12:26 AM
Thursday, 24 Apr 2014

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El Instituto de Ciencia Política "Hernán Echavarría Olózaga" ante la controversia entre Colombia y Nicaragua

 

Desde que en noviembre de 2012 se hiciera pública la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) relativo a la disputa territorial y marítima entre Nicaragua y Colombia, el Observatorio de Política y Estrategia en América Latina (OPEAL) del Instituto de Ciencia Política "Hernán Echavarría Olózaga" ha venido siguiendo con atención el manejo y la gestión del escenario post-fallo.

En su momento, OPEAL advirtió sobre la importancia de que Colombia mantuviera su tradición histórica de respeto al derecho internacional. A fin de cuentas, la decisión de la CIJ vino a trazar una delimitación allí donde no la había antes (pues el meridiano 82 nunca tuvo otro carácter que el de una línea de referencia), y por lo tanto, vino a constituir un título jurídico cierto e incontrovertible, no sólo para los derechos de Nicaragua (la mayor parte de cuyas pretensiones fueron rechazadas en el curso del proceso) sino también para los derechos de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y sobre cerca del 65% de las aguas del Caribe Occidental.

OPEAL señaló también los peligros e inconvenientes de alimentar con un discurso ambiguo y patriotero las expectativas de una opinión pública confundida, e insistió en la necesidad de sustraer la discusión sobre la problemática estructural del archipiélago tanto de la coyuntura jurídica del proceso en La Haya como de los condicionamientos de la política electoral interna.

Frente a los temas migratorios, ambientales, de exploración y explotación de recursos naturales, y los relativos a la protección y garantía de los derechos de isleños y raizales, OPEAL subrayó la pertinencia de aprovechar el fallo como punto de partida para una negociación comprehensiva con Nicaragua, que abarcara eventualmente la regulación de los demás asuntos todavía pendientes entre ambos Estados, incluso en materia de competencias territoriales menores.

Los dos procedimientos posteriormente iniciados por Nicaragua contra Colombia ante la CIJ, relativos a la plataforma continental extendida y al acatamiento de la sentencia de noviembre de 2012, han venido a confirmar la validez de las consideraciones y recomendaciones realizadas por OPEAL.

En ese sentido, el Instituto de Ciencia Política "Hernán Echavarría Olózaga" saluda positivamente los signos de cambio que parecen insinuarse en la estrategia del Gobierno Nacional. Dicha estrategia debe tener siempre presentes los altos intereses nacionales y la legalidad internacional para que con realismo, pragamatismo y prudencia diplomática; agotando y aprovechando todas las herramientas disponibles en el derecho internacional para la solución pacífica de controversias; sin desacreditar ni rechazar de plano ninguna de esas herramientas; sin caer en la improvisación ni en la vana especulación conspirativa; y al margen de las presiones electorales y el vaivén de la opinión pública, se logre en el mediano plazo la resolución definitiva de la controversia con Nicaragua y la configuración de un marco jurídico internacional que le dé certidumbre y solidez a la relación bilateral. Todo ello, además, contribuirá significativamente a que Colombia apuntale mejor su proceso de inserción en el Gran Caribe y Centroamérica y facilitará el ejercicio del rol natural que le corresponde al país en esa área geopolítica.

Bogotá D.C, 15 de enero de 2014

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Publicado en Análisis OPEAL
Lunes 20 de Enero de 2014 10:54

Ahora, el fallo sí

 

El Nuevo Siglo Bogota

Lunes 20 de enero de 2014
Autor: Andrés Molano Rojas

 Primero fue el discurso derrotista del despojo, de la “pérdida” de un mar territorial, que ni era territorial ni podía perderse (porque nunca había sido de Colombia). Luego fue la desaforada búsqueda de culpables, como si los hubiera, en un proceso que si bien no satisfizo las expectativas colombianas (alimentadas por un mapa imaginado), estuvo también muy lejos de satisfacer las ambiciones nicaragüenses. Vino después una “estrategia integral” que incluyó una acrobática demanda contra el Pacto de Bogotá, previamente denunciado, y que pronto tendrá que resolver la Corte Constitucional en un juicio que ojalá se condiga más con el derecho que con el patrioterismo. Luego emergieron las tesis conspirativas, y más adelante, el reclamo para que el país intentara una revisión de la sentencia, tan improcedente como eventualmente contraproducente. Y todo esto articulado con el argumento de que el tal fallo es “inaplicable”.


¿Y para qué? Para que a la postre los nicaragüenses iniciaran dos nuevos procedimientos contra Colombia ante la Corte Internacional de Justicia, uno de ellos verdaderamente inédito, por las declaraciones de altos funcionarios colombianos que según Nicaragua muestran “el rechazo del fallo (de noviembre de 2012) por parte de Colombia”. Procedimientos, si se quiere, apresurados y forzados por el cronograma, pero en modo alguno anodinos y mucho menos inocuos, a los que ahora Colombia tendrá que enfrentarse, y frente a los cuales, paradójicamente, la denigrada sentencia de La Haya ofrece un parapeto.


Tal vez por eso, ahora el fallo sí. De ahí que el Gobierno esté empezando a pensar cómo desmonta (o por lo menos diluye) el discurso vendido hasta el momento para el consumo interno, y empieza a reivindicar lo que la sentencia de marras siempre fue: un verdadero título jurídico de los derechos de Colombia en el Caribe y el punto de apoyo para lograr el que debió ser siempre el objetivo último de la “estrategia integral”: la solución definitiva y comprehensiva de la controversia con Nicaragua en aspectos no sólo territoriales, sino también migratorios, ambientales, de explotación de recursos y de seguridad, mediante la configuración de un marco jurídico internacional que le dé certidumbre y solidez a la relación bilateral, al tiempo que contribuye a consolidar la inserción de Colombia en esa zona geopolítica.


No será fácil calmar los ánimos nacionalistas, ni contener a los polizones ni a los saboteadores. Ni negociar con Nicaragua, construir confianza, y lograr de ella el compromiso necesario. Ni resolver los problemas estructurales del archipiélago, de los que el tal fallo, además, no tiene la culpa.

  

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RazonPublica.com

Lunes, 9 de diciembre de 2013

Autor: Andrés Molano Rojas

Después del fallo

La nueva demanda interpuesta por Nicaragua contra Colombia el pasado 26 de noviembre ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya pone en evidencia las debilidades y equivocaciones de la gestión por parte del Gobierno colombiano del escenario posterior a la sentencia de fondo proferida por ese mismo tribunal hace un año, el 19 de noviembre de 2012.

Hasta ahora el Gobierno Nacional no ha logrado articular, no obstante sus esfuerzos algo erráticos (o precisamente por ello), una hoja de ruta efectiva para capitalizar la sentencia en función de los intereses nacionales.

No hay que olvidar que esta sentencia constituye un título jurídico incontrovertible y definitivo, no solo de los derechos de Nicaragua, sino, sobre todo, de los derechos de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, las demás formaciones archipielágicas, y el 65 por ciento de las aguas del mar Caribe occidental.

En gran medida, los fallos de los tribunales (y en especial, de los tribunales internacionales) son lo que las partes hacen de ellos. Bien puede decirse entonces, en este caso, que la “derrota” presuntamente sufrida por Colombia en La Haya es consecuencia del discurso elaborado en Colombia alrededor de la sentencia, más que de lo decidido por la Corte; sin desconocer las legítimas objeciones que puedan formularse sobre algunos puntos concretos de su razonamiento y los efectos que deriva de ellos.

Tal como anota uno de los arquitectos de la demanda de 2001, Mauricio Herdocia, abogado nicaragüense y exmiembro de la Comisión territorial de Nicaragua, en entrevista transmitida por la Radio de la Universidad Nacional de Colombia el 6 de diciembre de 2013:

“Me parece interesante destacar que la primera impresión que se da al mundo y en Nicaragua es que ha habido una pérdida muy importante para las posiciones de Nicaragua. Lo que sucede es que inmediatamente después se produce la declaración del presidente Santos, y cuando el presidente Santos dice ‘bueno el fallo tiene vacíos, tiene inconsistencias, no guarda coherencia con las posiciones de Colombia’, etc., entonces inmediatamente el efecto positivo que había orientado el fallo, la lectura original del fallo ante la comunidad internacional y al interior (sic) de Nicaragua en sentido negativo desaparece. Porque el otro país está diciendo y está reconociendo una derrota entre comillas”.

Desde entonces, parece haberse impuesto la retórica sobre la estrategia, con arreglo a un discurso impreciso y confuso, el del despojo y el de la “inaplicabilidad”, hecho para el consumo interno, condicionado por la coyuntura política doméstica (y en especial, por un inusitado patrioterismo en el que han coincidido prácticamente todos los segmentos del espectro político), y con muy poca pertinencia jurídica y limitadas perspectivas de eficacia ante el derecho internacional.

La soledad colombiana

Con la tesis de la “inaplicabilidad”, Colombia erosiona aún más uno de los principales activos históricos de su diplomacia —el respeto al derecho internacional— y pierde credibilidad en el plano exterior.

El proyecto de configurar un grupo “TOCONNI” (Todos contra Nicaragua), integrado inicialmente con Panamá, Costa Rica y Jamaica, fracasó no más intentarse, luego de que Jamaica resolviera no participar en él y Panamá se desdijera al suscribir un memorando de entendimiento con Nicaragua en relación con la plataforma continental extendida, a los pocos días de suscribir con Colombia una carta en la que se denunciaba el “expansionismo nicaragüense ante el secretario general de la ONU”.

A su vez, Costa Rica sigue sin ratificar el Tratado Fernández-Facio de 1977 (de delimitación de áreas marinas y submarinas con Colombia en el Caribe), y teniendo pleitos pendientes ante la CIJ resulta poco probable que vaya más lejos a la hora de apoyar la posición colombiana frente al dictamen de dicho tribunal.

Las nuevas demandas

A la postre, la estrategia pos-fallo de Colombia ha provocado dos nuevas demandas por parte de Nicaragua ante la CIJ. Como consecuencia de la más reciente de ellas, casi coincidente con el cumplimiento del plazo correspondiente a la cesación de los efectos del Pacto de Bogotá, Colombia queda virtualmente acorralada, tanto jurídica como políticamente.

Sus márgenes de maniobra frente al país centroamericano se han reducido de manera sustancial, mientras su soledad a causa de su terquedad es cada vez más palmaria dentro de la comunidad internacional.

En efecto, con la nueva demanda la controversia ha dejado de ser sobre territorios, soberanía, jurisdicciones o competencias, y la pregunta que plantea es si Colombia ha cumplido o no con sus obligaciones bajo el derecho internacional, derivadas no solo de la sentencia de marras, sino de la Carta de Naciones Unidas (¿irá ahora el Gobierno a demandar su inconstitucionalidad como hizo con el Pacto de Bogotá?) y el derecho consuetudinario del mar.

Añádase a ello que de conformidad con el comunicado de prensa divulgado por La Haya Nicaragua aspira a obtener la reparación integral de los perjuicios causados por Colombia, en tanto esta sea responsable de impedirle el ejercicio de sus derechos legítimos en la zona económica exclusiva adjudicada por la Corte en su sentencia de 2012.

Esta acción iniciada por Nicaragua ante La Haya no tiene precedentes: nunca antes un Estado había recurrido al tribunal para pedirle que ordenara a otro el cumplimiento de una sentencia previa. Sin ganar absolutamente nada, Colombia ha sacrificado su prestigio y su reputación en materia de observancia del derecho internacional.

Las opciones que quedan

En el mediano y largo plazo, los costos de mantener la tesis de la “inaplicabilidad” irán aumentando exponencialmente. El ejercicio de gimnasia jurídica del Gobierno al demandar ante la Corte Constitucional la inexequibilidad de la ley aprobatoria del ya denunciado Pacto de Bogotá carece por completo de efectos ante el derecho internacional, y por el contrario, podría reforzar los argumentos de Nicaragua en relación con la presunta intención de Colombia de sustraerse al cumplimiento de sus obligaciones.

A fin de cuentas, para el derecho internacional, el derecho interno es un mero dato, un hecho del cual se deduce el cumplimiento o incumplimiento de las normas internacionales.

La única perspectiva razonable será, tarde o temprano, la de la negociar directamente con Nicaragua la implementación del fallo de 2012 y la regulación de los asuntos comunes en materia de seguridad, medio ambiente, migración y explotación de recursos, y también, para resolver las cuestiones suscitadas por las dos demandas posteriores.

Sin embargo, la posición de Colombia es hoy en día sumamente precaria. De haber tomado la iniciativa y haber llevado a Nicaragua a negociar hace un año —quizá de manera colectiva con otros Estados del Caribe occidental—, el apalancamiento de Colombia habría sido mucho mayor.

Bajo las circunstancias presentes, por el contrario, las condiciones son más favorables a Nicaragua: tiene como fichas para una eventual negociación no solo la sentencia ya proferida, sino los dos procesos iniciados y aún pendientes.

Debe señalarse que Nicaragua tiene dos instrumentos adicionales que podría emplear en relación con Colombia y el cumplimiento del fallo de La Haya:

- Acudir a la OEA (promoviendo una reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores), o

- al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, según establece la Carta de la ONU.

Si llegara a emplear estas opciones, Nicaragua estrecharía aún más la presión sobre Colombia. Incluso en ausencia de una resolución, la sola incorporación de la controversia entre ambos países en la agenda del Consejo de Seguridad, por ejemplo, representaría costos políticos y diplomáticos que deberían ser evitados.

La coyuntura presente de las relaciones con Managua y los procesos pendientes ante la CIJ configuran uno de los escenarios más críticos para la diplomacia colombiana desde el enrarecimiento de las relaciones con los vecinos bajo la administración Uribe.

Ciertamente, Nicaragua no es un vecino fácil: hay un largo historial de incidentes contra embarcaciones y nacionales colombianos, así como una limitada (y muchas veces frustrante) experiencia de cooperación bilateral en temas de la mayor importancia para el país (especialmente en materia de seguridad). Además, la benevolencia de Nicaragua para con las actividades de las FARC es un factor adicional de perturbación.

Pero en todo caso, Colombia debe evitar el quedar sometida a una especie de “enclavamiento” jurídico y político internacional. Es necesario neutralizar política y jurídicamente a Nicaragua, incluso mediante negociaciones que conduzcan a la aceptación de compromisos formales en garantía del interés nacional de Colombia y de la defensa de los derechos de los sanandresanos.

La posibilidad de que Managua mantenga indefinidamente la iniciativa y determine los términos de la relación con Colombia erosiona la capacidad de acción del país y lo obliga a vivir permanentemente a la defensiva, compromete sus intereses en el mediano y largo plazo, y afecta las expectativas, cultivadas con ahínco por el presidente Santos, de que Colombia desempeñe un papel protagónico y proactivo en el plano regional e incluso en la escena global.

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La demanda interpuesta por Nicaragua contra Colombia el 26 de noviembre de 2013 ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya pone en evidencia las debilidades, falencias y equivocaciones de la gestión del escenario post-fallo (luego de la sentencia de fondo proferida por ese mismo tribunal el 19 de noviembre del año pasado) por parte del Gobierno Nacional.

Desde el momento mismo de conocerse el primer fallo de fondo, el Gobierno ha sido errático y a pesar de sus esfuerzos, no ha logrado hasta ahora articular una hoja de ruta efectiva para capitalizar la sentencia en función de los intereses nacionales —en tanto que título jurídico incontrovertible y definitivo, no sólo de los derechos de Nicaragua, sino sobre todo, de los derechos de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y el 65% de las aguas del Caribe Occidental. En efecto, hasta ahora ha primado la retórica, con base en un discurso impreciso y confuso, el del despojo y el de la “inaplicabilidad”, hecho para el consumo interno, condicionado por la coyuntura política doméstica y con muy limitadas perspectivas de eficacia ante el derecho internacional.

Con la tesis de la “inaplicabilidad”, Colombia erosiona todavía más uno de los principales activos de su diplomacia —el respeto al Derecho Internacional— y pierde credibilidad en el plano internacional. El intento de configurar un grupo “TOCONNI” (Todos contra Nicaragua), integrado inicialmente con Panamá, Costa Rica y Jamaica, fracasó luego de que Jamaica resolviera no participar en él y Panamá se desdijera, suscribiendo un memorando de entendimiento con Nicaragua en relación con la plataforma continental extendida. A su vez, Costa Rica sigue sin ratificar el Tratado Fernández Facio (de delimitación de áreas marinas y submarinas con Colombia en el Caribe, 1977), y teniendo pleitos pendientes ante la CIJ resulta poco probable que vaya más lejos a la hora de apoyar la posición colombiana frente al dictamen de dicho tribunal.

A la postre, la “estrategia post fallo” de Colombia, ha provocado dos nuevas demandas por parte de Nicaragua ante la CIJ. Como consecuencia de la más reciente de ellas Colombia está virtualmente acorralada, tanto jurídica como políticamente, y sus márgenes de maniobra frente al país centroamericano se han estrechado sustancialmente, mientras su soledad es cada vez más evidente dentro de la comunidad internacional.

En efecto, con la nueva demanda la controversia ha dejado de ser sobre territorios, soberanía, jurisdicciones o competencias. La pregunta que plantea la acción judicial de Nicaragua es si Colombia ha cumplido o no con sus obligaciones bajo el derecho internacional, derivadas no sólo de la sentencia de marras, sino de la Carta de Naciones Unidas y el derecho consuetudinario del mar. Añádase a esto que Nicaragua aspira —de conformidad con el comunicado de prensa divulgado por La Haya— a obtener la reparación integral de los perjuicios y daños causados por Colombia, en tanto ésta sea responsable de impedirle el ejercicio de sus derechos legítimos en la zona económica exclusiva adjudicada por la Corte en su sentencia de 2012.

La acción iniciada por Nicaragua ante La Haya no tiene precedentes: nunca antes un Estado había recurrido al tribunal para pedirle que ordenara a otro el cumplimiento de una sentencia previa. Sin ganar absolutamente nada, Colombia ha sacrificado su prestigio y su reputación en materia de observancia del Derecho Internacional.

En el mediano y largo plazo, los costos de mantener la tesis de la “inaplicabilidad” irán aumentando exponencialmente. El ejercicio de gimnasia jurídica efectuado por el Gobierno al demandar ante la Corte Constitucional la inexequibilidad de la ley aprobatoria del ya denunciado Pacto de Bogotá carece por completo de efectos jurídicos ante el derecho internacional, y por el contrario, podría reforzar los argumentos de Nicaragua en relación con la presunta intención de Colombia de sustraerse al cumplimiento de sus obligaciones.

La única perspectiva razonable es, por lo tanto, la de la negociación directa con Nicaragua a efectos de la implementación del fallo de 2012 y la regulación de los asuntos comunes en materia de seguridad, medio ambiente, migración y explotación de recursos. Sin embargo, la posición de Colombia de cara a esa negociación es hoy en día sumamente precaria. De haber tomado la iniciativa y haber llevado a Nicaragua a negociar hace un año —quizá de manera colectiva con otros Estados del Caribe Occidental—, el apalancamiento de Colombia habría sido mucho mayor. Actualmente, por el contrario, las condiciones son más favorables a Nicaragua: tiene como fichas de cambio de una eventual negociación no sólo la sentencia ya proferida, sino los dos procesos posteriormente iniciados.

Debe señalarse que Nicaragua tiene todavía dos opciones adicionales en relación con Colombia y el cumplimiento del fallo de La Haya: acudir a la OEA (promoviendo una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores) o al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, según lo establece la Carta de San Francisco.

El escenario actual es uno de los más críticos para la diplomacia colombiana desde el enrarecimiento de las relaciones con los vecinos bajo la administración del presidente Uribe. Ciertamente, Nicaragua no es un vecino fácil: hay un largo historial de incidentes contra embarcaciones y nacionales colombianos, así como una limitada (y muchas veces frustrante) experiencia de cooperación bilateral en temas de la mayor importancia para el país (especialmente en materia de seguridad). La benevolencia de Nicaragua para con las actividades de las FARC constituye también un elemento de perturbación en la relación.

Colombia debe evitar quedar sometida a una especie de “enclavamiento” jurídico y político internacional. Es necesario neutralizar política y jurídicamente a Nicaragua, incluso mediante negociaciones que conduzcan a la aceptación de compromisos formales en garantía del interés nacional de Colombia y de la defensa de los derechos de los sanandresanos. La posibilidad de que Managua mantenga indefinidamente la iniciativa y determine los términos del relacionamiento con Colombia erosiona la capacidad de acción del país y lo obliga a vivir permanentemente a la defensiva.

 

Andrés Molano Rojas.
Director Académico del Observatorio de Política y Estrategia en América Latina y profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario
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Martes 03 de Diciembre de 2013 11:51

Segunda Demanda de Nicaragua contra Colombia

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Fecha: 28 de noviembre de 2013
Andrés Molano Rojas

 

Andrés Molano, Director Académico del Observatorio de Política y Estrategia en América Latina (OPEAL) y porfesor de la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario analiza la demanada presentada el 26 de noviembre por Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia, alegando el desacato del fallo proferido el 19 de noviembre de 2012 por ese tribunal.

 

Disponible en: www.canalcapital.gov.co/hashtag

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Lunes 02 de Diciembre de 2013 15:45

Un fallido post-fallo

El Nuevo Siglo Bogota
La nueva demanda interpuesta por Nicaragua contra Colombia ante la Corte Internacional de Justicia pone en evidencia las debilidades, falencias y equivocaciones de la gestión del escenario post-fallo por parte del Gobierno Nacional tras la sentencia de fondo proferida por ese tribunal el 19 de noviembre de 2012. En vez de asumir aquella sentencia como el título jurídico del que carecía Colombia para blindar, frente a Nicaragua y frente a terceros, sus derechos sobre el 65% del Caribe Occidental, y apalancarse en ella -a pesar de las razonables objeciones contra algunos aspectos de la decisión- para proyectar los intereses nacionales en el área, el Gobierno prefirió construir un discurso impreciso y engañoso, el del despojo y la “inaplicabilidad”, hecho para el consumo interno y condicionado por el interés reeleccionista y la necesidad de responder el desafío patriotero planteado por el uribismo.

La insistencia en la “inaplicabilidad” y las escaramuzas jurídicas de orden interno (la inédita “zona contigua integral” y la alucinante demanda de inconstitucionalidad contra el ya fenecido Pacto de Bogotá) le han dado munición a Nicaragua para, virtualmente, acorralar a Colombia en el plano jurídico y político. La nueva acción ante la CIJ se refiere, precisamente, a si Colombia cumple o no con sus obligaciones ante el Derecho Internacional; y al país de nada le servirá decir que sí pero no, y que del mismo modo, pero en sentido contrario. El margen de maniobra del país parece haberse estrechado, y su soledad es cada vez más angustiosa.
En efecto: fracasó también el “Todos contra Nicaragua”, del cual desertaron rápidamente Jamaica y Panamá, y en el que sólo Costa Rica parece querer aún, tímidamente, involucrarse. Nicaragua ha logrado ponerse en el papel de víctima de la contumacia colombiana y explotará hasta el final ese recurso. Por ahora ante la CIJ. Quién sabe si luego también ante la OEA o incluso ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

Tarde o temprano -como se insinuó varias veces en esta columna- Colombia tendrá que someterse al fallo de La Haya, y negociar con Nicaragua una canasta muy diversa de temas. Pero su posición en la mesa será mucho más débil y vulnerable de lo que hubiera sido hace un año, si hubiera tomado la iniciativa, en lugar de responder reactiva y tardíamente ante el nuevo estado de cosas. Magro balance deja pues la “estrategia integral post fallo”: la sentencia sigue ahí, hay dos nuevas demandas, y el país ha dilapidado en vano uno de sus -escasos- activos diplomáticos.

 

Disponible en: www.elnuevosiglo.com.co

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Fecha: 28 de noviembre de 2013
Por: Andrés Molano Rojas

 

Andrés Molano Director Académico del Observatorio de Política y Estrategia en América Latina (OPEAL) analiza la nueva demanda presentada por Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia alegando el incumplimiento de fallo de ese mismo tribunal del 19 de noviembre de 2012 en Panorama Internacional de CNN en español.

Disponible en: cnn.com

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Cientos de nicaragüenses rechazan reforma constitucional

Imagen: EFE

Jueves, 28 de noviembre de 2013

Autor: AFP

Cientos de personas marcharon este jueves en Managua en el inicio de una jornada de protestas contra un proyecto de reforma constitucional, que permitiría la reelección presidencial y la participación de los militares en cargos públicos.

"Por la libertad, no a las reformas", "Daniel, dictador", "los militares a sus cuarteles", gritaban unos 600 manifestantes agitando en alto banderas de Nicaragua y ejemplares de la Constitución.

Diputados opositores, grupos feministas, universitarios, desempleados, pobladores de barrios capitalinos, organizaciones cívicas y partidos políticos marcharon pacíficamente por la céntrica avenida Bolívar hacia la sede del Congreso, en el sector oeste de Managua, bajo la vigilancia de agentes policiales.

Los manifestantes, que paralizaron el tráfico de vehículos, hacían sonar matracas, pitos, tambores y disparaban morteros artesanales (de salva) a lo largo de la avenida, en cuyas aceras se erigen numerosos altares mandados a poner por el gobierno en honor a la Purísima, la Virgen de la que son devotos los nicaragüenses y cuyo día se celebra el 8 de diciembre.

El proyecto de reformas es promovido por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que tiene 63 de los 92 escaños en el Congreso.

Uno de los puntos más polémicos es la reelección presidencial indefinida, que allanaría el camino al presidente, Daniel Ortega, para buscar un tercer mandato consecutivo en 2016 y el cuarto desde el triunfo de la revolución sandinista en 1979. El proyecto también propone eliminar del texto constitucional la prohibición de que los militares ocupen cargos públicos que no sean de elección popular.

La movilización opositora es la primera de una jornada de protestas que sectores cívicos y políticos planean realizar para expresar su rechazo a los cambios propuestos, según los organizadores de la marcha.

El proyecto es respaldado por toda la estructura del Estado, controlada por los sandinistas, y adversado por los empresarios, la iglesia católica y algunos partidos políticos de oposición.

La iniciativa de ley debe ser aprobada en dos legislaturas, la primera antes del 15 de diciembre, cuando el Congreso concluye sus labores del año.

Los grupos cívicos promotores de la marcha advirtieron en un comunicado que no reconocerán la reforma aunque lo apruebe la "aplanadora orteguista".

El exguerrillero Henry Ruiz, uno de los nueve comandantes que junto a Ortega dirigieron el proceso revolucionario en la década de 1980, manifestó que la reforma "va a golpear" el estado de derecho vigente.

"Yo le diría a Daniel que se retire y que cumpla la ley", recomendó Ruiz. La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, una exmilitante sandinista, estimó que de aprobarse, las reformas "son un riesgo muy grande para los derechos humanos que ya están deteriorados" en el país.

Disponible en: www.elespectador.com

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Publicado en Noticias Nicaragua

Andrés Molano, Director Académico de OPEAL y profesor de las Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario analiza en Caracol Noticias las implicaciones de la nueva demanda presentada el 26 de noviembre ante la Corte Internacional de Justicia. El profesor Andrés Molano responde a las preguntas: ¿qué significa el llamado a consultas de un embajador? y ¿qué implicaciones tiene la presentación de la nueva de demanda y cuáles son los efectos a raíz de la denuncia del Pacto de Bogotá hecha por Colombia?

 


Disponible en: www.noticiascaracol.com

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Miércoles 27 de Noviembre de 2013 10:49

Nicaragua arremete por tercera vez contra Colombia

 

Nicaragua arremete por tercera vez contra Colombia. En menos de dos meses, Nicaragua ha demandado en dos ocasiones a Colombia ante la Corte Internacional de Justicia.

Miércoles 27 de noviembre de 2013

Autor: Semana

Desde el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre el caso de territorio entre Colombia y Nicaragua, estos dos países han mantenido una relación de tira y afloje pero esta semana se tensiona un poco más luego de la segunda demanda de la nación
centroamericana ante La Haya.

En varias ocasiones, la canciller María Ángela Holguín ha expresado que las relaciones con el país vecino son cordiales y que el canciller de ese país, Samuel Santos, ha sido amable con ella.

Sin embargo, Holguín quedó atónita ante la nueva acción de Nicaragua, que demandó a Colombia por “amenazas con el uso de la fuerza” y “violaciones” en los 75.000 kilómetros cuadrados de territorio que fue concedido al país vecino. “Nicaragua es un pésimo vecino con el que no se puede conversar”, declaró la canciller.

Pero no paró allí, en entrevista con Caracol Radio, Holguín opinó que le parece increíble que Nicaragua quiera solucionar los problemas bilaterales sin conversar con Colombia sino acudiendo en primera instancia a una institución internacional. “Nicaragua no nos ha hecho ningún tipo de manifestación”, pero aun así demandó al país, como explicó la diplomática.

La pretensión de ese país es que se juzgue y se declare que Colombia viola las obligaciones de la decisión que tomó La Haya hace un año, y que el país debe “abstenerse de la amenaza o el uso de la fuerza bajo la Carta de la ONU y el derecho consuetudinario”, como se indica en el recurso presentado el pasado martes 26 de noviembre. Este se suma a la demanda que hizo Nicaragua contra Colombia en septiembre pasado por la plataforma continental extendida.

El nuevo alegato se llevó ante La Haya el mismo día en el que el parlamento de Nicaragua autorizó el ingreso de tropas, naves y aeronaves militares de Estados Unidos y Rusia a los espacios marítimos delimitados por la CIJ, en el fallo que Colombia asegura que es inaplicable.

Daniel Ortega, presidente nicaragüense, le propuso con carácter de urgencia a la Asamblea Nacional de ese país que aprobara el ingreso de las dos potencias mundiales para realizar operaciones antinarcóticos en los espacios marítimos. Otra decisión que no cayó del todo bien en Colombia.

Así las cosas, cambia el panorama que la misma canciller Holguín había descrito hace una semana como amable. Colombia todavía no sabe cuándo responderá a la nueva acción de Nicaragua y se limita a decir que lo hará “cuando corresponda”, mientras que el país vecino autoriza el paso de embarcaciones y lleva diferentes pleitos ante La Haya. Con este, ya suman tres golpes jurídicos que tiene que enfrentar el equipo colombiano de juristas: el fallo del 19 de diciembre del 2012, la demanda de septiembre pasado y este nuevo recurso.

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