Venus
OPEAL, un proyecto del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, hace seguimiento permanente a la situación geopolítica, económica, medioambiental y de seguridad de la región así como a la coyuntura de seguridad y la política exterior colombiana.




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La reforma inmigratoria anunciada por el Gobierno Obama en noviembre de 2014 puede convertirse en una oportunidad para redefinir la concepción de inmigración en Estados Unidos. AL ser una deuda pendiente del Gobierno con millones de inmigrantes que hacen parte de la fuerza laboral de dicho país, el asunto de la redefini-ción del mito migratorio no es sólo una cuestión históri-ca, sino profundamente política. Evaluando el cambio en el régimen de inmigración hacia dicho país, este texto argumenta que la noción de “tierra de inmigración” crea-da hace más de un siglo y dirigida a cooptar inmigrantes europeos, se ha convertido en un incentivo a la inmigra-ción para grupos étnicos de diferente proveniencia. Esto ha coincidido con la apertura del debate entre migración regular e irregular que está en la base de la discusión política que se ha gestado hasta hoy. La sugerencia es evaluar la acción ejecutiva de noviembre como una opor-tunidad para encontrar un equilibrio entre las expectati-vas de los inmigrantes en situación de irregularidad y el mantenimiento del orden institucional en EEUU.


Introducción 

 

En la recta final de su gobierno, Barack Obama tiene un margen de acción político bastante más amplio que durante sus años precedentes en la Casa Blanca. Esto es el resultado de haberse librado de la presión de buscar reelegirse –algo que ya logró en 2012- así como –en principio- de la conformación de mayorías republicanas en ambas cámaras del Congreso, ante las que, paradójicamente, tiene todo por ganar. El Presidente demócrata puede así darse el lujo de hacer grandes apuestas políticas, sin ponerse a reparar mucho en los costos personales que esto le habría implicado en el pasado. Un ejemplo de ello es el anuncio de diciembre pasado sobre la intención de redirigir la política de su país hacia Cuba, que une, divide y genera un sin fin de reacciones de diversos matices, en el contexto interno y externo,  pero que en últimas, demuestra la capacidad de acción con la que cuenta hoy el líder estadounidense. Otro gran anuncio –que es a su vez, otra gran apuesta- tiene que ver con la acción ejecutiva sobre inmigración anunciada en noviembre de 2014.

Sobre esta medida, calificada de oportunista por algunos, de último recurso por otros y de “decreto” por muchos,  se ha debatido su origen, su funcionalidad, el rol que juega ante el electorado, su efecto sobre la popularidad del Presidente y hasta su legalidad. De hecho, el pasado 16 de febrero un juez federal de Arizona emitió una decisión que bloquea –por ahora- su implementación, poniendo de nuevo el asunto en las prioridades de la agenda pública estadounidense.  Sin embargo, más allá de debatir los puntos antes mencionados, este análisis busca tocar el trasfondo de esta medida, sugiriendo puntos de observación diferentes al debate político entre demócratas y republicanos que alimentan la discusión. En este documento se busca entonces encontrar el nexo entre la reforma migratoria de Obama y  su efecto  sobre la concepción de EEUU como una “nación de inmigrantes”. Esta definición está en mora de ser ampliada a inmigrantes de diversas etnicidades, que se han formado en el país y hoy hacen parte integral de su sociedad, y que sin embargo carecen de la garantía de muchos de sus derechos fundamentales al no poder regularizar su situación migratoria.

Para esto, primero se agruparán algunos de los hechos y argumentos que formulan el debate actual sobre el tema migratorio en la era Obama II. Luego, se hablará de la evolución histórica del régimen migratorio hacia Estados Unidos y su relación con el mito de este país como tierra de inmigración. Luego se concluirá sugiriendo la necesidad de llegar a un punto de encuentro entre la política y la congruencia histórica con en pro de diseñar una política inmigratoria realmente inclusiva y coherente con la realidad demográfica estadounidense.

 

Una reforma pendiente

 
La propuesta de una reforma integral a la legislación sobre inmigración en Estados Unidos no es un tema nuevo. De hecho, este ha sido un asunto que ha ido y venido muchas veces en la historia de la política de este país. No obstante, la actual reforma del gobierno Obama tiene su origen en el cambio en el patrón migratorio hacia los EEUU que va a tener un pico a finales de los años 90 –algo que se discutirá en la siguiente sección del documento- y el subsiguiente debate político que tomó forma a comienzos de la década pasada. Un par de meses antes de los sucesos del 11 de septiembre de 2001, dos senadores, Richard Durbin (Demócrata por Illinois) y Orrin Hatch (Republicano por Utah) introdujeron en el 107 Congreso el primer esbozo de “reforma migratoria integral” llamada Development, Relief, and Education for Alien Minors –más conocida como DREAM Act-, que buscaba reformar la última ley de 1996, la cual negaba la oportunidad a los menores indocumentados de acceder a la educación superior[1].

Aunque el proyecto contaba en principio con una oportunidad clara de ser aprobado en el Congreso al tener un origen bipartidista, los ataques del 9/11 influyeron en la percepción tanto del electorado como de los mismos legisladores sobre el nexo entre inmigración y seguridad. El origen migrante de las personas que lideraron los ataques, que en algunos casos habían sido educados en Estados Unidos, y la polarización de la opinión pública en medio de la necesidad de respuestas a las acciones de Al Qaeda por parte de la administración Bush, dejaron la discusión sobre el DREAM Act suspendida. Sin embargo, la idea de garantizar el derecho a la educación y a la residencia de una gran cantidad de menores en situación de irregularidad, que se habían formado como estadounidenses, se convirtió en una de las banderas del movimiento pro-inmigrante en EEUU. De cualquier forma, para que el tema volviese a ser incluido en la agenda hubo que esperar a que el clima político se centrara en el recambio presidencial de 2008-2009, el cual estuvo marcado por la política interna que hicieron de la crisis económica y sus temas conexos los elementos definitorios de las elecciones. Así, el asunto de la reforma migratoria volvía a ser tomado en cuenta, sobre todo, ante su posicionamiento como una de las banderas de campaña de Barack Obama, quien a la larga terminó sucediendo a George W. Bush en la presidencia.

 Ya durante el nuevo gobierno, el primer intento por reintroducir el tema dentro de la agenda legislativa vino en 2009, de la mano de los demócratas de ambas cámaras, haciendo eco de la promesa de campaña de Obama. Aunque la reintroducción del DREAM Act como proyecto de ley fracasó ante la oposición republicana, se puso sobre la mesa la posibilidad de que los menores indocumentados que calificaran para los beneficios de esta ley pudieran recibir una Green card –o permiso de residencia- por hasta 6 años si cumplían ciertos requisitos estudiantiles o militares. Esto incluía la obligación de prestar servicio militar por un mínimo de dos años o asistir y terminar una carrera universitaria. Si los requisitos se cumplían, estas personas podrían calificar para la ciudadanía estadounidense. Si no lo hacían, podrían ser sujetos de deportación.

De cualquier forma los republicanos, además de hacer presión política al gobierno demócrata, argumentaron que la propuesta era inviable en términos económicos –ante el ciclo de contracción al que se enfrentaban los Estados Unidos entonces y que cuyas secuelas se sienten hasta la actualidad. No obstante, una nueva versión de reforma, que retoma ciertos elementos de la propuesta inicial comenzó a tomar fuerza. Ésta fue introducida por el demócrata Durbin al Senado en 2011. En esta ocasión, los demócratas buscaron la aprobación de una ley que garantizara un permiso de residencia para personas en situación de irregularidad de entre 12 y 35 años en el momento en que la ley fuese promulgada, que hubiesen arribado a los EEUU antes de haber cumplido 16 años, hubiesen vivido en el país por al menos 5 años y se hubiesen o bien graduado de un colegio estadounidense o bien obtenido un Diploma de Educación General (GED), además de contar con un historial criminal completamente limpio. La oposición republicana se hizo sentir al no aprobar los términos de esta propuesta, lo que llevó al Presidente Obama ya en 2012, en medio de la búsqueda de su reelección, a tomar medidas de carácter ejecutivo. El resultado de la acción –calificada por algunos de decreto- fue el hasta hoy vigente DACA o Deferred Action for Childhood Arrivals.

Esta acción ejecutiva, anunciada el 15 de junio de 2012, tuvo como propósito evitar “la deportación de jóvenes indocumentados que hubiesen llegado a los EEUU durante su niñez”[2].  El “aplazamiento” (deferred action) hace referencia a garantizar un permiso de estadía provisional a aquellas personas que estuvieran bajo las condiciones descritas anteriormente, que no pudieron ser conciliadas en el Senado entre los dos partidos en 2011. Entre el anuncio de Obama de 2012 y julio de 2014, unas 680.000 personas se habrían postulado para este beneficio, de las cuales a unas 587.366 se les habría garantizado el permiso de residencia provisional bajo las condiciones de estudio o servicio militar[3]. Sin embargo, tanto sectores del partido demócrata –incluyendo el círculo más cercano del Presidente Obama-  como buena parte del movimiento pro-reforma de los EEUU seguían considerando que estas acciones no eran suficientes.

Hasta noviembre de 2014, es bien posible que Obama y el grupo de demócratas pro-reforma, guardaran ciertas esperanzas con respecto a reintroducir un proyecto de ley que retomara el DREAM Act en la cámara baja del Congreso. Sin embargo, las elecciones que se llevaron a cabo en ese mes dejaron al partido republicano con la mayoría en dicha cámara, garantizándoles el dominio absoluto del Congreso, así como borró cualquier esperanza de llegar a un arreglo negociado entre los partidos mayoritarios. Ante esto, el 14 de dicho mes, el Presidente Obama anunció a través de un discurso televisado una nueva acción ejecutiva al respecto. Ésta en la práctica no es sino una extensión de los términos del DACA de 2012, que amplía el universo de las personas elegibles para el programa, a unos 5 millones, bajo las mismas condiciones anteriormente establecidas. Sin embargo, la relevancia de esta acción radica en que su valor político es estructuralmente más profundo que cualquier otra medida que se haya tomado en la historia reciente de Estados Unidos en torno al asunto migratorio.

Lo primero que habría que decir al respecto es que esta acción va mucho más allá de la necesidad de un partido político de cultivar votos. Las minorías migrantes más representativas (como los hispanos o los asiáticos) no son conjuntos homogéneos que están necesariamente de acuerdo con el ánimo reformista demócrata, como varios análisis lo quieren hacer ver. De hecho, la inmigración no es un tema que ocupa forzosamente todo el espectro de la intención de voto de estas personas. De hecho, según el Pew Research Center, los temas que más preocupan a los electores hispanos en EEUU son los mismos que le interesan al resto del electorado: empleo, situación económica, educación y seguridad[4]. Además, muchos de los inmigrantes que han obtenido por una u otra razón derechos de residencia y han regularizado su situación, hacen parte de aquellos que están en contra de las reformas. Varios son parte de grupos como la Federation for American Immigration Reform, sin afiliación partidista, que está en contra del DREAM Act, al considerarla una “amnistía” que traería consigo nuevos flujos de migrantes irregulares –que competirían en apariencia por sus empleos-[5].

Además, los ejemplos sobran una vez se investiga sobre el legado de migrantes recientes en la conformación y fortalecimiento del movimiento en contra de la reforma al interior del partido republicano. Uno es el del Cubano-americano Marco Rubio, migrante de segunda generación, quien además de ser el más acérrimo crítico de la nueva postura de Obama hacia Cuba, es uno de los principales opositores a ampliar el espectro de regularización para muchas de las personas que llegan y viven “en la sombra” en EEUU. Otro republicano de origen migrante y en contra de la reforma inmigratoria de Obama es Ted Cruz, quien ha tenido un rol protagónico en el desarrollo del asunto en Texas, uno de los Estados con mayor proporción de población migrante en EEUU luego de California, New Jersey y Florida[6].

Todo esto se gesta en un contexto en el que la administración Obama toma una acción que, si bien tiene un efecto sobre la dinámica electoral estadounidense, está respondiendo a su vez a la creciente necesidad de redefinir uno de los mitos fundacionales del país: Estados Unidos como una nación de inmigrantes. La organización de este debate, que cuenta con un enorme componente político, es un asunto pendiente. Esto es cierto en tanto buena parte de las personas que son consideradas como inmigrantes irregulares y que tienen diversos orígenes étnicos que difieren de la identidad blanca y cristiana que se ha formado en EEUU, han llegado a ese país motivados en parte por un ideal universal en apariencia, pero estrechamente delimitado en la realidad.

 

EEUU: Una nación de (muchos tipos) de inmigrantes

 

Una de las frases más repetidas por migrantes y no migrantes, regulares e irregulares, políticos y personas del común en EEUU es que su país es una tierra de inmigrantes. Las imágenes del arribo del Mayflower a la costa este en el siglo XVII  trayendo a aquellos perseguidos religiosos llegados desde las islas británicas se entremezclan con las de alemanes, escandinavos, irlandeses y muchos otros europeos que entraron por Ellis Island en Nueva York durante la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del XX. Estos dos elementos fueron piedras angulares del mito que da origen a la grandeza de la nación americana, obviando de una forma abrupta los procesos de inmigración forzada desde África por tres siglos hacia las plantaciones del sur y una cantidad aún desconocida pero tremendamente significativa de trabajadores no abonados[1] provenientes de Asia y México mucho antes de que EEUU se convirtiera en una potencia con una vocación realmente global.

Y aunque son millones los estudiantes de las escuelas estadounidenses que abordan estos hechos históricos al tiempo que repiten el pledge of allegiance e invocan a los padres fundadores que garantizaron una tierra de igualdad, oportunidades y libertades para todos, lo cierto es que están aprendiendo que EEUU se concibe a sí misma como nación de inmigrantes blancos y cristianos y que el modelo de conducta y el deber ser individual, reproduce el sistema de valores asociado a este origen. De ahí que los problemas derivados de las diferencias raciales, el posicionamiento económico de unos grupos étnicos sobre otros y en sí, que la política de “raza” –un término odioso y deslegitimado hoy en día- hagan parte fundamental de la historia reciente del país.

Hoy, la mayoría blanca heredera de estos inmigrantes se relaciona en términos de igualdad jurídica no sólo con los sucesores de millones de afroamericanos. También lo hacen con una pluralidad de inmigrantes que han alcanzado la regularidad –de la que los hispanos son solo una parte- que han llegado por oleadas a EEUU en los últimos 70 años. Hoy el legado de esta inmigración está presente en minorías bien visibles tanto política como socio-económicamente. Socialmente, el resultado es la diversificación étnica del país. Ante esto, hay que tener en cuenta el valor del régimen migratorio actual, el cual no se parece mucho –al menos culturalmente hablando- al de finales del siglo XIX y comienzos del XX cuando el país se convirtió en lo suficientemente fuerte como para ejercer dominio territorial efectivo sobre toda su extensión, a través de sus inmigrantes blancos, cristianos y europeos. Todo esto en suma, hace pensar que el mito fundacional original podría estar atravesando por una crisis de legitimidad.

Para argumentar lo anterior hay que tener en cuenta varios factores. Primero, y lo más evidente, hace referencia a la composición demográfica de los Estados Unidos que dista en mucho de ser homogénea, y cuyo desarrollo depende en buena medida de la evolución reciente de los flujos migratorios hacia dicho país. Si bien es cierto que poco más del 70% de la población total de los EEUU se identificaba en 2010 como “blanca”, los hispanos serían al mismo tiempo algo más del 13%, los afro-americanos algo más del 12 % y los asiático-americanos se acercarían al 5 % de la población[2]. Además, la categoría “blanco” es un término que ha atravesado por una evolución conceptual a través de la historia. Este término primero trató de diferenciar a colonos de origen británico de los esclavos importados de África durante la época colonial. Luego fue ampliado desde el espectro puramente anglosajón a los europeos del norte y el centro de Europa haca aquellos que llegaron desde el sur y el oriente de dicho continente.

Segundo, hay que tomar como referencia los campos laborales en los que estas nuevas generaciones de inmigrantes se desempeñan hasta hoy y el espacio al que se han ido haciendo de acuerdo a su permanencia en la sociedad de EEUU. De hecho, durante el siglo XX la demanda por inmigrantes de todo tipo aumentó. Esta era alimentada por la necesidad de trabajadores dispuestos a tomar oficios tipo 3D –dirty, dangerous and difficult- pero también por aquellos prestos a ocupar puestos de más alta calificación –en ámbitos como cuidado de niños, ancianos y enfermos o buscando el arribo de personas altísimamente calificadas en temas de innovación y tecnología-. Esto rompe con la postura un tanto esencialista que sostiene la idea que los inmigrantes solo hacen parte de la base de la pirámide socioeconómica del país y que con esto su inclusión en la vida política tiende a verse coartada. Al ingresar en trabajos de diferente índole, estas personas comenzaron también a hacer parte de discusiones políticas sustanciales así como de procesos de toma de decisión, directos e indirectos, que han fortalecido la participación de una diversidad de grupos étnicos que hoy se reconocen ellos mismos bajo la etiqueta de “estadounidenses”.

Tercero, hay que subrayar la relación entre la cantidad de arribos y la diversificación de sus lugares de proveniencia. La migración neta se ha mantenido positiva desde la segunda mitad del siglo XX pese a las políticas restrictivas, las crisis y los periodos de contracción económica. Para comienzos de este siglo, ya eran más de 50 millones las personas que habían migrado a los EEUU provenientes de América Latina, el sudeste asiático, China y en menor medida de África subsahariana. En términos de impacto cultural, habría que tener en cuenta también a sus hijos y nietos, inmigrantes de segunda y tercera generación, que comparten muchas veces una gran parte del acervo de sus ancestros. Estos desplazamientos, por otra parte, fueron el resultado de contar con un capital mínimo para emprender la travesía, la intención de escapar de procesos políticos y económicos que ponían en riesgo la propia supervivencia de los inmigrantes o del efecto del soft power de EEUU, que en su versión del sueño americano, había hecho mella y se había convertido en un incentivo más para migrar. Muchas veces el haber culminado el proceso migratorio con éxito, algo ganado a pulso, se convirtió para los individuos en un elemento legítimo para reclamar el derecho a permanecer en el destino y con ellos su cultura, más aún, en un lugar que se presenta como tierra de inmigración.

Así la de EEUU se fue volviendo una población profundamente multicultural, descriptivamente hablando.  Este proceso se vio acentuado al final de la guerra fría, ante un nuevo pico de inmigración, que se compuso en buena medida por personas provenientes de antiguos países comunistas –entre ellos personas de la ex URSS, del este de la ex cortina de hierro, de la antigua Yugoslavia que atravesaba por una profunda crisis humanitaria, y de China popular, que se comenzaba a insertar en el proceso de globalización al entreabrir sus fronteras para muchos chinos a quienes se les había negado su salida durante varias décadas. Conforme el mapa se fue transformando, el asunto siguió ganando relevancia en términos de la agenda política de ambos partidos mayoritarios, así como de la opinión pública en general. A nadie se le ocurrió entonces – y aún a pocos se les ocurre ahora- calificar de irregular a los colonos suecos de Minnesota o a los alemanes de Wisconsin que se hicieron con  tierras en el siglo XIX, sin necesidad de presentar pasaportes o visas de residencia. Pero la asociación con la condición de irregularidad entre el wetback mexicano o el taxista indio es mucho más evidente, haciendo por momentos, parte de la cultura popular del país.

De cualquier forma, el actual mapa demográfico de los EEUU es en buena medida el resultado de la sumatoria de estos procesos migratorios. También, la conceptualización del asunto como un tema que raya con la criminalización de aquellos que inmigran y viven en el país de manera irregular responde a un proceso relativamente reciente, que coincide con la diversificación de los orígenes de los inmigrantes hacia EEUU. Cuando se asocian estos dos elementos con la concepción imperante de “nación de inmigración”, definida en términos raciales y de una identidad cristiana, es evidente que hay ambivalencias de cara a la composición demográfica del país.

 En el medio de la discusión, por una parte, quedan muchos que desde el nivel político quieren hacer más inclusiva la noción de esa “tierra de todos”, garantizando reglas claras y preferencias para que a miles de inmigrantes que llegaron siendo niños a EEUU y que son en la práctica parte íntegra de la nación se les garanticen los derechos prometidos por los padres fundadores. Por otra parte, quedan los que basados en su ánimo partidista, el miedo, la racionalidad económica o su apego al orden establecido, ven en la reforma inmigratoria un premio al rompimiento del orden institucional estadounidense, que es tanto un pilar de la nación como la inmigración. Sin embargo, en cualquiera de los casos, el trasfondo se alimenta de un amplio componente cultural que debe ser delimitado a través de la labor política: el ideal de la inmigración, la libertad y la democracia raya con las aspiraciones individuales de muchos inmigrantes que son hoy irregulares. Al parecer hay una contradicción entre la idea de “una tierra de todos” y la percepción de la irregularidad de la migración. De ahí la importancia de la acción de Obama. Ésta es entonces una oportunidad para redefinir los fundamentos que sostienen el mito hasta hoy.

 

Conclusión

 

La reforma de Obama, más por la forma en que fue presentada que por su contenido programático, se convierte en un punto de partida que trata de aterrizar la dualidad entre las aspiraciones de muchos inmigrantes y el orden institucional estadounidense. La gran mayoría de las personas que esta reforma ampara se apegan a las normas y la vida estadounidense, aportan a la construcción institucional del modelo y pagan impuestos como residentes y ciudadanos comunes. Y en la gran mayoría de los casos esto lo hacen sin que el Estado les garantice la totalidad de los derechos de los que otros son sujeto. La acción ejecutiva de Obama entonces, se convierte en un mecanismo de reconocimiento institucional a estas miles de personas, frente a la adversidad de no poder conciliar una medida mucho más extensa ante las presiones partidistas y el juego de la política entre demócratas y republicanos.

Este impulso liderado por el Presidente de EEUU, que si bien cuenta con una parte de valentía y astucia política representa también una serie de intereses tanto económicos como de varios de sus stakeholders,  se convierte en una oportunidad de oro para comenzar a llevar a cabo un debate serio sobre la dimensión real de la inclusión de los inmigrantes en la vida estadounidense y las expectativas que se han formado en ellos a través del mito sobre la nación de inmigración. La intención entonces es apelar a la definición de un concepto de nación en la que la inmigración sea una característica realmente inclusiva, definida bajo premisas contemporáneas y no sobre la base de un periodo de migración masiva que dista  de reflejar la realidad de la composición demográfica de hoy. Esta inclusión se debe redefinir en términos de los múltiples orígenes culturales de los miembros de la sociedad actual y no únicamente apelando a la imagen del inmigrante europeo, blanco y cristiano del siglo XIX y comienzos del XX. En pro de este proceso, a importancia de la acción de Obama radica en que reconoce abierta y decididamente el esfuerzo de millones de personas de diversos orígenes por hacer parte proactiva de la sociedad estadounidense desde la sombra de la irregularidad, aun cuando sus aspiraciones han sido fundadas intencionalmente sobre espejismos de libertad e inclusión.

Sin duda, otros puntos deben ser incluidos en este debate, como el nexo entre migración y seguridad, la economía política de este tipo de acciones y la reacción de los muchos grupos de presión ante el debate. Sin embargo estos serían los temas de futuras aproximaciones al tema.+++

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Mauricio Palma Gutiérrez

Investigador OPEAL y Profesor de Relaciones Internacionales, Universidad del Rosario.

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[1]El término es una traducción del concepto de Indentured Migrant, o el migrante que se desplaza a cumplir con un contrato de trabajo que implica la remuneración de sus costos de desplazamiento, alojamiento y alimentación. Hoy el sistema ha sido desmontado en EEUU, aunque su dinámica prevalece en los contratosKafala en oriente medio así como es una práctica recurrente entre traficantes de personas alrededor del mundo.  

[2]Ver: Censo de EEUU 2010, en http://www.census.gov/2010census/



[1]Ver texto completo del proyecto de ley: https://www.congress.gov/bill/107th-congress/senate-bill/1291/text

[2]Ver: http://www.nilc.org/FAQdeferredactionyouth.html

[3]Ver: https://www.americanprogress.org/issues/immigration/report/2014/11/19/101868/how-daca-has-improved-the-lives-of-undocumented-young-people/

[4]Ver: López, M. & González, A. (2013) Inside the Latino Electorate. Disponible en http://www.pewhispanic.org/2013/06/03/inside-the-2012-latino-electorate/

[5]Ver: http://www.fairus.org/DocServer/FAIR_True_Immigration_Reform_12-6-13.pdf

[6]Ver: http://quickfacts.census.gov/qfd/states/00000.html

 
 
Published in Análisis OPEAL
Viernes, 05 Diciembre 2014 19:17

Piedras al agua

Recientemente, ha crecido el maltrato a la comunidad nacional más importante en Venezuela, los colombianos. ¿Puede esto tener algún efecto en las elecciones de Asamblea Nacional del próximo año?

Colombianos, no contrabandistas.

A diferencia del pueblo colombiano el venezolano es un crisol de diferentes nacionalidades españoles, peninsulares y canarios, portugueses, italianos, algunos centro-europeos, incluso algunos latinoamericanos que encontraron en la Venecia Suramericana refugio de las dictaduras de la segunda mitad del siglo XX. Al igual que los colombianos también tienen una presencia importante de los sirio-libaneses, mal llamados turcos. Pero de todas las migraciones a Venezuela la más importante es la de los colombianos.
 
Durante los años de la Venezuela-saudita, como se denominó al período de esplendor por la renta petrolera, primer gobierno de Carlos Andrés Pérez (1974-1979), muchos colombianos de origen humilde se dirigieron al vecino país en busca del “Sueño Venezolano”, una versión del “Sueño Americano”. Las cifras nunca han sido claras, algunas fuentes conservadoras hablan de uno o dos millones de compatriotas radicados en territorio venezolano, otras fuentes llegan a los tres o cuatro millones diseminados a lo largo y ancho del país, pero con fuerte presencia en la zona fronteriza y en la Gran Caracas.
 
Con una población de poco más de 27 millones de habitantes, según el Censo de 2011, la migración colombiana no es nada despreciable. Durante décadas, los años 70, 80 y 90, fue un tema importante de la agenda bilateral entre los dos Estados, los colombianos ilegales eran acusados de ofrecer la mano de obra barata, lo que atentaba contra las conquistas sindicales, y más grave aún de prostitución y delincuencia. A diferencia de las migraciones europeas la colombiana era percibida de forma negativa.
 
No obstante con el pasar de los años y por su arraigado espíritu de trabajo los colombianos fueron cautivando las diferentes comunidades donde llegaban. Mujeres dedicadas a las labores domésticas criaron y educaron una generación de venezolanos. Fueron surgiendo los vínculos familiares y de amistad que convirtieron a los colombianos en un componente de la sociedad venezolana, al punto que se puede afirmar que no existe una sola familia que no cuente entre sus miembros con alguien de origen colombiano.
 
Para muchos de estos compatriotas el mejor presidente de Venezuela fue Hugo Chávez (1999-2013). Muchos de ellos se declaran abiertamente oficialistas y siguen votando por el Partido Socialista Unido de Venezuela -PSUV-, aún después de su muerte. Ello se debe a que gracias a Chávez cambiaron su condición de ilegalidad y adquirieron la ciudadanía venezolana con todos los derechos y prebendas que tiene esa condición en un Estado paternalista: acceso a la educación, a la salud, y a todo el abanico de subsidios y beneficios.
 
Pero con la llegada al poder de Nicolás Maduro, 19 de abril de 2013, y unos meses antes la de José Gregorio Vielma Mora a la Gobernación del Táchira, el 21 de diciembre de 2012, las cosas empezaron a cambiar. La virulencia del discurso oficialista nacional y estadal contra los colombianos, el trato de contrabandistas y paramilitares con el que se ha asociado la nacionalidad, sumada a la desquiciada persecución por parte de la Guardia Nacional y el tratamiento como delincuentes a los que solo buscan comprar una crema o pasta de dientes es producto de un sentimiento anti-colombiano que es promovido por el oficialismo.
 
A lo que se suma la caducidad de las cédulas venezolanas de muchos de los que fueron regularizados en 2004 por el entonces presidente Chávez, de cara al referendo revocatorio con el cual se le pretendía sacar democráticamente del poder. Hoy diez años después de que el voto de esos colombianos reconocidos como venezolanos fue uno de los factores que evitó la salida de Chávez, la negativa de renovación del documento público por las autoridades venezolanas, el cual empieza a ser denunciado por los medios de comunicación se está convirtiendo en un problema cada vez más grave de la relación bilateral. Los colombianos-venezolanos no pueden acceder a los productos de la canasta básica si no tienen su documento de identidad vigente.
 
El contrabando de extracción que el gobierno venezolano ha identificado como uno de sus principales problemas económicos no es causado por los colombianos que viven o visitan Venezuela como han querido asumir las autoridades, sino el resultado de un modelo económico que ha distorsionado las relaciones comerciales naturales entre dos países que comparten frontera.
 
La pregunta que debe hacerse el oficialismo y la oposición venezolana es: ¿El maltrato a la comunidad nacional más importante en Venezuela, los colombianos, puede tener algún efecto en las elecciones de Asamblea Nacional del próximo año?
 
Ronal F. Rodríguez
Profesor e investigador del Observatorio de Venezuela de las Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Presidente de la Fundación SurContinente. 
ronal.rodríEsta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
 

Foto: Globovisión, Flickr, Creative Commons

 
 
 
 
 
 
Lunes, 01 Diciembre 2014 17:36

Reforma migratoria en Estados Unidos

Domingo, 30 de noviembre de 2014

Mauricio Palma, Investigador del Observatorio de Política y Estrategia en América Latina del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga y profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario discutió en LAUD 90.4 Esteréo el alcance y la naturaleza del anuncio hecho por el Presidente de EEUU Barack Obama sobre una reforma migratoria en ese país. Lo acompañaron el equipo del Instituto para la pedagogía, la paz y el instituto urbano -Ipazud- de la Universidad Distrital y Johan Antolinez, profesor de la Universidad del Rosario.

Escuche el audio aquí:

Published in OPEAL en los medios

fronterachile

Lunes 10 de Junio de 2013

Autor: Luis Esteban G. Manrique

Hasta los años cincuenta del siglo pasado, América Latina no dejó de atraer inmigrantes. Entre los años ochenta del siglo XIX y la primera mitad del XX, la región recibió 11 millones de europeos: 38% de ellos eran italianos, 28% españoles y 11% portugueses. La mitad se asentó en Argentina y casi un tercio en Brasil.

Hasta 1970 la región tenía una de las proporciones más bajas de emigrantes en relación a su población. La crisis económica de los años ochenta lo cambió todo. Solo considerando la migración hacia EEUU, la Cepal calculó que el número de sus emigrantes pasó de 1,5 millones en 1960 (0,7% de la población total) a 11 millones en 1990 (2,5%) a pesar de tener la menor densidad demográfica del mundo después de Oceanía.

Hacia 2000, los latinoamericanos representaban una de las corrientes migratorias más importantes del mundo, con un 10% del total mundial. En los años ochenta, los flujos de emigrantes mexicanos hacia EEUU fueron uno de los más intensos registrados nunca a escala mundial. En el caso ecuatoriano, se produjo una emigración rural transatlántica hacia España e Italia por primera vez desde los años veinte, cuando llegaron los últimos grandes contingentes de campesinos italianos y españoles a las Américas.

Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las remesas de los inmigrantes latinoamericanos alcanzaron en 2003 32.000 millones de dólares, equivalente al 2% del PIB regional. En Honduras y El Salvador esos flujos de capitales se han convertido en su principal fuente de divisas.

La tendencia se revierte

Pero algo está cambiando de nuevo en el continente. Hoy casi es más fácil ver jóvenes españoles vendiendo artesanías en la Plaza De Armas del Cusco que músicos peruanos tocando quenas y sicuris en la Plaza Mayor de Madrid. No es extraño. Mientras el desempleo entre los menores de 25 años en España supera el 50%, la economía peruana viene creciendo a una media del 6% anual desde hace más de una década.

La inmigración española hacia la región se ha triplicado en el último lustro. Hoy la ciudad de México está llena de bares de tapas españoles mientras las pastelerías portuguesas se multiplican en los barrios paulistas. En 2004, 312 españoles y 202 italianos pidieron permisos de residencia en Buenos Aires. En 2011 esas cifras fueron 2.279 y 1.800, respectivamente.

Según la Jefatura Nacional de Extranjería de Chile, en los primeros cuatro meses de este año, se concedieron un 46,8% más visados de residencia que en el mismo periodo de 2012. Los obtenidos por españoles son los que más aumentaron entre 2011 (931) y 2012 (2.191), un 135% más.

Según un reciente estudio publicado en el American Quarterly por dos profesores de la Universidad Complutense de Madrid, entre 2011 y 2012 el número de españoles residentes en el extranjero aumentó un 6,7%. De los 1,8 millones de españoles que vivían hoy fuera de su país, el 57% está en América Latina.

Aunque un número importante de ellos son nietos de españoles que han adquirido la nacionalidad en los últimos años y latinoamericanos retornados después de vivir en España, el fenómeno es notable, sobre todo si se tiene en cuenta la rapidez con la que se han vuelto las tornas. La cadena española de hoteles Barceló, que tiene 29 hoteles en la región, tiene tantas solicitudes de potenciales inmigrantes españoles que ya no convoca plazas para trabajadores locales.

Algo similar sucede en Portugal. Un 2% de su población portuguesa –unas 240.000 personas– ha emigrado desde 2011, la mayor parte hacia Brasil y Angola. El Banco Mundial estima que hoy las remesas enviadas por portugueses a sus familiares desde Brasil exceden de lejos las remitidas en dirección contraria. Los españoles en Argentina envían hoy a casa más de 1.000 millones de dólares anuales, cuatro veces más que en sentido contrario.

Brasil, que ha creado 12,5 millones de puestos de trabajo en el sector formal en los últimos ocho años, admite hoy a más inmigrantes legales de Europa y EEUU que de sus propios vecinos suramericanos. Debido a su denso tejido industrial, Brasil y México necesitan cada vez más inmigrantes calificados y con experiencia para sostener su crecimiento.

Según The Economist, el 71% de las compañías brasileñas tiene dificultades para contratar personal cualificado, sobre todo en ingenierías, informática y ciencias exactas aplicadas. Aunque la región representa hoy el 8% del PIB mundial, dos veces más que en 2003, solo representa el 3% de la inversión en I+D, frente al 30% de Asia.

Según el QS World University Rankings, en filosofía hay tres universidades latinoamericanas entre las mejores 50 del mundo (la mexicana UNAM, la Universidad de Sao Paulo y la Universidad de Campiñas de Brasil), pero no hay una sola universidad latinoamericana entre las mejores 50 del mundo en física, química, ingenierías o informática.

La agencia de empleo Manpower estima que un ingeniero petrolero puede ganar en Brasil un 20% más que en Europa. Pero para aprovechar mejor el talento foráneo, muchas cosas tienen que cambiar. Mientras que en EEUU un 10% de la población nació fuera del país, en México ese porcentaje es apenas del 1% y en Brasil del 0,3%. Según el código laboral chileno, solo un 15% de los trabajadores de una empresa pueden ser extranjeros.

Otra de las asignaturas pendientes es la homologación de títulos profesionales. Hoy la validación de un título para un extranjero es un trámite kafkiano. En Brasil se necesitan unos seis meses para obtener un visado de residencia con permiso de trabajo y para muchos puestos se requiere aprobar exámenes en portugués. En México los extranjeros no pueden comprar propiedades inmobiliarias en zonas fronterizas o costeras o invertir en determinadas industrias.

Inmigración clandestina

El nuevo atractivo latinoamericano para la inmigración internacional ha comenzado a crear problemas no muy distintos a los que tienen los países desarrollados. Hace unas semanas, el estado brasileño de Acre tuvo que pedir ayudas al gobierno federal para contener una oleada de inmigrantes indocumentados venidos de países tan lejanos como Bangladesh, Senegal, Pakistán o Nigeria que ingresan al país clandestinamente a través de rutas controladas por organizaciones de traficantes de personas y cuyas redes se extienden desde Asia y África al Caribe y los países andinos.

Desde 2010, unos 5.000 haitianos han llegado a Acre. La mayoría de los indocumentados que son detenidos, son alojados en refugios temporales, estadios de fútbol o naves industriales que carecen de mínimas condiciones para albergar personas.

Hasta un 10% de la población actual de Acre está formada por inmigrantes que han llegado al país en los últimos dos años.

Muchos de ellos son haitianos que llegan a través de Panamá, Ecuador, Perú y Bolivia, donde pagan a ‘coyotes’ para que les crucen la frontera. Los senegaleses van primero a Marruecos y a España, desde donde vuelan a Ecuador y luego viajan por tierra a Brasil. Su destino final preferido es Sao Paulo, Brasilia y Río de Janeiro, donde la policía ha descubierto talleres textiles clandestinos donde los indocumentados asiáticos y africanos trabajan en condiciones de semiesclavitud para poder devolver los 10.000 dólares que pagan a las organizaciones que controlan las redes de tráfico de personas.

El boom de la inmigración intra-regional

Un fenómeno paralelo es la migración intra-regional en Suramérica. Según datos recientes de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), Argentina, Brasil, Chile y Uruguay se han convertido en los países que están atrayendo mayores flujos de inmigrantes de la región. En la última década, unos 700.000 suramericanos salieron de sus países para ir a vivir a un país vecino.

Del total, unos 500.000 fueron a Argentina, un país en el que 1.579.000 extranjeros solicitaron la residencia entre 2004 y 2012, según datos oficiales. Mientras que en 2004 se otorgaron 5.000 permisos de residencia a paraguayos, en 2012 fueron 177.593. En el caso de los bolivianos, la cifra pasó de 10.496 en 2004 a 86.509 el año pasado. En los últimos ocho años, 47.758 colombianos han solicitado residencia en el país.

Entre 2000 a 2011, Uruguay recibió alrededor de 25.000 extranjeros, un 35% de ellos argentinos, seguidos de brasileños y españoles, con el 16% cada uno. Los italianos representan 7% de los extranjeros y los peruanos el 4%.

Desde 2002, Chile ha duplicado el número de extranjeros registrados como residentes. En 2002 el país tenía 84.464, hoy son 370.000, un 66% de ellos suramericanos. Los más numerosos son los peruanos, seguidos de argentinos y bolivianos. Pero los inmigrantes colombianos aumentaron en un 252% en la última década. En 2011 se concedieron 93.000 permisos de residencia. En 2012 fueron casi 120.000.

Venezuela, que antes fue un importante receptor de inmigrantes suramericanos, sobre todo colombianos y peruanos –pero también argentinos y chilenos durante el último periodo de regímenes militares en el Cono Sur–, hoy se ha convertido en un exportador neto de personas. El año pasado, la Oficina de Migración de Colombia registró la entrada de 181.674 venezolanos para residir en el país de forma permanente.

También el año pasado España recibió 3.881 solicitudes de residencia de venezolanos. En 2010, 215.023 venezolanos pidieron residencia en EEUU. Quienes llegan a Venezuela hoy desde el exterior lo hacen por razones políticas, especialmente desde Cuba, Irán y Rusia. Solo la llamada ‘Misión Barrio Adentro’, un convenio de colaboración médica suscrito entre Venezuela y Cuba, ha llevado a 44.800 cubanos a Venezuela. Con todo, los colombianos siguen siendo el grupo más numeroso en Venezuela, con cuatro millones de inmigrantes. De ellos, 870.000 han adquirido la nacionalidad venezolana y otros 202.000 tiene estatuto de refugiados.

Disponible en: www.infolatam.com

 

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el país

Lunes 28 de Enero de 2013

Autor: Cristina F. Pereda


El senador republicano, John McCain, representa al Estado de Arizona,
uno de los más afectados por la inmigración ilegal. / ALEX WONG (AFP)

Un grupo de senadores demócratas y republicanos ha acordado las bases para reformar el sistema de inmigración de Estados Unidos, incluida la legalización de 11 millones de indocumentados. El pacto, que será presentado este lunes por la tarde y ha sido adelantado por varios medios estadounidenses, llega un día antes de que el presidente Obama ofrezca el primer mitin de su segundo mandato en Las Vegas, Nevada, para pedir públicamente al Congreso que apruebe la reforma.

El ambicioso acuerdo incluye además el principal requisito del Partido Demócrata con respecto a la reforma: abordarla a través de una sola ley y no con varias medidas independientes, una estrategia preferida por los Republicanos ya que permitiría a algunos legisladores respaldar algunos cambios mientras se oponen al más polémico, la legalización de los indocumentados.

“Mira las últimas elecciones. Estamos perdiendo el voto hispano de manera dramática, y pensamos que debería ser nuestro”, declaró este domigno el senador republicano John McCain en la cadena ABC, en referencia a la victoria de Obama en noviembre, con 7 de cada 10 votos hispanos. “No podemos vivir para siempre con 11 millones de personas en las sombras”. McCain, uno de los líderes de su partido en materia de inmigración, y principal defensor de la reforma fallida de 2007, ha rechazado en los últimos cuatro años cualquier medida similar. Su presencia en este acuerdo puede conseguir todavía más apoyos entre las filas republicanas.

Se espera que el Senado presente una ley para la reforma el próximo mes de marzo y que la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, también plantee su propio proyecto. A pesar de la buena acogida que ha recibido el acuerdo bipartidista y de que el presidente Obama haya declarado que la reforma migratoria es una de sus mayores prioridades de su segundo mandato, el debate de la reforma y su eventual aprobación podría alargarse finales de año.a propuesta de los ocho senadores -cuatro demócratas y cuatro republicanos- incluye la creación de un proceso, “duro pero justo” para que los 11 millones de personas que se estima residen en EE UU ilegalmente se registren en un sistema federal, paguen impuestos correspondientes a todos los años que han vivido en el país y consigan una autorización para vivir y trabajar temporalmente. Sólo después obtendrían una ‘green card’, como se conoce al permiso de residencia.

El texto presentado este lunes incluye también una reforma del sistema para “crear un sistema de verificación de trabajadores que impedirá la falsificación de documentos de identidad y terminará con la contratación de empleados indocumentados”, establecerá “condiciones especiales” para regularizar a jóvenes indocumentados que hayan estudiado en el sistema estadounidense y para trabajadores agrícolas “que han desempeñado una labor importante y complicada mientras obtenían salarios de subsistencia”.

El plan bipartidista establece además que este proceso no podrá arrancar hasta que no se hayan cumplido determinadas condiciones de seguridad en la frontera, para impedir el acceso de nuevos indocumentados. La falta de especificaciones con respecto a qué se considera una frontera 100% segura, sin embargo, puede ralentizar el avance de la propuesta. Los senadores afirman que será necesario crear un comité de gobernadores, líderes de la comunidad hispana y representantes de las fuerzas de seguridad de los estados fronterizos y que ellos determinarán el momento en que EE UU puede confiar en una frontera impermeable.

Mientras tanto, los 11 millones de indocumentados podrán darse de alta en un registro, pagar una multa por entrar ilegalmente en el país -está considerado un delito civil- y los impuestos de todos los años en los que han vivido en EE UU. Las autoridades federales comprobarán que los candidatos a la residencia no han cometido ningún delito criminal y, de ser así, podrían ser deportados automáticamente. Los que cumplan con todos estos requisitos podrán solicitar la regularización, para lo que encontrarán nuevas condiciones: “demostrar historial de empleo, puesto de trabajo actual, aprender inglés y ciudadanía”.

Según la propuesta, los solicitantes que cumplan con todas las condiciones sólo recibirán su ‘green card’ una vez que la hayan recibido todos aquellos que la hubieran solicitado por vías tradicionales antes de ser aprobada la reforma. El período de espera para conseguir un permiso de residencia supone entre seis y 24 meses, por lo que el proceso de regularización de 11 millones de indocumentados no se producirá de manera automática.

Disponible en: internacional.elpais.com

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Miércoles, 31 Octubre 2012 15:58

Latin Lessons

foreign_affairs

 

 

Por: Ray Suarez

Octubre, 2012

 

 

Who Are Hispanic Americans, and How Will They Vote?

Protesting Arizona's controversial immigration law, May 1, 2010 (Reuters / Jonathan Ernst)

In June, as the U.S. Supreme Court ruled on Arizona's controversial immigration law and the Obama administration announced a significant change in U.S. deportation policies, the country's roughly 50 million Latino residents were once again transformed from a diverse collection of individuals into an ethnic bloc and then into a political issue in the 2012 campaign season. It was hardly the first time, and it will certainly not be the last, as the U.S. government and American society and political culture struggle to make sense of the country's rapidly shifting demographics. 

By now, the main questions have become familiar. How many Latino voters are there? What do they care about? Are they conservative or liberal? Republicans or Democrats? Will Candidate X figure out how to appeal to them? Will they vote in November? If they overperform in the census but underperform at the polls, does it matter that Latino populations seem to be growing quickly in hotly contested swing states? 

What has also become familiar is the lack of good answers to these questions, notwithstanding the many commentators, most of them not Latino, who confidently hold forth on the subject on talk radio and cable news, even though they tend to have rather modest firsthand knowledge of the country's Latino communities and, worse yet, rarely offer any hard data to ground their punditry in reality.

Latinos in the New Millennium represents a potential antidote to this vapid discourse and a data-rich corrective to the stereotypes that too often define Hispanics in the United States. Aptly describing the book as an almanac, its authors, a group of academic experts, have collected and synthesized a massive quantity of data on the political and personal sentiments of Latinos across all lines of national origin, citizenship and immigration status, and income and educational levels. Their findings simultaneously clarify and complicate the reductive portrait of Latinos that frames discussions of their social and political relevance. 

 

 

Disponible en: www.foreignaffairs.com

 

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By rachel Glickhouse

Despite the fact that US immigration reform is seemingly becoming more of an uphill battle in an increasingly polarized country, support for the DREAM Act – a law which would give immigrants brought to the United States in their youth a path to residency – is on the rise. Though the DREAM Act bill was narrowly defeated in the Senate in December 2010, it was reintroduced last year, and immigration reform advocates still hold out hope that it could pass.

I've written about several Brazilians at the heart of the DREAM Act, including Felipe Matos, one of the United States' top immigration reform activists, and Polyana de Oliveira, a Brazilian who moved back to her country of birth after running out of time for the DREAM Act to pass. But what I recently discovered is that the very person who inspired the DREAM Act is in fact Brazilian by birth.

Senator Dick Durbin of Illinois was one of the senators who wrote and introduced the DREAM Act back in 2001, inspired by Tereza Lee. Tereza was born in São Paulo to Korean parents, and lived in Brazil until she was 2, when the family moved to Chicago. Ms. Lee became a talented pianist and was accepted into some of the top music schools in the country. But since she was undocumented, she was ineligible for financial aid. One of her music teachers decided to search for a solution, and called Mr. Durbin's office to see if he could help. Soon, the DREAM Act was born.

Part of the reason it took so long for the bill to be considered in Congress was that it was due to be discussed on September 12, 2001; Tereza herself was supposed to fly to Washington for the hearing. Fortunately, Tereza was lucky. She had the fortune to be able to study at the Manhattan School of Music, where she is currently pursuing a doctorate. Now age 29, she married an American and gained residency. But she's still a vocal part of the DREAM Act movement, advocating for others like her.

I spoke to Tereza briefly about her family's journey from Korea to Brazil to the US, as well as her role in immigration reform.

What brought your parents to Brazil?  What brought them later to the United States?

My parents had lost everything – their belongings, homes, and land – during the Korean War and subsequent struggles. They became part of a massive wave of Korean immigration to North and South America. They first moved to Sao Paulo, Brazil, where I was born, and started a small clothing business. Although they were, initially, relatively successful, they decided to move to the US to start over again after almost all of their savings [were] stolen via identity theft. My mother sold her wedding ring in order to buy visas and plane tickets for us, and we moved to Chicago when I was two.  

Once you became a resident, where was the first place you traveled abroad?  Have you been back to Brazil or to Korea?

I've not been back to Brazil, and have unfortunately never been to Korea, but I have been able to visit Germany, France, Italy, and Japan. Before I even boarded an airplane, though, I really experienced a feeling of vertigo when I received my permanent resident document which allowed me to travel. Although I was, of course, beyond thrilled to finally have documentation, and be one step closer to American citizenship, at the same time it struck me as incredibly bizarre and unsettling that this small, flimsy piece of paper could have such power over my life.  

What's your involvement like with the DREAM movement at present?

I am constantly trying to keep up to date on all the latest news on the DREAM Act. I stay in touch with other DREAMers as much as I can, and have become friends with many of them. I also volunteer occasionally at rallies and events – there are so many here in New York.

Do you think the DREAM Act has a chance of passing anytime in the near future?

Absolutely! Both houses of Congress voted to pass the DREAM Act in 2010, and with only a few more votes to override a filibuster in the Senate, it would have been made law then. I'm no expert on politics, but I know the upcoming election will be very significant for the DREAM Act. On the other hand, my guess is that it's not likely to happen before the election.

What advice would you give to other DREAMers?

Stay positive, both in your own lives and in your communications with others. Being caught between the cracks of the immigration system for years can be enormously frustrating and debilitating, and many DREAMers I've talked to have battled severe depression. I also know, though, that DREAMers know how to survive amid great obstacles and constant fear, and it never ceases to amaze me how many DREAMers have persevered and become valedictorians, star athletes, and leaders in their communities. When we bring our message to the public, anger won't work. We need to focus on the benefits that America will receive from allowing all of these talented people to contribute, and then, once the DREAM Act passes, go out and prove it!

Disponible en: www.csmonitor.com

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ECUAINS

 

Written by  Geoffrey Ramsey

Allegations that Ecuador’s lax immigration policies make it a strategic asset to terrorist organizations like al Qaeda are overblown, overshadowing the real danger: that the country is emerging as a hotspot for transnational organized crime.

Ecuador’s leftist President Rafael Correa was voted into office in 2006 on promises of wide-ranging reforms, vowing to push forward a constitutional referendum. The move was passed by referendum in 2007, and Ecuador adopted a new constitution in 2008. But while Correa has embraced the progressive charter’s guarantees of social and economic rights like access to clean water, education and universal health care, not all of the document’s reforms have played out so well.

Perhaps the most contentious was Article 416, which declares that Ecuador “upholds the principle of universal citizenship, free mobility of all inhabitants of the planet and the gradual end to the condition of foreigner as transforming element of unequal relations amongst countries, especially North-South.”

Correa initially supported the initiative with enthusiasm, calling for an end to "those 20th century inventions, passports and visas." However, it soon provoked a huge influx of migrants from regions such as Southeast Asia and East Africa, many of whom used Ecuador as a stepping stone to enter the United States or Brazil.

Last week, former US Assistant Secretary of State for the Western Hemisphere Otto Reich wrote a scathing critique of this initiative for Foreign Policy, arguing:

The disarray created in Ecuador's immigration policy has permitted transnational criminal organizations and terrorist groups -- possibly including al Qaeda -- to potentially use the country as a base of operations with the ultimate objective of harming the United States.

Although Reich goes on to note that Ecuador tightened its immigration policies somewhat in 2010, he claims that there is “no evidence of Correa wanting to stem the flow,” and warns that some of the most common routes still used by migrants into the country are “Pakistan/Afghanistan-Iran-Venezuela-Ecuador, and Somalia-Dubai-Russia-Cuba-Ecuador.” To him, this represents a security problem for the entire hemisphere.

At first glance, Reich’s allegations seem to justify concerns about the potential use of Ecuador as a terrorist operations base. As further proof he cites the May 2011 arrest of Yaee Dawit Tadese, said to be a cousin of deceased al Qaeda leader Osama bin Laden, who ran a migrant trafficking ring out of Guayaquil. But while Ecuador’s immigration policy represents a logistical nightmare, its contribution to terrorism in the region is much less of a menace than Reich contends. In a response to Reich’s piece, Ecuador's ambassador to the US Nathalie Cely points out that the presence of individuals from Pakistan and Afghanistan in the country hardly constitutes an automatic danger.

The real security threat in Ecuador lies in the heightened profile of organized crime in the country. As InSight Crime has reported, transnational criminal organizations have been steadily building up influence in Ecuador. Last summer Jay Bergman, the director of US Drug Enforcement Administration (DEA) activities in the Andes, told Reuters that Ecuador is becoming a melting pot for international organized criminal groups, most of which specialize in drug trafficking. "We have cases of Albanian, Ukrainian, Italian, Chinese organized crime all in Ecuador, all getting their product for distribution to their respective countries," said Bergman.

Disponible en: www.insightcrime.org

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ECUADOR_FPFoto: Tomada de Foreign Policy

Posted By Nathalie Cely 

Otto Reich and Ezequiel Vázquez Ger's reckless and illogical column ("How Ecuador's immigration policy helps al Qaeda") says more about the authors' desire to baselessly attack the government of Ecuador than their ability to offer readers any substantial insight into foreign policy.

Reich and Vázquez Ger routinely stumble over irrational arguments in attempts to undermine our country's burgeoning democracy, but this piece marks a new low, even for them. They attack Ecuador for opening "the floodgates" to nationals from Pakistan and other countries, and accuse our immigration policy of facilitating "transnational criminal organizations and terrorist groups" that want to harm the United States. In their insistence on profiling against Pakistanis, Reich and Vázquez Ger seem to have forgotten that the United States itself is home to hundreds of thousands of Pakistanis and that the Pakistani-American population doubled from 2000 to 2010.

Ecuador is a peaceful country and by no means supports or facilitates any terrorist activity. Recently, support from the Ecuadorian Justice Department led to the capture of three men suspected by the United States of support for terrorism, including Irfan Ul Haq, referenced as a threat in the authors' column. The men were deported from Ecuador to the United States and sentenced to multiple years in prison this week.

Ecuador's immigration policy reflects our values as a nation. We are inclusive and welcoming of foreigners from across the world. That's part of the reason why thousands of American seniors have chosen Ecuador as a retirement destination. Reich and Vázquez Ger would serve Foreign Policy's readers better by sticking to the facts rather than inventing conspiracy theories.

Disponible en: www.foreignpolicy.com

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