Venus
OPEAL, un proyecto del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, hace seguimiento permanente a la situación geopolítica, económica, medioambiental y de seguridad de la región así como a la coyuntura de seguridad y la política exterior colombiana.


 
Jueves, 11 de Diciembre de 2014
 
El sonado ‘articulito’ de la reelección presidencial que en 2005 aprobó el Congreso, al parecer, será definitivamente parte del pasado.
 
Ya no podrá ser realidad que al antojo y caprichoso del gobernante de turno se permita y abra paso la posibilidad de revivir la reelección presidencial.
 
Así quedó establecido en la conciliación de la reforma de equilibrio de poderes que elaboraron en el Senado y la Cámara de Representantes.
 
Es decir, se deja claro en la Constitución un ítem específico para cerrarle la puerta definitivamente a la reelección presidencial.
 
Sólo se podrá volver a revivir la reelección presidencial por referendo (donde el pueblo decida) o Asamblea Constituyente.
 
El senador Armando Benedetti Villaneda, conciliador del proyecto, dijo que se acordó que las corporaciones acatarán la “cláusula pétrea” para acabar con la reelección.
 
Este jueves las plenarias votarían el texto de la conciliación con esta decisión que en su momento fue promovida en el Senado por la bancada del Partido Conservador. 
 
Reelección presidencial sólo podrá revivirse por una Constituyente o un referendo
 
Lea completa la noticia en: elespectador.com
Published in Noticias Colombia
 
Miércoles, 10 de Diciembre de 2014
 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado colombiano por su responsabilidad en las 11 desapariciones del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985.
 
Se trata de la condena número 15 que recibe el país en la historia, que implica que el Estado debe hacer una millonaria indemnización a las víctimas, un acto de perdón, que incluye un documental; tratamientos psiquiátricos y le ordena resultados judiciales a la mayor brevedad.
 
Según la Corte Interamericana, en el expediente hay pruebas contundentes de que “existió un modus operandi tendiente a la desaparición forzada de personas consideradas como sospechosas de participar en la toma del Palacio de Justicia o colaborar con el M-19”.
 
La sentencia agrega que “los sospechosos eran separados de los demás rehenes, conducidos a instituciones militares, en algunos casos torturados, y su paradero posterior se desconocía”. Entre los lugares a donde fueron trasladados menciona la Escuela de Caballería, donde el coronel Alfonso Plazas Vega (condenado en segunda instancia) era comandante; y el Batallón Charry Solano. Allí el jefe militar era el cuestionado general Iván Ramírez, quien fue absuelto en primera instancia. (Lea también: Así va el caso del coronel (r) Plazas Vega).
 
La Corte dice que “Carlos Augusto Rodríguez Vera (administrador de la Cafetería) y la guerrillera Irma Franco Pineda fueron separados de los demás sobrevivientes, conducidos a una institución militar, torturados y desaparecidos”. 
 
“Respecto a las demás presuntas víctimas desaparecidas –agrega la sentencia-- la prueba en el expediente refiere que fueron consideradas sospechosas de colaborar en la toma del Palacio de Justicia por autoridades estatales y que varias personas consideradas sospechosas, además de Carlos Augusto Rodríguez Vera e Irma Franco Pineda, fueron víctimas del mismo modus operandi”. (Lea también: 'Magistrado Urán salió con vida de Palacio y fue ejecutado': Corte IDH).
 
Y concluye que “bajo la dirección de funcionarios militares, las autoridades alteraron gravemente la escena del crimen y cometieron múltiples irregularidades en el levantamiento de los cadáveres”.
 
​En el fallo se lee que el tribunal internacional declaró responsable internacionalmente al Estado de Colombia "por ciertas violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de los sucesos conocidos como la toma y la retoma del Palacio de Justicia". (Lea también: ¿Quiénes son las víctimas por las que el Estado fue condenado?)
 
Llama la atención que la Corte IDH encontró que el Estado es responsable de las 11 desapariciones forzadas tras la toma que hizo la guerrilla del M-19. Aparecen los nombres Carlos Augusto Rodríguez Vera, Irma Franco Pineda, Cristina del Pilar Guarín Cortés, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Stella Lizarazo Figueroa, Luz Mary Portela León, Lucy Amparo Oviedo Bonilla y Gloria Anzola de Lanao. (Vea: Recordando el paso de EL TIEMPO... El holocausto del Palacio de Justicia)
 
Así mismo, encontró que el Estado tiene responsabilidad de la desaparición forzada y ejecución extrajudicial del magistrado Carlos Horacio Urán Rojas.
 
De igual manera, fue declarado internacionalmente responsable por haber violado su deber de garantizar el derecho a la vida por la falta de determinación del paradero de Ana Rosa Castiblanco Torres por dieciséis años, y de Norma Constanza Esguerra Forero hasta la actualidad.
 
El tribunal también determinó que Yolanda Santodomingo Albericci, Eduardo Matson Ospino y José Vicente Rubiano fueron torturados, así como con la detención y los tratos crueles y degradantes cometidos en perjuicio de Orlando Quijano, ocurridos en el marco de los mismos hechos. (Lea también: ¿Quiénes han sido condenados por desaparecidos del Palacio?)
 
Se concluyó que hay falta de esclarecimiento judicial de los hechos y "violación del derecho a la integridad personal en perjuicio de los familiares de las víctimas, así como por el incumplimiento de su deber de prevención frente al riesgo en que se encontraban las personas que se encontraban en el Palacio de Justicia". (Lea también: Hablan familiares de las dos guerrilleras halladas en fosa común)
 
Por el caso del Palacio de Justicia están condenados el coronel (r) Alfonso Plazas Vega, a 30 años de prisión, y el general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, quien recientemente fue sentenciado a 35 años de cárcel. En el primer caso, el caso del coronel Plazas Vega está en revisión de la Corte Suprema de Justicia. De hecho, se conocio que la ponencia que se discute es de absolución.
 
¿Qué ordena la Corte IDH?
 
1. Millonaria indemnización: En el fallo, de 2012 páginas, la Corte IDH reconoció los pagos ya hechos por el Estado colombiano a los familiares de las víctimas. Sin embargo indicó que "aún y cuando algunos familiares de víctimas han recibido indemnización por conceptos de daño moral", ordenó pagos adicionales por el concepto de daño inmaterial.
 
En el desglose de las tasas, los jueces fijaron que cada víctima de desaparición forzada (11) y el magistrado Carlos Urán recibirán 100.000 dólares. En ese caso, la compensación la reciben las familias,
 
También, ordenó el pago de 80.000 dólares a favor de padres, madres, hijos, cónyuges o compañeros permanentes de las víctimas de desaparición, incluyendo a Urán. Así como 40.000 dólares a favor de los hermanos y hermanas de los mismos.
 
De otro lado, la Corte ordena 80.000 a favor de Norma Constanza Esguerra, y 70.000 de Ana Castiblanco; así como de 20.000 dólares para las familias de estas dos víctimas.
 
En el caso de quienes fueron víctimas de torturas y tratos crueles, fueron tres, la Corte fijó que deben recibir como indemnización 40.000 dólares, y 30.000 a favor de Orlando Quijano. También, 15.000 dólares para cada una de las familias de ellos.
 
Finalmente, los jueces de la Corte IDH indicaron que el Estado debe pagar 61.000 dólares a los abogados de las víctimas por concepto de costas. La decisión de hallar internacionalmente responsable al Estado colombiano por hechos del Palacio de Justicia fue tomada por los jueces Roberto Caldas, presidente de la Corte IDH; Manuel Ventura Robles, Diego García - Sayán, Eduardo Vio Grossi y Eduardo Ferrer Mac-Gregor.
 
2. Resultados judiciales en la mayor brevedad: "Llevar a cabo las investigaciones para establecer la verdad de los hechos" y condenar a los responsables y realizar todos los esfuerzos para "determinar el paradero de las once víctimas aún desaparecidas a la mayor brevedad". Esto porque "la Corte indicó que el Estado "incumplió su obligación de iniciar una investigación de oficio, inmediata y efectiva, omitió realizar las actividades de búsqueda necesarias para localizar el paradero de los desaparecidos y esclarecer lo sucedido, así como no actuó con la debida diligencia en las primeras diligencias de la investigación y, en menor medida, en las investigaciones desarrolladas actualmente en la jurisdicción ordinaria. Por último, la Corte constató que la investigación de estos hechos no ha respetado la garantía del plazo razonable".
 
3. Tratamiento médico: "Brindar, el tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico a las víctimas que así lo soliciten y, de ser el caso, pagar la suma establecida por concepto de gastos por dicho tratamiento para aquellas víctimas que residan fuera de Colombia".
 
4. Acto público: el Estado deberá hacer un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y realizar un documental sobre el holocausto del Palacio de Justicia.
 
'Es un logro para la justicia'
 
Para Santiago Canton, ex Secretario Ejecutivo CIDH, la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es "un logro para la justicia en uno de los casos más emblemáticos de desprecio absoluto de las fuerzas armadas al estado de derecho y los derechos fundamentales". Canton considera que la decisión "es un triunfo importante para todas las víctimas y sus familiares que durante más de 29 años han tenido que enfrentar la negación sistemática de los hechos ocurridos en la toma y retoma del Palacio de Justicia por parte del Estado colombiano".
 
El exsecretario considera que el fallo es oportuna "teniendo en cuenta que en estos momentos está pendiente de decidirse un recurso de casación dirigido a tumbar la condena del Coronel Alfonso Plazas Vega y en su lugar absolverlo de responsabilidad, pese a que ha sido claramente identificado como uno de los principales responsables del operativo militar en el que el ejército cometió desapariciones forzadas, actos de tortura y ejecuciones extrajudiciales, como en es el caso del Magistrado Carlos Horacio Urán Rojas".
 
Imagen de la toma al Palacio de Justicia 1985.
 
Lea completa la noticia en: eltiempo.com
 
 

Más información y análisis en: www.opeal.net

Published in Noticias Colombia
 
El Nuevo Siglo Bogota
 
Miércoles, 10 de Diciembre de 2014
 
En  La Habana reinició el ciclo 31 de los diálogos de paz entre el Gobierno  colombiano y la guerrilla de las Farc.
 
El reinicio arrancó con las declaraciones del  jefe de la delegación de paz del Gobierno, Humberto de la Calle y desmintió  las declaraciones del expresidente y actual senador de la República Álvaro Uribe Vélez  quien hace unos días publicó en su cuenta de Twitter una serie de condiciones que supuestamente pedía el grupo subversivo para retomar las conversaciones.
 
Al respecto, De La Calle dijo que esos supuestos compromisos de las Farc no exixtieron y si lo hubieran pedido tampoco se habían aceptado.
 
Declaró que están “preparados para un debate serio, con argumentos serios y sólidos” y recordó que debido a unas declaraciones del Centro Democrático se dieron a conocer a la opinión pública los acuerdos logrados hasta ahora en Cuba
Estas fueron las supuestas condiciones solicitadas por las Farc, según Uribe:  
 
1. Mantener a los guerrilleros rasos con un auxilio de 1.800.000 por 5 años mientras se preparan profesionalmente
2. Mantener logística y financieramente la seguridad del secretariado
3. Reparar económicamente a familiares de comandantes guerrilleros asesinados por las Fuerzas Militares
4. Archivar y cerrar todas aquellas investigaciones contra cualquier miembro de las Farc
 5. Todos los guerrilleros que se encuentren en las cárceles deben ser liberados sin condiciones
6. Borrar todos los registros penales en las páginas de internet del gobierno e Interpol
7. No permitir que se difame o se desprestigie el nombre de las Farc a nivel internacional
 8. Permitir que las Farc tengan su propio canal de tv y emisora radial con el propósito de expresar sus ideas y libre comunicación.

Lea completa la noticia en: elnuevosiglo.com.co
 
 

Más información y análisis en: www.opeal.net

 

Published in Noticias Colombia

Full logo es

Martes, 9 de diciembre de 2014

Las autoridades colombianas están trabajando en cooperación con organismos civiles para impedir que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) recluten niños y adolescentes.
 
A través de varios programas, más de media docena de organizaciones militares y civiles participan en este esfuerzo, incluyendo el Ejército Nacional de Colombia, el Ministerio de Defensa, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, el Grupo Policial para la Protección de Niños y Adolescentes, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y otros. El Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, dio inicio a esta iniciativa en noviembre de 2011, cuando anunció el programa “Basta, Aquí Soy Libre”. Ésta es una campaña nacional para despertar consciencia sobre los esfuerzos de las FARC para reclutar jóvenes.
 
Desde que Pinzón anunció el programa, el Ministerio de la Defensa ha organizado centenares de talleres para educar a niños, adolescentes y padres sobre las falsas promesas de los reclutadores de las FARC. Los miembros de las FARC a menudo tratan de cautivar a los niños y adolescentes con el prospecto del dinero, pero estos atractivos son vacíos; muchos terminan en campamentos remotos, con poco o nada de dinero, con escasa comida y sin oportunidades de contactar a sus familias.
 
Desde que el Ministro de la Defensa dio inicio al programa, la campaña ha alcanzado a más de 33.500 personas en decenas de municipios de alto riesgo en todo el país.
 
Ademas de las conferencias y una amplia campaña por los medios que incluye camisetas, folletos y anuncios por radio y televisión, “Basta, Aquí Soy Libre" también financia “La Vida en Juego”, una serie de seminarios realizados en 14 municipios para promover deportes como el fútbol, como alternativas positivas a las drogas y la violencia.
 
Ayudar a niños que trabajaban en las FARC
 
Pero esta campaña va más allá de los seminarios, folletos y anuncios por radio y televisión. Como parte de la iniciativa, el gobierno federal de Colombia ha entrenado a miles de miembros de las Fuerzas Armadas en esfuerzos y protocolos de prevención que deben seguirse cuando se trate con menores que escaparon o fueron rescatados de las FARC.
 
Los soldados pusieron en uso estos protocolos el 21 de octubre en el Departamento de Antioquia, donde el Ejército Nacional de Colombia se enfrentó en una serie de combates armados con miembros de las FARC. Después de la batalla, encontraron una niña de 14 años llorando junto al cuerpo sin vida de alias “Chamaría”, que era el jefe del Frente 5 de las FARC. Este terrorista de 36 años reclutó ilegalmente a la niña en 2012, cuando la arrebató a su familia.
 
Los soldados la cuidaron y rápidamente la colocaron bajo la custodia del Instituto de Bienestar Familiar de Colombia.
 
En todo el país, las autoridades militares y policiales han realizado rescates similares de adolescentes y niños que habían sido reclutados por las FARC. A mediados de octubre, la policía del Departamento de Tolima rescató a una niña de 13 años y un joven de 15, quienes dijeron que habían sufrido de abusos físicos y psicológicos durante los varios meses que habían estado con el grupo guerrillero. Y en septiembre, el Ejército liberó de las FARC a cinco menores en el Departamento del Cauca. El grupo terrorista había forzado a uno de los menores, de solo 10 años, a participar en un extenuante entrenamiento físico.
 
Las FARC constituyen el mayor grupo terrorista involucrado en el reclutamiento de niños y jóvenes, pero otras organizaciones ilegales también tienen en la mira a los jóvenes.
 
“El reclutamiento ilegal ocurre todos los días”, dijo el Coronel Carlos Lasprilla, Jefe de la Unidad de Prevención del Reclutamiento Ilegal del Ministerio de Defensa. “Es una práctica sistemática de las FARC, el Ejercito de Liberación Nacional (ELN) y las bandas criminales (BACRIM).”
 
Desde 2002, más de 4.000 menores han estado ligados a grupos armados ilegales, según el Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado (GAHD), una entidad del Ministerio de Defensa. Entre 5.000 y 18.000 menores están actualmente en las filas de grupos terroristas y bandas criminales en Colombia, de acuerdo con los estimados de las Naciones Unidas (ONU).
 
De hecho, algunos frentes de las FARC dependen mucho de los menores. Por ejemplo, cerca del 60% de los frentes Séptimo y Primero de las FARC están formados por niños y adolescentes, según estimados del gobierno federal. Las FARC, el ELN, y las BACRIM son particularmente activas en el reclutamiento de menores en Antioquia – el departamento más severamente afectado – así como en el Guaviare, Tolima, Meta, Norte de Santander, Cauca y Nariño, según el Ministerio de la Defensa.
 
“Estos grupos han estado cometiendo este delito desde hace ya 50 años y, desafortunadamente, tales delitos han sido invisibles”, expresó el Coronel Lasprilla.
 
El reclutamiento de menores, en ascenso desde 2002
 
Las FARC, el ELN y grupos del crimen organizado comenzaron a incrementar su reclutamiento de menores aproximadamente desde 2002. Algunos de los líderes de las FARC han establecido metas específicas del número de niños y adolescentes que quieren reclutar y para cumplir esas cuotas, incluyen a niños hasta de 8 años de edad.
 
Los grupos armados ilegales se aprovechan de la pobreza que experimentan miles de menores y sus familias en las zonas rurales, según el GAHD. Además de prometerles dinero, los terroristas reclutadores atraen a los niños y adolescentes con promesas de poder y bienes materiales que de otra manera no podrían adquirir, como celulares y computadoras tipo tableta.

 

“Los menores no piensan en los riesgos. Los reclutadores se aprovechan de eso", dijo el Coronel Lasprilla. “En 50 años, la guerrilla no ha hecho ni un solo gesto encaminado a la liberación de los niños. Así que debemos rescatarlos.”

Proteger a los niños: El Ejército Nacional de Colombia y el Ministerio de Defensa están desempeñando papeles importantes en “Basta, Aquí Soy Libre”, la campaña del gobierno contra el reclutamiento ilegal de menores por parte de grupos armados ilegales. La iniciativa incluye conferencias, eventos deportivos, folletos y anuncios por radio y televisión. [Foto: Ministerio de Defensa]
 
Lea completa la noticia en: http://dialogo-americas.com
 
 

Más información y análisis en: www.opeal.net

 
Published in Hechos
 
Martes, 9 de Diciembre de 2014
 
El proyecto de reforma tributaria tiene varios ajustes a los impuestos que pagan las personas naturales. El primero de ellos viene por cuenta de una modificación a las condiciones para poder utilizar el sistema del Impuesto Mínimo Alternativo Simple (Imás), una declaración simplificada mediante la cual se paga un monto superior al del Impuesto Mínimo Alternativo Nacional (Imán), que queda en firme en solo seis meses. Expertos tributaristas explican que los umbrales para poder acceder a ese sistema se van a reducir, pues el remedio pensado hace dos años, para que los asalariados e independientes pagaran un poco más, resultó peor que la enfermedad.
 
En el documento que sería sometido a votación se reduce de 4.700 unidades de valor tributario (UVT) a 2.800 el monto el valor de los ingresos anuales máximos para poder utilizar el Imás. (Lea también: Comienza semana decisiva para la reforma tributaria).
 
Horacio Ayala, exdirector de la Dian, dice que el cambio tiene como objetivo corregir un vacío que quedó tras la reforma del 2012 al Estatuto Tributario, que llevó a que muchos contribuyentes que estaban en el sistema ordinario y no eran sujetos del Imán se acogieran al Imás, pagando menos de lo que les correspondía.
 
El experto explica que muchos contribuyentes con ingresos por debajo de las 4.700 UVT al año (129,1 millones de pesos actualmente) declaraban a través del Imás, con lo cual resultaban unas retenciones mayores que el valor a pagar en la declaración, generando saldos a favor.
 
El umbral: $ 79,1 millones
 
Ayala subraya que lo que se busca es que las personas cuyos ingresos de este año sean superiores a los 79,1 millones recurran al sistema ordinario y no al Imás.
 
El cambio cubrirá a quienes ganan entre esta suma y los 129,1 millones de pesos, monto por debajo del cual hoy se puede hacer la declaración con el sistema llamado Imás.
 
En los cambios que plantea la ponencia del proyecto de reforma tributaria también hay requisitos más exigentes para que los trabajadores por cuenta propia o independientes puedan utilizar el Imás a la hora de declarar renta. Lo anterior, porque un numeral del proyecto señala que así el 80 por ciento de los ingresos de este trabajador provenga de solo una actividad, tampoco se va a poder acoger al Imás si su patrimonio líquido excede las 12.000 UVT, equivalentes a 339,3 millones de pesos para el año próximo.​
 
Declarantes como personas naturales podrían pagar más impuesto de renta con la reforma tributaria.
 
Lea completa la noticia en: eltiempo.com
 
 

Más información y análisis en: www.opeal.net

 
Read 29 times
 
 
 
Published in Noticias Colombia
El Nuevo Siglo Bogota
 
Martes, 9 de Diciembre de 2014
 
Esta semana la plenaria de la Cámara aprobaría en su cuarto debate,  salvando su primera vuelta, el proyecto de reforma constitucional que fortalece el fuero penal militar.
 
La iniciativa hace que todos los delitos que cometan los uniformados como parte del servicio sean conocidos por tribunales castrenses, con excepción de los crímenes de lesa humanidad, genocidio y un listado de siete conductas más.
 
El proyecto sería aprobado sin ninguna modificación a pesar de las advertencias que han hecho organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos, entre estas últimas Human Rights Watch (HRW) y la propia Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas (Oacdh), quienes consideran que de esta forma se abre la puerta a la impunidad frente a los delitos que cometan militares y policías, además de que los mal llamados falsos positivos pasarían a jueces militares.
 
La iniciativa que presentó al Congreso el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, revive parte de la reforma al fuero penal militar que tumbó la Corte Constitucional el año pasado por vicios de trámite.
 
El proyecto de acto legislativo No. 167 de 2014 Cámara – 022 de 2014 Senado establece que de los delitos cometidos por los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio, conocerán las cortes marciales o tribunales militares.
 
Fija que en ningún caso lo Justicia Penal Militar o Policial conocerá de los crímenes de lesa humanidad, ni de los delitos de genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado. Las infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas por miembros de la Fuerza Pública, salvo los delitos anteriores, serán conocidas exclusivamente por las cortes marciales o tribunales militares o policiales.
 
En su tránsito en sus dos primeros debates en Senado el proyecto tuvo a cuestas las críticas de organizaciones de derechos humanos como HRW y de la Oacdh, al alertar que esta norma abriría la puerta a la impunidad porque conductas por fuera de la ley en que cayeron uniformados, como los falsos positivos,  irían a parar a manos de la justicia castrense.
 
En ese sentido la Oacdh advirtió al final de octubre pasado sobre este proyecto y otro que presentó el Gobierno para que la Justicia Penal Militar sea independiente del mando, que “distorsionan el DIH porque en vez de promover su aplicación como marco de protección mediante prohibiciones para la guerra, tal y como prevén los Convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales, es usado como causal de justificación de varias  conductas en materia penal, y en relación con uno solo de los actores del conflicto”.
 
La semana anterior y en la antesala del último debate de la primera vuelta de la reforma al fuero penal militar, el responsable para las Américas de HRW, José Vivanco, dijo que el Gobierno colombiano con este proyecto y dos más que cursan en el Congreso sobre este sistema pretende blindar a los uniformados frente a delitos violatorios de los derechos humanos que han cometido en el desarrollo del conflicto armado.
 
"Lo que persigue la reforma es que cualquier hecho que se produzca en el campo de batalla, y todo se produce en el contexto de hostilidades, esté amparado por unas órdenes que le dan un barniz de legalidad para proteger a todos los asesinos que participan en estas ejecuciones", aseguró Vivanco.
 
En el marco del debate que se le dio a este proyecto en la Comisión Primera de Cámara, los partidos de la Unidad Nacional defendieron la iniciativa por considerar que es necesaria para otorgar seguridad jurídica a los uniformados en la lucha que libran en el conflicto armado, pero además con la tranquilidad que dicen tener de que por esta vía no habrá impunidad de hechos ocurridos como los falsos positivos ni a futuro.
 
Sin embargo, la oposición al Gobierno encarnada en el Polo Democrático y los independientes de la Alianza Verde son contrarios a este proyecto. Germán Navas (Polo) afirmó que podría abrir paso a la impunidad y que no brinda claridad sobre el tratamiento de casos como falsos positivos y las violaciones al Derecho Internacional Humanitario.
 
Por su parte, la representante Ángela Robledo (Alianza Verde) expresó que la ampliación fuero militar borra de tajo los avances de la ley 1719 de 2014, frente a violencia contra mujeres y niñas en territorios de guerra, ya que los delitos sexuales, en su opinión, podrán ser juzgados por la Justicia Penal Militar.
 
Sin embargo en dicha sesión el ministro Pinzón fue enfático al señalar que los falsos positivos jamás se incluirán en las materias de conocimiento de la Justicia Penal Militar. Sostuvo además que se trata de un mandato del presidente de la República, para lo cual se ha estructurado una norma que expresamente en ese sentido se orienta, y en la cual además la Fiscalía tiene un papel decisivo, y ha señalado que hay una garantía adicional y es que el fiscal también ha dicho públicamente que nunca permitirá que un falso positivo pase a la Justicia Penal Militar.
 
 
Lea completa la noticia en: elnuevosiglo.com.co
 
 

Más información y análisis en: www.opeal.net

Published in Noticias Colombia

BBC

Viernes, 5 de diciembre de 2014

El general Rubén Darío Alzate, liberado el domingo por las FARC tras 14 días en poder de la guerrilla, anunció que pidió su baja del ejército.
 
"Por el amor y respeto a nuestra institución militar, que por este hecho se ha visto afectada, he solicitado al gobierno nacional mi retiro del servicio activo", dijo el militar en su primera declaración pública.
El presidente Juan Manuel Santos, por su parte, comentó que aceptó la renuncia del general.
"El general salió como un buen militar, salió con el honor militar", dijo el mandatario.
 
Alzate fue capturado por la guerrilla el pasado 16 de noviembre en la población de Las Mercedes, departamento del Chocó, cuando viajaba sin escoltas y vestido de civil.
 
El general se convirtió así en el oficial de más alto rango capturado por las FARC en 50 años de conflicto.
Y explicó su presencia en una zona dominada por la guerrilla por una acción comunitaria.
 
El corresponsal del BBC Mundo en Colombia, Arturo Wallace, recordó que la captura del militar sumió en crisis las conversaciones de paz que el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC vienen celebrando en Cuba desde hace dos años.
 
"La crisis, sin embargo, no parece ser definitiva. Y de todas las explicaciones posibles, la ofrecida este lunes por el general es también la más conveniente, pues se había llegado incluso a especular sobre posibles conspiraciones en el estamento militar para sabotear el proceso de paz", dijo nuestro corresponsal.
 
El general dijo que la presencia de guerrilleros de las FARC en el caserío los tomó por sorpresa y calificó su captura de un secuestro que violaba claramente los derechos humanos y el DIH.
"Durante los 14 días que duró nuestro secuestro fui esposado y posteriormente amarrado durante las noches al igual que el cabo Rodríguez", dijo.
"Nos vimos forzados por estos terroristas a realizar marchas de mas de ocho horas diarias a través de la selva a demás de recibir amenazas de muerte si decidieramos optar por un escape".
Además, se quejó de que fue forzado a "participar en un show mediático que realizaron con fotos y videos el día de la liberación".
 
Mi afán de servicio y el amor por el pueblo chocoano me llevó a no aplicar los procedimientos que en materia de seguridad debía adoptar en mi desplazamiento
 
"Debo reconocer que mi afán de servicio y el amor por el pueblo chocoano me llevó a no aplicar los procedimientos que en materia de seguridad debía adoptar en mi desplazamiento", se justificó Alzate.
El general explicó que su misión incluía también labores sociales en el departamento del Chocó.
Y, según Alzate, la falta de confianza de las comunidades de la zona en el ejército obligaba a buscar "nuevas formas de acercamiento".
 
"Me informé de la situación de seguridad y de inteligencia del área y procedí a visitar el corregimiento de Las Mercedes adoptando unas medidad de seguridad que incluían: desinformación de mi ruta y destino final, el no acompañamiento de mi anillo de seguridad y el manejo de un bajo perfil, razón por la que iba vestido de civil y sin armamaneto", relató el militar.
 
"Para mí es importante enfatizar que adicional al bajo perfil fui vestido de civil para fortalecer la confianza con una comuidad que merece nuestra atención y acercamiento y compromiso", insitió.
 
Visiblemente emocionado, la voz de Alzate se quebró al llegar al final de su comparecencia, que fue cuando anunció su decisión de solicitar la baja.
 
Y es que este oriundo del departamento de Valle del Cauca empezó su carrera militar luego de graduarse de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba en 1983, por lo que ya sumaba más de 31 años en las fuerzas armadas colombianas.
 
Durante ese período, Alzate ocupó diferentes cargos, entre ellos el de comandante de su Grupo Antisecuestro y Extorsión (GAULA) del ejército, lo que significa que no era ajeno a las labores de inteligencia.
 
Y también participó en diferentes cursos en contrainsurgencia en Estados Unidos, obteniendo una maestría en el Army War College, un centro de estudios avanzados de las fuerzas armadas estadounidenses.
 
Fue el propio presidente Santos quien, a inicios de año, le pidió a este antiguo miembro del Estado Mayor Conjunto, ascendido a Brigadier General en diciembre de 2011, que dejara las tareas administrativas –en ese momento la dirección de Proyectos Especiales del ejército colombiano– para asumir la jefatura de la fuerza de tarea para el Chocó.

 

Una distinguida carrera militar llega pues a su fin después de una serie de acontecimientos inesperados.
 
Brigadir General Rubén Darío Alzate
 
Lea completa la noticia en:http://www.bbc.co.uk
 
 

Más información y análisis en: www.opeal.net

Published in Hechos

Noticias de Cali, Valle y Colombia

Viernes, 5 de diciembre de 2014

Tranquilidad y confianza en la Fuerza Pública fue el mensaje que envió al país el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, tras el secuestro de cuatro militares y una civil en noviembre pasado en Chocó y Arauca. Lea también: Farc y Gobierno reanudarán el proceso de paz el próximo 10 de diciembre.
 
Dijo que en Colombia lo que hay son “unos jefecillos” de las Farc, ya que los máximos cabecillas se han visto obligados a salir del país por la presión de las Fuerzas Armadas.
 
Referente al secuestro de los soldados, el Ministro dijo que “en el marco de ese show, las Farc quisieron presentarse como unas palomas mensajeras (…) por eso, los soldados que fueron secuestrados quedan exonerados de cualquier responsabilidad por lo que fueron obligados a decir. Bajo esa situación uno no habla con libertad, más cuando le ponen un fusil en la sien”.
 
Asimismo, expresó que "no se debe olvidar que uno de los soldados secuestrados fue obligado a hablar y vio como la guerrilla remató a uno de sus compañeros (…) muy lamentables esos espectáculos que las Farc han querido plantear”. Lea también: Gobierno negoció en secreto liberación de general, dice jefe de Farc.
 
El titular de la cartera de defensa afirmó que el máximo cabecilla de las Farc, alias Timochenko, “lo único que ha traído es narcotráfico, sangre, violencia y esclavitud al pueblo colombiano”.
 
De otra parte, destacó que lo único que las Farc quieren es mantener a las comunidades aisladas, sin acceso al desarrollo, y por lo cual queman carros para que no llegue el Ejército a construir las carreteras que están haciendo.
 
“A ellos les quiero decir que de malas, la carretera llegará, el desarrollo llegará y se hará a sangre y fuego”, puntualizó.
 
Denunció además que lo que hace las Farc es someter con su violencia a la comunidad, sin embargo, reiteró que gracias al esfuerzo militar realizado en los últimos años por la Fuerza Pública, varios de los “terroristas”, que están hoy en Cuba, se fueron del país “por temor, por cobardes, porque se tienen que ir de aquí por las operaciones contundentes, para que no caigan como otros han caído”.
 
“Los que quedan aquí son un poco de ‘chaverras’, de tipos de cuarto y quinto nivel que se dedican a humillar y a someter comunidades, y las tienen esclavizadas en minas de oro”, agregó.

 

Finalmente, lanzó una advertencia a las Farc. “A los jefes de las Farc que están en La Habana les digo: el tiempo se les está agotando, porque aquí seguiremos nuestra campaña de ofrecerle seguridad al país”.
En Colombia lo que hay son "unos jefecillos" de las Farc: Mindefensa
 
Lea completa la noticia en:www.20minutos.es
Published in Hechos
Resultado de imagen para 20 minutos logo
 
Viernes, 5 de diciembre de 2014
 
El Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC dieron este miércoles por superada la crisis de los diálogos de paz y anunciaron que el próximo ciclo de negociaciones se celebrará en La Habana entre el 10 y el 17 de diciembre.
 
Luego de analizar conjuntamente los hechos de las últimas semanas, consideramos superada la crisis'Las delegaciones del Gobierno nacional y las FARC, luego de analizar conjuntamente los hechos de las últimas semanas, consideramos superada la crisis', señalaron las partes en un comunicado leído en La Habana por representantes de Cuba y Noruega, países garantes del proceso, y en presencia de los negociadores del ejecutivo colombiano y la guerrilla. En la ronda de conversaciones que comenzará el 10 de diciembre, el objetivo de las partes será 'avanzar en el desescalamiento del conflicto con el fin de llegar a un acuerdo lo más pronto posible en esta materia'.
 
Dentro de ese ciclo, el 16 de diciembre la mesa de conversaciones recibirá en audiencia al quinto y último grupo de víctimas que intervendrá ante la mesa de diálogo como parte del punto sobre los afectados por la confrontación colombiana. Las partes han acordado además 'establecer un mecanismo permanente, a través de los países garantes, para facilitar la solución de eventuales crisis que se puedan presentar en el futuro'. Tras unos días de receso que coincidirán con las fiestas navideñas, los negociadores del Gobierno y las FARC retomarán de nuevo sus diálogos en la segunda quincena de enero 'en fecha por definir'.
 
Fin de la crisis El acuerdo anunciado este miércoles en La Habana pone fin a la crisis que ha vivido el proceso de paz colombiano a raíz del secuestro del general Rubén Darío Alzate y otras dos personas a manos de la guerrilla, un episodio que llevó al presidente colombiano, Juan Manuel Santos, a suspender el pasado 17 de noviembre las conversaciones de La Habana.
 
El pasado domingo se produjo la liberación del general Alzate y las dos personas que lo acompañaban (un cabo del Ejército y una abogada civil) cuando fue capturado por las FARC en el departamento del Chocó. En su comunicado conjunto de hoy, los negociadores destacan que esas liberaciones se 'desarrollaron sin contratiempos y de manera expedita', al tiempo que resaltan que la mediación de los países garantes y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) resultó fundamental para el éxito de esas operaciones.
 
El anuncio sobre la reanudación de las negociaciones se ha producido tras dos días de reuniones en La Habana entre delegaciones reducidas de cada equipo negociador. En el caso del Gobierno, han participado en estas reuniones su jefe de la delegación de paz, Humberto de la Calle, el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, y los generales retirados Óscar Naranjo (Policía) y Jorge Humberto Mora (Ejército). Por las FARC, sus delegados en estos contactos previos han sido el número dos de la guerrilla, 'Iván Márquez' (Luciano Marín Arango), 'Ricardo Téllez' (Rodrigo Granda), 'Pablo Catatumbo' (Jorge Torres Victoria' y 'Pastor Alape' (Félix Antonio Muñoz Lascarro).
 
Vea completa la noticia en:www.20minutos.es
 
 

Más información y análisis en: www.opeal.net

Published in Hechos
 
Viernes, 5 de Diciembre de 2014
 
Con total hermetismo avanza este viernes la audiencia de imputación de cargos en contra del intendente Buenaventura Orobio Caicedo, señalado de colaborar con las FARC para llevar a cabo el atentado en la Isla Gorgona que dejó seis policías heridos y uno muerto.
 
Ante la juez 48 de garantías, la Fiscalía le imputa cargos por tentativa de homicidio agravado, terrorismo y rebelión.
 
El ente acusador estableció, a través de interceptaciones telefónicas, que el intendente Caicedo celebró con guerrilleros de las Farc la incursión a la Isla Gorgona, días después del atentado.
 
La Policía cercó, por seguridad, un perímetro de la URI La Granja, en la localidad de Engativa en Bogotá, sitio donde se adelanta la diligencia.
 
Debido al paro judicial este procedimiento no se pudo realizar en el complejo de Paloquemao que ya completa dos meses cerrado.
 
Grabaciones indican que luego del ataque, el intendente Caicedo habló con un comandante de las Farc y le entregó el parte del número de muertos y el 'éxito' del ataque.
 
Lea completa la noticia en: eltiempo.com
 
 

Más información y análisis en: www.opeal.net

Published in Noticias Colombia
Página 6 de 81
Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga Calle 70 No. 7A-29 PBX: 317 79 79 Fax: 317 79 89 Bogotá - Colombia www.icpcolombia.org
Agencia Digital