedo habló con un comandante de las Farc y le entregó el parte del número de muertos y el 'éxito' del ataque.
 
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Jueves, 04 Diciembre 2014 17:00

Podrían absolver al coronel (r) Plazas

El Nuevo Siglo Bogota
 
Jueves, 4 de Diciembre de 2014
 
Una ponencia  que absuelve al coronel retirado Alfonso Plazas Vega del delito de desaparición forzada será estudiada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
 
El alto tribunal no tiene tiempo límite para pronunciarse sobre la ponencia.
 
El magistrado sustanciador, Luis Guillermo Salazar, radicó ayer una ponencia que aunque reconoce que hubo personas desaparecidas tras la retoma militar del Palacio de Justicia en noviembre de 1985 considera que no hay pruebas documentales y testimoniales que relacionen al entonces comandante de la Escuela de Caballería con la desaparición de 11 personas que salieron con vida de la edificación rumbo a la Casa Museo del Florero, donde operaba el B-2, inteligencia del Ejército.
 
La Sala estudia un recurso extraordinario de casación interpuesto por la Procuraduría para revocar la condena a 30 años de prisión proferida en primera instancia el 9 de junio de 2010 por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bogotá por la desaparición de 12 personas, sentencia confirmada el 30 de enero de 2012 por el Tribunal Superior de Bogotá pero solo por la desaparición forzada de 2 personas (la guerrillera Irma Franco y el administrador de la cafetería Carlos Augusto Rodríguez).
 
Plazas se encuentra privado de la libertad hace más de 6 años en el Cantón Norte en Bogotá.
 
En abril de 2012 la Procuraduría, a través de su Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales, presentó el recurso argumentando tres violaciones: indirecta de la ley sustancial al demostrarse errores de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba, directa de la Ley sustancial por haber desbordado las competencias el Tribunal al pronunciarse sobre aspectos que no fueron objeto de decisión en la primera instancia, y directa de la Ley por haber fallado parcialmente el Tribunal frente a 9 de los 11 desaparecidos ordenando continuar la investigación, en lugar de haber absuelto al coronel.
 
Paralelamente, la semana pasada el procurador Alejandro Ordóñez ejerció su facultad de insistencia ante la Corte Constitucional para que seleccione el expediente de la acción de tutela interpuesta por el coronel Plazas contra el Tribunal Superior de Bogotá y el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de la capital, para que el alto tribunal haga un análisis ponderado y razonable sobre los fines de las medidas de aseguramiento y unifique la jurisprudencia con relación al plazo razonable en que ha de concederse la libertad provisional.
 
En la ponencia radicada por el magistrado Salazar se propone ordenar que cese “el fallo de origen y naturaleza indicados, y en su lugar absolver” al coronel Plazas “de los delitos por los cuales había sido condenado de acuerdo con los cargos. Disponer la libertad inmediata e incondicional del coronel en razón a la decisión adoptada, por lo que se le notificará al Tribunal Superior de Bogotá que debe emitir la orden de libertad”.
 
 
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Jueves, 4 de Diciembre de 2014
 
Hace dos semanas, cuando el partido de La U en pleno adelantó su Congreso ideológico en Santa Marta, donde además se eligió a la nueva dirección del partido, la imagen que se proyectó a la opinión pública fue la de una colectividad unida y cohesionada.
 
De hecho, en ese evento, una de las instrucciones que el presidente Juan Manuel Santos le impartió a sus congresistas era la obligación de dejar peleas y confrontaciones y actuar unidos para garantizar la gobernabilidad en el Congreso.
 
Sin embargo, aquella foto, en la que la colectividad rodeaba a Roy Barreras, José David Name y Berner Zambrano como nuevos codirectores del partido, parece que se ha desvanecido un poco.
 
Catorce representantes a la Cámara del partido le enviaron este tres de diciembre una dura carta al aún presidente de La U, Sergio Díaz-Granados, en la que no sólo cuestionan el mecanismo de elección de los integrantes de la nueva dirección, sino que la desconocen.
 
También le dicen que la división del partido “es evidente”, y se declaran como un bloque independiente dentro de la colectividad.
 
Al parecer, la molestia de este grupo de congresistas es por la designación de Berner Zambrano como el vocero de la Cámara en la dirección colegiada. Como se ventiló en aquel encuentro de Santa Marta, el ministro del Interior Juan Fernando Cristo impulsaba la candidatura de Hernán Penagos, expresidente de la Cámara de Representantes, tal como lo afirmó en su Twitter el senador Mauricio Lizcano.
 
Los 14 representantes aseguran en la carta que en esa elección no se tuvieron en cuenta sus solicitudes. Una de ellas indicaba que los nombres de los dignatarios se escogían por consenso y otra que se buscara una elección bajo el sistema de cociente electoral con el objetivo de garantizar la unidad del partido que, para los congresistas, “no es secreto, está dividido”.
 
Pero además de señalar esta molestia, los parlamentarios dicen que como consecuencia de esa elección: “manifestamos que no reconocemos dicha elección, motivo por el cual los aquí firmantes no participamos en ella”.
 
Simultáneamente, los congresistas parecen transmitirle una especie de amenaza. “Además, de manera contundente, decirle que si el partido no toma decisiones para garantizar la unidad de la bancada, este bloque continuará desde luego defendiendo con devoción los intereses del gobierno y del partido, pero de forma independiente frente aquellos que desconocen la necesidad de respetarnos y ayudarnos mutuamente”.
 
La carta la firman 14 representantes, lista que encabeza el expresidente de la Cámara Hernán Penagos y Alfredo de Luque, quien será presidente de esa corporación en el próximo periodo legislativo.
 
También firman Eduardo Díazgranados, Eduardo José Tous, Christian José Moreno, Carlos Edward Osorio, Martha Cecilia Curi Osorio, Alfredo Molina, Luz Adriana Moreno, Alonso del Río, Raymundo Méndez, Nicolás Guerrero, Juan Felipe Lemus, y Eduardo Crissien. Semana.com confirmó con varios parlamentarios la veracidad del documento, y ellos así lo certificaron.
 
Esta es la carta completa:
 
Bogotá 3 de diciembre de 2014
 
Doctor 
Sergio Díazgranados 
Presidente Partido Social de Unidad Nacional 
 
Respetado Doctor
 
Con el ánimo de que sea escuchada la opinión de los miembros de la bancada de Cámara de la colectividad, mediante esta comunicación queremos expresar nuestra preocupación y malestar por los hechos sucedidos el día de hoy con ocasión de la elección de los miembros que ocuparán los cupos disponibles en la codirección del partido.
 
En primer lugar, vimos vulneradas nuestras garantías en dicha elección, considerando que no se tuvieron en cuenta nuestras solicitudes, una tendiente a que se consensuada los nombres de los dignatarios y otra que se buscara la elección bajo el sistema de cociente electoral, ambas con el objetivo de garantizar la unidad del partido, que para su señoría no es secreto, está dividido, además de mejorar la convivencia armónica entre sus miembros, pero sobre todo, equilibrar los intereses de cada uno de nosotros en el gobierno y en las regiones.
 
En segundo lugar, como consecuencia de lo anterior, manifestamos que no reconocemos dicha elección, motivo por el cual los aquí firmantes no participamos en ella, pero además, de manera contundente, decirle que si el partido no toma las decisiones para garantizar la unidad de la bancada, este bloque continuará desde luego defendiendo con devoción los intereses del gobierno y del partido, pero de forma independiente frente aquellos que desconocen la necesidad de respetarnos y ayudarnos mutuamente.
 
Con respeto y consideración
 
Eduardo Diazgranados, Hernán penagos, Eduardo José Tous, Christian José Moreno, Carlos Edward Osorio, Martha Cecilia Curi Osorio, Alfredo Molina, Luz Adriana Moreno, Alonso del Río, Raymundo Méndez; Nicolás Guerrero, Juan Felipe Lemus, Eduardo Crissien, Alfredo Deluque.
 
Catorce representantes enviaron una dura carta a Sergio Díaz-Granados.
 
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Miércoles, 3 de Diciembre 2014

La posibilidad de que el narcotráfico o los beneficios de este entren en la ampliación del delito político, planteada este martes por el presidente Juan Manuel Santos durante una entrevista con 'RCN Radio', ya provoca debate sobre las facultades del país para hacer esto y la compatibilidad de una medida así con leyes y compromisos internacionales.
 
Algunos juristas ven difícil que esto sea aceptado por fuera, pero otros consideran viable que el país lo haga porque se trata de resolver un conflicto de 50 años con la guerrilla. (Análisis: Narcotráfico: ¿un delito político?)
 
También hay división entre los sectores políticos frente al tema. Algunos ven lógico que ante al proceso de paz con las Farc se incluya el narcotráfico como conexo al delito político y otros no respaldan la idea. (Lea también: 'Disfrazar de políticos a narcos beneficiará a las mafias': Procurador)
 
En referencia al proceso de paz con esta guerrilla y la flexibilidad que este demanda, Santos dijo que es necesario ampliar el “concepto de delito político y, sobre todo, los delitos conexos”, que “pueden ser narcotráfico o beneficio del narcotráfico”. (Lea también: 'Saldrá el oficial que dé la más mínima expresión de deslealtad': Santos)
 
El Presidente anotó que este paso es necesario para “perdonar o legalizar a los miles de combatientes de las Farc”.
Esta guerrilla ha estado involucrada con el narcotráfico y tanto los beneficios jurídicos como las facultades de sus miembros para hacer política, si se llega a un acuerdo final de paz, dependerían en buena medida de la ampliación de los delitos conexos al político.
 
Además, lo que buscaría la inclusión del narcotráfico es blindar de la extradición a Estados Unidos a los guerrilleros comprometidos en tráfico de droga a ese país.
 
Algunos juristas sostienen que, aunque la discusión es interesante, convertir el narcotráfico en delito conexo al delito político no sería tan fácil.
 
Por ejemplo, el exfiscal Guillermo Mendoza Diago afirma que “al Gobierno no le quedaría fácil explicar en el exterior que va a dar beneficios a personas vinculadas al narcotráfico, delito que es perseguido en el resto del mundo”.
 
Incluso cree que una decisión de Colombia en ese sentido “no obligaría a las demás naciones a aceptar los beneficios entregados a los vinculados al tráfico de drogas”.
 
También el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Jorge Aníbal Gómez sostiene que “ no es posible” incluir el narcotráfico como conexo del delito político. Dice que “el país tiene un orden constitucional que establece qué es un delito conexo y este no se puede inventar. Se podría decir que la droga fue una fuente de financiación, pero entonces habría que decir que también el secuestro y la extorsión son conexos porque también se financiaron de esos delitos”, agrega.
 
Este seguramente será uno de los debates más fuertes hacia adelante.
 
Pero hay juristas como el exmagistrado Alfredo Beltrán que consideran que la propuesta del presidente Santos es viable. Recuerda que el Marco Jurídico para la Paz, que ya pasó el control constitucional, fijó normas.
 
Concretamente contempla en uno de sus artículos que el Congreso tramite una ley estatutaria (tiene control previo de la Corte Constitucional) para determinar cuáles son los delitos conexos al delito político.
 
Así mismo, la Corte Constitucional, en la sentencia C-577 del 2014, con la que declaró exequible el Marco Jurídico para la Paz, dijo que “no podrán ser considerados delitos conexos a los delitos políticos acciones que constituyan crímenes de lesa humanidad o genocidio”.
 
Con esta tesis, el procurador Alejandro Ordóñez se ha opuesto a que el narcotráfico entre en la órbita del delito político.
Pero el exmagistrado Beltrán afirma que es posible reglamentar el tema y acudir a tesis aplicadas en el pasado. “Cuando la guerrilla se tomaba un banco para robar dinero, se planteó la tesis de que siendo un delito común podría ser conexo porque ese dinero le permitía su financiamiento. Lo claro es que el delito común debe estar atado a un propósito”, agrega el exmagistrado.
 
También recuerda que el Presidente de la República tiene la facultad de autorizar o no las extradiciones y con ello podría evitar que quienes participen en un proceso de paz terminen en cortes internacionales por delitos como el tráfico.
 
Partidos fijan posiciones
Dentro de los partidos también hay distintas posiciones.
 
El senador de ‘la U’ Armando Benedetti, anticipando el respaldo de la Unidad Nacional a la tesis de Santos, dice que si a alguien le conviene que el narcotráfico sea conexo al delito político es a Estados Unidos. “Porque las Farc son las que cultivan y conocen las rutas, y el día que firmen la paz tendrán que dar toda esa información, lo que podría beneficiar a ese país”, anota.
 
También el senador conservador Efraín Cepeda respaldó el debate y aseguró que “es un tema difícil y complejo, pero es sano abrir la discusión”.
 
Por el lado del Partido Liberal, Viviane Morales dijo que “si a los grupos ilegales se les va a imputar delito político, debe haber conexidad con el delito que les ha dado la gasolina y sus finanzas para funcionar”.
 
De otro lado, el senador Álvaro Uribe, del Centro Democrático, anunció que se opondrá con su bancada a esa posibilidad. “Santos: el narcotráfico ha sido conexo con el terrorismo, no con fines políticos altruistas”, dijo Uribe en Twitter.
 
Por su parte, Claudia López, del Partido Verde, quien ha respaldado el proceso de paz, no apoyó en este tema a Santos. Advirtió que “reconocer legalmente la conexidad entre el conflicto armado y narcotráfico es colgarle al delito político algo ajeno a su naturaleza”.
 
Pasó ley que blinda a negociadores de paz
La plenaria del Senado aprobó este martes la prórroga de la Ley 418 o de Orden Público, clave para avanzar en las negociaciones con las Farc.
 
La norma permite que la Fiscalía suspenda las órdenes de captura a los jefes de la guerrilla que están sentados en la mesa con los negociadores del Gobierno.
 
Además establece que “las personas que participen en los acercamientos, diálogos o negociaciones” no “incurrirán en responsabilidad penal ni disciplinaria por razón de su intervención en los mismos”.
 
Este es un blindaje para los negociadores del Gobierno, quienes no podrán ser procesados ni penal ni disciplinariamente con ocasión de su trabajo. El fiscal Eduardo Montealegre aclaró que la ley prorrogada no es para avanzar en la justicia transicional para las Farc.
 
Otro campanazo de la Corte Penal Internacional
En su informe del 2014, la Corte Penal Internacional (CPI), que persigue a los responsables de graves violaciones al DIH y los derechos humanos en el mundo, advierte que el proceso de paz de La Habana no puede generar impunidad frente a los graves crímenes.

 

“Cualquier acuerdo de paz al que se llegue así como el marco jurídico para la paz, debe ser compatible con el Estatuto de Roma”, dice la fiscal Fatou Bensouda en su reporte, conocido por este diario. 
 
El presidente Juan Manuel Santos dice que hay que ser flexibles.
 
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