11:35 PM
Monday, 28 Jul 2014
Lunes 28 de Julio de 2014 12:25

La polarización desangra a Nicaragua

 

Domingo, 27 de Julio de 2014. 

 

Las cámaras de la televisión de Nicaragua mostraron a todo el país los rostros de tres campesinos acusados por la Fiscalía de haber “conspirado” en la ejecución de un ataque contra unas caravanas de simpatizantes del gobernante Frente Sandinista, que el pasado 19 de julio dejó cinco muertos. Con la presentación pública de Erick Salgado y Juan y Gregorio Torres las autoridades nicaragüenses pretendían demostrar un avance en las investigaciones del crimen, pero han logrado avivar la confusión de todo un país: no sólo porque los tres detenidos se han declarado abiertamente sandinistas, sino porque ellos no fueron quienes dispararon. Más de una semana de los hechos, las autoridades desconocen a los que perpetuaron la masacre, ni los motivos. Mientras tanto, la polarización política ha ido en aumento, causando un nuevo muerto: Carlos García, exmiembro de la llamada contra —grupo armado financiado por Estado Unidos que pretendía derrocar por las armas al Gobierno sandinista de los ochenta— y líder opositor del norte de Nicaragua, quien fue asesinado de un balazo en el pecho.

¿Quiénes mataron a los sandinistas? Es la pregunta que los nicaragüenses se repiten a diario, consternados por un crimen que demuestra hasta dónde ha llegado la división y la intolerancia política en este país centroamericano de apenas seis millones de habitantes, pero con una larga historia de polarización y violencia patrocinada desde el poder. De hecho, la masacre del 19 de julio —día en que se celebra el aniversario de la Revolución Popular Sandinista contra la dinastía somocista— se une a otros dos episodios sangrientos acontecidos en el país en los últimos tres años, con la salvedad de que los muertos en esos hechos eran considerados “opositores” al Gobierno de Ortega.

El primero ocurrió en la pequeñísima y pobre comunidad de El Carrizo, habitada en su mayoría por indígenas y campesinos, que no tiene energía eléctrica y se localiza en una zona del norte del país que fue escenario de la cruenta guerra de los ochenta, entre la contra y el Ejército Sandinista. A las ocho y media de la noche del 8 de noviembre de 2011, dos días después de las elecciones generales en las que triunfó Daniel Ortega pero que fueron catalogadas como “opacas” por observadores internacionales, un grupo de simpatizantes del Frente Sandinista entraron a la casa de Irene Mejía Cruz y atacaron a balazos a su marido, José Mercedes Pérez, de 67 años, y a sus cuatro hijos, simpatizantes todos del opositor Partido Liberal Independiente.

La familia estaba indefensa. En el ataque murieron el esposo de Irene y dos de sus hijos. Los otros dos resultaron gravemente heridos. Las autoridades acusaron a cuatro personas por la tragedia, a quienes impusieron penas de poco más de tres años. Entre los condenados está Jesús Herrera Zepeda, ex secretario político del Frente Sandinista, Eusebio Cruz Montenegro, exfuncionario del Tribunal Electoral de Nicaragua, y, lo más alarmante, dos expolicías: Elvin López y Mauro Díaz. Durante el proceso judicial, el juez a cargo del caso estableció que la matanza se produjo, en parte, “bajo arrebato” causado por el licor, un atenuante que permitió establecer una pena menor a la esperada por los familiares de la víctima. “Esto da asco”, afirmó en esa ocasión Gonzalo Carrión, abogado del Centro Nicaragüenses de Derechos Humanos (Cenidh).

Las autoridades acusaron a cuatro personas por la tragedia, a quienes impusieron penas de poco más de tres años
El otro hecho violento ocurrió el 5 de noviembre de 2012 en Ciudad Darío, municipio del norte de Nicaragua llamado así porque en él nació el célebre poeta nicaragüense Rubén Darío. La violencia política se apoderó de ese pequeño municipio tras conocerse los resultados de las elecciones municipales de ese año, que dieron un arrollador triunfo a los candidatos del Frente Sandinista. En Ciudad Darío los simpatizantes de la oposición acusaron al Tribunal Electoral de alterar los resultados a favor del FSLN, por lo que hubo enfrentamientos violentos en el poblado. La trifulca dejó a dos simpatizantes de la oposición muertos: Vidal Obando, asesinado de dos disparos en la cabeza, y Juan López Artola. Testigos de los hechos dijeron a los medios de comunicación que los crímenes fueron perpetuados por simpatizantes sandinistas.

En ninguno de esos crímenes hubo un pronunciamiento oficial de parte del presidente Daniel Ortega y su Gobierno. Ortega sí reaccionó indignado contra la masacre del pasado 19 de julio y ordenó a la Policía organizar una amplia investigación para esclarecer los hechos. “Hemos recibido la orden de nuestro Presidente y Jefe Supremo, el Comandante Daniel Ortega, de esclarecer a la mayor brevedad posible este hecho criminal y no vamos a escatimar ni tiempo, ni esfuerzo, ni sudor, ni sangre para [impedir] que unos pocos le arrebaten a la mayoría de nuestro pueblo esta paz que tanto nos ha costado construir a todos”, dijo la jefa de la Policía de Nicaragua, Aminta Granera.

Los periodistas nicaragüenses también han sido víctimas de la creciente intolerancia que vive este país. El pasado 17 de julio el cámara de Canal 12 de la televisión local, Javier Castro, fue atacado con un bate de madera por un simpatizante del Frente Sandinista cuando cubría una protesta de mujeres contra el Tribunal Electoral, en Managua. Y el 9 de julio el reportero de Televicentro Canal 2 fue agredido mientras entrevistaba a un funcionario del Ministerio de Salud: los videos del canal muestran el momento cuando un vehículo golpea intencionadamente al reportero mientras hacía su trabajo.

El Informe sobre Derechos Humanos y Conflictividad en Centroamérica 2011-2012 alertó sobre el retroceso en derechos humanos que vive Nicaragua, debido a la violencia política y la represión oficial. Según el documento, Nicaragua pasó del puesto 72 al número 81 de un total de 158 naciones en el Índice de Paz Global. El informe advierte de la “reaparición de la violencia política en Nicaragua con toda su crudeza, especialmente en contextos electorales”.

Para algunos analistas políticos nicaragüenses todos estos hechos se enmarcan en una cultura política basada en el sectarismo, y que es impulsada por el régimen de Ortega. En lo que todos en este país parecen coincidir es que Nicaragua, nación que ha demostrado tener suficiente capacidad para desestabilizar a Centroamérica, no debería caer en un nuevo periodo de violencia política como los que ya vivió en el pasado. “Debemos estar convencidos que el camino para cambiar Nicaragua es de largo plazo y por la vía cívica, porque la vía armada ya vimos los resultados que da”, asegura María López Vigil, editora de la revista Envío de la Universidad Centroamericana de Managua.

 

 

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Domingo, 20 de Julio de 2014. 

 

La Habana.- El líder cubano Fidel Castro considera que Nicaragua se ha convertido en "un baluarte ya irreversible de la lucha antiimperialista" en un mensaje por el 35º aniversario del triunfo de la revolución popular sandinista, que publica hoy la prensa oficial de la isla.

"Saludo la victoria sandinista del 19 de Julio con el mismo entusiasmo; como si fuera el 26 de Julio de 1953 o el 1° de Enero de 1959" , escribió Fidel Castro en un mensaje enviado al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, por la conmemoración.

El expresidente cubano señala que Ortega y su esposa, Rosario Murillo, "ocuparán un lugar de honor en la historia de los pueblos de este continente, que algún día podrá contar también con el pueblo laborioso e inteligente de Estados Unidos" .

En igual sentido recuerda a su amigo, el fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, como el "campeón ineludible de la lucha por el socialismo y la revolución antiimperialista en América Latina" .

El periódico oficial "Juventud Rebelde" también publica las "fraternales felicitaciones" trasmitidas por su hermano, el presidente cubano, Raúl Castro, en una misiva enviada a Ortega, que las hace "extensivas al valeroso pueblo nicaragüense" .

La revolución sandinista triunfó el 19 de julio de 1979, 20 años después de la llegada al poder de la cubana, en enero de 1959, encabezada por Fidel Castro.

El 19 de julio es un día de fiesta nacional en Nicaragua que se celebra desde 1980, cuando fue decretado por el primer Gobierno sandinista para recordar el derrocamiento armado de la dinastía de los Somoza (1937-1979) .

 

 

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Lunes 12 de Mayo de 2014 08:37

El tratado

El Nuevo Siglo Bogota

Lunes, 12 de mayo de 2014.

Mientras el presidente Santos sigue invocando el Esguerra-Bárcenas (aunque el famoso meridiano 82 ni siquiera es mencionado en el tratado, sino en el acta de canje de ratificaciones de 1930, la cual jamás fue aprobada por el Congreso colombiano); mientras los magistrados de la Corte Constitucional resuelven sus pugnas internas (la de la filtración de la ponencia fallida, y la de la sentencia que primero fue resumen y después comunicado); y mientras los medios de comunicación siguen hablando de la “inaplicabilidad del fallo” que le quitó al país “75 mil km. cuadrados de mar territorial” (sic); alguien debería empezar a pensar seriamente en el tratado que, tarde o temprano, habrá que acordar y firmar con Nicaragua.

Varias veces, antes del proceso ante la CIJ, Colombia buscó negociar la controversia con Nicaragua. Jamás fue posible: Managua exigía que la soberanía sobre el archipiélago entrara en la agenda, lo cual resultaba -con razón- inaceptable. Pero ese obstáculo quedó removido con el pronunciamiento de La Haya en 2007: el mismo que señaló, con meridiana claridad (literalmente) que el meridiano de marras no era, ni fue nunca, límite de nada.
Lo dicho por la Corte Constitucional es simple: Colombia tiene la obligación bajo el derecho internacional de cumplir el fallo. (Una obligación que, dicho sea de paso, no se deriva del Pacto sino de la Carta de San Francisco). Lo que el artículo 101 de la Constitución establece es un procedimiento de incorporación al derecho interno, aplicable al caso en virtud de una interpretación generosa de su tenor literal. Así que hay fallo, hay que ejecutarlo, y habrá entonces que negociar con Nicaragua. Y la base de esa negociación no será otra que la delimitación establecida por La Haya. Suponer algo distinto es mentirle al país o autoengañarse cínicamente.

Es improbable que Nicaragua acepte una alteración sustancial del límite trazado por la CIJ. Cualquier modulación, por otro lado, implicará una transacción, algo a cambio. ¿Qué podría ofrecerse a Nicaragua para desenclavar, por ejemplo, Quitasueño y Serrana? En lugar de insistir en un mapa imaginado, que no fue y ya nunca será, Colombia debería apropiarse del fallo y exigir a Managua, sobre esa base, suficientes garantías y mecanismos de verificación en materia ambiental y en lo relativo a los derechos de los raizales. Ese tratado no será tanto un tratado de límites, sino más bien, un tratado de vecindad y convivencia. Los límites que hay que fijar son otros. Con Costa Rica y con Honduras, porque hoy por hoy, esa delimitación no existe.

Andrés Molano Rojas
Profesor de la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario y Director Académico del Observatorio de Política y Estrategia en América Latina (OPEAL)
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Lunes 05 de Mayo de 2014 08:03

¿Inaplicable?

Lunes, 5 de mayo de 2014

Qué difícil resulta vivir en un país en el que la jurisprudencia sobre temas cruciales se deduce de filtraciones, se notifica por comunicados de prensa (a veces “corregidos” por otro posterior), y se difunde a la opinión pública mediante titulares imprecisos, descontextualizados, o incluso opuestos a la realidad. Para la muestra, el sainete en que se ha convertido la sentencia de la Corte Constitucional sobre la Ley 37 de 1991, aprobatoria del Tratado Americano de Soluciones Pacíficas -el malhadado Pacto de Bogotá- contra la cual varios ciudadanos, incluyendo el actual candidato-Presidente, interpusieron acciones de inconstitucionalidad el año pasado.

Todo empezó con la filtración de una (presunta) ponencia del magistrado Mauricio González Cuervo, según la cual la Corte habría acogido -en lo esencial- la posición del Gobierno, declarando la exequibilidad condicionada de dicha ley, con efecto retroactivo, y en el entendido de que la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia derivada del Pacto no se extendía “a la decisión de asuntos de límites internacionales que impliquen la modificación de la situación general del territorio en las condiciones establecidas en el Art. 101 de la Constitución”.

Ya era grave la filtración, pero aún más graves hubieran sido las consecuencias del “no” del magistrado González al fallo de La Haya -como tituló el diario responsable de la filtración-, pues implicaba también un “no” tan absurdo como alevoso (y seguramente contraproducente) a los fundamentos mismos del derecho de gentes. Pero la cosa no paró ahí. Tras anunciarse la sentencia y conocerse el respectivo comunicado de prensa -un chapucero resumen de la providencia-, salió el presidente Santos a saludarla como histórica y a decir que en consecuencia “los límites de Colombia con Nicaragua continúan siendo los establecidos en el tratado Esguerra-Bárcenas”. Como si la tal CIJ no existiera, ni tampoco el fallo de 2007, ni el definitivo de 2012…

Rápidamente los medios dedujeron que la Corte respaldaba la tesis de la “inaplicabilidad” defendida por el Gobierno -y que motivó una demanda adicional de Nicaragua contra Colombia, aún no resuelta-. Cuando en realidad, la sentencia C-269 de 2014 acaba resolviendo “que las decisiones de la CIJ adoptadas a propósito de controversias limítrofes, deben ser incorporadas al derecho interno mediante un tratado”. En otras palabras, que el fallo hay que cumplirlo, y que para eso hay que celebrar un tratado con Managua -el cual puede modular lo decidido en La Haya, si las partes así lo convienen-. Y eso es muy distinto a dar patente de corso para inaplicarlo.

Andrés Molano Rojas
Profesor de la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario y Director Académico del Observatorio de Política y Estrategia en América Latina (OPEAL)
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Viernes 02 de Mayo de 2014 19:26

Corte: sin tratado, límites no se modifican

semana

Viernes, 2 de mayo de 2014.

La Corte Constitucional le dio la razón al presidente Santos en que el fallo de La Haya, en el diferendo con Nicaragua, es inaplicable.

Corte: sin tratado, límites no se modifican .

Pese a que varios expertos calificaron esta jugada jurídica como una ‘leguleyada’, la Corte Constitucional avaló la posición del Gobierno Nacional frente al fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya en el caso de los límites marítimos con Nicaragua, en el sentido de que si no hay un tratado bilateral posterior a la Constitución de 1991, tampoco hay modificación posible de la línea fronteriza.

Es así que, en una apretada decisión, el alto tribunal dio luz verde a la ponencia del magistrado Mauricio González Cuervo en la que se señala que dicho tratado entre los dos países debe contar, además, con la aprobación del Congreso de la República, aval de la Corte Constitucional y firma del Presidente de la República.

Así, tal y como lo dijo en su momento el presidente Juan Manuel Santos, el fallo de la CIJ que entregó 75.000 kilómetros de Mar Caribe a Nicaragua se acata pero es inaplicable, por cuenta del ordenamiento jurídico nacional que acepta la jurisdicción del tribunal internacional pero no su competencia para cambiar los límites del territorio nacional.

Santos había demandado ante la justicia el Pacto de Bogotá, el mismo que le dio autoridad a la CIJ para resolver diferendos territoriales entre países americanos y que invocó Nicaragua para llevar el caso contra Colombia -y luego contra otros países del hemisferio- ante La Haya y buscar la soberanía sobre San Andrés y Providencia, archipiélago que finalmente sigue perteneciendo a Colombia.

La ponencia

Para la Corte Constitucional “son fines del Estado el mantenimiento de la integridad territorial, pues el articulo 189.6 le asigna al presidente de la República la función de proveer la seguridad exterior asegurando la inviolabilidad del territorio”, indica la ponencia.

El magistrado González Cuervo argumentó que existe una regla en el artículo 101 conforme a la cual “la situación general del territorio vigente (Colombia) al promulgarse la Constitución de 1991, sólo puede ser modificada o alterada en virtud de la celebración de un tratado, aprobado por el Congreso, sometido a control previo de constitucionalidad y ratificado por el presidente de la República”.

Es decir que después de 1991 y hasta la fecha, no existe tratado alguno con Nicaragua que modifique el territorio colombiano, por lo cual para la Corte no es posible que se modifiquen los límites a raíz del fallo de la CIJ.

La Corte advierte también que “adquirir obligaciones internacionales no compromete la soberanía del territorio”, explicando que si bien Colombia se somete a la CIJ, ello no implica que las decisiones respecto de la modificación del territorio tengan que ser acatadas.

La ponencia justifica la actuación del presidente Juan Manuel Santos de interponer la demanda contra el Pacto de Bogotá en razón de que “debe asegurar la inviolabilidad del territorio y lo obliga a emprender todas las acciones jurídicas y políticas con fundamento en el derecho interno y en el derecho internacional para proteger las condiciones que configuran la delimitación del territorio”.

Por último, la Corte deja claro que la Corte Constitucional es competente para adelantar el examen de constitucionalidad “en contra de leyes aprobatorias de tratados internacionales, aun tratándose de leyes y tratados perfeccionados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución de 1991”.

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Publicado en Prensa

EL TIEMPO

Viernes, 2 de mayo de 2014

Debe haber tratado con Nicaragua sobre fallo de La Haya. Decisión respalda posición del Gobierno.

La Corte Constitucional acogió la ponencia del magistrado Mauricio González frente a la demanda interpuesta por el Gobierno contra el Pacto de Bogotá, firmado en 1968 y por el cual el Estado colombiano le reconoció a la Corte Internacional de La Haya facultades para resolver disputas limítrofes entre los Estados americanos, como ocurrió en el 2012 con la demanda de Nicaragua.

La Corte consideró que el Pacto de Bogotá es exequible condicionado. Esto, porque debe cumplir con el mandato del artículo 101 de la Constitución, que prohíbe la modificación de los límites del territorio sin que haya un tratado aprobado por el Congreso y ratificado por el Presidente de la República.

El artículo 101 de la Carta Magna dicta que: "los límites de Colombia son los establecidos en los tratados internacionales aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el Presidente de la República, y los definidos por los laudos arbitrales en que sea parte la Nación. Los límites señalados en la forma prevista por esta Constitución, sólo podrán modificarse en virtud de tratados aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el Presidente de la República. Forman parte de Colombia, además del territorio continental, el archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina e isla de Malpelo, además de las islas, islotes, cayos, morros y bancos que le pertenecen. También son parte de Colombia, el subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la zona económica exclusiva, el espacio aéreo, el segmento de la órbita geoestacionaria, el espectro electromagnético y el espacio donde actúa, de conformidad con el derecho internacional o con las leyes colombianas a falta de normas internacionales", dice el artículo.

La consecuencia de la trascendental decisión es que el fallo de la Corte de La Haya no podrá aplicarse para Colombia sin que exista un tratado con Managua que surta todo el proceso legal para su ratificación.

Es así como el Gobierno debe buscar un tratado para que la sentencia de La Haya, que le quita a Colombia más de 75 mil kilómetros de mar territorial, tenga la debida ejecución en el orden interno.

En dicho tratado sería posible pactar con Nicaragua, si así lo quisiera, límites diferentes a los establecidos.

El alto tribunal es claro en señalar que no se propone la invalidez de la sentencia ni el desconocimiento de la jurisdicción de la corte internacional. Tampoco implica que la Corte Constitucional esté facultando al Gobierno al desconocimiento de dicha sentencia. La decisión del alto tribunal lo que intenta es crear una armonización del derecho internacional con el derecho interno.

En varias oportunidades la Corte ha señalado que los tratados internacionales que obligan, sin ningún tipo de esguince, son los que se refieren al cumplimiento de las normas del Derecho Internacional Humanitario y de Derechos Humanos. Sobre ese tema no hay discusión.
Pero hay otros tratados anteriores al 91 que sí están abiertos al examen de la Corte y, dice el documento, entre ellos está el Tratado de Bogotá, y que lo que este establece en materia de límites va en contravía de la Carta del 91.

En 1993, en una de sus decisiones más sonadas, la primera Corte Constitucional tumbó parte del Concordato, firmado con la Santa Sede y vigente desde un siglo antes. En ese momento, la Corte decidió que los apartes de ese tratado que se referían al matrimonio civil y algunos referentes a la educación de las comunidades indígenas iban en contravía de derechos fundamentales reconocidos y protegidos por la Constitución y el derecho interno.

La decisión de la Corte respalda al Presidente Juan Manuel Santos, quien señaló el año pasado, que está impedido para cumplir el fallo de La Haya porque estaría violando la Constitución.

REDACCIÓN JUSTICIA

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Publicado en Prensa

opeal

El Instituto de Ciencia Política "Hernán Echavarría Olózaga" ante la controversia entre Colombia y Nicaragua

 

Desde que en noviembre de 2012 se hiciera pública la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) relativo a la disputa territorial y marítima entre Nicaragua y Colombia, el Observatorio de Política y Estrategia en América Latina (OPEAL) del Instituto de Ciencia Política "Hernán Echavarría Olózaga" ha venido siguiendo con atención el manejo y la gestión del escenario post-fallo.

En su momento, OPEAL advirtió sobre la importancia de que Colombia mantuviera su tradición histórica de respeto al derecho internacional. A fin de cuentas, la decisión de la CIJ vino a trazar una delimitación allí donde no la había antes (pues el meridiano 82 nunca tuvo otro carácter que el de una línea de referencia), y por lo tanto, vino a constituir un título jurídico cierto e incontrovertible, no sólo para los derechos de Nicaragua (la mayor parte de cuyas pretensiones fueron rechazadas en el curso del proceso) sino también para los derechos de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y sobre cerca del 65% de las aguas del Caribe Occidental.

OPEAL señaló también los peligros e inconvenientes de alimentar con un discurso ambiguo y patriotero las expectativas de una opinión pública confundida, e insistió en la necesidad de sustraer la discusión sobre la problemática estructural del archipiélago tanto de la coyuntura jurídica del proceso en La Haya como de los condicionamientos de la política electoral interna.

Frente a los temas migratorios, ambientales, de exploración y explotación de recursos naturales, y los relativos a la protección y garantía de los derechos de isleños y raizales, OPEAL subrayó la pertinencia de aprovechar el fallo como punto de partida para una negociación comprehensiva con Nicaragua, que abarcara eventualmente la regulación de los demás asuntos todavía pendientes entre ambos Estados, incluso en materia de competencias territoriales menores.

Los dos procedimientos posteriormente iniciados por Nicaragua contra Colombia ante la CIJ, relativos a la plataforma continental extendida y al acatamiento de la sentencia de noviembre de 2012, han venido a confirmar la validez de las consideraciones y recomendaciones realizadas por OPEAL.

En ese sentido, el Instituto de Ciencia Política "Hernán Echavarría Olózaga" saluda positivamente los signos de cambio que parecen insinuarse en la estrategia del Gobierno Nacional. Dicha estrategia debe tener siempre presentes los altos intereses nacionales y la legalidad internacional para que con realismo, pragamatismo y prudencia diplomática; agotando y aprovechando todas las herramientas disponibles en el derecho internacional para la solución pacífica de controversias; sin desacreditar ni rechazar de plano ninguna de esas herramientas; sin caer en la improvisación ni en la vana especulación conspirativa; y al margen de las presiones electorales y el vaivén de la opinión pública, se logre en el mediano plazo la resolución definitiva de la controversia con Nicaragua y la configuración de un marco jurídico internacional que le dé certidumbre y solidez a la relación bilateral. Todo ello, además, contribuirá significativamente a que Colombia apuntale mejor su proceso de inserción en el Gran Caribe y Centroamérica y facilitará el ejercicio del rol natural que le corresponde al país en esa área geopolítica.

Bogotá D.C, 15 de enero de 2014

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Publicado en Análisis OPEAL
Lunes 20 de Enero de 2014 10:54

Ahora, el fallo sí

 

El Nuevo Siglo Bogota

Lunes 20 de enero de 2014
Autor: Andrés Molano Rojas

 Primero fue el discurso derrotista del despojo, de la “pérdida” de un mar territorial, que ni era territorial ni podía perderse (porque nunca había sido de Colombia). Luego fue la desaforada búsqueda de culpables, como si los hubiera, en un proceso que si bien no satisfizo las expectativas colombianas (alimentadas por un mapa imaginado), estuvo también muy lejos de satisfacer las ambiciones nicaragüenses. Vino después una “estrategia integral” que incluyó una acrobática demanda contra el Pacto de Bogotá, previamente denunciado, y que pronto tendrá que resolver la Corte Constitucional en un juicio que ojalá se condiga más con el derecho que con el patrioterismo. Luego emergieron las tesis conspirativas, y más adelante, el reclamo para que el país intentara una revisión de la sentencia, tan improcedente como eventualmente contraproducente. Y todo esto articulado con el argumento de que el tal fallo es “inaplicable”.


¿Y para qué? Para que a la postre los nicaragüenses iniciaran dos nuevos procedimientos contra Colombia ante la Corte Internacional de Justicia, uno de ellos verdaderamente inédito, por las declaraciones de altos funcionarios colombianos que según Nicaragua muestran “el rechazo del fallo (de noviembre de 2012) por parte de Colombia”. Procedimientos, si se quiere, apresurados y forzados por el cronograma, pero en modo alguno anodinos y mucho menos inocuos, a los que ahora Colombia tendrá que enfrentarse, y frente a los cuales, paradójicamente, la denigrada sentencia de La Haya ofrece un parapeto.


Tal vez por eso, ahora el fallo sí. De ahí que el Gobierno esté empezando a pensar cómo desmonta (o por lo menos diluye) el discurso vendido hasta el momento para el consumo interno, y empieza a reivindicar lo que la sentencia de marras siempre fue: un verdadero título jurídico de los derechos de Colombia en el Caribe y el punto de apoyo para lograr el que debió ser siempre el objetivo último de la “estrategia integral”: la solución definitiva y comprehensiva de la controversia con Nicaragua en aspectos no sólo territoriales, sino también migratorios, ambientales, de explotación de recursos y de seguridad, mediante la configuración de un marco jurídico internacional que le dé certidumbre y solidez a la relación bilateral, al tiempo que contribuye a consolidar la inserción de Colombia en esa zona geopolítica.


No será fácil calmar los ánimos nacionalistas, ni contener a los polizones ni a los saboteadores. Ni negociar con Nicaragua, construir confianza, y lograr de ella el compromiso necesario. Ni resolver los problemas estructurales del archipiélago, de los que el tal fallo, además, no tiene la culpa.

  

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RazonPublica.com

Lunes, 9 de diciembre de 2013

Autor: Andrés Molano Rojas

Después del fallo

La nueva demanda interpuesta por Nicaragua contra Colombia el pasado 26 de noviembre ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya pone en evidencia las debilidades y equivocaciones de la gestión por parte del Gobierno colombiano del escenario posterior a la sentencia de fondo proferida por ese mismo tribunal hace un año, el 19 de noviembre de 2012.

Hasta ahora el Gobierno Nacional no ha logrado articular, no obstante sus esfuerzos algo erráticos (o precisamente por ello), una hoja de ruta efectiva para capitalizar la sentencia en función de los intereses nacionales.

No hay que olvidar que esta sentencia constituye un título jurídico incontrovertible y definitivo, no solo de los derechos de Nicaragua, sino, sobre todo, de los derechos de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, las demás formaciones archipielágicas, y el 65 por ciento de las aguas del mar Caribe occidental.

En gran medida, los fallos de los tribunales (y en especial, de los tribunales internacionales) son lo que las partes hacen de ellos. Bien puede decirse entonces, en este caso, que la “derrota” presuntamente sufrida por Colombia en La Haya es consecuencia del discurso elaborado en Colombia alrededor de la sentencia, más que de lo decidido por la Corte; sin desconocer las legítimas objeciones que puedan formularse sobre algunos puntos concretos de su razonamiento y los efectos que deriva de ellos.

Tal como anota uno de los arquitectos de la demanda de 2001, Mauricio Herdocia, abogado nicaragüense y exmiembro de la Comisión territorial de Nicaragua, en entrevista transmitida por la Radio de la Universidad Nacional de Colombia el 6 de diciembre de 2013:

“Me parece interesante destacar que la primera impresión que se da al mundo y en Nicaragua es que ha habido una pérdida muy importante para las posiciones de Nicaragua. Lo que sucede es que inmediatamente después se produce la declaración del presidente Santos, y cuando el presidente Santos dice ‘bueno el fallo tiene vacíos, tiene inconsistencias, no guarda coherencia con las posiciones de Colombia’, etc., entonces inmediatamente el efecto positivo que había orientado el fallo, la lectura original del fallo ante la comunidad internacional y al interior (sic) de Nicaragua en sentido negativo desaparece. Porque el otro país está diciendo y está reconociendo una derrota entre comillas”.

Desde entonces, parece haberse impuesto la retórica sobre la estrategia, con arreglo a un discurso impreciso y confuso, el del despojo y el de la “inaplicabilidad”, hecho para el consumo interno, condicionado por la coyuntura política doméstica (y en especial, por un inusitado patrioterismo en el que han coincidido prácticamente todos los segmentos del espectro político), y con muy poca pertinencia jurídica y limitadas perspectivas de eficacia ante el derecho internacional.

La soledad colombiana

Con la tesis de la “inaplicabilidad”, Colombia erosiona aún más uno de los principales activos históricos de su diplomacia —el respeto al derecho internacional— y pierde credibilidad en el plano exterior.

El proyecto de configurar un grupo “TOCONNI” (Todos contra Nicaragua), integrado inicialmente con Panamá, Costa Rica y Jamaica, fracasó no más intentarse, luego de que Jamaica resolviera no participar en él y Panamá se desdijera al suscribir un memorando de entendimiento con Nicaragua en relación con la plataforma continental extendida, a los pocos días de suscribir con Colombia una carta en la que se denunciaba el “expansionismo nicaragüense ante el secretario general de la ONU”.

A su vez, Costa Rica sigue sin ratificar el Tratado Fernández-Facio de 1977 (de delimitación de áreas marinas y submarinas con Colombia en el Caribe), y teniendo pleitos pendientes ante la CIJ resulta poco probable que vaya más lejos a la hora de apoyar la posición colombiana frente al dictamen de dicho tribunal.

Las nuevas demandas

A la postre, la estrategia pos-fallo de Colombia ha provocado dos nuevas demandas por parte de Nicaragua ante la CIJ. Como consecuencia de la más reciente de ellas, casi coincidente con el cumplimiento del plazo correspondiente a la cesación de los efectos del Pacto de Bogotá, Colombia queda virtualmente acorralada, tanto jurídica como políticamente.

Sus márgenes de maniobra frente al país centroamericano se han reducido de manera sustancial, mientras su soledad a causa de su terquedad es cada vez más palmaria dentro de la comunidad internacional.

En efecto, con la nueva demanda la controversia ha dejado de ser sobre territorios, soberanía, jurisdicciones o competencias, y la pregunta que plantea es si Colombia ha cumplido o no con sus obligaciones bajo el derecho internacional, derivadas no solo de la sentencia de marras, sino de la Carta de Naciones Unidas (¿irá ahora el Gobierno a demandar su inconstitucionalidad como hizo con el Pacto de Bogotá?) y el derecho consuetudinario del mar.

Añádase a ello que de conformidad con el comunicado de prensa divulgado por La Haya Nicaragua aspira a obtener la reparación integral de los perjuicios causados por Colombia, en tanto esta sea responsable de impedirle el ejercicio de sus derechos legítimos en la zona económica exclusiva adjudicada por la Corte en su sentencia de 2012.

Esta acción iniciada por Nicaragua ante La Haya no tiene precedentes: nunca antes un Estado había recurrido al tribunal para pedirle que ordenara a otro el cumplimiento de una sentencia previa. Sin ganar absolutamente nada, Colombia ha sacrificado su prestigio y su reputación en materia de observancia del derecho internacional.

Las opciones que quedan

En el mediano y largo plazo, los costos de mantener la tesis de la “inaplicabilidad” irán aumentando exponencialmente. El ejercicio de gimnasia jurídica del Gobierno al demandar ante la Corte Constitucional la inexequibilidad de la ley aprobatoria del ya denunciado Pacto de Bogotá carece por completo de efectos ante el derecho internacional, y por el contrario, podría reforzar los argumentos de Nicaragua en relación con la presunta intención de Colombia de sustraerse al cumplimiento de sus obligaciones.

A fin de cuentas, para el derecho internacional, el derecho interno es un mero dato, un hecho del cual se deduce el cumplimiento o incumplimiento de las normas internacionales.

La única perspectiva razonable será, tarde o temprano, la de la negociar directamente con Nicaragua la implementación del fallo de 2012 y la regulación de los asuntos comunes en materia de seguridad, medio ambiente, migración y explotación de recursos, y también, para resolver las cuestiones suscitadas por las dos demandas posteriores.

Sin embargo, la posición de Colombia es hoy en día sumamente precaria. De haber tomado la iniciativa y haber llevado a Nicaragua a negociar hace un año —quizá de manera colectiva con otros Estados del Caribe occidental—, el apalancamiento de Colombia habría sido mucho mayor.

Bajo las circunstancias presentes, por el contrario, las condiciones son más favorables a Nicaragua: tiene como fichas para una eventual negociación no solo la sentencia ya proferida, sino los dos procesos iniciados y aún pendientes.

Debe señalarse que Nicaragua tiene dos instrumentos adicionales que podría emplear en relación con Colombia y el cumplimiento del fallo de La Haya:

- Acudir a la OEA (promoviendo una reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores), o

- al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, según establece la Carta de la ONU.

Si llegara a emplear estas opciones, Nicaragua estrecharía aún más la presión sobre Colombia. Incluso en ausencia de una resolución, la sola incorporación de la controversia entre ambos países en la agenda del Consejo de Seguridad, por ejemplo, representaría costos políticos y diplomáticos que deberían ser evitados.

La coyuntura presente de las relaciones con Managua y los procesos pendientes ante la CIJ configuran uno de los escenarios más críticos para la diplomacia colombiana desde el enrarecimiento de las relaciones con los vecinos bajo la administración Uribe.

Ciertamente, Nicaragua no es un vecino fácil: hay un largo historial de incidentes contra embarcaciones y nacionales colombianos, así como una limitada (y muchas veces frustrante) experiencia de cooperación bilateral en temas de la mayor importancia para el país (especialmente en materia de seguridad). Además, la benevolencia de Nicaragua para con las actividades de las FARC es un factor adicional de perturbación.

Pero en todo caso, Colombia debe evitar el quedar sometida a una especie de “enclavamiento” jurídico y político internacional. Es necesario neutralizar política y jurídicamente a Nicaragua, incluso mediante negociaciones que conduzcan a la aceptación de compromisos formales en garantía del interés nacional de Colombia y de la defensa de los derechos de los sanandresanos.

La posibilidad de que Managua mantenga indefinidamente la iniciativa y determine los términos de la relación con Colombia erosiona la capacidad de acción del país y lo obliga a vivir permanentemente a la defensiva, compromete sus intereses en el mediano y largo plazo, y afecta las expectativas, cultivadas con ahínco por el presidente Santos, de que Colombia desempeñe un papel protagónico y proactivo en el plano regional e incluso en la escena global.

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La demanda interpuesta por Nicaragua contra Colombia el 26 de noviembre de 2013 ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya pone en evidencia las debilidades, falencias y equivocaciones de la gestión del escenario post-fallo (luego de la sentencia de fondo proferida por ese mismo tribunal el 19 de noviembre del año pasado) por parte del Gobierno Nacional.

Desde el momento mismo de conocerse el primer fallo de fondo, el Gobierno ha sido errático y a pesar de sus esfuerzos, no ha logrado hasta ahora articular una hoja de ruta efectiva para capitalizar la sentencia en función de los intereses nacionales —en tanto que título jurídico incontrovertible y definitivo, no sólo de los derechos de Nicaragua, sino sobre todo, de los derechos de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y el 65% de las aguas del Caribe Occidental. En efecto, hasta ahora ha primado la retórica, con base en un discurso impreciso y confuso, el del despojo y el de la “inaplicabilidad”, hecho para el consumo interno, condicionado por la coyuntura política doméstica y con muy limitadas perspectivas de eficacia ante el derecho internacional.

Con la tesis de la “inaplicabilidad”, Colombia erosiona todavía más uno de los principales activos de su diplomacia —el respeto al Derecho Internacional— y pierde credibilidad en el plano internacional. El intento de configurar un grupo “TOCONNI” (Todos contra Nicaragua), integrado inicialmente con Panamá, Costa Rica y Jamaica, fracasó luego de que Jamaica resolviera no participar en él y Panamá se desdijera, suscribiendo un memorando de entendimiento con Nicaragua en relación con la plataforma continental extendida. A su vez, Costa Rica sigue sin ratificar el Tratado Fernández Facio (de delimitación de áreas marinas y submarinas con Colombia en el Caribe, 1977), y teniendo pleitos pendientes ante la CIJ resulta poco probable que vaya más lejos a la hora de apoyar la posición colombiana frente al dictamen de dicho tribunal.

A la postre, la “estrategia post fallo” de Colombia, ha provocado dos nuevas demandas por parte de Nicaragua ante la CIJ. Como consecuencia de la más reciente de ellas Colombia está virtualmente acorralada, tanto jurídica como políticamente, y sus márgenes de maniobra frente al país centroamericano se han estrechado sustancialmente, mientras su soledad es cada vez más evidente dentro de la comunidad internacional.

En efecto, con la nueva demanda la controversia ha dejado de ser sobre territorios, soberanía, jurisdicciones o competencias. La pregunta que plantea la acción judicial de Nicaragua es si Colombia ha cumplido o no con sus obligaciones bajo el derecho internacional, derivadas no sólo de la sentencia de marras, sino de la Carta de Naciones Unidas y el derecho consuetudinario del mar. Añádase a esto que Nicaragua aspira —de conformidad con el comunicado de prensa divulgado por La Haya— a obtener la reparación integral de los perjuicios y daños causados por Colombia, en tanto ésta sea responsable de impedirle el ejercicio de sus derechos legítimos en la zona económica exclusiva adjudicada por la Corte en su sentencia de 2012.

La acción iniciada por Nicaragua ante La Haya no tiene precedentes: nunca antes un Estado había recurrido al tribunal para pedirle que ordenara a otro el cumplimiento de una sentencia previa. Sin ganar absolutamente nada, Colombia ha sacrificado su prestigio y su reputación en materia de observancia del Derecho Internacional.

En el mediano y largo plazo, los costos de mantener la tesis de la “inaplicabilidad” irán aumentando exponencialmente. El ejercicio de gimnasia jurídica efectuado por el Gobierno al demandar ante la Corte Constitucional la inexequibilidad de la ley aprobatoria del ya denunciado Pacto de Bogotá carece por completo de efectos jurídicos ante el derecho internacional, y por el contrario, podría reforzar los argumentos de Nicaragua en relación con la presunta intención de Colombia de sustraerse al cumplimiento de sus obligaciones.

La única perspectiva razonable es, por lo tanto, la de la negociación directa con Nicaragua a efectos de la implementación del fallo de 2012 y la regulación de los asuntos comunes en materia de seguridad, medio ambiente, migración y explotación de recursos. Sin embargo, la posición de Colombia de cara a esa negociación es hoy en día sumamente precaria. De haber tomado la iniciativa y haber llevado a Nicaragua a negociar hace un año —quizá de manera colectiva con otros Estados del Caribe Occidental—, el apalancamiento de Colombia habría sido mucho mayor. Actualmente, por el contrario, las condiciones son más favorables a Nicaragua: tiene como fichas de cambio de una eventual negociación no sólo la sentencia ya proferida, sino los dos procesos posteriormente iniciados.

Debe señalarse que Nicaragua tiene todavía dos opciones adicionales en relación con Colombia y el cumplimiento del fallo de La Haya: acudir a la OEA (promoviendo una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores) o al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, según lo establece la Carta de San Francisco.

El escenario actual es uno de los más críticos para la diplomacia colombiana desde el enrarecimiento de las relaciones con los vecinos bajo la administración del presidente Uribe. Ciertamente, Nicaragua no es un vecino fácil: hay un largo historial de incidentes contra embarcaciones y nacionales colombianos, así como una limitada (y muchas veces frustrante) experiencia de cooperación bilateral en temas de la mayor importancia para el país (especialmente en materia de seguridad). La benevolencia de Nicaragua para con las actividades de las FARC constituye también un elemento de perturbación en la relación.

Colombia debe evitar quedar sometida a una especie de “enclavamiento” jurídico y político internacional. Es necesario neutralizar política y jurídicamente a Nicaragua, incluso mediante negociaciones que conduzcan a la aceptación de compromisos formales en garantía del interés nacional de Colombia y de la defensa de los derechos de los sanandresanos. La posibilidad de que Managua mantenga indefinidamente la iniciativa y determine los términos del relacionamiento con Colombia erosiona la capacidad de acción del país y lo obliga a vivir permanentemente a la defensiva.

 

Andrés Molano Rojas.
Director Académico del Observatorio de Política y Estrategia en América Latina y profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario
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