04:07 AM
Thursday, 28 Aug 2014

El Nuevo Siglo Bogota

 

Jueves, 20 de Agosto de 2014. 

Nicaragua reportó este miércoles dos nuevos contagios con el virus del chicunguña en pacientes que ingresaron del exterior con síntomas de la enfermedad, con lo que suman cuatro los casos registrados, informó una fuente oficial.
La portavoz de la Presidencia, Rosario Murillo, dijo que los contagiados son una mujer originaria de Puerto Rico y una nicaragüense que participó en un encuentro religioso en un país centroamericano que no precisó.
Las dos mujeres, al ingresar al país, presentaban fiebres y malestares propios del chicunguña y están siendo atendidas por el sistema de salud, agregó Murillo sin ofrecer detalles.
La enfermedad transmitida por el mosquito Aedes Aegipty, el mismo del dengue, provoca fiebres altas, erupciones en la piel, dolores musculares y de articulaciones.
A comienzos de julio, el gobierno informó de los casos de una mujer hondureña de 24 años y su hija de 4, que estuvieron en República Dominicana y luego ingresaron al país con los síntomas que provoca el virus.
Nicaragua declaró una alerta sanitaria en junio para prevenir el ingreso del virus de chicunguña, que en Centroamérica afecta a países como El Salvador y Panamá.

 

 

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Jueves 21 de Agosto de 2014 12:12

Nicaragua, otra vez.

El Nuevo Siglo Bogota

Al país hay que hablarle claramente sobre la controversia marítima con Nicaragua.

 

Al país hay que hablarle claramente sobre la controversia marítima con Nicaragua. Sería deseable entonces que el Gobierno, libre ya de la presión que se deriva de toda aspiración reeleccionista, y habiendo aprendido a lidiar (al menos relativamente) con las incontinencias retóricas del senador Uribe, aprovechara la ocasión para decantar las lecciones del pasado y no repetir los errores -ni los suyos propios ni los de sus predecesores- que tanto le costaron al país y que tanto podrían costarle en el futuro.
Colombia tiene pendientes dos demandas ante la Corte Internacional de Justicia. El mismo tribunal que desde 2007 advirtió lo que todo el mundo sabía: que el meridiano 82 no era límite de nada y que, por lo tanto, había que moderar las expectativas, y atenerse a una delimitación que inevitablemente iba a estar por debajo de ellas. El mismo tribunal, también, que le otorgó a Colombia derechos sobre el 65% de las aguas del Caribe Occidental y que negó la mayor parte de las pretensiones nicaraguenses. El tribunal, en fin, al que la ministra Holguín llamó una vez “el enemigo” (con más furor que sensatez diplomática), y cuyos magistrados fueron acusados por algunos lenguaraces de andar en colusión contra Colombia.
Una de esas demandas tiene que ver con la presunta violación, por parte de Colombia, de derechos de Nicaragua derivados del fallo de 2012. En otras palabras, es una demanda por desacato (inédita en la historia de la Corte). Y la otra, fácilmente previsible, con el reconocimiento de una plataforma continental extendida a favor de Nicaragua: una aspiración que ese país ya había planteado en el proceso anterior, y sobre la cual la Corte no se pronunció, básicamente porque entonces Managua no presentó el acervo técnico suficiente para sustentarla. En relación con esta última, el Gobierno colombiano anunció la formulación de excepciones preliminares, que cuestionan la competencia de La Haya para decidir el asunto. No se trata de ninguna “demanda” -como incorrectamente lo afirmó el presidente Santos, a despecho de la pericia de sus asesores jurídicos. Tampoco es un “recurso”, sino un procedimiento preliminar, y en la práctica, casi una rutina en estos procesos. Y la verdad es que por muy “sólidos y contundentes” que le parezcan al primer mandatario los argumentos esgrimidos por Colombia, quizás no alcancen para persuadir a un tribunal que, en este caso, tiene más de una razón y poderosos incentivos para afirmar su jurisdicción sobre la controversia. Y así, sin anestesia, para que el país lo sepa, hay que decirlo.

 

Andrés Molano Rojas Profesor de la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario y Director Académico del Observatorio de Política y Estrategia en América Latina (OPEAL).
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Martes, 05 de Agosto de 2014. 

Estados Unidos donó hoy a Nicaragua dos lanchas rápidas, equipos y recursos para la construcción de un centro de operaciones para combatir el narcotráfico que opera, principalmente, en el Caribe del país, valorados en unos cuatro millones de dólares.

La entrega del donativo fue hecha por la embajadora estadounidense en Nicaragua, Phyllis M. Powers a la Fuerza Naval nicaragüense, indicó la legación diplomática en un comunicado.

La donación forma parte de los esfuerzos que realiza Estados Unidos en la lucha contra la delincuencia organizada trasnacional (CTOC por sus siglas en inglés) y en apoyo a la estrategia "Muro de Contención" del Ejército de Nicaragua, indicó la fuente.

La donación fue realizada a través del Grupo Militar del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos y tiene como fin mejorar la capacidad operativa de la Fuerza Naval nicaragüense en su lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en la región.

El apoyo incluye la construcción de un centro de operaciones, un edificio de covachas, camino de acceso, campo de infiltración y tanque séptico, así como la instalación de un transformador independiente, un sistema de almacenamiento de agua, al igual que dos lanchas de interceptación marítima con sus respectivos repuestos y remolques, de acuerdo con la información oficial.

Las dos lanchas, valoradas en 1,2 millones de dólares, apoyarán el programa de asistencia antidroga del Comando Sur de EE.UU. en América Central y el Caribe para hacer frente a las redes de la delincuencia organizada trasnacional en América Latina, explicó la embajada estadounidense.

Las lanchas rápidas están construidas con un casco insumergible y consola central que contiene equipos sofisticados de comunicación, cartas y mapas náuticos.

Además incluye un paquete completo de partes de repuestos para su mantenimiento, valorados en más de 280.000 dólares.

Las lanchas cuentan con tres motores y tienen un alcance suficiente para patrullar en altamar e interceptar las lanchas rápidas usualmente utilizadas por los traficantes de drogas y armas.

Un total de cinco marineros nicaragüenses serán entrenados en el estado de Florida (EE.UU.) para el mantenimiento y la operación de las lanchas y sus motores.

Nicaragua se encuentra geográficamente ubicada en un corredor de alto tráfico de la droga que se produce en Suramérica y que luego se traslada a Norteamérica, donde operan, principalmente, los carteles mexicanos y residen los principales consumidores. EFE

 

 

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Lunes 28 de Julio de 2014 12:25

La polarización desangra a Nicaragua

 

Domingo, 27 de Julio de 2014. 

 

Las cámaras de la televisión de Nicaragua mostraron a todo el país los rostros de tres campesinos acusados por la Fiscalía de haber “conspirado” en la ejecución de un ataque contra unas caravanas de simpatizantes del gobernante Frente Sandinista, que el pasado 19 de julio dejó cinco muertos. Con la presentación pública de Erick Salgado y Juan y Gregorio Torres las autoridades nicaragüenses pretendían demostrar un avance en las investigaciones del crimen, pero han logrado avivar la confusión de todo un país: no sólo porque los tres detenidos se han declarado abiertamente sandinistas, sino porque ellos no fueron quienes dispararon. Más de una semana de los hechos, las autoridades desconocen a los que perpetuaron la masacre, ni los motivos. Mientras tanto, la polarización política ha ido en aumento, causando un nuevo muerto: Carlos García, exmiembro de la llamada contra —grupo armado financiado por Estado Unidos que pretendía derrocar por las armas al Gobierno sandinista de los ochenta— y líder opositor del norte de Nicaragua, quien fue asesinado de un balazo en el pecho.

¿Quiénes mataron a los sandinistas? Es la pregunta que los nicaragüenses se repiten a diario, consternados por un crimen que demuestra hasta dónde ha llegado la división y la intolerancia política en este país centroamericano de apenas seis millones de habitantes, pero con una larga historia de polarización y violencia patrocinada desde el poder. De hecho, la masacre del 19 de julio —día en que se celebra el aniversario de la Revolución Popular Sandinista contra la dinastía somocista— se une a otros dos episodios sangrientos acontecidos en el país en los últimos tres años, con la salvedad de que los muertos en esos hechos eran considerados “opositores” al Gobierno de Ortega.

El primero ocurrió en la pequeñísima y pobre comunidad de El Carrizo, habitada en su mayoría por indígenas y campesinos, que no tiene energía eléctrica y se localiza en una zona del norte del país que fue escenario de la cruenta guerra de los ochenta, entre la contra y el Ejército Sandinista. A las ocho y media de la noche del 8 de noviembre de 2011, dos días después de las elecciones generales en las que triunfó Daniel Ortega pero que fueron catalogadas como “opacas” por observadores internacionales, un grupo de simpatizantes del Frente Sandinista entraron a la casa de Irene Mejía Cruz y atacaron a balazos a su marido, José Mercedes Pérez, de 67 años, y a sus cuatro hijos, simpatizantes todos del opositor Partido Liberal Independiente.

La familia estaba indefensa. En el ataque murieron el esposo de Irene y dos de sus hijos. Los otros dos resultaron gravemente heridos. Las autoridades acusaron a cuatro personas por la tragedia, a quienes impusieron penas de poco más de tres años. Entre los condenados está Jesús Herrera Zepeda, ex secretario político del Frente Sandinista, Eusebio Cruz Montenegro, exfuncionario del Tribunal Electoral de Nicaragua, y, lo más alarmante, dos expolicías: Elvin López y Mauro Díaz. Durante el proceso judicial, el juez a cargo del caso estableció que la matanza se produjo, en parte, “bajo arrebato” causado por el licor, un atenuante que permitió establecer una pena menor a la esperada por los familiares de la víctima. “Esto da asco”, afirmó en esa ocasión Gonzalo Carrión, abogado del Centro Nicaragüenses de Derechos Humanos (Cenidh).

Las autoridades acusaron a cuatro personas por la tragedia, a quienes impusieron penas de poco más de tres años
El otro hecho violento ocurrió el 5 de noviembre de 2012 en Ciudad Darío, municipio del norte de Nicaragua llamado así porque en él nació el célebre poeta nicaragüense Rubén Darío. La violencia política se apoderó de ese pequeño municipio tras conocerse los resultados de las elecciones municipales de ese año, que dieron un arrollador triunfo a los candidatos del Frente Sandinista. En Ciudad Darío los simpatizantes de la oposición acusaron al Tribunal Electoral de alterar los resultados a favor del FSLN, por lo que hubo enfrentamientos violentos en el poblado. La trifulca dejó a dos simpatizantes de la oposición muertos: Vidal Obando, asesinado de dos disparos en la cabeza, y Juan López Artola. Testigos de los hechos dijeron a los medios de comunicación que los crímenes fueron perpetuados por simpatizantes sandinistas.

En ninguno de esos crímenes hubo un pronunciamiento oficial de parte del presidente Daniel Ortega y su Gobierno. Ortega sí reaccionó indignado contra la masacre del pasado 19 de julio y ordenó a la Policía organizar una amplia investigación para esclarecer los hechos. “Hemos recibido la orden de nuestro Presidente y Jefe Supremo, el Comandante Daniel Ortega, de esclarecer a la mayor brevedad posible este hecho criminal y no vamos a escatimar ni tiempo, ni esfuerzo, ni sudor, ni sangre para [impedir] que unos pocos le arrebaten a la mayoría de nuestro pueblo esta paz que tanto nos ha costado construir a todos”, dijo la jefa de la Policía de Nicaragua, Aminta Granera.

Los periodistas nicaragüenses también han sido víctimas de la creciente intolerancia que vive este país. El pasado 17 de julio el cámara de Canal 12 de la televisión local, Javier Castro, fue atacado con un bate de madera por un simpatizante del Frente Sandinista cuando cubría una protesta de mujeres contra el Tribunal Electoral, en Managua. Y el 9 de julio el reportero de Televicentro Canal 2 fue agredido mientras entrevistaba a un funcionario del Ministerio de Salud: los videos del canal muestran el momento cuando un vehículo golpea intencionadamente al reportero mientras hacía su trabajo.

El Informe sobre Derechos Humanos y Conflictividad en Centroamérica 2011-2012 alertó sobre el retroceso en derechos humanos que vive Nicaragua, debido a la violencia política y la represión oficial. Según el documento, Nicaragua pasó del puesto 72 al número 81 de un total de 158 naciones en el Índice de Paz Global. El informe advierte de la “reaparición de la violencia política en Nicaragua con toda su crudeza, especialmente en contextos electorales”.

Para algunos analistas políticos nicaragüenses todos estos hechos se enmarcan en una cultura política basada en el sectarismo, y que es impulsada por el régimen de Ortega. En lo que todos en este país parecen coincidir es que Nicaragua, nación que ha demostrado tener suficiente capacidad para desestabilizar a Centroamérica, no debería caer en un nuevo periodo de violencia política como los que ya vivió en el pasado. “Debemos estar convencidos que el camino para cambiar Nicaragua es de largo plazo y por la vía cívica, porque la vía armada ya vimos los resultados que da”, asegura María López Vigil, editora de la revista Envío de la Universidad Centroamericana de Managua.

 

 

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Domingo, 20 de Julio de 2014. 

 

La Habana.- El líder cubano Fidel Castro considera que Nicaragua se ha convertido en "un baluarte ya irreversible de la lucha antiimperialista" en un mensaje por el 35º aniversario del triunfo de la revolución popular sandinista, que publica hoy la prensa oficial de la isla.

"Saludo la victoria sandinista del 19 de Julio con el mismo entusiasmo; como si fuera el 26 de Julio de 1953 o el 1° de Enero de 1959" , escribió Fidel Castro en un mensaje enviado al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, por la conmemoración.

El expresidente cubano señala que Ortega y su esposa, Rosario Murillo, "ocuparán un lugar de honor en la historia de los pueblos de este continente, que algún día podrá contar también con el pueblo laborioso e inteligente de Estados Unidos" .

En igual sentido recuerda a su amigo, el fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, como el "campeón ineludible de la lucha por el socialismo y la revolución antiimperialista en América Latina" .

El periódico oficial "Juventud Rebelde" también publica las "fraternales felicitaciones" trasmitidas por su hermano, el presidente cubano, Raúl Castro, en una misiva enviada a Ortega, que las hace "extensivas al valeroso pueblo nicaragüense" .

La revolución sandinista triunfó el 19 de julio de 1979, 20 años después de la llegada al poder de la cubana, en enero de 1959, encabezada por Fidel Castro.

El 19 de julio es un día de fiesta nacional en Nicaragua que se celebra desde 1980, cuando fue decretado por el primer Gobierno sandinista para recordar el derrocamiento armado de la dinastía de los Somoza (1937-1979) .

 

 

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Lunes 12 de Mayo de 2014 08:37

El tratado

El Nuevo Siglo Bogota

Lunes, 12 de mayo de 2014.

Mientras el presidente Santos sigue invocando el Esguerra-Bárcenas (aunque el famoso meridiano 82 ni siquiera es mencionado en el tratado, sino en el acta de canje de ratificaciones de 1930, la cual jamás fue aprobada por el Congreso colombiano); mientras los magistrados de la Corte Constitucional resuelven sus pugnas internas (la de la filtración de la ponencia fallida, y la de la sentencia que primero fue resumen y después comunicado); y mientras los medios de comunicación siguen hablando de la “inaplicabilidad del fallo” que le quitó al país “75 mil km. cuadrados de mar territorial” (sic); alguien debería empezar a pensar seriamente en el tratado que, tarde o temprano, habrá que acordar y firmar con Nicaragua.

Varias veces, antes del proceso ante la CIJ, Colombia buscó negociar la controversia con Nicaragua. Jamás fue posible: Managua exigía que la soberanía sobre el archipiélago entrara en la agenda, lo cual resultaba -con razón- inaceptable. Pero ese obstáculo quedó removido con el pronunciamiento de La Haya en 2007: el mismo que señaló, con meridiana claridad (literalmente) que el meridiano de marras no era, ni fue nunca, límite de nada.
Lo dicho por la Corte Constitucional es simple: Colombia tiene la obligación bajo el derecho internacional de cumplir el fallo. (Una obligación que, dicho sea de paso, no se deriva del Pacto sino de la Carta de San Francisco). Lo que el artículo 101 de la Constitución establece es un procedimiento de incorporación al derecho interno, aplicable al caso en virtud de una interpretación generosa de su tenor literal. Así que hay fallo, hay que ejecutarlo, y habrá entonces que negociar con Nicaragua. Y la base de esa negociación no será otra que la delimitación establecida por La Haya. Suponer algo distinto es mentirle al país o autoengañarse cínicamente.

Es improbable que Nicaragua acepte una alteración sustancial del límite trazado por la CIJ. Cualquier modulación, por otro lado, implicará una transacción, algo a cambio. ¿Qué podría ofrecerse a Nicaragua para desenclavar, por ejemplo, Quitasueño y Serrana? En lugar de insistir en un mapa imaginado, que no fue y ya nunca será, Colombia debería apropiarse del fallo y exigir a Managua, sobre esa base, suficientes garantías y mecanismos de verificación en materia ambiental y en lo relativo a los derechos de los raizales. Ese tratado no será tanto un tratado de límites, sino más bien, un tratado de vecindad y convivencia. Los límites que hay que fijar son otros. Con Costa Rica y con Honduras, porque hoy por hoy, esa delimitación no existe.

Andrés Molano Rojas
Profesor de la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario y Director Académico del Observatorio de Política y Estrategia en América Latina (OPEAL)
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Lunes 05 de Mayo de 2014 08:03

¿Inaplicable?

Lunes, 5 de mayo de 2014

Qué difícil resulta vivir en un país en el que la jurisprudencia sobre temas cruciales se deduce de filtraciones, se notifica por comunicados de prensa (a veces “corregidos” por otro posterior), y se difunde a la opinión pública mediante titulares imprecisos, descontextualizados, o incluso opuestos a la realidad. Para la muestra, el sainete en que se ha convertido la sentencia de la Corte Constitucional sobre la Ley 37 de 1991, aprobatoria del Tratado Americano de Soluciones Pacíficas -el malhadado Pacto de Bogotá- contra la cual varios ciudadanos, incluyendo el actual candidato-Presidente, interpusieron acciones de inconstitucionalidad el año pasado.

Todo empezó con la filtración de una (presunta) ponencia del magistrado Mauricio González Cuervo, según la cual la Corte habría acogido -en lo esencial- la posición del Gobierno, declarando la exequibilidad condicionada de dicha ley, con efecto retroactivo, y en el entendido de que la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia derivada del Pacto no se extendía “a la decisión de asuntos de límites internacionales que impliquen la modificación de la situación general del territorio en las condiciones establecidas en el Art. 101 de la Constitución”.

Ya era grave la filtración, pero aún más graves hubieran sido las consecuencias del “no” del magistrado González al fallo de La Haya -como tituló el diario responsable de la filtración-, pues implicaba también un “no” tan absurdo como alevoso (y seguramente contraproducente) a los fundamentos mismos del derecho de gentes. Pero la cosa no paró ahí. Tras anunciarse la sentencia y conocerse el respectivo comunicado de prensa -un chapucero resumen de la providencia-, salió el presidente Santos a saludarla como histórica y a decir que en consecuencia “los límites de Colombia con Nicaragua continúan siendo los establecidos en el tratado Esguerra-Bárcenas”. Como si la tal CIJ no existiera, ni tampoco el fallo de 2007, ni el definitivo de 2012…

Rápidamente los medios dedujeron que la Corte respaldaba la tesis de la “inaplicabilidad” defendida por el Gobierno -y que motivó una demanda adicional de Nicaragua contra Colombia, aún no resuelta-. Cuando en realidad, la sentencia C-269 de 2014 acaba resolviendo “que las decisiones de la CIJ adoptadas a propósito de controversias limítrofes, deben ser incorporadas al derecho interno mediante un tratado”. En otras palabras, que el fallo hay que cumplirlo, y que para eso hay que celebrar un tratado con Managua -el cual puede modular lo decidido en La Haya, si las partes así lo convienen-. Y eso es muy distinto a dar patente de corso para inaplicarlo.

Andrés Molano Rojas
Profesor de la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario y Director Académico del Observatorio de Política y Estrategia en América Latina (OPEAL)
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Viernes 02 de Mayo de 2014 19:26

Corte: sin tratado, límites no se modifican

semana

Viernes, 2 de mayo de 2014.

La Corte Constitucional le dio la razón al presidente Santos en que el fallo de La Haya, en el diferendo con Nicaragua, es inaplicable.

Corte: sin tratado, límites no se modifican .

Pese a que varios expertos calificaron esta jugada jurídica como una ‘leguleyada’, la Corte Constitucional avaló la posición del Gobierno Nacional frente al fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya en el caso de los límites marítimos con Nicaragua, en el sentido de que si no hay un tratado bilateral posterior a la Constitución de 1991, tampoco hay modificación posible de la línea fronteriza.

Es así que, en una apretada decisión, el alto tribunal dio luz verde a la ponencia del magistrado Mauricio González Cuervo en la que se señala que dicho tratado entre los dos países debe contar, además, con la aprobación del Congreso de la República, aval de la Corte Constitucional y firma del Presidente de la República.

Así, tal y como lo dijo en su momento el presidente Juan Manuel Santos, el fallo de la CIJ que entregó 75.000 kilómetros de Mar Caribe a Nicaragua se acata pero es inaplicable, por cuenta del ordenamiento jurídico nacional que acepta la jurisdicción del tribunal internacional pero no su competencia para cambiar los límites del territorio nacional.

Santos había demandado ante la justicia el Pacto de Bogotá, el mismo que le dio autoridad a la CIJ para resolver diferendos territoriales entre países americanos y que invocó Nicaragua para llevar el caso contra Colombia -y luego contra otros países del hemisferio- ante La Haya y buscar la soberanía sobre San Andrés y Providencia, archipiélago que finalmente sigue perteneciendo a Colombia.

La ponencia

Para la Corte Constitucional “son fines del Estado el mantenimiento de la integridad territorial, pues el articulo 189.6 le asigna al presidente de la República la función de proveer la seguridad exterior asegurando la inviolabilidad del territorio”, indica la ponencia.

El magistrado González Cuervo argumentó que existe una regla en el artículo 101 conforme a la cual “la situación general del territorio vigente (Colombia) al promulgarse la Constitución de 1991, sólo puede ser modificada o alterada en virtud de la celebración de un tratado, aprobado por el Congreso, sometido a control previo de constitucionalidad y ratificado por el presidente de la República”.

Es decir que después de 1991 y hasta la fecha, no existe tratado alguno con Nicaragua que modifique el territorio colombiano, por lo cual para la Corte no es posible que se modifiquen los límites a raíz del fallo de la CIJ.

La Corte advierte también que “adquirir obligaciones internacionales no compromete la soberanía del territorio”, explicando que si bien Colombia se somete a la CIJ, ello no implica que las decisiones respecto de la modificación del territorio tengan que ser acatadas.

La ponencia justifica la actuación del presidente Juan Manuel Santos de interponer la demanda contra el Pacto de Bogotá en razón de que “debe asegurar la inviolabilidad del territorio y lo obliga a emprender todas las acciones jurídicas y políticas con fundamento en el derecho interno y en el derecho internacional para proteger las condiciones que configuran la delimitación del territorio”.

Por último, la Corte deja claro que la Corte Constitucional es competente para adelantar el examen de constitucionalidad “en contra de leyes aprobatorias de tratados internacionales, aun tratándose de leyes y tratados perfeccionados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución de 1991”.

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EL TIEMPO

Viernes, 2 de mayo de 2014

Debe haber tratado con Nicaragua sobre fallo de La Haya. Decisión respalda posición del Gobierno.

La Corte Constitucional acogió la ponencia del magistrado Mauricio González frente a la demanda interpuesta por el Gobierno contra el Pacto de Bogotá, firmado en 1968 y por el cual el Estado colombiano le reconoció a la Corte Internacional de La Haya facultades para resolver disputas limítrofes entre los Estados americanos, como ocurrió en el 2012 con la demanda de Nicaragua.

La Corte consideró que el Pacto de Bogotá es exequible condicionado. Esto, porque debe cumplir con el mandato del artículo 101 de la Constitución, que prohíbe la modificación de los límites del territorio sin que haya un tratado aprobado por el Congreso y ratificado por el Presidente de la República.

El artículo 101 de la Carta Magna dicta que: "los límites de Colombia son los establecidos en los tratados internacionales aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el Presidente de la República, y los definidos por los laudos arbitrales en que sea parte la Nación. Los límites señalados en la forma prevista por esta Constitución, sólo podrán modificarse en virtud de tratados aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el Presidente de la República. Forman parte de Colombia, además del territorio continental, el archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina e isla de Malpelo, además de las islas, islotes, cayos, morros y bancos que le pertenecen. También son parte de Colombia, el subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la zona económica exclusiva, el espacio aéreo, el segmento de la órbita geoestacionaria, el espectro electromagnético y el espacio donde actúa, de conformidad con el derecho internacional o con las leyes colombianas a falta de normas internacionales", dice el artículo.

La consecuencia de la trascendental decisión es que el fallo de la Corte de La Haya no podrá aplicarse para Colombia sin que exista un tratado con Managua que surta todo el proceso legal para su ratificación.

Es así como el Gobierno debe buscar un tratado para que la sentencia de La Haya, que le quita a Colombia más de 75 mil kilómetros de mar territorial, tenga la debida ejecución en el orden interno.

En dicho tratado sería posible pactar con Nicaragua, si así lo quisiera, límites diferentes a los establecidos.

El alto tribunal es claro en señalar que no se propone la invalidez de la sentencia ni el desconocimiento de la jurisdicción de la corte internacional. Tampoco implica que la Corte Constitucional esté facultando al Gobierno al desconocimiento de dicha sentencia. La decisión del alto tribunal lo que intenta es crear una armonización del derecho internacional con el derecho interno.

En varias oportunidades la Corte ha señalado que los tratados internacionales que obligan, sin ningún tipo de esguince, son los que se refieren al cumplimiento de las normas del Derecho Internacional Humanitario y de Derechos Humanos. Sobre ese tema no hay discusión.
Pero hay otros tratados anteriores al 91 que sí están abiertos al examen de la Corte y, dice el documento, entre ellos está el Tratado de Bogotá, y que lo que este establece en materia de límites va en contravía de la Carta del 91.

En 1993, en una de sus decisiones más sonadas, la primera Corte Constitucional tumbó parte del Concordato, firmado con la Santa Sede y vigente desde un siglo antes. En ese momento, la Corte decidió que los apartes de ese tratado que se referían al matrimonio civil y algunos referentes a la educación de las comunidades indígenas iban en contravía de derechos fundamentales reconocidos y protegidos por la Constitución y el derecho interno.

La decisión de la Corte respalda al Presidente Juan Manuel Santos, quien señaló el año pasado, que está impedido para cumplir el fallo de La Haya porque estaría violando la Constitución.

REDACCIÓN JUSTICIA

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Publicado en Prensa

opeal

El Instituto de Ciencia Política "Hernán Echavarría Olózaga" ante la controversia entre Colombia y Nicaragua

 

Desde que en noviembre de 2012 se hiciera pública la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) relativo a la disputa territorial y marítima entre Nicaragua y Colombia, el Observatorio de Política y Estrategia en América Latina (OPEAL) del Instituto de Ciencia Política "Hernán Echavarría Olózaga" ha venido siguiendo con atención el manejo y la gestión del escenario post-fallo.

En su momento, OPEAL advirtió sobre la importancia de que Colombia mantuviera su tradición histórica de respeto al derecho internacional. A fin de cuentas, la decisión de la CIJ vino a trazar una delimitación allí donde no la había antes (pues el meridiano 82 nunca tuvo otro carácter que el de una línea de referencia), y por lo tanto, vino a constituir un título jurídico cierto e incontrovertible, no sólo para los derechos de Nicaragua (la mayor parte de cuyas pretensiones fueron rechazadas en el curso del proceso) sino también para los derechos de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y sobre cerca del 65% de las aguas del Caribe Occidental.

OPEAL señaló también los peligros e inconvenientes de alimentar con un discurso ambiguo y patriotero las expectativas de una opinión pública confundida, e insistió en la necesidad de sustraer la discusión sobre la problemática estructural del archipiélago tanto de la coyuntura jurídica del proceso en La Haya como de los condicionamientos de la política electoral interna.

Frente a los temas migratorios, ambientales, de exploración y explotación de recursos naturales, y los relativos a la protección y garantía de los derechos de isleños y raizales, OPEAL subrayó la pertinencia de aprovechar el fallo como punto de partida para una negociación comprehensiva con Nicaragua, que abarcara eventualmente la regulación de los demás asuntos todavía pendientes entre ambos Estados, incluso en materia de competencias territoriales menores.

Los dos procedimientos posteriormente iniciados por Nicaragua contra Colombia ante la CIJ, relativos a la plataforma continental extendida y al acatamiento de la sentencia de noviembre de 2012, han venido a confirmar la validez de las consideraciones y recomendaciones realizadas por OPEAL.

En ese sentido, el Instituto de Ciencia Política "Hernán Echavarría Olózaga" saluda positivamente los signos de cambio que parecen insinuarse en la estrategia del Gobierno Nacional. Dicha estrategia debe tener siempre presentes los altos intereses nacionales y la legalidad internacional para que con realismo, pragamatismo y prudencia diplomática; agotando y aprovechando todas las herramientas disponibles en el derecho internacional para la solución pacífica de controversias; sin desacreditar ni rechazar de plano ninguna de esas herramientas; sin caer en la improvisación ni en la vana especulación conspirativa; y al margen de las presiones electorales y el vaivén de la opinión pública, se logre en el mediano plazo la resolución definitiva de la controversia con Nicaragua y la configuración de un marco jurídico internacional que le dé certidumbre y solidez a la relación bilateral. Todo ello, además, contribuirá significativamente a que Colombia apuntale mejor su proceso de inserción en el Gran Caribe y Centroamérica y facilitará el ejercicio del rol natural que le corresponde al país en esa área geopolítica.

Bogotá D.C, 15 de enero de 2014

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