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OPEAL, un proyecto del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, hace seguimiento permanente a la situación geopolítica, económica, medioambiental y de seguridad de la región así como a la coyuntura de seguridad y la política exterior colombiana.


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Viernes 27 de marzo de 2015

El presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, dijo que aplicará “la ley con firmeza para derrotar la violencia”, pero también tendió una mano “a quienes decidan dejar de matar y de atentar contra la paz” en su país.
 
En El Salvador “ningún crimen quedará impune” porque “combatir la violencia es la prioridad” el Gobierno, que también estará “al lado de quienes decidan abandonar la violencia”, dijo Sánchez Cerén, que que leyó un manifiesto al término de la Marcha por la Vida, la Paz y la Justicia en El Salvador.
 
El gobernante prometió medidas de “reinserción efectiva” para quienes “se arrepientan de sus actos violentos, de sus errores” y aseguró que el Ejecutivo “estará a su lado si su compromiso es firme”.
 
Anunció que como parte de la “lucha contra la delincuencia”, próximamente su Administración presentará “la ley de reinserción de pandillas y personas en riesgo que”, dijo, espera que “sea aprobada por la Asamblea Legislativa”.
 
El mandatario garantizó que se castigará “con la ley en la mano a los extorsionadores, a los secuestradores, a los asesinos, a los violadores”, porque “combatir la violencia es la prioridad” de su Gobierno.
 
“Como sociedad debemos realizar un esfuerzo grande para dar alternativas a nuestra juventud, para ofrecer educación, formación y trabajo, como mejores vías para alejarse de la violencia”, insistió.
 
El jefe del Estado salvadoreño agradeció a los ciudadanos la asistencia “a esta gran marcha histórica” en la que, aseguró, participaron “unas 300.000 personas en la capital y 150.000 en el interior”, en referencia a los otros 12 departamentos del país en los que se celebró la movilización.
 
“Todos somos imprescindibles, nadie puede ser sustituido en esta grandiosa batalla que necesitamos darla en el amor, en el hogar, restablecer el amor en nuestras familias, vivir en convivencia, arrancar el odio de nuestros corazones”, dijo Sánchez Cerén.
 
El presidente de El Salvador instó a los asistentes a “ser tolerantes, saber entender que en la vida todos somos indispensables para la consecución de la paz”.
 
Además rindió “tributo a todas las víctimas de la violencia y el crimen en el país”, y destacó que la movilización de este jueves “también es una lucha contra la violencia contra la mujer”, un delito que será perseguido y juzgado “con todo el rigor”.
 
El mandatario instó a la población a convencerse de que “es posible recuperar la esperanza que permanecerá ahora con la beatificación de monseñor (Oscar Arnulfo) Romero” que se celebrará en San Salvador el próximo 23 de mayo.

 

Al término de la lectura del manifiesto, Sánchez Cerén se unió a una oración que cerró los actos de la marcha en la Plaza de El Salvador del Mundo en la capital salvadoreña, finalizando lo que calificó como “uno de los días más históricos y grandes de nuestro país”.
 
Salvador Sanchez Ceren
 
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Jueves 19 de marzo de 2015

Los estados con el mayor impacto económico per cápita son Guerrero, Morelos, Baja California y Tamaulipas, Según el Índice de Paz México elaborado por el Institute for Economics & Peace.

El costo total de la violencia en México representó 3 billones de pesos en 2014, equivalente al 17.3% del Producto Interno Bruto (PIB) y las empresas ubicadas en los estados más conflictivos del país bajaron 22% su producción afectados por el clima de inseguridad en el país, destacó el Índice de Paz México elaborado por el Institute for Economics & Peace.

"Los 3 billones de pesos 233 millones de dólares representan 24 mil 844 pesos por persona en los estados con el mayor impacto económico per cápita que son Guerrero, Morelos, Baja California y Tamaulipas; el impacto por persona en Guerrero es de 43 mil 666 pesos", destacó el estudio.

La diferencia en el PIB per cápita entre los 16 estados más pacíficos y las 16 entidades menos pacíficas fue de 58% en 2014, por lo que la investigación determinó que si los estados con mayores problemas de inseguridad hubieran tenido el mismo dinamismo económico que los pacíficos, la economía mexicana hubiera sido 13% más grande en 2014.

"Si México fuera más pacífico, el gasto en contención de la violencia podría destinarse a áreas más productivas como  infraestructura, innovación o educación. Como tales, los beneficios de un dividendo de paz para México podrían ser muy grandes", agregó.

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Lunes 16 de febrero de 2015

El Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto publicó un estudio en el cual revela que durante el período oficial de los diálogos de paz aumentaron en un 28% las acciones guerrilleras.
Según el estudio realizado por el Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto (Cerac), durante los dos años y tres meses que ha durado las negociaciones formales entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc “se ha presentado un fuerte escalamiento de las acciones violentas y más combatientes han caído.  No obstante, se ha reducido sustancialmente la violencia contra la población civil. También, la infraestructura y las actividades económicas han soportado una mayor inseguridad derivada de las acciones de la guerrilla”.
 
Estas conclusiones se dan producto de una comparación hecha por la Cerac entre el cantidad y naturaleza de las acciones violentas llevadas a cabo por la guerrilla en el período exploratorio de las negociaciones, iniciado el 6 de septiembre de 2010 y culminado el 17 de octubre de 2012, con los mismos indicadores durante la fase pública de los diálogos, iniciada el 18 de octubre de 2012 hasta diciembre de 2014. Las conclusiones del estudio indican que entre ambos períodos se registró un incremento del 28% en las acciones violentas.
 
Sin embargo el estudio precisa que “si bien el conflicto sí ha crecido en violencia durante las negociaciones formales, en gran parte esto se debe a la relativa calma que tuvo durante la negociación del acuerdo base”, refiriéndose a el decaimiento del accionar de las Farc (un 36% menos) durante el período exploratorio comparado con el período inmediatamente anterior. 
 
El informe explica que durante estas dos fases del proceso de paz (la exploratoria y la formal) los objetivos de las Far cambiaron considerablemente. En el período anterior al inicio formal de los diálogos las acciones violentas de las Farc se destacaban por ser mas de tipo terrorista, con “ataques indiscriminados a la población civil”, contrastando al enfoque durante la fase de negociación, donde los ataques se concentraron “contra la infraestructura energética y vial del país, y en menor nivel contra la Fuerza Pública”.
 
En el tiempo que han durado los diálogos de paz se han reducido considerablemente los ataques a la población civil, un 42% según registra la Cerac. Esta cifra representa 149 muertes registradas en comparación a las 255 durante la fase exploratoria. Por el contrario la victimización de la fuerza pública ha aumentado de 276 durante la fase secreta de los diálogos, a 298 en los diálogos oficiales, que representa un aumento del 8% . 
 
La Cerac concluye su informe presentando un posible acercamiento a la percepción de seguridad que existe en la opinión pública sobre el proceso de paz: “Que la violencia contra la infraestructura y la Fuerza Pública haya arreciado durante la negociación explica el deterioro en términos de la percepción de la seguridad asociada al conflicto, que se ha presentado durante este período. Por el contrario, las mejoras en la seguridad para las comunidades y la población civil en general, como producto de una menor actividad de las Farc de tipo terrorista, no han generado un correspondiente sentimiento de mayor seguridad en la ciudadanía”.
 
”Violencia silenciada”. El senador Álvaro Uribe Vélez se pronunció al respecto del informe de la Cerac desde Washington, donde actualmente se encuentra en una gira con su partido Centro Democrático para exponer sus discrepancias con el proceso de paz.
 

 

Uribe dijo que ”la comunidad internacional no ha sido informada de que en Colombia en los últimos años, como lo confirma hoy (ayer) la Cerac ha habido un escalamiento de la violencia”. Y agregó “el gobierno de Colombia no solamente ha producido una legislación para darle impunidad al terrorismo, sino que hoy ya confiesa, como lo ha dicho el presidente Santos, que quiere convertir el narcotráfico, la extorsión, el reclutamiento de menores, el secuestro, en delito político para que los terroristas no vayan a la cárcel y puedan ser elegidos”.
 
 
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Lunes, 09 Febrero 2015 14:31

La lógica del sinsentido

 
Tras la aparente irracionalidad del terrorismo se oculta una lógica implacable y tristemente efectiva.
 
Cuando aún no acaba de asimilarse el impacto producido por la incursión de los yihadistas en las oficinas de Charlie Hebdo en París y de la mortífera secuela que han dejado en su intento de fuga; cuando la barbarie terrorista —la de las decapitaciones transmitidas masivamente por internet, la de los niños convertidos en verdugos, la de los yazidíes virtualmente exterminados— parece haber alcanzado su límite, las demoledoras imágenes del asesinato del piloto jordano Moath al-Kasasbeh, quemado vivo por sus captores del “Estado Islámico”, ponen una vez más en evidencia una de las características más peculiares del terrorismo: tras la aparente irracionalidad de la violencia que practica, se oculta una lógica implacable y tristemente efectiva.
 
El terrorismo opera, por definición, mediante el uso suntuario de la violencia. La destrucción que los terroristas provocan parece, a ojos de una opinión pública conmocionada, completamente desproporcionada, abiertamente inconducente, acaso superflua. En realidad, el uso del terrorismo puede ser incluso contraproducente para quienes lo practican. El terrorismo es supererogatorio: es una violencia que va más allá de cualquier necesidad y utilidad estratégica directa, una violencia tan gratuitamente ejercida que fácilmente se juzga patológica. Pero los terroristas no son enfermos mentales, ni el terrorismo es el arma de los desquiciados. La acción terrorista es, básicamente, propaganda, y despliega toda su eficacia destructiva especialmente en el terreno de lo simbólico, más allá de los daños físicos y materiales que provoca. Por eso la puesta en escena, la representación y la repetición: la masacre o la bomba convertidas en una pantomima.
 
Estos rasgos del terrorismo producen enorme desconcierto. En las páginas de The Washington Post el columnista Charles Krauthammer se preguntaba “¿Tiene lógica la barbarie?”. En El País, de España, Lluís Basset denunciaba una puja en la atrocidad “que busca difusión, más reclutas y disuadir al adversario”; y advertía que “no hay límites para una imaginación perversa”. En una época saturada de mensajes, esa imaginación perversa está sobreexcitada, y sabe muy bien que si quiere impactar una audiencia tiene que apostar por el máximo escándalo, por el máximo ruido. ¿Qué quieren los terroristas? ¿Qué logran con su violencia? ¿Hasta dónde serán capaces de llegar? Estas tres preguntas tienen una misma respuesta. Pues el terrorismo —especialmente el terrorismo milenarista contemporáneo— quiere sólo una cosa, aspira a lograr un solo objetivo, y llegará tan lejos como sea necesario a efectos de lograrlo: la destrucción, la aniquilación, la privación de todo sentido. Esa es la lógica de la barbarie: la implacable y tristemente efectiva lógica del sinsentido. 
 
Andrés Molano Rojas
Profesor de la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario y Director Académico del Observatorio de Política y Estrategia en América Latina (OPEAL).
 
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Viernes, 5 de Diciembre de 2014
 
El agente de la Fuerza Rural, Octavio "N", falleció la mañana de este jueves como consecuencia de las heridas de bala que recibió cuando él y sus compañeros de brigada fueron emboscados por un grupo armado la madrugada del martes en el municipio de Arteaga.
 
Con este deceso, ocurrido en el Hospital Regional de Arteaga, suman dos las víctimas fatales del ataque a fuerzas rurales por parte de presuntos miembros del crimen organizado, además de que otro agente se reporta en estado de salud crítico, informó la Subprocuraduría del municipio de Lázaro Cárdenas. 
 
En el ataque de Arteaga murió un joven de 18 años que pertenecía también a las fuerzas rurales de ese municipio, y quedaron heridos otros seis agentes rurales. 
 
Por su parte, la Procuraduría de Justicia de Michoacán informó hasta este jueves que los rurales emboscados en Arteaga habían acudido a realizar exámenes de control de confianza en Morelia y regresaban a sus comunidades de origen. 
 
En el trayecto, dice la versión oficial, sufrieron la agresión, por lo que se inició la averiguación previa correspondiente. 
 
La dependencia precisó que los rurales fueron atacados a la altura de la comunidad de Las Juntas del municipio de Arteaga.
 
 
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Miércoles, 19 de noviembre de 2014
 
“Sus muñecas y piernas estaban atadas, los ojos los tenía vendados… Estaba desnuda, toda llena de golpes… Dos disparos en la cabeza terminaron con su vida”. Lenin Vázquez se aferra por recordar solo la sonrisa de Xóchitl, asesinada con 17 años, pero no puede. La imagen de las últimas horas de su hermana es desgarradora. “Nadie sabe quién la mató… Una vecina la encontró muerta”. La chica vivía con su novio a unas calles del palacio municipal de Chalco —uno de los 125 ayuntamientos del Estado de México (en el centro del país)—, con 350.00 habitantes. “El chavo dice que no sabe nada. Salió a las seis de la mañana a trabajar y justo después entraron a matarla”. El caso de Xóchitl ha quedado en el limbo. “Hasta ahora nadie ha sido citado a declarar, el caso se reportó como un robo y ahí se acabó. Pero en su habitación había joyas, un anillo de diamantes, un reloj muy caro y dinero. Nadie se llevó nada”.
 
La tragedia de Xóchitl no es única. México se ha convertido en un sitio hostil para las mujeres. 3.892 han sido brutalmente asesinadas durante 2012 y 2013 —más de cinco al día—, de acuerdo con el último reporte del Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio, una asociación integrada por 49 organizaciones de derechos humanos. El país ha sido incapaz de garantizar el derecho a la vida de las mujeres, como lo establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2009, y el reconocimiento del feminicidio se ha convertido en una serie de luchas sin ninguna victoria para los familiares de las víctimas.
 
El Estado de México, cuna del presidente Enrique Peña Nieto, ha sido un claro ejemplo de esta desbandada de agresiones en contra de las mujeres: Lucero, asesinada después de denunciar a sus violadores; Diana, liquidada y arrojada a un canal, Alejandra, violada por tres policías… “Han sido miles las que han muerto. Sus cuerpos son descuartizados; a otras las secuestran y nunca más se sabe de ellas”, afirma María de la Luz Estrada, coordinadora ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio. La tasa de feminicidios en el país —hasta tres por cada 100.000 mujeres— está a la altura de naciones como Panamá, Nicaragua y Costa Rica, de acuerdo con la organización Small Arms Survey, un grupo no gubernamental con sede en Suiza. En España, Portugal, Francia y Reino Unido, según el último informe de este organismo, se presenta hasta un crimen de género por cada 100.000 mujeres.
 
En el Estado de México, en donde el PRI ha gobernado hace más de 84 años, viven más de 15 millones de personas, el 51,2% son mujeres. En los últimos nueve años, el Observatorio ha contabilizado 1.596 asesinatos de mujeres —dos por día— en esta entidad, la mayoría de ellos violentos. En esta región, el delito de feminicidio ha sido tipificado, al igual que en 30 estados del país. El territorio cubre por el norte, este y oeste al Distrito Federal. “Siempre ha sido la ciudad dormitorio de la capital”, afirma Ivonne Acuña, experta en sociología política de la Universidad Iberoamericana. Ecatepec, uno de los municipios de la zona, lo confirma. Por las mañanas sus habitantes buscan la manera de acercarse a la Ciudad de México. Miles de autos inundan las avenidas; una estampida de gente llena los intercambiadores, mientras los barrios, todos populares, se vacían poco a poco.
 
Las calles de este municipio, de más de tres millones de habitantes, tienen baches, la basura pulula en cada esquina, por las noches el alumbrado es deficiente y en las noticias locales solo se habla de robos, muertes, secuestros, desapariciones. “Las mujeres son el eslabón más débil de esta sociedad”, argumenta Manuel Amador Velázquez, coautor de la antología Diálogos Interdisciplinarios sobre Violencia Sexual. Una baja escolaridad (de cada 100 mujeres, 5,7 no saben leer ni escribir en el Estado de México), la falta de acceso a la justicia y la pobreza (de 15 millones de habitantes, el 43% de vive en esta condición) son los factores que han impulsado la violencia, argumenta el sociólogo.
 
Guadalupe Reyes no pierde la esperanza de encontrar a su hija con vida. Todas las mañanas sale a recorrer las calles de Tecámac, otro municipio del Estado de México, en busca de una pista que le ayude a dar con Mariana, de 17 años. La última vez que la vieron fue el 17 de septiembre. Iba a sacar copias a la papelería que está a menos de 100 metros de su casa. Desde entonces nadie sabe de ella. “Hace días que dejé de dormir”, dice Guadalupe mientras se seca las lágrimas del rostro. Bernardo González, el padre de Mariana, está derrotado: “Cuando salimos a buscarla eran como las 11 de la noche, se había ido a las nueve. Pedimos ayuda a la policía y su respuesta fue: ‘seguramente está con el novio’”. Mariana se ha sumado a los más de 1.554 desaparecidos que hay en la entidad, en donde el 70% son mujeres, según datos del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, y el 60% de ellas tiene entre 10 y 17 años.
 
María de la Luz Estrada, coordinadora ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio
“En el Estado de México existe un patrón sistemático similar al de Ciudad Juárez” —norte de México, donde en su peor año (2010) moría una mujer cada 20 horas—“, comenta Guadalupe Ramos, representante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem). Los puntos rojos de esta violencia discriminada, explica, son los municipios de Ecatepec, Netzahualcóyotl, Chalco y otros siete, la mayoría ubicados en el noroeste de la entidad.
 
“Existe omisión”, afirma Estrada. Desde 2010, cuando aún gobernaba el Estado Enrique Peña Nieto, esta organización ha insistido en que se debe activar la Alerta de Género, un mecanismo de emergencia que echa andar la maquinaria gubernamental para atacar la violencia contra las mujeres. “El gobierno anterior y el actual —ambos del PRI, el partido del presidente— se han negado a reconocer que exista un problema de feminicidios”, resalta. “Destapar esta alcantarilla implicaría un golpe político a ambos Gobiernos, el estatal y el federal”, comenta Ivonne Acuña de la Universidad Iberoamericana.
 
Las muertes son solo un eslabón de esta cadena de crimen que no se quiere evidenciar — la Fiscalía estatal se ha negado a ofrecer cualquier tipo de información a este diario. En los últimos nueve años, más de cinco mujeres son violadas al día en el Estado de México, según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es decir, 17 mujeres por cada 100.000 habitantes de sexo femenino, 55 en Quintana Roo, la entidad con la tasa más alta. “Las autoridades no solo han omitido los asesinatos, los secuestros y todos los abusos, además han reducido el tema a un problema de violencia doméstica y basan sus análisis en apreciaciones subjetivas: prostitución, venta de drogas o incluso ligan los asesinatos a la situación sentimental de la víctima y a la falta de valores”, argumenta Estrada.
 
En los últimos nueve años, más de cinco mujeres son violadas al día en el Estado de México
Ramón (nombre falso) ha comprobado como la sangre corre por el Estado de México. Su labor como bombero le ha permitido ver de todo. “Un día recibimos una llamada de una persona que encontró una bolsa negra en un parque. Dentro estaba el cuerpo descuartizado de una chica: le cortaron los brazos, las piernas y la cabeza”, afirma. En su móvil carga fotografías y vídeos de algunos casos. Las últimas imágenes son de 13 cuerpos que encontraron en el Río de los Remedios, un canal de aguas residuales que atraviesa los municipios de Ecatepec y Netzahualcóyotl.
 
Justo un día antes (el 13 de octubre), la Fiscalía del Estado había negado que ese sitio fuera un tiradero de cadáveres. La autoridad estatal reconoció que ahí se habían encontrado más de 7.000 restos: 6.962 de ellos de animales, 60 pertenecientes a una misma persona y los 19 restantes en proceso de estudio. La polémica se desató después de que la asociación Solidaridad por las Familias —una organización que lucha contra la violencia de género—, denunciara que durante la limpieza del canal encontraron 46 cuerpos. “Bomberos y paramédicos (personal de ambulancia) nos han ofrecido información discrecional y de ahí obtenemos este dato”, dice David Mancera, miembro de Solidaridad por las Familias.
 
Guadalupe, la madre de Mariana, no quiere saber nada de cifras de mujeres muertas ni desaparecidas. Durante el viacrucis que ha vivido en estas semanas se ha dado cuenta de cientos de casos como el de su hija. En la mesa del salón de su casa tiene varias veladoras, fotografías de la chica y muchos santos a los que reza para que su “pequeña” vuelva a casa. Guadalupe, junto a la asociación, ha exigido a las autoridades que se esclarezcan las desapariciones de mujeres. La esperanza de esta señora es lo único que no pierde vitalidad: “Ojalá algún día alguien nos dé una respuesta”.
 
 
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Jueves, 24 de julio de 2014

El juicio contra el opositor radical Leopoldo López por incitar a la violencia en las protestas desatadas en febrero en Venezuela, que dejaron 43 muertos, comienza este miércoles, y de ser hallado culpable podría ser sentenciado hasta a 10 años de prisión.

López, recluido desde el pasado 18 de febrero en la prisión militar de Ramo Verde, en las afueras de Caracas, fue trasladado custodiado por un dispositivo de seguridad a las 04h30 (09h00 GMT) al tribunal 28, en el centro de la capital, informó personal de prensa de su partido, Voluntad Popular.

Los abogados de López, familiares, miembros de su partido y unos 200 de sus simpatizantes aguardaban el inicio del proceso, que se realizará a puerta cerrada.

Los abogados de López, que días atrás amagaron con no acudir al juicio tras denunciar supuestas irregularidades, finalmente se presentaron pero sin dejar de advertir que no se están cumpliendo las condiciones para que sea un proceso "justo en términos constitucionales".

"Leopoldo se ha enfrentado al sistema de justicia, dio la cara al pueblo de Venezuela, no abandonó el país, no huyó y si él no lo hizo, nosotros no lo podemos abandonar", dijo a la prensa Juan Carlos Gutiérrez, uno de sus abogados.

López, de 43 años de edad, se entregó a la justicia en una concentración con miles de sus simpatizantes para responder a las acusaciones de incitar a la violencia en una manifestación convocada por él el 12 de febrero y que después de concluida se saldó con tres muertos, los primeros de los 43 que dejaron tres meses de manifestaciones.

En el juicio, López es acusado por la fiscalía general de "determinador en los delitos de incendio y daños, instigación pública y asociación delictuosa", lo que según las leyes venezolanas puede ser penado hasta con 10 años de cárcel.

La defensa ha denunciado que el tribunal rechazó las pruebas y testigos que demostrarían la inocencia de López, economista egresado de Harvard que promovió manifestaciones bajo el lema "la salida" para presionar en favor de la renuncia del presidente Nicolás Maduro, lo que fue denunciado por el mandatario como "golpe de Estado en desarrollo".

Más de 200 simpatizantes de López se encontraban reunidos fuera del tribunal, con pancartas en las que se leía "Liberen a Leopoldo" o "El que se cansa pierde", lema popularizado por el político de 43 años de edad.

"Yo estoy aquí luchando por Venezuela, por la libertad de Leopoldo, porque la libertad de Leopoldo es la libertad de Venezuela", dijo a la AFP Yolanda Hernández, que acudió al tribunal con una pancarta que reza "querer un país seguro no es un delito".

Las protestas en Venezuela contra la inseguridad, la inflación que ya alcanza 60.

9%, alimentada por la aguda escasez de alimentos y productos básicos, han disminuido en intensidad hasta hacerse esporádicas.

Simpatizantes de Leopoldo López pidieron un juicio justo. (Foto: AFP)

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Miércoles, 29 de enero de 2014

 


Desde la firma del acuerdo, entre autodefensas y el gobierno, distintos analistas han hablado sobre las consecuencias de tolerar estos grupos paramilitares. Los ejemplos que ofrecen otros países latinoamericanos como Colombia, Guatemala y Perú, muestran lel peligro que representa la existencia de las autodefensas. Sin embargo, los líderes de estos grupos han manifestado su agrado con el acuerdo consensuado con el gobierno y planean cumplir todo lo que se estableció, incluyendo el desarme una vez se capture a los líderes de los "Caballeros Templarios". El gobierno defiende lo negociado y argumenta que el trato hecho con la "policía comunitaria" hace la situación distinta a la de cualquier país de latinoamérica, pues ésta será incorporada a los "cuerpos de guardias rurales", una especie de policía que existe desde hace más de un siglo en México y estarán todo el tiempo bajo el mando de las autoridades.

 

Protesta en favor de la paz en Apatzingán, Michoacán, México. Foto: Héctor Guerrero/AFP/Getty

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Martes, 28 de enero de 2014

 

Dos semanas después del incidente que se dio entre autodefensas y militares, en Antúnez (Michoacán), el clima de tensión entre el gobierno y estos grupos paramilitares parece haberse disipado. Tras varias negociaciones, hoy, se llegó un acuerdo en el que estuvieron presentes el zar de seguridad para Michoacán Alfredo Castillo, el gobernado de Michoacán, Fausto Vallejo, y los líderes de las autodefensas Estanislao Beltrán e Hipólito Mora. El acuerdo contempla incluir a la "policía comunitaria, nombre oficial de las autodefensas, en la institucionalidad y ponerlas bajo el mando de las autoridades. A su vez se proveerá de todos los equipos necesarios para su comunicación, movilidad y operación, pasando a llamarse "cuerpos de defensa rural". El acuerdo establecía que las autodefensas se desmovilizarán inmediatamente se logre desmantelar el cartel de los "Caballeros Templarios" y la región sea segura.

 

 

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Jueves, 23 de enero de 2014

 

Michoacán sigue viviendo la tensión que ocasiona tener tres grupos armados dispuestos a enfrentarse. Los carteles, las autodefensas y las fuerzas armadas mexicanas se encuentran presentes en el estado, ya ha habido combates entre ellos y los habitantes de la región, a pesar de una aparente calma, sienten inseguridad al realizar cualquier de sus actividades cotidianas. Michoacán ha sido una región dominada por los narcos desde la conformación de la "Familia Michoacana", en 2006, y por los "Caballeros Templarios" desde 2011. Los michoacanos, víctimas de secuestros y extorsiones, se cansaron de la indiferencia de las autoridades mexicanas y tomaron las armas, organizándose en grupos de autodefensa llamados "policía comunitaria". Los "vigilantes", como son conocidos entre la población, han atacado distintas "plazas fuertes" de los narcotraficantes y han tomado el control de varios municipios del estado, entre ellos Parácuaro y Apatzingàn.

Las autodefensas se rehúsan a entregar las armas, a pesar de las peticiones por parte del gobierno , pues afirman que si se desmovilizan serán objetivos fáciles para los carteles a los cuales ya les declararon la guerra. En todo caso, en muchos municipios las tropas federales, envíadas por el gobierno central, prefieren cooperar con las autodefensas que tienen una enorme popularidad entre la población y conocen la región. Al parecer no habrà desmovilización hasta que se atrape a los jefes del cartel de los "Templarios" y se garantice el orden.

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