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OPEAL, un proyecto del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, hace seguimiento permanente a la situación geopolítica, económica, medioambiental y de seguridad de la región así como a la coyuntura de seguridad y la política exterior colombiana.


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El Gobierno de Guyana aseguró a la compañía petrolera estadounidense Exxon Mobil que puede continuar su exploración en las aguas del país caribeño sin temer a que se vean afectadas por las tensas relaciones diplomáticas que este país mantiene con Venezuela. 

El presidente de Guyana, David Granger, dijo en un comunicado difundido hoy que se ha reunido con representantes de la empresa para expresarles el respaldo de su Gobierno a sus operaciones en un territorio que, según dijo, es exclusivamente guyanés.

Granger se refirió así a la disputa diplomática que mantiene con el Gobierno de Nicolás Maduro, que emitió un decreto a finales de mayo declarando la soberanía venezolana sobre las aguas de la costa de Esequibo.

El mandatario indicó en el comunicado que la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Comunidad del Caribe (Caricom) han sido informadas de esta controversia.

Además, adelantó que informará personalmente de esta disputa a los líderes de los quince países miembros de Caricom en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno que la organización regional celebrará entre el 2 y el 4 de julio en Barbados.

Granger insistió en que el reclamo de Venezuela es un “absurdo legal” y que es “la peor intromisión en la soberanía de Guyana”.

“Es una afrenta a la nación que choca con el derecho marítimo interno”, al tiempo que “va completamente en contra de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar”, dijo el mandatario.

La reacción de Guyana es producto de un decreto firmado por Venezuela el pasado mayo en el que, según el primero, el segundo modifica sus fronteras marítimas para incluir una amplia zona que lleva décadas reclamando a Guyana y que incluye un territorio donde recientemente se descubrió un importante yacimiento de petróleo.

Antes de emitir el decreto, Venezuela había escrito en dos ocasiones a la filial local de la petrolera Exxon Mobil pidiéndole que se abstuviera de explorar los recursos petroleros en el área. En ambas ocasiones, el Gobierno de Guyana emitió fuertes objeciones.

Guyana mantiene que un laudo judicial adoptado en 1899 es la única que establece la frontera con el país vecino.

Venezuela considera “nulo e írrito” ese laudo, y hace un llamamiento al Gobierno de Guyana “a mantenerse en el marco normativo del Acuerdo de Ginebra”, que establece que las zonas territoriales en disputa no se deben explotar.

 

 

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El ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, dijo en Montevideo que se trabaja desde el Gobierno para compensar la deuda “de unos 70 millones de dólares” que tiene Venezuela con los exportadores uruguayos a través de un intercambio de petróleo.

“El monto es de unos 70 millones de dólares. Básicamente son productos lácteos, hay otros como químicos y textiles. El Gobierno está trabajando en una comisión interministerial para buscar alternativas del punto de vista del saldo de la deuda a través de alguna compensación con la compra de petróleo que hacemos a Venezuela”, afirmó el canciller.

Nin Novoa habló sobre el tema tras participar de una conferencia sobre la estrategia de inserción internacional de Uruguay en la Cámara Española de Comercio en Montevideo.

A su juicio, el problema con Venezuela es “una cuestión de competencia comercial” con Nueva Zelanda, que volvió a proveer al país caribeño de productos lácteos.

“Venezuela siempre se surtió de productos lácteos de Nueva Zelanda. Cuando Venezuela entra al Mercosur deja de pagar aranceles y en consecuencia Uruguay y Argentina se vuelven (sus) grandes proveedores de lácteos y ahí desplazamos un poco a Nueva Zelanda. Ahora Venezuela está trayendo productos neozelandeses, es una cuestión de competencia comercial”, consideró.

Por otro lado, la economista de la Unión de Exportadores del Uruguay (UEU) María Laura Rodríguez evaluó que el problema se agudizó el año pasado con la caída del precio de petróleo, pero que la situación ya existía de antes.

“Hace años que los exportadores uruguayos tienen dificultades para cobrarle a Venezuela. Con las restricciones que siguen teniendo los importadores venezolanos para conseguir los dólares que necesitan para sus compras en el exterior se volvió una dificultad para los empresarios uruguayos cobrar esas deudas”, analizó.

Rodríguez lamentó que muchas empresas todavía no hayan podido cobrar ni encontrar mercados alternativos ya que Venezuela se había convertido en un gran importador.

“El problema por ejemplo de los quesos que estaban entrando a Venezuela, no en todos los casos se encuentra rápidamente un mercado alternativo cuando uno tenía montado toda una infraestructura a partir de una corriente exportadora que se había formado en los últimos años”, sostuvo.

En ese sentido, Nin Novoa remarcó que el Gobierno uruguayo también está trabajando para abrir nuevos mercados puesto que “obviamente el problema de la lechería y de los lácteos en Uruguay no es solo con Venezuela”.

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La alianza opositora venezolana Mesa de la Unidad Democrática (MUD) presentó a la práctica totalidad de sus candidatos para las parlamentarias del próximo 6 de diciembre, nombres entre los que se encuentran, en palabras de su secretario ejecutivo, Jesús Torrealba, “presos políticos” y “exiliados”.

Torrealba afirmó en rueda de prensa que la MUD alcanzó “alianzas perfectas” en cada una de las 87 circunscripciones en las que se divide electoralmente Venezuela y en las que se elegirán a los 167 diputados que compondrán el nuevo Parlamento de Venezuela.

En el céntrico estado Miranda, donde se eligen a parte de diputados de las zonas de la capital, destaca la presencia de la exdiputada María Corina Machado o de Julio Borges, coordinador nacional de Primero Justicia, partido liderado por el excandidato presidencial y gobernador de ese estado, Henrique Capriles.

Además por Miranda concurren el coordinador adjunto de Voluntad Popular (VP), partido del encarcelado Leopoldo López, Freddy Guevara.

También por VP ha postulado la MUD en el estado Monagas (centro-oeste) al coordinador político y número dos de ese partido, Carlos Vecchio, a quien la oposición considera un “exiliado político”.

“En el estado Monagas tengo el placer de informar que la cabeza de las listas la ocupa ese insigne venezolano hoy en situación de exilio forzado”, comentó Torrealba al respecto.

Vecchio, contra quien pesa una orden de detención relacionada con los hechos de violencia durante las protestas antigubernamentales de 2014 por los que se encuentra preso López, salió del país hace meses tras pasar un periodo de clandestinidad.

Otro nombre de VP fue el del exalcalde de la occidental San Cristóbal, Daniel Ceballos, preso también por aquellos eventos del primer semestre del año pasado y que buscará un curul por uno de los circuitos del Táchira, entidad de la que es capital la ciudad en la que fue burgomaestre.

Ceballos es calificado por la oposición como “preso político”.

Por el Distrito Capitalino de Caracas irán, entre otros, el líder del histórico partido socialdemócrata Acción Democrática (AD), Henry Ramos Allup o el actual jefe de la bancada opositora en la Asamblea y miembro de Un Nuevo Tiempo (UNT), Stalin González

Además también luchará por renovar su asiento de diputado Richard Blanco, actual presidente encargado del partido Alianza Bravo Pueblo (ABP) cuyo líder, el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, se encuentra preso, pero en arresto domiciliario por motivos de salud, acusado de participar en una conspiración contra el Gobierno.

Torrealba facilitó los candidatos de todos los estados del país excepto Zulia, entidad donde se escogen la mayor cantidad de diputados ya que por ser “un estado tan importante (…) hemos preferido que sus candidatos sean públicos en una gran movilización” la próxima semana, anunció.

Al respecto reveló que “faltan por anunciar menos de un 10% de los candidatos”, aunque aseguró que cada uno de los postulados por la MUD será proclamado con una movilización en cada estado.

La campaña electoral de cara a las parlamentarias del 6 de diciembre comenzará el 13 de noviembre y culminará la noche del 3 diciembre.

 

CARACAS (VENEZUELA), 03/06/2015.- EFE/Miguel Gutiérrez

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Experto dice que hay 2 versiones del decreto que delimita áreas marítimas con Venezuela

Venezuela estaría sustentando su más reciente decreto que fija límites a una zona específica del Golfo de Coquibacoa, en una de las dos versiones que el mismo gobierno de Nicolás Maduro expidió de manera diferente frente a La Guayana Francesa. Así lo explicó en diálogo con RCN La Radio, el profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario Andrés Molano, al indicar que "hay dos versiones del decreto 1787 que expidió el gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en el que se delimita las zonas marítimas con Colombia".

Según Molano, una de esas versiones es del 26 de marzo de 2015 y otra del 8 de junio; "en esta última hay 2 considerandos en el numeral 6 en el que se explica la justificación del decreto". "Ahí el gobierno de Venezuela reconoce la existencia de unas áreas pendientes de delimitación y señala la confianza en que pronto se llegue a una delimitación de manera amistosa", afirmó.

Sin embargo, el experto hace énfasis al expresar su extrañeza de que en ese mismo articulado aparece otro parágrafo en el que sí reconoce de manera explícita el referendo con Guayana. Molano deja planteado entonces dos interrogantes: ¿Será que La Guayana Francesa si reaccionó de manera rápida y contundente respecto a su disputa? y ¿hasta dónde el presidente Maduro estará dispuesto a enmendar ese decreto con respecto a Colombia tal como lo ha pedido la canciller María Ángela Holguín?

Añade, que en su concepto a Colombia si le faltó capacidad de reacción y que el debate público ha dado "palos de ciego". "Esto solo despierta una vieja controversia territorial que estaba hibernando y para solucionarlo, las partes deberían pensar en una negociación directa, sin tribunales internacionales y ni siquiera la misma Corte Internacional de Justicia porque recordemos que Colombia se salió del Pacto de Bogotá y Venezuela lo firmó pero no lo ratificó", dijo. Molano, a manera de recomendación, pidió reactivar los canales de diálogo directo sin enardecer el lenguaje y sin crear especulaciones sobre pérdida territorial o incluso de caer en la estrategia de conspirar con fuerzas de carácter multinacional con participación de otros Estados.

Al ser interrogado sobre la nota de protesta de la Cancillería Colombiana donde le pide a Venezuela corregir ese decreto, Molano dijo que esa solicitud es valida toda vez que Colombia lo que le está pidiendo a Venezuela es que así como reconoció la controversia territorial con Guyana, también lo haga con nuestro país.

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En un comunicado insiste en "la disposición para abordar debidamente las delimitaciones pendientes".

Venezuela expresó hoy su repudio a una protesta formal de Colombia por un reciente decreto del presidente venezolano, Nicolás Maduro, que afecta aguas caribeñas aún por delimitar entre ambas naciones fronterizas y abogó por el diálogo.

Bajo el título "Venezuela repudia campañas antivenezolanas que se desarrollan en Colombia", el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela emitió un comunicado que recrimina que el país vecino diera validez "a chantajes y mentiras mediáticas" que no especifica, en lugar de plantear el asunto en la Comisión Binacional de Alto Nivel (COBAN) creada en 1990.

"Venezuela llama la atención sobre el tenor de las declaraciones del Gobierno de Colombia, en donde se escandaliza y exagera los chantajes y mentiras mediáticas en sustitución de válidos canales diplomáticos y de diálogo debido entre países de buena vecindad".

"Coincidimos en la realización de (una reunión en el marco de) la COBAN para conversar oportuna y eficazmente los temas de interés bilateral, que redunde en las buenas relaciones entre ambos países", sostiene el texto oficial venezolano.

La canciller de Colombia, María Angela Holguín, entregó la nota de protesta formal el pasado miércoles al embajador venezolano en Bogotá, Iván Rincón Urdaneta, tras haber conversado ese mismo día sobre el tema con la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez.

"Son áreas que están en disputa. No hemos tenido un litigio porque no hemos ido a ningún tribunal internacional, lo hemos hecho bilateralmente, hay una comisión negociadora presidencial desde el año 1990 que ha venido estudiando estas áreas", explicó Holguín.

El documento oficial entregado por la Cancillería colombiana solicita a Venezuela que "se adopten las medidas necesarias para corregir el Decreto No. 1787" del 26 de mayo de 2015, "por el cual crea y activa las Zonas Operativas de Defensa Integral Marítimas e Insulares (Zodimain), el cual incluye áreas marítimas pendientes por delimitar con Colombia".

Según Colombia, ese decreto de Maduro incluye disposiciones que "afectan los intereses y la posición histórica de Colombia en relación con la delimitación de las áreas marinas y submarinas" con Venezuela, por lo que le requiere a Venezuela una "rectificación".

Al respecto, el comunicado venezolano subraya que este país "ha cumplido, cumple y cumplirá con todos los tratados internacionales válidamente suscritos por ella, fiel a su tradición de respeto absoluto del Derecho Internacional Público".

Por lo mismo, insiste en que Venezuela "está a la disposición para abordar debidamente las delimitaciones pendientes", pero a la vez "repudia las campañas antivenezolanas cargadas de odio que desde Bogotá suscriben y promueven factores oligárquicos locales para fomentar la enemistad y promover la confrontación entre hermanos".

El texto venezolano ratifica "el anhelo bolivariano de unión latinoamericana y paz" e insiste en que "es en el diálogo leal y fraterno que encontraremos el camino para relaciones de respeto e igualdad".

El comunicado remata con la sentencia "en política nada vale tanto y cuesta menos como las demostraciones de respeto y consideración" que atribuye al prócer independentista Simón Bolívar.

 

 

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Venezuela y Colombia han despertado un conflicto marítimo que llevaba dormido décadas. A finales de mayo, el Gobierno de Nicolás Maduro estableció, mediante un decreto unilateral, la delimitación marítima de una zona en disputa entre los dos países. La decisión ha generado malestar en el Gobierno colombiano, que ante la presión interna ha pedido a Caracas que dé marcha atrás en su decisión lo antes posible.

La polémica nació el 26 de mayo. Ese día Venezuela emitió un decreto, publicado un día después en la Gaceta Oficial, en el que ordenaba la creación de Zonas Operativas de Defensa Integral Marítima e Insular (Zodimain). Según el texto, cuya iniciativa surge de del Ministerio de Defensa, concretamente de la Armada, la Zodimain arrancaría donde comienza la línea fronteriza entre Colombia y Venezuela, en la península de La Guajira y entraría en aguas del golfo de Venezuela, que aún se disputan ambos países. Los antecedentes podrían remontarse a 1830, aunque fue en 1969 cuando ambos Estados se sentaron a dialogar, en vano. Las negociaciones están paralizadas desde hace seis años.

El Gobierno colombiano tardó en reaccionar tres semanas. La canciller, María Ángela Holguín, entregó el pasado día 17 una carta al embajador venezolano en Bogotá en la que pedía al Gobierno de Nicolás Maduro que diera marcha atrás y que privilegie “la sensatez cuando se trata de temas delicados como los que contemplan la soberanía y jurisdicción marítima”. En los últimos días, la presión de diversos sectores del país ha hecho que el Gobierno colombiano intensificase la protesta. Este lunes, desde Cuba, Holguín ha insistido en que el decreto “va contra el derecho internacional” y confía en que “lo más pronto posible” se arreglen las coordenadas marcadas. “Queremos mantener este caso en el ámbito bilateral y diplomático. Esperamos una rápida respuesta del Gobierno venezolano”, ha asegurado Holguín.

Aunque sea una medida que resulte arbitraria para su vecino, el Gobierno de Nicolás Maduro puede sacarle réditos políticos en Venezuela, donde el discurso de la defensa de la soberanía suma puntos, en medio de la actual crisis económica, política y social y ante las próximas elecciones parlamentarias que se deberían celebrar antes de final de año. Sectores de la oposición venían cuestionando la actitud del Gobierno, después de que hace dos meses se conociera que Guyana había entregado concesiones de exploración petrolera a la compañía Exxon Mobil en la zona del Esequibo, en disputa entre ambos países. Y es que el decreto 1787 por el que ahora protesta Colombia también afecta a Guyana. De hecho, nace tras el anuncio de Exxon de que había descubierto un yacimiento a 190 kilómetros de la costa de Guyana.

La reacción del país caribeño ante la medida de Caracas no se hizo esperar. Empezó a moverse ipso facto dentro de la Comunidad del Caribe, argumentando que si se aplicaba el decreto, Venezuela podría afectar hasta su salida al mar. A través de un fuerte comunicado, publicado el 8 de junio, Guyana catalogó la decisión como un “agresivo e ilegal acto de Venezuela”. Caracas respondió de una manera también dura y acusó a Guyana de inventar “situaciones irracionales contra un país hermano y utilizando un lenguaje altamente ofensivo”. Además, recordó cómo Guyana y los demás países caribeños se han beneficiado en los últimos años de Petrocaribe, el órgano de alianza petrolera mediante el cual Venezuela le vende petróleo subsidiado a los países de la región, que creó el expresidente Hugo Chávez. Pese al lenguaje utilizado en el comunicado venezolano, el pasado 8 de junio, Caracas modificó el decreto original en lo que respecta a la zona limítrofe con Guyana, al incluir un párrafo que dice: “Existe un área marítima por delimitar, que será determinada una vez se resuelva la controversia pendiente entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Cooperativa de Guyana”.

 

 

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Los senadores brasileños que intentaron este jueves visitar a opositores venezolanos presos y que fueron rodeados por partidarios del Gobierno de Caracas que protestaban por su presencia en Venezuela, reclamaron este viernes  que el Ejecutivo de Brasil denuncie la "falta de libertades" en Venezuela ante el Mercosur y la Unasur. (Lea también: Recibidos a pedradas senadores brasileños que querían visitar a López).

La mayoría de los miembros de la misión pertenecen al Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y a otros de la oposición a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, aunque también estaba el senador Ricardo Ferraço, del oficialista Partido del Movimiento Democrático (PMDB) del vicepresidente brasileño, Michel Temer.

"Vamos a exigir una posición dura del Gobierno brasileño y, si no la hubiera, desde el punto de vista político y parlamentario vamos a impulsar la respuesta necesaria en defensa de la democracia", dijo a los periodistas el senador y excandidato presidencial Aécio Neves, al llegar a Brasilia procedente de Caracas.

El opositor Neves encabezó la misión parlamentaria que viajó este jueves a la capital venezolana, pero no pudo ir mucho más allá del aeropuerto de Maiquetía, situado a unos 30 kilómetros de Caracas.

Los senadores aseguran que la camioneta que les trasladaba fue bloqueada por simpatizantes del Gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que rodearon el vehículo y llegaron a golpear los cristales con modos amenazadores, lo que mostraron en vídeos que publicaron en internet.

"Fuimos recibidos por la intolerancia de un régimen que no admite posiciones contrarias", dijo Neves en Brasilia, y apuntó que, "si había alguna duda de que hay una escalada autoritaria en ese país, esa duda ya no existe".

El senador Aloysio Nunes, quien también formó parte de la misión que viajó a Caracas y preside la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, dijo que exigirá al Gobierno brasileño que la "agresión" sufrida por los parlamentarios se denuncie al Mercosur y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

Los incidentes ocurridos en los alrededores del aeropuerto de Maiquetía motivaron una fuerte reacción del Gobierno brasileño, que, en una nota oficial divulgada anoche, considera "inaceptables los actos hostiles contra parlamentarios brasileños".

En el comunicado, el Gobierno de Rousseff asegura que la misión parlamentaria tenía apoyo oficial, hasta el punto de que se trasladó a Venezuela en un avión de la Fuerza Aérea Brasileña y fue asistida de forma permanente por la Embajada del país en Caracas.

La nota añade que, "a la luz de las tradicionales relaciones de amistad entre los dos países, el Gobierno brasileño solicitará al Gobierno venezolano, por los canales diplomáticos, un esclarecimiento debido de lo ocurrido".

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El diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Julio Chávez denunció hoy a varias figuras políticas de Colombia de conspirar contra la economía venezolana.

El parlamentario precisó los nombres de Ramiro Suárez Corzo, William Villamizar Laguado, Carlos Luna Romero y Rafael Rodríguez, conocido como "El Zar del Bolívar", de quienes señaló están relacionados con el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez.

"El eje político de toda esta operación conspirativa contra la economía venezolana, está dirigida por Ramiro Suárez Corzo, exalcalde de Cúcuta, y el exgobernador del Norte de Santander, William Villamizar Laguado", afirmó Chávez durante una entrevista televisiva.

Ramiro Suárez Corzo es miembro del partido Colombia Viva. Fue alcalde de Cúcuta en el período 2004-2007. En agosto de 2011 fue condenado a 27 años de prisión acusado de asesinar al ex asesor de la alcaldía Alfredo Enrique Flórez Ramírez.

La Fiscalía General de Colombia lo investiga por la presunta participación en el asesinato de José Uribe quien fuera asesor de la Gobernación del Norte de Santander.

Suárez Corzo también es investigado por la Fiscalía colombiana por presuntos nexos con grupos paramilitares.

Chávez también señaló a Rafael Rodríguez, conocido como "El Zar del Bolívar" como otra de las figuras que "dirigen presuntamente la guerra contra la moneda venezolana".

Otra de las personas denunciadas por el diputado del PSUV es Carlos Luna Romero, quien fue agregado comercial de la embajada de Colombia en Caracas.

"Desde Cúcuta dirigen todo un ataque a la moneda venezolana", agregó el parlamentario en declaraciones difundidas por la Asamblea Nacional.

Contrabando y bolsas de cambio

El diputado Julio Chávez refirió que el origen del contrabando que se desarrolla en la  frontera colombo-venezolana radica en las facilidades y falta de control de la Superintendencia Bancaria de Colombia sobre más de mil casas de cambio y los llamados "cambistas".

"Del lado colombiano existe un aporte que en consonancia con las políticas especulativas aplicados por los empresarios privados venezolanos, confabulan para sabotear la economía del país".

"Actualmente en Cúcuta existen más de 1000 casas de cambio que sin duda alguna impactan en la economía de nuestro país", agregó.

Según el parlamentario, "dirigentes políticos de Colombia se han visto involucrados con comerciantes, grupos paramilitares, redes de narcotráfico y casas de cambio, para ejecutar una operación que debilite notablemente la moneda venezolana".

Insistió en que el "exalcalde de Cúcuta Suárez Corzo y el exgobernador del Norte de Santander, Villamizar Laguado dirigen la guerra económica contra Venezuela".

 

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El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo hoy que con Estados Unidos se ha abierto un canal diplomático "muy importante" al comentar sobre la "reunión especial" que se desarrolló el sábado pasado en Haití entre una comisión del Gobierno venezolano con un representante de Washington.

Durante un acto de homenaje al saliente embajador de China en Venezuela Zhao Rongxian, el presidente venezolano comentó que con el Gobierno de Estados Unidos se ha "abierto un canal diplomático muy importante".

Se refirió, durante su discurso, a la reunión oficial que se realizó el sábado pasado en Haití entre una comisión venezolana conformada por la canciller, Delcy Rodríguez, y el presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, con el consejero del Departamento de Estado de EEUU, Thomas Shannon.

"Conversaron asuntos que tienen que ver con Haití, del apoyo que nosotros estamos prestándole a Haití y luego hubo una reunión especial para conversar asuntos bilaterales para seguir canalizando, por las vías diplomáticas, como debe ser, la regularización de relaciones con Estados Unidos de Norteamérica", dijo Maduro.

La estatal Agencia Venezolana de Noticias (AVN) informó ayer de que este encuentro "se realizó dentro del proceso de acercamiento que llevan los gobiernos de Estados Unidos y de Venezuela con miras a normalizar las relaciones diplomáticas, dentro del respeto a la legislación internacional, la soberanía y autodeterminación de los pueblos".

Por su parte el Gobierno estadounidense calificó de "positiva y productiva" esta reunión entre Shannon, y los funcionarios venezolanos, pero no ahondó en el contenido del encuentro que, según fuentes venezolanas, contó con la mediación del presidente haitiano, Michel Martelly.

"El embajador Shannon habló (en Haití) con funcionarios venezolanos. Trataron sobre todos los aspectos de nuestra relación bilateral. Fueron encuentros positivos y productivos", dijo el portavoz del Departamento de Estado, Jeff Rathke.

Shannon aprovechó la "oportunidad" de reunirse con Rodríguez y Cabello durante su visita a Haití para conversar sobre "el apoyo (estadounidense) a las elecciones" en ese país y a la "reconstrucción y el desarrollo" haitianos, explicó Rathke.

El portavoz no hizo comentarios sobre el hecho de que Shannon se reuniera con Cabello, que según varios informes de prensa está siendo investigado en Estados Unidos por sus presuntos lazos con el narcotráfico.

El senador republicano Marco Rubio condenó que Shannon se reuniera con Cabello, al que definió como "el funcionario más corrupto del régimen venezolano".

La reunión en Haití marca el tercer encuentro entre Shannon y altos funcionarios venezolanos en poco más de dos meses, un diálogo con el que ambos países han buscado limar sus diferencias y del que han trascendido pocos detalles.

La tensión entre Washington y Caracas aumentó notablemente a raíz del decreto firmado en marzo pasado por el presidente estadounidense, Barack Obama, en el que declaraba a Venezuela una "amenaza" para la seguridad nacional de EEUU y sancionaba a un grupo de funcionarios venezolanos por violaciones de los derechos humanos.

 

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, durante un acto popular la...

 

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El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ofreció este martes la colaboración del organismo para facilitar el diálogo entre Gobierno y oposición en Venezuela, la convocatoria electoral en los tiempos previstos y la estabilidad tras los comicios.

"Queremos ser absolutamente garantistas al respecto. (...) Nuestra participación debe ser como la de un músico en una orquesta sinfónica: no podemos entrar ni tarde ni temprano, ni fuera de tono", dijo Almagro, preguntado en una rueda de prensa por el papel de la OEA ante la crisis política de Venezuela, precisó la agencia Efe.

"Este tono debe ser un tono que no radicalice los conflictos, sino que apoye las soluciones", añadió Almagro ante los medios en la segunda y última jornada de la Asamblea General de la OEA en Washington.

El nuevo secretario general, que tomó posesión el 26 de mayo, dijo que la OEA "estará ahí" para facilitar el diálogo y la confianza entre el Gobierno y la oposición venezolana y para que las elecciones parlamentarias que deben celebrarse este año, pero aún sin fecha, se convoquen en los tiempos previstos.

"En lo que podamos contribuir, ahí va a estar la OEA, también para garantizar la paz y la estabilidad después de las elecciones, porque hemos visto que, tras otras elecciones, ha habido disturbios que se han cobrado la vida de venezolanos de ambas partes y no tiene por qué haber ese sufrimiento", afirmó.

"Los mensajes y acercamientos que hemos tenido hasta ahora han sido significativos", añadió, sin aportar más datos a ese respecto.

Preguntado por si ha habido algún avance en esta Asamblea General sobre la crisis venezolana, Almagro se limitó a decir: "hay muchas opciones, estamos trabajando, ustedes déjenme acabar el trabajo".

Almagro ha recibido peticiones de la oposición venezolana y de organizaciones de la sociedad civil para que la OEA medie en la crisis política que vive el país caribeño después del "silencio" que, según estos grupos, caracterizó el mandato del anterior secretario general, José Miguel Insulza.

Almagro ofreció el 10 de junio una misión de observación electoral de la OEA para esos comicios, tras la negativa de Caracas ante la misma oferta en las elecciones presidenciales de 2013.

El nuevo secretario general recibió el pasado domingo peticiones de aplicar la Carta Democrática a Venezuela durante su primer encuentro con representantes de la sociedad civil del continente.

La Carta Democrática Interamericana, aprobada en 2001 por la Asamblea General de la OEA en Perú, establece que la ruptura del orden democrático o su alteración en un Estado miembro constituye "un obstáculo insuperable" para la participación de su Gobierno en las diversas instancias del organismo.

Ese es el instrumento que se invocó para suspender a Honduras de la OEA durante casi dos años tras el golpe de Estado de 2009.

La crisis política en Venezuela es el primer desafío al que tendrá que enfrentarse Almagro, que participó como el año pasado como canciller de Uruguay en una misión de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) para mediar en el país caribeño.

 

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