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OPEAL, un proyecto del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, hace seguimiento permanente a la situación geopolítica, económica, medioambiental y de seguridad de la región así como a la coyuntura de seguridad y la política exterior colombiana.


 
Jueves, 11 de Diciembre de 2014
 
La ampliación del Canal de Panamá que realiza un consorcio liderado por la empresa española Sacyr "avanza a buen ritmo", dijo hoy el ministro de Comercio e Industrias del país centroamericano, Miltón Arrocha, al indicar que se ha construido más del 80 % del proyecto.
 
En una entrevista con EFE en Madrid, Arrocha destacó que el consorcio "está cumpliendo sus obligaciones contractuales" y las estimaciones más recientes indican que el proyecto debería estar terminado el primer trimestre de 2016, lo que "generará un crecimiento económico natural para Panamá".
 
Las partes de este proyecto, el consorcio de empresas y la Autoridad del Canal de Panamá, "acordaron seguir la letra del contrato" para superar las discrepancias por un sobrecoste en el proyecto mediante el arbitraje, explicó el ministro panameño.
 
La finalización de este proyecto no solo es esperado por Panamá, dijo Arrocha, al afirmar que "la ampliación del Canal de Panamá ha sido un catalizador de inversiones en materia de expansión de puertos en toda la costa este de EEUU y en Asia (...) eso significa no solo incrementar el calado de estos puertos sino también la compra de grúas, contenedores (...), son inversiones sustanciales".
 
"Me atrevería a decir que todos los consumidores a nivel global también lo esperan porque en la medida en que el comercio marítimo se hace más eficiente en un ambiente de competencia plena, es de esperar que el precio de los productos tiendan a ser más bajos", explicó.
 
En este momento el Canal gana de forma directa aproximadamente 1.000 millones de dólares al año, según dijo el ministro, quien se encuentra en Madrid para promover las inversiones en su país.
 
La ampliación del Canal de Panamá “avanza a buen ritmo”
 
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La Prensa Noticias
 
Miércoles, 10 de Diciembre de 2014
 
Con más de 5 mil personas que vinieron desde diferentes puntos de Nicaragua, a pesar de los incontables retenes policiales sobre el camino, inició en Managua la marcha nacional en contra de la construcción del Gran Canal Interoceánico.
 
Los ciudadanos son pobladores de las zonas por donde podría pasar la ruta del Gran Canal Interoceánico, desde Nueva Guinea, Caribe Sur de Nicaragua hasta San Jorge, Rivas al sur del país. Además se sumaron habitantes de la Isla de Ometepe, Chontales, Masaya, Chinandega, Granada y Managua.
 
El recorrido de la marcha partió desde los semáforos del hospital militar y se dirige hacia las oficinas de las Naciones Unidas en Managua.
 
Los campesinos han manifestado que esta marcha pacífica es por la soberanía y defensa de sus tierras y no por colores políticos y rechazaron la presencia de mantas con mensajes partidarios, como una que se pudo observar con iniciales del Partido Liberal Independiente (PLI), que fue despojada a su dueño.
 
Aún existen reportes de caravanas y personas que no pudieron salir de sus departamentos por retenes policiales que evitaron el avance de los vehículos.
 
La marcha pacífica contra el Gran Canal, se extiende desde los semáforos del hospital militar hasta la rotonda El Güegüense, que avanza hacia las oficinas de las Naciones Unidas en Managua. LAPRENSA/G.HERNÁNDEZ
 
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Jueves, 04 Diciembre 2014 16:30

“Creo que Nicaragua está progresando”

 

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Jueves, 4 de Diciembre de 2014 
 
El empresario panameño Stanley Motta recibió esta semana el Premio Excelencia Empresarial 2014, un galardón que otorgó la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua, Amcham, en el marco de su 40 aniversario.
 
El inversionista, considerado el hombre más rico de Centroamérica, tiene negocios en toda la región, entre los que destacan Copa Holdings, Grupo ASSA, finanzas, medios de comunicación, comercio y sectores de distribución.
 
¿A partir de cuándo y en qué sectores empezó su inversión y su presencia en Nicaragua?
 
Mi primer viaje fue hace más de 50 años, vine aquí cuando estaban terminando la terminal del aeropuerto y se estaba trasladando la tienda libre de un lugar a otro. La mayoría de ustedes quizá no conocen la vieja terminal, pero fue cuando yo vine a Nicaragua.
 
 
¿Cuál es el estado actual de su inversión en Nicaragua?
 
Todo anda muy bien, hemos fortalecido mucho el Banco de Finanzas y la compañía de seguros está teniendo un buen año, las cosas andan bien aquí.
 
¿Cómo evalúa el actual clima de negocios, o de inversión, en Nicaragua? ¿Qué ventajas competitivas observa en el país?
 
Creo que Nicaragua está progresando, lo macroeconómico está en orden y hay crecimiento. Obviamente con todo lo que está pasando en el mundo esta región parece más tranquila de lo que es, pero todavía yo siento que una de las cosas que tenemos que hacer para que crezcamos más rápido, es tener cooperación entre los distintos países centroamericanos.
 
La revista Forbes, en una de sus ediciones, lo ubicó como el hombre más rico de Centroamérica. ¿Esa calificación es correcta? ¿A cuánto asciende el capital del Grupo Motta y qué incluye su conglomerado de empresas?
 
Creo que estas revistas tienen la tendencia de confundir, soy una persona muy afortunada, en el sentido de que he estado casado 45 años, tengo tres hijos, siete nietos y salud. Aunque hemos pasado por algunas cosas de complicaciones de salud, lo hemos superado.
 
Diré que lo que pasa, es que también soy uno de 14 primo-hermanos y hay muchos Motta por todos lados. Hay mucha confusión, lo que pasa también es que quizás mi hermano y yo lo que más tenemos son muchos socios. Entonces muchas veces nos asignan algo, una inversión que tenemos donde tenemos una participación y no tenemos toda la inversión. Por eso, creo que los números no son los números.
 
Además de Nicaragua, ¿en qué otros países de Centroamérica tiene inversiones y en qué sectores?
 
Nosotros tenemos inversiones en toda la región, también en Colombia y tenemos algo, obviamente, como presidente de Copa. Tengo negocios en todos los países, porque volamos a todos los países de América Latina y muchos del Caribe, entonces siempre tenemos algo de vínculos.
 
La compañía de seguros que opera en Panamá, Costa Rica, Nicaragua y El Salvador, entonces, siempre hemos estado en la región desde hace muchos años y eso nos da un conocimiento de la región.
 
Este año se unió con el empresario Carlos Pellas para adquirir un porcentaje de las acciones de Tico Fruit. ¿Qué otros planes de negocios tiene con el empresario nicaragüense?
 
Carlos (Pellas) y yo comenzamos una relación desde el (año) 91, cuando formamos un grupo de centroamericanos para comprar la agencia IBM y formamos la agencia GBM. Entonces tengo una larga relación con Carlos, y tenemos un par de inversiones en bienes y raíces juntos.
 
¿Cuál es el balance de este año de la empresa de aviación Copa y las perspectivas del próximo año?
 
Copa va a terminar con un año bueno, pero obviamente las complicaciones que nos dio el mercado de Venezuela, donde todavía estamos esperando la autorización, complicó el escenario un poco, pero aparte de eso la compañía sigue bien.
 
Vamos a terminar el año con 98 aviones, 9,000 empleados y un balance de situación muy sólida. Como línea aérea creo que vamos a seguir creciendo el otro año, quizá un poquito más moderado que este año, pero vamos a seguir creciendo, seguro.
 
Se espera que en el corto plazo concluya la ampliación del Canal de Panamá, ¿qué impacto prevén que tendrá en el tráfico marítimo y en el país?
 
Creo que en la medida que conectamos, uno de los problemas que tenemos es la vía terrestre hacia Panamá y desde toda Centroamérica, donde podemos utilizar los puertos de Panamá, que son muy desarrollados y muy sofisticados.
 
Obviamente, la expansión del canal debe terminar en el primer trimestre del (año) 16. Uno ve la obra avanzada, ya todas las compuertas están y obviamente eso va a beneficiar más al gobierno, en el sentido de lo que el canal le da a Panamá.
 
Pero, uno tiene que también medir esto en el tiempo, porque la gente piensa que por terminar la tercera esclusa todo va a cambiar de un día a otro. No, toma tiempo, los barcos más grandes llegan y se aumenta, porque la verdad es que en el Canal de Panamá uno mide el tonelaje, no necesariamente la cantidad de tránsito.
 
Si tú ves las estadísticas del Canal de Panamá el tránsito está bastante estable, alrededor de 14,000, pero la cantidad de tonelaje ha aumentado enormemente, porque el tamaño promedio de los buques ha aumentado.
 
¿Ve viable la idea de un segundo canal interoceánico por Nicaragua? ¿Es una oportunidad de inversión?
 
Creo que es un proyecto muy ambicioso, y obviamente, siendo nicaragüense en parte, hay que ver si lo pueden hacer. Creo que son demasiado optimistas en el tiempo, en el sentido de la cantidad de toneladas de tierra que hay que mover; sin embargo, cuando uno mira el Canal de Panamá, también ve que fue un proyecto muy ambicioso en su momento, era 1904, sin el equipo que existe hoy en día. Este canal es mucho más largo (el de Nicaragua) y creo que hasta un poco más difícil respecto al movimiento de tierra.
 
Pero, ¿cree que tendría su impacto positivo de concretarse la obra?
 
En Nicaragua sí, cuando alguien comienza a hacer una construcción de ese tamaño, obviamente tendrá un impacto positivo.
 
Panamá avanza en un plan de acción para mejorar la estructura legal en prevención del lavado de dinero. ¿Qué acciones concretas debe tomar el país para salir de una vez por todas de la lista del Grupo de Acción Financiera, GAFI?
 
Creo que Panamá ya tiene un plan más o menos trazado, falta un poco de implementación. Creo que el punto número uno va a ser eliminar la posibilidad de tener acciones al portador, relativamente simple que ninguno de los bancos hoy día lo aceptan y por eso ya no es funcional, hay una ley, pero creo que ya no toma efecto hasta más adelante. Lo que van a tener que hacer es no dejarlo tan atrasado.
 
¿Considera que la educación debe tratarse como una prioridad para el gobierno nicaragüense y el sector privado?
 
Siento que es importante que los gobiernos sean el anfitrión de una conversación, que incluyan no solamente a la empresa privada, sino también a la sociedad civil y la parte académica. Siento que es importante que toda la sociedad participe…
 
¿Qué responsabilidad tienen las empresas en el crecimiento económico de esos países?
 
Creo que tienen una parte muy importante, pero también el Gobierno. Hoy día, en la mayoría de los países opera muy bien y lo que tenemos que comenzar a ver es el detalle de los reglamentos y los procedimientos.
 
Por ejemplo, tú tienes hoy en día el camión centroamericano (recorriendo un) promedio de 17 kilómetros por hora, no por la carretera (el estado), sino por la burocracia en aduanas. Entonces, ¿cómo podemos mejorar eso para que el flujo del comercio entre Centroamérica funcione mejor? Eso es un ejemplo de cómo tenemos que trabajar juntos.
 
Amcham le otorga el Premio Excelencia Empresarial 2014. ¿Cómo recibe la noticia un empresario exitoso como usted, quien se ha hecho merecedor de múltiples premios y galardones?
 
No, al contrario, tengo la tendencia de no aceptarlos, pero esta noche acepté debido a que he estado viniendo aquí por 50 años. Entonces, me honran con este reconocimiento.
 
STANLEY MOTTA UN HOMBRE CON VISIÓN
 
Concluyó sus estudios universitarios en Tulane University, Nueva Orleans (Luisiana, EE.UU.), con un grado de licenciado en administración de empresas. Es miembro de la junta directiva de Copa Holding, además tiene otros negocios en la región y en América Latina.
 
“Creo que Nicaragua está progresando”
 
 
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Lunes, 01 Diciembre 2014 15:33

No sólo con Nicaragua

 

El Nuevo Siglo Bogota
¿Por qué no pensar en un tratado multilateral, liderado por Colombia, para todo el Caribe Occidental?
 
Desde hace dos años, cuando se conoció el veredicto de la Corte Internacional de Justicia sobre la controversia territorial y marítima entre Nicaragua y Colombia, el autor de esta columna ha venido insistiendo —desde esta y otras páginas— en que la única manera de blindar los intereses de Colombia en el Caribe Occidental, armonizarlos con sus obligaciones internacionales y su prestigio diplomático, y garantizar al mismo tiempo los derechos de los sanandresanos, es negociar un tratado con el país centroamericano.  Un tratado —se ha dicho varias veces— que no sólo defina, sobre la base insoslayable del fallo de La Haya, la cuestión limítrofe, sino que establezca explícitamente el régimen al que deben sujetarse ambos Estados en relación con la preservación del medio ambiente, la explotación de los recursos naturales, la lucha contra el crimen organizado, el control migratorio, y en general, el ejercicio de sus respectivas competencias y prerrogativas.  La contención de las aspiraciones de Managua pasa, en primer lugar, por sujetarla a un marco jurídico preciso y bien definido:  algo que sólo un tratado comprehensivo ofrece la oportunidad de consagrar.  Ello, naturalmente, sin que Colombia renuncie al desarrollo y despliegue de las capacidades disuasivas y de control necesarias para la defensa material de sus derechos legítimos.
 
A buena hora el Presidente Santos ha dado instrucciones a la Cancillería para buscar un acercamiento con Managua.  El camino lo allanó previamente la Corte Constitucional, a pesar de una absurda ponencia inicial, mediante la sentencia C-269 proferida el pasado 2 de mayo, que declaró exequible la ley 37 de 1961, aprobatoria del Pacto de Bogotá.  El esfuerzo diplomático será enorme, pues hay pendientes otras dos demandas de Nicaragua contra Colombia ante la CIJ, y tanto allá como aquí se elevan voces contrarias a cualquier compromiso entre los dos países.
 
No obstante —o quizá, por eso mismo— valdría la pena estudiar la posibilidad de ir más allá de un tratado con Nicaragua.  ¿Por qué no pensar en un tratado multilateral, cuya negociación lidere Colombia, y que involucre la mayor parte posible de Estados del Caribe Occidental?  A fin de cuentas, varios de ellos tienen cosas qué resolver con Nicaragua.  Y por lo que respecta a Colombia, ¿hasta qué punto no está en entredicho el tratado Ramírez-López con Honduras?  ¿No sigue Costa Rica sin ratificar el tratado Fernández-Faccio?  Y ¿no sería mejor también resolver, de una vez, el asunto de la plataforma continental extendida, que concierne a tantos Estados en la zona, en lugar de esperar mientras se incuban futuros conflictos? 
 
Andrés Molano Rojas
Profesor de la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario y Director Académico del Observatorio de Política y Estrategia en América Latina (OPEAL).
 
 
 
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Conozca el texto de la decisión de la corte en torno a las demandas de inconstitucionalidad presentadas al Ley 37 de 1961 por la cual se aprueba el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas”, también conocido como el Pacto de Bogotá.  
 
Resumen de la demandas:
 
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos XXXI y L de la Ley 37 de 1961 “Por la cual se aprueba el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas” (Pacto de Bogotá). Accionante: Juan Manuel Santos Calderón -Presidente de la República de Colombia-.
Referencia: Expediente D-9907.
 
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos II y V (parciales) y los capítulos Cuarto y Quinto de la Ley 37 de 1961 “Por la cual se aprueba   el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas” (Pacto de Bogotá).  
Accionantes: Juan Carlos Moncada Zapata, Jéssica Alejandra Mancipe González y Carlos Eduardo Borrero González.
Referencia: Expediente D-9852
 
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo XXXI (parcial) de la Ley 37 de 1961 “Por la cual se aprueba el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas” (Pacto de Bogotá).  
Acccionante: Oscar Fernando Vanegas Ávila. 
Referencia: Expediente D-9886.
 
Magistrado Ponente: MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO. 
 
 

Foto: Javier Casella - SIG

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Martes, 25 Noviembre 2014 16:49

¿Diálogo? Solo para cumplir fallo dela CIJ

La Prensa Noticias
 
Martes, 25 de noviembre de 2014
 
Si el gobierno nicaragüense inicia un diálogo con Colombia sobre la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) del 19 de noviembre de 2012, deberá ser solo para establecer “una forma no traumática” de cumplir con dicho fallo, pero “no para modificar los límites (marítimos entre ambos países) establecidos” por el tribunal internacional, opinaron los excancilleres Enrique Dreyfus y Norman Caldera, así como el jurista Mauricio Herdocia, quienes ayer se reunieron en ocasión del segundo aniversario del veredicto.
 
Dos años después de que la CIJ falló a favor de Nicaragua en un diferendo con Colombia sobre una considerable porción de agua en el Caribe, el presidente colombiano Juan Manuel Santos anunció el martes que comenzará la negociación de un tratado con Nicaragua para que se respeten los derechos de los pobladores de las islas de San Andrés y Providencia.
 
Por su parte, el presidente inconstitucional Daniel Ortega afirmó ayer que el anuncio de su homólogo colombiano, sobre conversar acerca de derechos de navegación en el mar Caribe, fue un acuerdo al que llegaron ambos en 2012, según publicó el portal El 19 Digital.
 
“Esto fue un acuerdo que tomamos con el presidente Santos después del fallo, lo tomamos en México hace dos años, el 2 de diciembre, para la toma de posesión del presidente Enrique Peña Nieto, ahí nos reunimos, estaba fresco el fallo”, dijo Ortega.
 
El jurista Mauricio Herdocia indicó que Nicaragua debe estar siempre abierta al diálogo, pero “no a cualquier costo”, refiriéndose a que no debe estar en juego lo que el país ganó con la sentencia de la CIJ.
 
El excanciller Norman Caldera señaló que “el único espacio para un tratado es sobre el manejo de (la reserva de biósfera) Seaflower”, que parte de ella está en aguas nicaragüenses y otra en colombianas. Caldera indicó que velar por esta reserva es costoso y en eso deben unirse ambos países.
 
El exembajador de Nicaragua en Costa Rica y actual diputado en el Parlamento Centroamericano, Mauricio Díaz, indicó que para él la propuesta del presidente colombiano, de dialogar con Nicaragua, “es una salida de baño de Santos, tratando de desviar el cumplimiento inexcusable de un fallo que por su naturaleza es de ineludible cumplimiento”.
 
“Nicaragua no tiene por qué aceptar ningún acuerdo al margen de un fallo del máximo tribunal de justicia del planeta, que es la Corte Internacional de Justicia. La Corte ya falló y le recuperó a Nicaragua una enorme extensión marítima que pasa a ser parte del territorio nacional”, indicó Díaz.
 
Enrique Dreyfus, Mauricio Herdocia y Norman Caldera.
LA PRENSA/ D. LÓPEZ
 
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Martes, 25 Noviembre 2014 16:21

A negociar con Nicaragua

 
Martes, 25 de noviembre de 2014
 
Al cumplirse dos años del polémico fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, mucha agua ha corrido bajo el puente, con temas puntillosos por definir. Es el momento de resolverlos mediante la negociación bilateral.
 
El diálogo, se dice con razón, es la mejor forma de solucionar los problemas. Mucho más si el mismo se desarrolla a nivel diplomático y envuelve a las más altas autoridades de ambos países. En especial para temas tan complejos y de tanta trascendencia como el de la situación generada en nuestro Caribe. Los raizales se han visto seriamente perjudicados en sus labores de pesca artesanal tras la decisión de la alta Corte. De ahí que con el tacto y la mesura que caracterizan a los responsables de formular y ejecutar la política exterior se pueda llegar a un justo acuerdo.
 
Se suele olvidar que en diciembre de 2007 la misma Corte produjo un importante fallo que reconoció la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Pero al mismo tiempo la sentencia determinó que el meridiano 82º no era el límite natural entre nuestro país y Nicaragua. En este sentido, la CIJ expresó que tenía competencia para resolver la disputa sobre la frontera marítima. Para este efecto, y luego de escuchar los argumentos de las partes, determinaría a quién le correspondía la soberanía de los demás islotes y cayos, así como la de sus aguas adyacentes. El resultado fue el fallo de noviembre de 2012 que determinó dichos límites. Y ahí fue Troya.
 
Hubo desde quienes irresponsablemente pidieron enviar barcos de guerra a defender la soberanía, hasta los que, con gran desconocimiento y ligereza, descalificaron todo lo actuado ante la CIJ. No faltaron, por supuesto, los políticos oportunistas que quisieron sacar ventaja de la situación para endilgar al gobierno de turno la responsabilidad del “despojo” que había sufrido el país. Aunque fueron a San Andrés por lana y salieron trasquilados. Vea pues.
 
Lo cierto, como lo hemos dicho en este periódico, es que el meridiano 82 no era nuestro límite natural. Si se mira el mapa de Colombia a finales de los años sesenta y se compara con el que hay en la actualidad, el país, contrario a lo que se cree, no sólo no perdió, sino que consiguió que jurídicamente la Corte le reconociera soberanía y derechos frente a algunos islotes que forman parte del archipiélago, lo que no había sucedido con anterioridad. Dado que la sentencia es una realidad, el gobierno ha maniobrado entre escollos para no ser acusado a nivel internacional por no acatar el fallo, pero al mismo tiempo capotear la tormenta política interna que se generó. De ahí que en este momento lo que se imponga sean la mesura y la búsqueda de caminos viables para la sin salida en que parecía haber quedado esta papa caliente.
 
En los dos años que van corridos desde el fallo, Nicaragua, en gesto inamistoso, interpuso dos nuevas demandas contra Colombia. Una para que se cumpla la sentencia en su totalidad y otra para que se determine que, según su absurda interpretación, tiene derechos soberanos sobre la plataforma marítima extendida. El equipo jurídico designado por el presidente Santos ha venido haciendo el trabajo con seriedad y sin mayor figuración. Así debe ser para este tipo de espinosos asuntos. Mientras tanto, la canciller Holguín deberá desplegar toda su habilidad diplomática para que, una vez sentada a la mesa con su par nicaragüense, Samuel Santos López, se protejan los derechos de los raizales y se llegue a un tratado justo que determine, por fin y para siempre, los límites entre los dos países.
 
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Inicio
 
Martes, 25 de noviembre de 2014
 
Ni los once años que duró el juicio en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya (Holanda), para definir los límites entre Colombia y Nicaragua, ni los dos años transcurridos luego de la sentencia desfavorable a nuestro país, han puesto punto final al diferendo en el Mar Caribe.
 
Nicaragua considera que el fallo fue “justo”, mientras que para Colombia es “inaplicable”, porque viola el ordenamiento interno.
 
Esta semana el presidente Juan Manuel Santos ordenó a la Cancillería “iniciar la negociación con Nicaragua de un tratado en donde los derechos de los raizales sean uno de los puntos fundamentales”. Además, la Corte Constitucional, al fallar la exequibilidad del Pacto de Bogotá, advirtió que el fallo de la CIJ debe cumplirse, pero primero debe haber un tratado bilateral aprobado por el Congreso y ratificado por esa corporación.
 
Para conocer el ambiente de cara a esa negociación del tratado, COLPRENSA habló con dos catedráticos: el colombiano Ricardo Abello Galvis, profesor de Derecho Internacional en la Universidad del Rosario, y el nicaragüense Norman Miranda Castillo, catedrático y jurista, experto en Derecho Internacional.
 
“NO DEBE SER UN SIMPLE TRATADO DE LÍMITES”: Ricardo Abello Galvis
 
- ¿Qué alcance tiene el anuncio del presidente Santos?
Lo que dijo el Presidente es mucho más amplio que un tratado de límites que ya están en la sentencia de la CIJ del 19 de noviembre de 2012. Lo más importante es que haya acuerdos sobre aspectos como: administración de esa zona -entre Quitasueño, Providencia y Santa Catalina- donde confluyen derechos de ambos Estados; cómo se van a manejar las vedas de pesca, la reserva Seaflower, la seguridad, las medidas sanitarias y fitosanitarias, los derechos de pesca de los pescadores artesanales, etcétera. Son muchos los temas que debe incluir ese tratado.
 
- El presidente Santos habló, justamente, de proteger los derechos de pesca de los raizales…
Hay un problema con la pesca que se está realizando en Quitasueño: cuando los buques regresan a San Andrés y Providencia son interceptados por naves nicaragüenses y no se sabe dónde se realizaron esas actividades de pesca. Cómo se va a manejar eso, es lo que debe definirse en el Tratado.
 
- O sea, no va a ser un tratado exclusivo de límites…
No, es que ya la Corte Constitucional se pronunció sobre los límites. En la sentencia de constitucionalidad del Pacto de Bogotá la Corte dijo que tenía que haber un tratado sobre límites, pero que el fallo de la CIJ debe ser acatado. Todo eso hay que manejarlo al mismo tiempo. Pero el tratado debe incluir esos otros temas.
 
- Nicaragua dice que negociará un tratado, siempre que se respete integralmente el fallo de La CIJ, pero para Colombia ese fallo es inaplicable. ¿Qué va a pasar?
Mientras no haya un acuerdo para modificar ese fallo, Colombia tiene que cumplirlo. Pero si las partes se ponen de acuerdo en negociar una modificación de esa sentencia de la CIJ, es viable hacerlo.
 
- ¿Cree que Nicaragua estaría dispuesta a negociar el alcance de ese fallo?
Pues por eso se trata de una negociación. Si no hay negociación se deben cumplir esos parámetros que ya fijó la Corte Internacional de Justicia.
 
- El presidente Ortega dijo que hace dos años acordó con Santos respetar los derechos de los raizales. ¿Es un buen síntoma?
Lo que pasa es que el tratado no va a ser fácil ni rápido: hay que nombrar las comisiones negociadoras, después negociar el tratado, eventualmente hay que hacer consulta previa, luego una ley aprobatoria en el Congreso que debe pasar el control de constitucionalidad en el caso colombiano, y por último la ratificación mediante el intercambio de notas de canje. Todo eso, si nos va bien, tomará varios años.
 
- Y si en ese tiempo hay cambio de gobiernos…
Bueno, en dos o tres años aquí también habrá cambio de Gobierno. Lo importante es que se inicien las negociaciones. Yo pienso que estos temas son de Estado, no de Gobierno, y en ese sentido no tiene por qué haber cambio de políticas.
 
“NICARAGUA NO CEDERÁ UNA PULGADA DE MAR”: Norman Miranda Castillo
 
- ¿Cómo se recibe en su país la propuesta de negociar un tratado de límites con Colombia?
Es positivo que el presidente Santos haya procedido con el diálogo y no haya escuchado al mandatario anterior, que ha clamado por desacatar el fallo de la CIJ. Pero me causa extrañeza: durante décadas Colombia no tuvo ninguna disposición para negociar con Nicaragua. ¿Por qué ahora sí quiere un tratado? Eso es extraño, pero enhorabuena que lo haga.
 
- ¿Es decir, Nicaragua sí quiere negociar ese tratado?
La pregunta es ¿negociar qué y para qué? Si es una negociación para implementar el fallo de la CIJ, sobre todo la responsabilidad conjunta frente al manejo de la reserva Seaflower, que tiene 300 mil kilómetros cuadrados compartidos, bienvenida sea. Si es para que ambas armadas hagan patrullajes de prevención contra el narcotráfico, pues para eso no se necesita tratado, solo un acuerdo. Pero lo que no es viable, en lo que no puede haber negociación, es en cambiar la sentencia de la CIJ. Nicaragua no puede aventurarse a quedar bajo el artículo de la Constitución de Colombia que dice que una modificación de límites tiene que hacerse mediante un tratado; eso no tiene asidero desde el punto de vista del Derecho Internacional.
 
- ¿Qué ambiente percibe en la Asamblea Nacional de Nicaragua?
El Congreso, de manera monolítica, aportaría un sí a un acuerdo que sea a favor de la sentencia del 19 de noviembre de 2012. En eso, aquí el poder Legislativo está en sintonía con el Ejecutivo. De eso no hay duda.
 
- El presidente Ortega dijo que Nicaragua reconoce la soberanía colombiana sobre las áreas raizales…
Bueno, él no habló de “soberanía”. El comandante Ortega recordó que hace dos años, en la posesión del presidente de México, habló personalmente con el presidente Santos y reconoció el derecho de los raizales. Pero mire: Nicaragua no tiene la culpa de que los raizales colombianos tengan menor desarrollo que los colombianos continentales. Con eso lo que hace el presidente Santos es lanzar una especie de sofisma, eso nada tiene que ver con la sentencia de la CIJ.
 
- Usted, como experto en Derecho Internacional, ¿cómo cree que se puede solucionar esta situación?
Nicaragua tiene que apegarse literalmente al fallo de la Corte Internacional de Justicia, porque Colombia puso objeciones preliminares y luego siguió con el juicio, entonces no viene al caso que ahora Colombia reniegue de la sentencia. En el ambiente de Nicaragua no hay probabilidad de hacer ningún cambio sobre la extensión del mar que nos reconoció la CIJ. Donde cabría negociación es en las dos modalidades que ya le dije: manejo conjunto de la reserva Seaflower y vigilancia contra el narcotráfico en esa área marítima.
 
- Es decir, Nicaragua negociaría un tratado pero sin modificar la sentencia de la CIJ…
Claro, Nicaragua no tiene por qué aceptar que se cambie el tenor de la sentencia. Lo bueno de todo esto es que hay por lo menos una actitud de acercamiento. Además, recuerde que hay otras dos demandas de Nicaragua contra Colombia: una, del 16 de septiembre, para pedir extensión de plataforma continental más allá de las 200 millas reconocidas, y otra de noviembre del año pasado, para pedir a la Corte que obligue a la Colombia a cumplir la sentencia. Es decir, estaríamos dispuestos a negociar un tratado de límites pero sin ceder una pulgada del mar que nos fue reconocido.
 
 
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Martes, 18 Noviembre 2014 14:31

Los nuevos bantustanes

El Nuevo Siglo Bogota
El invento surafricano convertido en lugar común (y comodín) de la política mundial contemporánea.
 
Probablemente las generaciones que estudian hoy día en las facultades de Relaciones Internacionales no han oído jamás en su vida hablar de los "bantustanes" —como Transkei y Venda—, que el régimen racista surafricano constituyó entre 1959 y 1994.  Tal vez deberían empezar a estudiarlos, para decantar algunas lecciones que en el estado actual de desorden mundial podrían resultar de utilidad para entender lo que ocurre en lugares tan distantes (y en contextos tan diferentes) como el Cáucaso, el Este de Ucrania, los Balcanes o Nicaragua.
 
Los bantustantes fueron creados para reforzar la política de apartheid.  En estas “reservas tribales” se confinaban poblaciones no blancas, étnicamente homogéneas, para mantenerlas debidamente segregadas.  Se pretendía debilitar así las reivindicaciones de las mayorías negras, y evadir de paso el reproche internacional.  Veinte enclaves como estos fueron establecidos en Suráfrica y Namibia, y a todos ellos Pretoria les otorgó un grado mayor o menor de autogobierno.  Algunos se declararon independientes y fueron reconocidos como tales por Suráfrica, aunque su "soberanía" fuera puramente nominal.  Llegado el momento, los bantustantes se reconocieron recíprocamente, en peculiar muestra de solidaridad.  Ningún otro Estado en el mundo lo hizo.
 
Es evidente el parecido con Osetia del Sur y Abjasia (cuya independencia de Georgia sólo reconocen Rusia, Venezuela, Nicaragua y Nauru; y los inverosímiles Transnistria y Nagorno-Karabaj), o con las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk (proclamadas en abril pasado, al fragor de la crisis del Euromaidán en Ucrania).  Resulta inevitable evocar también el experimento de Washington y de Bruselas de apadrinar y subsidiar un Estado albano-kosovar tras las guerras de la antigua Yugoslavia.  O sospechar que una cosa similar se cocina en Nicaragua, con la excusa de construir un "Gran Canal”, que acaso encubre en realidad un ambicioso proyecto de land grabbing y transvase demográfico.  En todos estos casos opera exactamente la misma lógica:  la de crear hechos cumplidos, situaciones de facto contrarias al derecho (tanto al orden jurídico interno como a la ley internacional) mediante el establecimiento de enclaves territoriales (y poblacionales), que sirven a complejos intereses geopolíticos:  redefinir zonas de influencia, debilitar o inhibir potenciales rivales, promover regímenes afines en detrimento de la independencia política efectiva de otros Estados, e incluso, controlar físicamente áreas y recursos de alto valor estratégico.
 
Así son los nuevos bantustanes:  feudos extractivos, áreas de amortiguamiento, injertos identitarios, veladas formas de clientelismo y vasallaje.  La versión sofisticada y refinada de una perversa invención surafricana, convertida en lugar común (y comodín) de la política mundial del siglo XXl.
 
Andrés Molano Rojas 
Profesor de la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario y Director Académico del Observatorio de Política y Estrategia en América Latina (OPEAL).
 
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Lunes, 03 Noviembre 2014 13:24

Nicaragua ¿Qué hacer?

El Nuevo Siglo Bogota

“Un tratado es la mejor forma de conciliar intereses”

Han  transcurrido casi dos años desde que la Corte Internacional de Justicia profiriera su sentencia sobre la controversia territorial y marítima entre Nicaragua y Colombia.  Desde entonces, el país se ha dedicado a hacer acrobacias jurídicas para consumo interno -como la demanda contra la ley aprobatoria del previamente denunciado Pacto de Bogotá-, a la cacería de brujas en búsqueda de presuntos responsables, a atribuirle al fallo de La Haya la responsabilidad por los males y problemas endémicos que padece el archipiélago, y a especular sobre teorías conspirativas que intentan explicar, con más imaginación que sensatez política y diplomática, el presunto “despojo” del que habría sido víctima Colombia -los famosos 75 mil kilómetros de mar territorial que en realidad no se perdieron porque jamás existieron como tales-.

Entre tanto, Nicaragua entabló dos demandas nuevas contra Colombia.  Una en relación con la delimitación de su  plataforma continental extendida, y otra por el incumplimiento de las obligaciones que se derivan de la sentencia de marras, no por cuenta del extinto Pacto de Bogotá, sino por virtud de la Carta de San Francisco y el propio Estatuto de la Corte.

Puede que a Colombia le vaya muy bien en ambos procesos.  Puede que la primera de estas demandas no prospere, por ejemplo, porque La Haya se declare incompetente o porque rechace las ambiciosas pretensiones de Managua por tratarse de costas enfrentadas y no adyacentes.  Y puede que la segunda -con la que en la CIJ parece estar embolatada, sin saber muy bien qué hacer ni cómo tramitarla- se resuelva a su favor (lo cual implicaría, paradójicamente, que en la práctica Colombia no ha hecho nada distinto que cumplir el fallo original, a despecho del cacareado discurso sobre su “inaplicabilidad”).  Pero aun con la mejor de las suertes, ello no sacará al país del laberinto en que se encuentra en el Caribe Occidental.

Un tratado que perfeccione la delimitación -inevitablemente, sobre el trazado hecho por la CIJ-, pero que regule también aspectos ambientales, económicos, migratorios, y de seguridad, es la mejor forma (y acaso la única) de conciliar los intereses geopolíticos de Colombia con sus obligaciones bajo el derecho internacional y con las preocupaciones de los sanandresanos.  Al mismo tiempo, serviría para sujetar a Nicaragua a un régimen legal por cuyo cumplimiento sería responsable. Y seguramente también contribuiría a apuntalar hacia el futuro la proyección de Colombia en el Caribe, más allá de la retórica patriotera, con una visión integral y estratégica de largo plazo.

Andrés Molano Rojas 
Profesor de la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario y Director Académico del Observatorio de Política y Estrategia en América Latina (OPEAL).

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