Venus
OPEAL, un proyecto del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, hace seguimiento permanente a la situación geopolítica, económica, medioambiental y de seguridad de la región así como a la coyuntura de seguridad y la política exterior colombiana.


Martes, 18 Noviembre 2014 14:31

Los nuevos bantustanes

El Nuevo Siglo Bogota
El invento surafricano convertido en lugar común (y comodín) de la política mundial contemporánea.
 
Probablemente las generaciones que estudian hoy día en las facultades de Relaciones Internacionales no han oído jamás en su vida hablar de los "bantustanes" —como Transkei y Venda—, que el régimen racista surafricano constituyó entre 1959 y 1994.  Tal vez deberían empezar a estudiarlos, para decantar algunas lecciones que en el estado actual de desorden mundial podrían resultar de utilidad para entender lo que ocurre en lugares tan distantes (y en contextos tan diferentes) como el Cáucaso, el Este de Ucrania, los Balcanes o Nicaragua.
 
Los bantustantes fueron creados para reforzar la política de apartheid.  En estas “reservas tribales” se confinaban poblaciones no blancas, étnicamente homogéneas, para mantenerlas debidamente segregadas.  Se pretendía debilitar así las reivindicaciones de las mayorías negras, y evadir de paso el reproche internacional.  Veinte enclaves como estos fueron establecidos en Suráfrica y Namibia, y a todos ellos Pretoria les otorgó un grado mayor o menor de autogobierno.  Algunos se declararon independientes y fueron reconocidos como tales por Suráfrica, aunque su "soberanía" fuera puramente nominal.  Llegado el momento, los bantustantes se reconocieron recíprocamente, en peculiar muestra de solidaridad.  Ningún otro Estado en el mundo lo hizo.
 
Es evidente el parecido con Osetia del Sur y Abjasia (cuya independencia de Georgia sólo reconocen Rusia, Venezuela, Nicaragua y Nauru; y los inverosímiles Transnistria y Nagorno-Karabaj), o con las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk (proclamadas en abril pasado, al fragor de la crisis del Euromaidán en Ucrania).  Resulta inevitable evocar también el experimento de Washington y de Bruselas de apadrinar y subsidiar un Estado albano-kosovar tras las guerras de la antigua Yugoslavia.  O sospechar que una cosa similar se cocina en Nicaragua, con la excusa de construir un "Gran Canal”, que acaso encubre en realidad un ambicioso proyecto de land grabbing y transvase demográfico.  En todos estos casos opera exactamente la misma lógica:  la de crear hechos cumplidos, situaciones de facto contrarias al derecho (tanto al orden jurídico interno como a la ley internacional) mediante el establecimiento de enclaves territoriales (y poblacionales), que sirven a complejos intereses geopolíticos:  redefinir zonas de influencia, debilitar o inhibir potenciales rivales, promover regímenes afines en detrimento de la independencia política efectiva de otros Estados, e incluso, controlar físicamente áreas y recursos de alto valor estratégico.
 
Así son los nuevos bantustanes:  feudos extractivos, áreas de amortiguamiento, injertos identitarios, veladas formas de clientelismo y vasallaje.  La versión sofisticada y refinada de una perversa invención surafricana, convertida en lugar común (y comodín) de la política mundial del siglo XXl.
 
Andrés Molano Rojas 
Profesor de la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario y Director Académico del Observatorio de Política y Estrategia en América Latina (OPEAL).
 
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Lunes, 03 Noviembre 2014 13:24

Nicaragua ¿Qué hacer?

El Nuevo Siglo Bogota

“Un tratado es la mejor forma de conciliar intereses”

Han  transcurrido casi dos años desde que la Corte Internacional de Justicia profiriera su sentencia sobre la controversia territorial y marítima entre Nicaragua y Colombia.  Desde entonces, el país se ha dedicado a hacer acrobacias jurídicas para consumo interno -como la demanda contra la ley aprobatoria del previamente denunciado Pacto de Bogotá-, a la cacería de brujas en búsqueda de presuntos responsables, a atribuirle al fallo de La Haya la responsabilidad por los males y problemas endémicos que padece el archipiélago, y a especular sobre teorías conspirativas que intentan explicar, con más imaginación que sensatez política y diplomática, el presunto “despojo” del que habría sido víctima Colombia -los famosos 75 mil kilómetros de mar territorial que en realidad no se perdieron porque jamás existieron como tales-.

Entre tanto, Nicaragua entabló dos demandas nuevas contra Colombia.  Una en relación con la delimitación de su  plataforma continental extendida, y otra por el incumplimiento de las obligaciones que se derivan de la sentencia de marras, no por cuenta del extinto Pacto de Bogotá, sino por virtud de la Carta de San Francisco y el propio Estatuto de la Corte.

Puede que a Colombia le vaya muy bien en ambos procesos.  Puede que la primera de estas demandas no prospere, por ejemplo, porque La Haya se declare incompetente o porque rechace las ambiciosas pretensiones de Managua por tratarse de costas enfrentadas y no adyacentes.  Y puede que la segunda -con la que en la CIJ parece estar embolatada, sin saber muy bien qué hacer ni cómo tramitarla- se resuelva a su favor (lo cual implicaría, paradójicamente, que en la práctica Colombia no ha hecho nada distinto que cumplir el fallo original, a despecho del cacareado discurso sobre su “inaplicabilidad”).  Pero aun con la mejor de las suertes, ello no sacará al país del laberinto en que se encuentra en el Caribe Occidental.

Un tratado que perfeccione la delimitación -inevitablemente, sobre el trazado hecho por la CIJ-, pero que regule también aspectos ambientales, económicos, migratorios, y de seguridad, es la mejor forma (y acaso la única) de conciliar los intereses geopolíticos de Colombia con sus obligaciones bajo el derecho internacional y con las preocupaciones de los sanandresanos.  Al mismo tiempo, serviría para sujetar a Nicaragua a un régimen legal por cuyo cumplimiento sería responsable. Y seguramente también contribuiría a apuntalar hacia el futuro la proyección de Colombia en el Caribe, más allá de la retórica patriotera, con una visión integral y estratégica de largo plazo.

Andrés Molano Rojas 
Profesor de la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario y Director Académico del Observatorio de Política y Estrategia en América Latina (OPEAL).

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Lunes, 20 de octubre de 2014

A poco menos de un mes de cumplirse dos años del fallo adverso de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre San Andrés en el que Colombia fue despojada de cerca de 75.000 kilómetros de mar territorial alrededor del archipiélago, el gobierno colombiano parece no reaccionar ante las pretensiones expansionistas de Nicaragua.

Mientras la Cancillería colombiana ha tardado casi un año en trazar una estrategia para defender la soberanía nacional y preparar la apelación al mencionado fallo, el gobierno de Nicaragua parece tenerla clara para reclamar para su territorio una mayor porción de mar continental. Una segunda demanda fue admitida en La Haya, esta vez para que se tracen nuevas fronteras, y el país centroamericano reclama para sí cerca de 200 millas náuticas desde sus costas.

Sin embargo, ante esas pretensiones, aún se desconoce la estrategia del gobierno colombiano. Por eso en el Congreso de la República, la Comisión de Asuntos Internacionales encendió las alarmas y citó a la ministra María Ángela Holguín para que, en sesión reservada, explique la forma como el Gobierno defenderá al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

En efecto, el pasado 3 de octubre, en un comunicado publicado en la página oficial de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre la “Cuestión de la delimitación de la plataforma continental entre Nicaragua y Colombia más allá de las 200 millas náuticas desde la costa de Nicaragua”, se devela la segunda parte de la estrategia jurídica de ese país para que mediante un nuevo fallo se establezcan de una vez por todas los límites definitivos con Colombia como lo señala el documento.

Otra de las estrategias de Nicaragua que quedó en evidencia es tratar de convencer a la Corte de La Haya de que si bien esta es una nueva demanda, debería ser interpretada como la segunda parte de la primera, teniendo en cuenta que en el primer fallo no se definió con precisión el nuevo límite marítimo entre los dos países.

El fallo de noviembre del 2012 no reconoció más el meridiano 82 como límite, pero ratificó la soberanía colombiana sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia, desconociendo a su vez los derechos de los raizales, de las comunidades pesqueras y de todo el pueblo sanandresano que vive exclusivamente de la pesca y el turismo.

Esta nueva demanda pretende que la Corte declare los límites. Además, con la teoría del mar extendido, Nicaragua pretende aguas que colindan las costas de Cartagena.

En ese marco, está en riesgo una zona en la que hay petróleo y la reserva sea Flower, una de las más grandes del mundo y que está protegida por la ONU.

Lo peor del caso es que Colombia sólo se retiró de la jurisdicción de la Corte de La Haya después de conocerse el primer fallo, es decir, de forma tardía, pues la segunda demanda de Nicaragua fue admitida cuando Colombia seguía reconociendo la competencia de este tribunal internacional.

Ante este panorama, la estrategia de defensa de Colombia se advierte improvisada, lo cual contrasta con la habilidad del gobierno nicaragüense y la solidez de los abogados que desde hace varias décadas han liderado su estrategia. Por su parte, Colombia ha dado bandazos no sólo en la estrategia, también en los encargados de defender los intereses del país en La Haya.

De hecho, según el comunicado de la Corte, sólo el pasado 14 de agosto del 2014, Colombia apeló al artículo 79 del reglamento del tribunal y planteó objeciones preliminares a la competencia de la Corte, confirmando que no acepta su jurisdicción para conocer este caso, en concordancia con su retiro del Pacto de Bogotá, su no adhesión a la Convención sobre Derecho del Mar y al respeto del fallo de la Corte Constitucional colombiana.

Referendo, la mejor estrategia

La gobernadora de San Andrés, Aury Guerrero, en diálogo con Semana.com, no ocultó su preocupación ante un fallo adverso que llevaría a que el archipiélago quedara enclavado en aguas de Nicaragua (si es que la Corte falla en ese sentido), lo cual supondría una situación crítica para los habitantes, que, por ejemplo, tendrían que pedir visado para poder ejercer la pesca, una de las principales fuentes económicas del archipiélago.

Por eso, Guerrero, aunque respaldó al Gobierno en la estrategia de defensa, sugirió que esta vez sí se vinculen las voces del pueblo raizal dentro de la discusión, algo que no sucedió en la estrategia ante la primera demanda de Nicaragua. “El proceso de defensa debe tener una reorientación que incorpore la voz del sanandresano dentro de esa discusión”.

Para la gobernadora, “no sabemos cuál es la estrategia del Gobierno”, pero se sumó a las voces que, como las del uribismo, consideran que el Ejecutivo debe desacatar el fallo y convocar un referendo para que el pueblo colombiano se pronuncie sobre la pertenencia de San Andrés. “En el país tendría que surgir la idea del referendo. Nosotros somos colombianos, no acatamos el fallo, que nos vean con ojos de protección que debe haber con un pueblo que ha estado en la consolidación histórica del territorio colombiano”, explicó Aury Guerrero.

Desde el Congreso, la senadora Teresita García, integrante de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, afirmó que respalda firmemente la defensa jurídica del gobierno nacional, y ha manifestado que se deben corregir los yerros del pasado, pues Colombia no está dispuesta a perder un centímetro más de territorio. “Hay que hacerle entender a la corte que los raizales, los pescadores y la comunidad en general de San Andrés tienen unos derechos adquiridos milenariamente que no deben ser desconocidos”

“Las pretensiones de Nicaragua son absurdas, ellos buscan el reconocimiento de las 200 millas que si analizamos, darían casi en las costas de Cartagena, pues que entonces nos devuelvan la costa de Mosquitos, que si la contamos desde San Andrés, también hace parte de la plataforma extendida colombiana”, dijo.

Políticos en la Isla

En momentos en que en San Andrés se empiezan a encender las alarmas sobre un nuevo fallo adverso, coincide la presencia de grupos políticos en la Isla para avanzar en nuevas promesas a favor de los sanandresanos.

Los conservadores andan en la Isla, y allí, su presidente, el representante David Barguil, aprovechó para presentar un proyecto de ley que impulsarán en el Congreso que busca apoyar al archipiélago para que pueda mejorar en seguridad, servicios públicos y desarrollo turístico.

Pretenden hacerlo a través de la creación de un fondo para el desarrollo del departamento que tendrá una duración diez años y que obligaría al gobierno nacional a ejecutar un plan nacional de desarrollo para solucionar los problemas que más afectan a la isla.

Mientras llegan estas nuevas promesas, la principal pregunta que asalta a los sanandresanos es qué hará el Gobierno para enfrentar la amenaza que supone la nueva estrategia expansionista de Nicaragua.

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Viernes, 17 de octubre de 2014

El voto obligatorio que volvió a ser tema de agenda ayer en el legislativo, es tendencia en la región y de hecho, Colombia y Nicaragua, son los únicos Estados latinoamericanos que no lo han implementado de acuerdo con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (Iidh).

Según Juan Ramón Martínez, docente de derecho internacional de la Universidad del Rosario, la masiva acogida de la medida, podría deberse, en parte, a la Carta Democrática de 2001, en la que se estableció “que los Estados firmantes adquirían un compromiso de que la democracia sería el único medio para poder llegar al poder y eso se puede lograr mediante el método de elegir y ser elegido. Creo que algunos países han interpretado la premisa con cierto grado de obligatoriedad en la regla, pero aclaro que eso no es así, y cada Estado tiene la facultad de hacerlo o no”.

En Colombia, los académicos afirman no estar de acuerdo y según los expertos si la propuesta no pasó en más de 65 años que lleva rondando el legislativo, es porque no es conveniente.

Dice Carlos Andrés Echeverry, docente de derecho constitucional de la Universidad Javeriana Cali, que la Constitución de 1991 valoró el sufragio como un derecho, o sea de libre consideración para el ciudadano, e imponérselo, podría rayar, según el especialista, en lo antidemocrático. “Que la gente no vaya a votar, constituye una manifestación de inconformidad. Cuando las personas se abstienen de ir a las urnas, indica que no fueron seducidos por la propuesta de los diferentes aspirantes y quitarles esa facultad es convertir al país en un lugar que no es respetuoso de las decisiones de sus ciudadanos”.

Leonardo Acevedo, constitucionalista del Politécnico Grancolombiano, dice que el voto obligatorio ha venido teniendo una gran acogida por la importante abstención que hay en Colombia cuando se celebran elecciones. En las pasadas elecciones presidenciales de 2010 (primera vuelta) de los 29,9 millones de ciudadanos convocados a las urnas, votaron 14,6 millones de personas, lo que representa una ausencia de 51%. En la primera vuelta presidencial de 2014, el abstencionismo superó 60%, hecho que no se repetía desde hace más de 20 años. “Todas las reformas que se han presentado en ese sentido se han caído. Históricamente en el país, se ha respetado la libertad del ejercicio, e imponer una cultura obligatoria no es viable en este momento. Por otro lado, considero que no hay infraestructura para lograr controlar que 32,7 millones de ciudadanos que están habilitados para votar, acudan a las urnas”. Con lo que sí está de acuerdo el constitucionalista del Politécnico Grancolombiano es con conservar la lista cerrada para la elección de partidos, que también ocupó un espacio importante en la plenaria del Senado ayer. “Con este punto de la reforma los partidos políticos se volverían más disciplinados en sus propuestas y en su organización interna”.

En la opinión de Acevedo coincide el constitucionalista, Juan Manuel Charria, quien agrega que el conteo de votos se volvería muchísimo más sencillo para la Registraduría.

Para Héctor Andrés Valero, magister en derecho de la Universidad Icesi, la medida además de fortalecer el debate público de los partidos, también desincentivaría el clientelismo y la corrupción. “Los candidatos no comprarían votos porque nadie les va a garantizar que les favorezca a ellos, o a quienes están encabezando las listas”.

La discusión es sin afanes
Ayer el Senado retomó la discusión del proyecto de acto legislativo de la reforma del equilibrio de poderes, que tiene como eje central la eliminación de la reelección presidencial. Nuevamente la sesión se centró en la votación de impedimentos de algunos de los senadores, y se negaron los pedidos por Musa Besaile y Luis Fernando Velasco, entre otros.

El presidente del Senado, José David Name, señaló que dará todo el tiempo necesario para la discusión del proyecto, e incluso resaltó que entiende el afán del Gobierno porque salga la iniciativa, pero dejará que se debata de forma amplia.

Las opiniones

Héctor Andrés Valero
Magister en derecho de la universidad Icesi
“La lista cerrada es uno de los puntos importantes que se quieren introducir en la reforma de Equilibrio de Poderes, porque al erradicar la votación individual se evita que sucedan hechos de corrupción, como la compra de votos, que es tan frecuente”.

Juan Manuel Charria
Abogado constitucionalista
“La lista cerrada, además de fortalecer el debate público de los partidos, también desincentivaría el clientelismo y la corrupción, ya que los candidatos no comprarían votos porque nadie les va a garantizar que les favorezca a ellos o a sus compañeros”.

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Viernes, 17 de octubre de 2014

La gobernadora de San Andrés, Aury Guerrero, se refirió sobre la nueva demanda que interpuso Nicaragua en contra de Colombia.

"La demanda de Nicaragua ha sido presentada por el vecino país con la intención de seguir apropiándose del mar territorial y casi llegar hasta las costas colombianas dejando a San Andrés enclavado", señaló.

En ese sentido, la gobernadora exhortó a la Presidencia y a la Cancillería a seguir asumiendo una posición firme y contundente porque "las pretensiones expansionistas de Nicaragua son cada vez mayores".

"Si no hay reacciones fuertes por parte del Gobierno se podría ver en riesgo el país", sostuvo.

La semana pasada, según la gobernadora, la Cancillería envió expertos para informarse sobre lo hasta ahora actuado y frente a lo que se puede hacer hacia futuro.

"Pretensiones expansionistas de Nicaragua son cada vez mayores": gobernadora de San Andrés

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Viernes, 03 Octubre 2014 16:30

Fabio Gadea: “Daniel es un anárquico”

La Prensa Noticias

Viernes, 3 de octubre de 2014

El excandidato presidencial Fabio Gadea asegura que el mayor mal que enfrenta Nicaragua es la falta de institucionalidad y acusa al presidente inconstitucional Daniel Ortega de anárquico y de tener en sus manos a todos los Poderes del Estado.

“Daniel se ha apoderado de los Poderes del Estado, lo cual es grave porque el principal asunto de un país es su institucionalidad; sin la institucionalidad un país no funciona porque está en manos de un hombre”, cuestiona Gadea.
El empresario radial y político sostiene que Ortega administra de forma que no le importa la opinión de nadie, mucho menos que le interese dar conferencias a los periodistas.

“Daniel es anárquico, hace lo que quiere. Él no le pide permisos a nadie ni admite preguntas de periodistas ni da conferencias de prensa; ni parece interesarle la opinión de nadie, más que de los grupos izquierdosos que proliferan en América Latina como Fidel (Castro), (Nicolás) Maduro, (Rafael) Correa y Evo Morales”, criticó el excandidato presidencial.

“CPC SON OREJAS”

Gadea Mantilla también reconoce cómo la población está sometida mediante el miedo gubernamental, ejercido por los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), fuerzas de choque de Ortega.

“La población se siente vigilada por los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), que son orejas vigilantes y que con el tiempo van minando a la sociedad y la gente tiene miedo hasta de hablar. Así no se puede, este no es un país donde hay libertad”, aseguró el periodista y propietario de Radio Corporación.

“SOY PRESIDENTE CONSTITUCIONAL”

Gadea asegura con aplomo que es el presidente constitucional de Nicaragua y que lo divulga públicamente porque se considera libre y sin miedo a expresarse.

“Yo soy libre y voy a los centros comerciales y me rodean gente que desea fotografiarse conmigo y yo les digo: yo soy el presidente constitucional (…) ¿yo que pierdo?, no me importa que me oigan. Yo soy adversario del Gobierno, sería el colmo que no fuera adversario del Gobierno, donde después de unas elecciones que gané han hecho de todo para tener 63 diputados”, asegura.

CONSEJO AL PRÓXIMO CANDIDATO PRESIDENCIAL

Fabio Gadea Mantilla sostiene que mientras exista el mismo Consejo Supremo Electoral (CSE) y los mismos magistrados, nadie debería ir a las próximas elecciones del 2016.

“¿Por qué ir a unas elecciones donde van a estar los mismos magistrados, el mismo sistema electoral implantado para manipular las cédulas de identidad, quien juega con el padrón electoral, el organismo que juega con la cedulación, el mismo que ha cometido fraudes? ¿Qué se puede esperar de las próximas elecciones de 2016? No vale la pena. Yo no iría, aunque yo no estoy aspirando ir a una candidatura presidencial”, reflexiona el político.

Gadea sostiene que en Nicaragua existen personas jóvenes con capacidad para ejercer un buen gobierno; sin embargo, dijo que se abstenía de mencionar nombres.

“Hay gente que pueden ser buenos presidentes, pero que no puedo mencionar nombres porque dejaría de fuera a otros, pero hay su docena, sus 15 o 20 personas jóvenes que pueden hacer un buen gobierno”, dijo. No obstante, el empresario radial asegura que primeramente se tiene que rescatar la institucionalidad de Nicaragua.

“Ante todo en Nicaragua se necesita rescatar la institucionalidad, sobre todo, cambiar el sistema electoral y luego ir viendo como mejorar el resto de los Poderes del Estado”, afirmó el candidato presidencial del 2011.

Fabio Gadea, periodista y excandidato presidencial, asegura que los peores males de Nicaragua son la falta de institucionalidad, el desempleo y el desastre educativo. LA PRENSA/ R. FONSECA

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Jueves, 25 Septiembre 2014 20:14

Van por “alianza de oposición”

La Prensa Noticias

Jueves, 24 de Septiembre de 2014

En vista de que el proceso de unidad liberal no marcha al ritmo que el Partido Liberal Independiente (PLI) desea, sus dirigentes han optado por iniciar contactos para plantear una “alianza de oposición”, aseguró Kitty Monterrey, tesorera de la organización.

“El tiempo apremia si se quiere derrotar a Daniel Ortega, la unificación del liberalismo se dará en el camino”, dijo Monterrey, quien aseguró que se habría preferido iniciar este proceso con la unidad liberal concretizada.

3 meses de trabajo en la unidad liberal llevan el Partido Liberal Independiente (PLI) y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), aseguró ayer Kitty Monterrey, tesorera del PLI.

La propuesta de alianza con organizaciones, partidos y movimientos de oposición es propuesta de Eduardo Montealegre, presidente del PLI.

Por el momento, el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y el PLI acordaron ayer trabajar en Managua en el mes de octubre para “más avances en el proceso de unidad, lo cual incluye la firma de actas de compromiso entre ambos partidos”, aseguró Monterrey.

“No podemos estar perdiendo más tiempo en el sentido de los avances que son necesarios para la unidad en el territorio”, agregó la tesorera del PLI.

El Movimiento Liberal Constitucionalista Ramiro Sacasa, el Partido Acción Ciudadana (PAC) y el Movimiento Renovador Sandinista (MRS), son algunas de las organizaciones que el PLI ha contemplado para el proceso de alianza, según el diputado del PLI, Luis Callejas.

Monterrey aseguró que las reuniones para este nuevo proceso se iniciarán la próxima semana.

Asimismo, el diputado Callejas dijo que en la reunión sostenida ayer con el PLC finalmente se presentó una propuesta de reglamento para la unidad liberal elaborado por el PLI, el cual será analizado y sometido a debate posteriormente entre ambas organizaciones.

La dirigencia del Partido Liberal Independiente (PLI) decidió iniciar un proceso de unidad con todas las fuerzas opositoras, además de continuar paralelamente con el proceso de unidad con el PLC.
LA PRENSA/ ARCHIVO

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La Prensa Noticias

Lunes, 22 de septiembre de 2014

Las voces de protesta por la construcción del Gran Canal se siguen extendiendo en las comunidades donde se está realizando el censo chino en el departamento de Rivas. Ayer los habitantes de Río Grande, Tronco Solo y Nancite Dulce, buscaron respuestas.
También se sumaron a la Comisión Departamental para la Defensa de las Propiedades de la Población afectada por la construcción del Gran Canal.

Ronald Iván Enríquez Delgado, integrante de dicha Comisión, relató que un poco más de cien pobladores de Río Grande plantearon sus inquietudes por el censo chino y exigieron más información de parte de HKND Group y de las autoridades de Gobierno.

Señaló que el partido gobernante trató de desmontar la actividad y muy de mañana llegaron miembros de la Juventud Sandinista con piñatas y otras actividades a la escuela de la localidad, “pero ninguna de esas maniobras pudo acabar con el encuentro, donde la población nos llamó porque quieren asesorarse sobre las afectaciones del proyecto y ellos manifiestan que no se quieren ir de su terruño”.

POR LA TARDE

Por la tarde varios pobladores de Tronco Solo y Nancite Dulce, comunidades del municipio de Rivas, llegaron a la casa de don Francisco Aburto y al igual que el resto de comunidades gritaron “fuera chinos”.

Manifestaron estar dispuestos a protestar hasta que les digan claramente adónde los van a reubicar.

Aburto, propietario de un área de 70 manzanas de tierra, señaló que está preocupado porque en su propiedad tiene ganado y animales domésticos, además buena parte de su tierra la dedica a la agricultura.

“Yo tengo varios empleados, qué va a pasar con ellos, si me pagan la tierra al valor catastral no voy a poder comprar ni una manzana y dónde voy a meter mis animales, por eso estamos buscando cómo organizarnos para estar unidos, porque la mayoría no se quiere ir de sus propiedades”, comentó Aburto.

Félix Ibarra Mendoza, habitante de Tronco Solo, dijo que su temor es salir con una mano adelante y otra atrás y criticó a los diputados por hacer una ley del canal sin consultar con la población afectada.

Arnoldo Ruiz Gazo, poblador de Nancite Dulce, dijo que posee treinta manzanas de tierra y aseguró que lo que más les preocupa es que no hay lugares con las mismas características de su propiedad que es apta para varios cultivos, “y la verdad que en estos lados nadie quiere nada con los chinos”, dijo.

Octavio Ortega Arana, presidente de Fundemur, dijo que todas las comunidades que han visitado están pidiendo a la Comisión que organice una marcha departamental por la desinformación y el silencio de las autoridades sobre el proyecto.

Pobladores de las comunidades Roberto Turcios, de Tronco Solo  y Nancite Dulce también están inquietos y ávidos de información sobre el proyecto del Gran Canal.
LA PRENSA / R. VILLARREAL

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LA PRENSA. El Diario de los Nicaragüenses. Nicaragua

 

Viernes, 5 de Septiembre de 2014

Las grandes obras de mejora de los canales de Panamá y Suez, y la construcción del canal interoceánico de Nicaragua, no harán aumentar un comercio marítimo que responde más bien a oferta y demanda, estiman los expertos.

Con la intención de recuperar una parte del tráfico perdido en favor del canal de Suez, el de Panamá empezó en 2007 unas obras de ampliación para permitir el paso de barcos que transportan hasta 12,000 contenedores TEU (acrónimo en inglés de 'unidad equivalente a veinte pies, la medida de referencia en el sector) en vez de los de 5,000 TEU de la actualidad.

En efecto, "muchas mercancías que van a la costa este de Estados Unidos desde Asia usan hoy el canal de Suez" porque no tiene límites al tamaño de los barcos, explicó James Frew, analista de la consultora Maritime Strategies International. "Una buena parte de ese tráfico irá al de Panamá, pero no será revolucionario", estimó, porque existe otra posibilidad tan eficaz, que es descargar las mercaderías en California y enviarlas por tren a la costa este estadounidense. La ampliación del canal de Panamá "tendrá un cierto impacto en el transporte de contenedores", afirmó Ralph Leszczynski, director de análisis de la empresa de corretaje Banchero Costa.

"Pero para la mayoría de las cargas marítimas, como los fletes secos (carbón, mineral de hierro, cereales, etc...) y los petroleros, no será importante", afirmó Leszczynski, recordando que existen 4,500 navíos portacontenedores en el mundo por 10,000 de transporte de fletes secos y al menos 7,000 petroleros. "Actualmente", argumentó el analista de Banchero Costa, "la mayoría de las importaciones de carbón, de mineral de hierro y de petróleo van en dirección de China, India y Japón y no necesitan usar el canal dado que vienen principalmente de Australia, Indonesia, África y Medio Oriente". Además, "el precio del paso por el canal de Panamá es tal, que cada vez tendrá menos interés" para "ciertas materias primas cuyo precio cayó", destacó Marc Pauchet, del corredor Braemar ACM.

Así pues, la ampliación del canal de Panamá no se traducirá en nuevos intercambios comerciales, dijo Frew, porque "son más bien los factores marcoeconómicos los que afectan" al comercio mundial.

Por ejemplo, en este momento lo que cuenta es "la recuperación del consumo de las familias en Estados Unidos, Europa y en China" o el "incremento de productos manufacturados y de lujo en Medio Oriente y África", citó Frew. En la misma línea, el canal de Suez "pierde importancia porque los principales responsables del crecimiento de la demanda de petróleo son China e India, y sus importaciones no atraviesan ningún canal", estimó Leszczynski. El canal egipcio está construyendo actualmente una segunda vía. "Veo menos justificación a la expansión del canal de Suez que a la del de Panamá", porque su única limitación real "era que los VLCC (los mayores petroleros) no pueden pasar si están totalmente cargados", dijo Frew.

Para superar el escollo, los superpetroleros descargan una parte del crudo al principio de la travesía y lo recuperan al final. Leszczynski no ve razón alguna para construir un canal en Nicaragua.

"Si por arte de magia fuera menos caro que el de Panamá, los patrones de los barcos lo apreciarían, pero me temo que no será el caso", dijo el analista de Banchero Costa.

 

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El Nuevo Siglo Bogota

 

Jueves, 20 de Agosto de 2014. 

Nicaragua reportó este miércoles dos nuevos contagios con el virus del chicunguña en pacientes que ingresaron del exterior con síntomas de la enfermedad, con lo que suman cuatro los casos registrados, informó una fuente oficial.
La portavoz de la Presidencia, Rosario Murillo, dijo que los contagiados son una mujer originaria de Puerto Rico y una nicaragüense que participó en un encuentro religioso en un país centroamericano que no precisó.
Las dos mujeres, al ingresar al país, presentaban fiebres y malestares propios del chicunguña y están siendo atendidas por el sistema de salud, agregó Murillo sin ofrecer detalles.
La enfermedad transmitida por el mosquito Aedes Aegipty, el mismo del dengue, provoca fiebres altas, erupciones en la piel, dolores musculares y de articulaciones.
A comienzos de julio, el gobierno informó de los casos de una mujer hondureña de 24 años y su hija de 4, que estuvieron en República Dominicana y luego ingresaron al país con los síntomas que provoca el virus.
Nicaragua declaró una alerta sanitaria en junio para prevenir el ingreso del virus de chicunguña, que en Centroamérica afecta a países como El Salvador y Panamá.

 

 

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