12:51 PM
Tuesday, 30 Sep 2014


Mostrando articulos por etiqueta: seguridad

opeal pequeño

Encuentre aquí el archivo completo de la investigación hecha por el equipo OPEAL en 2009 sobre el Escenario de Seguridad y Defensa en Venzuela

 

 

Parte 1: EL NUEVO PENSAMIENTO MILITAR VENEZOLANO

Parte 2: LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA

Parte 3: ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSA NACIONAL BOLIVARIANA

Parte 4: HIPÓTESIS DE AGRESIÓN CONTRA COLOMBIA

Parte 5: HIPÓTESIS DE AGRESIÓN NO CONVENCIONAL

Parte 6: HIPÓTESIS DE AGRESIÓN CONVENCIONAL

Publicado en Aportes Opeal

Volver a Los Tiempos

 

Martes, 22 de Julio de 2014

 

Caracas |

Soldados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela fueron incorporados ayer a las tareas de seguridad ciudadana en el transporte subterráneo de Caracas, informó el viceministro de Prevención y Seguridad, Manuel Sabino.

“Será hasta diciembre que los funcionarios de la FANB estarán dentro de este plan” y entonces serán reemplazados por agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) actualmente en cursos de profesionalización, precisó el funcionario en declaraciones al canal estatal de televisión.

El sistema de transporte subterráneo de Caracas es utilizado diariamente por unos dos millones de personas, que podrán requerir el auxilio del refuerzo castrense “en caso de emergencias” o para “reportar alguna irregularidad”, destacó Sabino.

“El pueblo cuenta con nosotros”, dijo a su vez el general del Ejército Fabio Zavarce, comandante de las fuerzas castrenses en el plan, cuyo número no precisó aunque destacó la corresponsabilidad cívico-militar prevista en la Constitución y en las leyes.

La delincuencia es uno de los mayores azotes que afectan a Venezuela.

 

 

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Miércoles 22 de Enero de 2014 10:48

Horacio Cartes, el Peña Nieto paraguayo

 

Miércoles, 22 de enero de 2014

 

Horacio Cartes, actual presidente paraguayo, ha sido comparado con el presidente mexicano Enrique Peña Nieto por tres razones. La primera es el regreso al poder del Partido Colorado, que había estado en el poder durante muchos años en México y que había sido reemplazado por la oposición desde el 2008. Lo mismo ocurrió con el PRI,  volvió al poder con Peña Nieto después de haber sido desplazado unos años por la oposición. La segunda razón son las reformas que ha emprendido Cartes, las cuales refuerzan el poder del ejecutivo dándole, como presidente, mayor libertad en la toma decisiones. Las tres reformas se refieren a la defensa nacional, la responsabilidad fiscal y la alianza público-privada. Por último tanto Peña Nieto como Cartes han logrado un amplio apoyo por parte de la oposición para el impulso de las reformas.

 

Horacio Cartes en su investidura como Presidente de Paraguay

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semana

"Tenemos que repensar el sector seguridad": Ideas para la Paz. Seminario 'Serie Colombia'.

Imagen: Grupo Picnic

Domingo, 24 de noviembre de 2013

Autor: Semana

El seminario 'Serie Colombia' dejó reflexiones de diferentes sectores, preguntas al aire y preocupaciones. Pero el cometido de poner a debatir a expertos tan distantes como León Valencia y José Félix Lafaurie se hizo.

En el panel 'La institucionalidad para la seguridad ciudadano en un escenario de posconflicto' se conocieron varios planteamientos relevantes.

El general Jairo Rolando Delgado Mora, alertó que uno de los grandes retos va a ser cómo se van a combatir a las bandas criminales. Reseñó la situación de algunas partes del país donde ya no hay guerrilla sino bandas y delincuencia común, escenario que se vive en varias zonas del país.

Quizá el panelista más crítico fue Román Ortiz, director del Decisive Point. Aunque él blindó sus tesis como realistas y no catastróficas, dejó preocupación en el escenario.

Ortiz, basado en sus estudios, dijo que la desmovilización de las FARC será parcial y actores internos y externos podrían intentar sabotear la desmovilización.

María Victoria Llorente, de Ideas para la Paz, se alejó un poco de este planteamiento e invitó a "repensar el sector seguridad", además adhirió la discusión de que Colombia trabaje, firmado el proceso de paz, en el marco de los Derechos Humanos y no en el DIH. "Hay que dar esa discusión porque parece que los colombianos nos encariñamos con el conflicto", dijo Llorente.

La primera general en la Policía, Luz Marina Bustos, reconoció que en un escenario de posconflicto "la estabilidad no va a ser inmediata" y añadió que la Policía seguirá comprometida con los tres pilares de legitimidad: respeto por los actores sociales, acercamiento a la comunidad y protección y respeto por los derechos humanos.

La general Bustos mandó un claro mensaje al final de su intervención: "Se hace necesario un efectivo aparato de justicia".

Entre el público el analista y columnista de SEMANA León Valencia cuestionó que no se haya hablado en el panel y en el seminario de reforma en las Fuerzas Armadas y de Policía. "Hay que hacerla de forma urgente", dijo Valencia.

Aunque todavía los sectores académicos e institucionales están distantes un consenso, el seminario 'Serie Combia' brindó el espacio para que una variedad de planteamientos e ideas confluyeran sobre cómo los colombianos se deben preparar hacia el posconflicto. Pero también se empezaron a vislumbrar los retos que tiene la Nación una vez firmado un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC.

Disponible en: www.semana.com

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Lunes 04 de Noviembre de 2013 12:41

Otra década perdida

El Nuevo Siglo Bogota

Lunes 4 de noviembre de 2013

Autor: ANDRÉS MOLANO ROJAS

La “Declaración sobre Seguridad en las Américas” adoptada diez años atrás por la Conferencia Especial de Seguridad en México, y en la cual participaron todos los Estados del hemisferio -menos Cuba, naturalmente-, constituye uno de los pilares de la OEA, al lado de la propia Carta fundacional, la Carta Democrática Interamericana o el Pacto de San José, según lo ha dicho el secretario general de la organización, José Miguel Insulza.

En aquel entonces el fin de la Guerra Fría, la pacificación de Centroamérica, y la virtual consolidación de la democracia en el continente inspiraron un cambio fundamental en el concepto de seguridad. La vieja noción de seguridad, entendida como mera preservación del Estado y el régimen frente a agresiones externas o a la rebelión armada, y basada en la coerción, fue sustituida por una más amplia y multidimensional, que “incluye las amenazas tradicionales y las nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos (…), incorpora las prioridades de cada Estado, contribuye a la consolidación de la paz, al desarrollo integral y a la justicia social, y se basa en valores democráticos, el respeto, la promoción y defensa de los DD.HH., la solidaridad, la cooperación y el respeto a la soberanía nacional”. Así, temas como el crimen organizado (en sus diversas formas y manifestaciones), el terrorismo, los desastres naturales y el deterioro ambiental, las pandemias, la pobreza extrema y la exclusión social, vinieron a incorporarse en una agenda variopinta, indiscriminada y difusa de seguridad.

Tras una década, más allá de la retórica de las conmemoraciones, la verdad es que difícilmente puede hablarse hoy día de una arquitectura de seguridad hemisférica interamericana. Aunque existen amenazas comunes, no todas son compartidas ni tienen la misma entidad ni prioridad para todos. La Junta Interamericana de Defensa aún no logra redefinir su lugar y encajar en el rompecabezas. ALBA promueve la creación de una escuela militar “anti-imperialista” para formar “ideológicamente” a sus Fuerzas Armadas, y al menos en uno de sus miembros las relaciones cívico-militares están seriamente trastocadas. Unasur cuenta con su propio consejo de defensa, sus propias medidas de confianza, su propia evaluación del gasto militar. Hay divergencias importantes frente al modelo de lucha contra las drogas. Los diferendos fronterizos están otra vez a la orden del día, y no escasean las tensiones bilaterales. Y por si fuera poco, la democracia en las Américas atraviesa un momento particularmente crítico.

No hay mucho qué celebrar entonces. En materia de seguridad hemisférica ésta parece ser, tristemente, otra década perdida.

Disponible en: www.elnuevosiglo.com.co

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Viernes 13 de Septiembre de 2013 14:53

Informe advierte más violencia y secuestros de Farc

ElColombiano.com

 

Jueves 12 de septiembre de 2013

Autor: JUAN CARLOS MONROY G

Mientras el Gobierno insiste en que la seguridad en el país presenta mejoría y que cada vez hay más regiones libres de la violencia, un estudio reciente del Centro Seguridad y Democracia de la universidad Sergio Arboleda plantea que hay un "constante deterioro".

Según el informe de ese centro de estudios dirigido por el analista Alfredo Rangel —crítico del actual Gobierno en la lucha contra los grupos armados ilegales y cercano al expresidente Uribe Vélez— en el primer semestre de 2013 aumentaron el homicidio, los ataques a la infraestructura, como los oleoductos, los retenes ilegales y el terrorismo.

El denominado balance de seguridad nacional indica que el homicidio aumentó el siete por ciento, en comparación con el primer semestre de 2012, al pasar de 6.918 casos a 7.380 en 2013. "La tasa de homicidios por cada cien mil habitantes fue de 34,4, la más alta de los últimos tres años". Se interpreta que por primera vez en siete años se quiebra la tendencia a la baja en este delito. Un hallazgo que llama la atención del informe es que atribuye a las Farc 21 secuestros, de los 144 cometidos este año, 35 casos menos que en el primer semestre de 2012, un 20 por ciento menos.

A pesar de la reducción, de comprobarse esta autoría sería un incumplimiento del compromiso del grupo guerrillero de renunciar al secuestro. Esta fue una de las exigencias por el Gobierno para aceptar las conversaciones de paz.

También se reseña un incrementó del 75 por ciento de los actos de terrorismo. "Las Farc fueron responsables del 52 por ciento y el Eln del 5".

Para el general retirado de la Policía Jairo Delgado, director de análisis del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría, es evidente que hay aumento de las acciones guerrilleras y de homicidios y así lo ha reconocido el Gobierno. "Hay una ofensiva militar en las 10 regiones donde las guerrillas defienden áreas de concentración y dado que las Farc y el Eln volvieron a la guerra de guerrillas se incrementaron las emboscadas, aunque sin impacto estratégico en la confrontación militar".

En cuanto al aumento de homicidios, sostiene que "se dan coyunturas como el reacomodamiento de bandas criminales y mafias del narcotráfico tras la desarticulación de estructuras y captura de importantes jefes ilegales".

En agosto, el presidente Juan Manuel Santos destacó que se había reducido el hurto a personas y vehículos. Además, que la percepción de inseguridad bajó del 61 por ciento al 54, según el Dane.

Disponible en: www.elcolombiano.com

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Martes, 27 de agosto de 2013

Autor: Reuters

Mexico's government on Tuesday diluted plans for a new security force to fight drug gangs, as President Enrique Pena Nieto struggles to break with the military-led strategy of his predecessor.

Pena Nieto took office in December vowing to take a different tack in Mexico's raging drug war. Former President Felipe Calderon tried to tame drug bosses with a military assault, but it was widely seen as a failure and more than 70,000 people died in drug-related violence.

Pena Nieto originally promised a 40,000-member gendarmerie, or militarized police force, that would take the lead in tackling violent crimes like extortion and kidnapping as the marines and army gradually returned to their barracks.

The aim was to move the command away from Mexico's complex network of poorly paid security forces, which have been easy targets for the cartels to infiltrate and corrupt.

The government has since said the armed forces will remain active in the fight against drug gangs because the death toll has remained stubbornly high. The gendarmerie will be much smaller and patrol mainly rural areas to safeguard the passage of people and goods.

"The gendarmerie will be a division of the federal police, made up of 5,000, who will begin their mission in July 2014," Manuel Mondragon, the government's national security commissioner, said at a security meeting with Pena Nieto.

He said the government had modified its plan after taking into account the opinions of community leaders and academics. Mondragon said 1,710 members of the gendarmerie had been hired so far.

Pena Nieto, who has tried to shift public attention away from the violence toward Mexico's economic potential, said the number of murders between December and July this year had fallen by 20 percent compared with the same period last year.

Still, about 1,000 people have died each month in drug violence since Pena Nieto took office, official data show.

Some analysts say little appears to have changed between the two administrations.

"It's starting to look like same-old, same-old," said Sylvia Longmire, a former agent with the U.S. Air Force Office of Special Investigations, who now works as a drug war analyst.

"The military is still out there, the gendarmerie is not taking shape as he originally planned ... and he's still going after the big fish."

The government has captured a number of kingpins, including the head of the Gulf cartel and Miguel Angel Trevino, leader of the ultraviolent Zetas, last month.

Critics argue Calderon's strategy of going after drug bosses backfired because cartels fragmented in the ensuing power-struggles, ratcheting up the blood-letting.

The Mexican military is still involved in regular clashes with the cartels in sparsely populated areas across the country, displacing local residents and leading others to take up arms in vigilante groups.

"The main question in my mind is, 'do they know what they're doing?'" said David Shirk, director of the Trans-Border Institute and a drug war specialist, calling the gendarmerie a "gimmick."

"Do they have a well thought-out strategy that they're trying to employ? Or are they figuring out things as they go?"

Disponible en: www.nytimes.com

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Martes 27  de agosto de 2013

Autor: Noé Alí Sánchez Navarro

No es una mentira decir que muchas regiones del país se encuentran presas del crimen organizado y la violencia, donde diferentes grupos armados controlan y causan miedo en barrios, comunidades, negocios y hasta en ciudades completas. Otra situación es que muchos de los territorios que padecen de este mal, se encuentran en total abandono por parte del estado: regiones que han sido dejadas a su suerte, en medio del camino, entre la vida y la muerte.

Ante este panorama que sigue azotando al país, algunas comunidades han decidido organizarse y tomar las armas para protegerse entre ellos mismos y en algunos casos hacer valer la justicia por su propia mano; lo anterior a consecuencia de los asesinatos, violaciones, secuestros y extorsiones de las que han sido víctimas y testigos.

Cansados de la inseguridad e impunidad, el hartazgo en el que muchos grupos se encuentran, ha provocado que hasta las mismas mujeres hayan decidido participar en los grupos de autodefensa o policías comunitarias.

Para inicio de este año ya se registraban algunos casos como estos, pero hace algunos días más de cien mujeres se uniformaron como policías ciudadanas, se armaron y se comprometieron a defender su comunidad en Xaltianguis en el estado de Guerrero.

Aunque seguramente no son las únicas mujeres que han tomado una decisión como ésta, el hecho demuestra que la solución al problema no se vislumbra cercana, al menos no para los habitantes de estas regiones que han decidido intensificar sus propios lineamientos de seguridad.
Contrario a lo que muchos pudieran pensar, estos grupos no sólo se están formando en comunidades lejanas, indígenas o serranas, también se están desarrollando en zonas donde el gobierno ha implementado planes y estrategias para combatir la violencia, Chihuahua y Michoacán, son un ejemplo.

Dicho lo anterior, está claro que esto no es un buen indicio, simplemente porque representa la ausencia del Estado en una de sus principales tareas, proporcionar seguridad a los ciudadanos, misma que no se está cumpliendo, por lo menos no en todas las regiones del país. Tan sólo durante los primeros siete meses de haber iniciado la administración federal, el mismo gobierno ha reconocido que se han registrado más de seis mil homicidios.

Otro de los factores que se desprende de esta situación y que también debe preocuparnos es que, además de que el Estado tiene la obligación de proveer seguridad para sus ciudadanos, también debe velar por la paz y el orden. Es decir, está obligado a evitar que los individuos hagan justicia por su propia cuenta. La formación y consolidación de los grupos de autodefensa es reflejo de que el Estado está ausente en dos áreas prioritarias: Seguridad y Autoridad.

De manera reciente se ha hablado mucho de estos grupos, particularmente los medios de comunicación y algunos políticos; una buena parte de ellos realiza una crítica muy severa a la conformación de los mismos y a lo complaciente que ha sido el gobierno al no impedir que estos se organicen. Otros tantos, reconocen y justifican que los ciudadanos que viven en situaciones de seguridad precaria, deben defenderse y luchar por mantener la tranquilidad de sus comunidades.

Es un hecho que el gobierno, en sus tres niveles ha sido inoperante con el crimen y permisivo con los grupos, porque si los ciudadanos confiaran en la seguridad que se les brinda, no tendrían la necesidad de dormir con un arma bajo la cama, viviendo con la preocupación de que su vida y la de los suyos está en constante peligro. Aquí el punto es que para algunos, esa confianza ya se agotó.

Más allá de hacer un cuestionamiento a las posturas que critican o justifican la formación de los grupos de autodefensa en México, en lo personal me queda claro que la formación de éstos tienen una estrecha relación con la poca capacidad del Estado para proporcionar seguridad.

Pero también creo que es momento de que nos preocupemos y pongamos atención en el futuro, porque hay muchas preguntas que están sueltas y tendríamos que plantearnos, por ejemplo: ¿Quién está proporcionando las armas a estos grupos? ¿Es posible pensar en la complicidad de las autoridades o del crimen organizado en la formación de los mismos?

El tema no es nada sencillo, porque si el incremento de inseguridad va a provocar la formación de más grupos de este tipo, será una muestra clara y contundente de la debilidad del Estado, y eso sería aún más grave.

El gobierno debe entender que no sólo se trata de desarmar a los grupos de autodefensa y llenar las ciudades, pueblos y comunidades de soldados y policías. La situación tiene más fondo. Se trata de regresarle las garantías de seguridad y justicia a esas comunidades, se trata de regresarles la confianza.
Sólo así creo que estaremos en condiciones de que los grupos de autodefensa no sigan caminando al margen, ni de la ley, ni de sus derechos.

Lo que están haciendo viene de la falta de un derecho primario y fundamental, y aunque la esencia de su lucha es totalmente entendible, porque quién no defendería a los suyos aunque su vida esté en peligro. Continuar así puede costarnos más muertes, más violencia e incluso, ser testigos de la ley del más fuerte.

Disponible en: www.rnw.nl

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Passive Costa Rican Security Policies and Their Effects on International Affairs
Imagen: insidecostarica.com
 
 
 
Miércoles, 7 de agosto de 2013
Autor: Samuele Tamburini
 
Costa Rica is renowned for being one of just 15 countries with no military in the world. Following the nation’s short-lived but bloody Civil War, Army Commander José Figueres abolished the army in 1948 after successfully overthrowing President Teodoro Picado. The following year, the government formalized this decision in the country’s constitution (Article 12) and designated the military budget to support education, culture, and internal security.
 
Since 1948, Costa Rica has become a model of peaceful democracy in Latin America. In this country, “there is a highly educated electorate; elections are regularly held, free and fair. It is one of the few countries in Latin America with no democratic breakdowns in the last 50 years.” [1] The elimination of the Costa Rican armed forces was a monumental decision for the nation itself, the entire Central American region, and the world. But can the Costa Rican choice to abolish its army be universally imitated, particularly among other Latin American nations? Without a doubt, other Latin American and Caribbean countries that have a similar geopolitical situation to that of Costa Rica can benefit from disbanding or further reducing their armed forces.
 
A Historical Outline
 
Since the origin of civilization, governments have seen the military as a necessary institution to defend and extend state borders. In the Roman Empire, the role of the army became increasingly important. Roman strategists knew very well that having an efficient army to enhance the Empire’s powers of attack and defense was key to keeping peace throughout its vast territory. In fact, the “philosophy” of Roman imperialism was si vis pacem, para bellum (If you want peace, prepare for war). . The Roman Army was seen as a model of discipline and efficiency that has been imitated by militaries in other nations long after the fall of the Roman Empire.
 
In order to understand the modern role of armed forces, it is useful to look back to the 17th century, when the European model of a nation-state (centralized and guided by a sovereign, sometimes absolute, Monarch) became common. In this era, most states set up permanent troops and, as a result, national sovereignty and the army were deeply intertwined. This sort of equivalence remained predominant until the 20th century.
 
The international relations system began to change in the 20th century, when new multilateral modes of governance, such as the North Atlantic Treaty Organization and the European Union, emerged at the end of World War II and obscured national borders. In recent decades, military forces have become increasingly tied to international affairs as a result of intensified globalization; this is demonstrated by recent events in Libya in2011, when a multi-state coalition began a military intervention to implement the United Nations Security Council Resolution 1973.
 
In this context, Costa Rica’s unilateral choice to permanently abolish its military represents an important case study.
 
A Model for Other Nations
 
In reality, the Costa Rican decision to eliminate its army has already been emulated in Latin America. According to “Imagination for People,” a community that develops socially innovative projects, “disbanding the army in Costa Rica has had an influence on its Central American neighbors. Costa Rican President Óscar Arias Sánchez, winner of the Nobel Peace Prize in 1987, sought to promote the abolishment of the military in other countries during his tenure, which resulted in the demilitarization of Panama.” [1] But the Panamanian military was also disbanded due to U.S. pressure after its 1989 invasion of the Central American nation, which occurred during the administration of President George H.W. Bush.
 
However, not all Latin American countries will imitate Costa Rica’s decision to abolish its armed forces. Other nations may view demilitarization as an unconditional capitulation to the United States, which is all the more likely at a time when there is a slew of anti-Washington governments in the region. Having an army does not only serve the purpose of fighting wars or protecting borders, but it is also a symbol of strength and a military deterrent.
 
Nevertheless, many other countries in the region, such as Nicaragua or Uruguay, could opt for a more peaceful path; in particular, Uruguay enjoys very close relations with its two neighbors, Argentina and Brazil. The primary purpose of an army is to defend a nation’s territories from possible invaders; Thus, it is highly improbable that a country would be interested in attacking nations such as Costa Rica or Uruguay, as states normally need a military, economic, or strategic motivation to violate the sovereignty of another country.
 
Security Policy in Costa Rica
 
Moreover, if attacked, these peaceful countries would immediately receive the status of victims. This is what happened, for example, in the border dispute between San José and Managua thatstarted in October 2010. Nicaragua sent its troops to the disputed territory, but it was very difficult for Nicaraguan President Daniel Ortega “not to appear as an aggressor, considering that he has a relatively professional standing army behind his rhetoric.” [3]
 
Even in the case of an attack, allied nations would likely protect these peaceful nations. That is the benefit of the strong alliance between Costa Rica and the United States, which have maintained formal diplomatic relations since 1851. Simply put, a country can abolish its army, but that does not necessarily mean that it will give up its security.
 
Also, Costa Rica’s public security force (Fuerza pública), created in order to uphold the law, could serve as an interesting model for other nations in Latin America that are considering a passive military approach. This solution should guarantee the adequate instruments to protect individual security and civil order in the country. According to one report on democracy in Latin America, there has been an “increasing criminality rate over the last decade [in Costa Rica] and an even larger increase in the public perception of the saliency of criminality.” [4] Moreover, having a strong police force is necessary to confront drug trafficking, which passes through the region from South America to Mexico and the United States. For this reason, Costa Rica has also created the Unidad Especial de Intervención, a small Special Intervention Unit. Nevertheless, it must be taken into account that, in matters of national security, “some isolated episodes of abuses of power by the security forces have been denounced by international and non-governmental organizations.” [5]
 
A New Assignment of the Funds
 
As mentioned, Costa Rica used the budget previously dedicated to its military to enhance security programs as well as to improve education and cultural services. This is the most significant factor to keep in mind while analyzing the abolishment of the Costa Rican Army. Even though “income inequality has increased over the last decade–the Gini index rose from 0.41 in 2000 to 0.44 in 2010–it remains among the lowest in the region and definitely below the average for Central America.” [6]
 
Between 16 to 21 percent of the population continues to live below the poverty line, but Costa Rica’s welfare is:
 
“[…] stronger than most other Central American countries. There is an important set of public policies that address issues regarding labor conditions, housing, healthcare, education, satisfaction of basic needs, and more. Even though economic difficulties have undermined the extension or effectiveness of these policies, the country’s situation in terms of the protection of economic, social, and cultural rights are among the best in the region.” [7]
 
The Costa Rican case demonstrates that funds originally used to finance the army can be effectively re-directed toward social programs, with an immediate return in economic growth.
 
Conclusions
 
Specific social, cultural, economic, and political circumstances have allowed Costa Rica to abolish its armed forces and become an example of peaceful democracy for the world. Some judicious political figures, such as President Figueres and President Sánchez, have courageously promoted the elimination of the armed forces in both Costa Rica and other Latin American countries, though this cause sometimes has been seen as hazardous. That said, not all countries in Latin America can take advantage of some of the peculiar and extremely favorable circumstances that exist in Costa Rica (i.e. a small geographical area, small population, high degree of religiosity, and widespread culture of peace) in order to disband their military forces. Nevertheless, small Latin American states could benefit from a similar decision to disband their military. Especially where these forces are not absolutely necessary, re-allocating funds previously spent on these services may have very positive effects on social equality, human rights’ protection, and economic growth.
 
References
 
[1] G. Katz and Leonardo Morlino, The Quality of Democracy in Latin America: An IDEA Report, Exeter and Rome, December 2012.
[2] ”Costa Rica: A Country Without an Army,” Imagination for People, accessed August 7, 2013, http://imaginationforpeople.org/en/project/costa-rica-a-country-without-an-army/.
[3] W. Alejandro Sanchez, Costa Rica: An Army-Less Country in a Problem-Prone Region, COHA, June 2, 2011, http://www.coha.org/costa-rica-an-army-less-nation-in-a-problem-prone-region/.
[4] Katz and Morlino, The Quality of Democracy in Latin America: An IDEA Report.
[5] Ibid.
[6] Ibid.
[7] Ibid.
 
Disponible en: www.coha.org
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Publicado en Noticias Costa Rica

Preparativos para la visita del Papa en Río

 Lunes 22 de Julio de 2013

Autor: Gerardo Lissardy

El papa Francisco llega este lunes a Brasil dispuesto a medirse en persona ante el reto que ha planteado de acercar la Iglesia a la gente, nada menos que en un Río de Janeiro en ebullición tras una ola de protestas sociales.
Un gran plan de seguridad diseñado para proteger al pontífice, con cerca de 30 mil militares y policías movilizados en total, será exigido apenas Francisco aterrice en Río por la tarde: desfilará por el centro en un "papamóvil" abierto en lugar de uno blindado, según adelantó la alcaldía.
Esa zona de la ciudad y el Palacio Guanabara, la sede del gobierno estatal que el Papa visitará más tarde, son dos puntos donde recientemente se concentraron manifestaciones por reclamos diversos, muchas de los cuales acabaron en choques violentos con la policía.
Esto y el hecho de que se hayan convocado nuevas protestas durante el desarrollo de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) católica -incluida una este mismo lunes frente al Palacio Guanabara- han causado inquietud a nivel gubernamental.
El Vaticano procuró en los últimos días restarle dramatismo al tema, al negar que las manifestaciones en Brasil sean contra el Papa o la Iglesia y remarcar que parte del estilo de Francisco consiste en evitar medidas de seguridad que lo alejen de la gente.
"El Papa no desea obstáculos en su comunicación concreta con el pueblo. Esta es la realidad de este pontificado", declaró el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, en el diario O Estado de Sao Paulo del viernes.
Pero especialistas advierten que las autoridades deberán redoblar los cuidados ante la posibilidad de que manifestantes aprovechen la presencia del Pontífice para hacer sentir sus reclamos, como ocurrió con la Copa Confederaciones en junio.
"Esta es la gran preocupación que deben tener y se vuelve realmente un gran desafío para las fuerzas de seguridad en este momento", dijo Paulo Roberto Storani, antropólogo y experto brasileño en seguridad pública, a BBC Mundo.

Cuestión de experiencia

Storani descartó que las manifestaciones puedan tener el objetivo de atacar la integridad física de Francisco, de 76 años y electo en marzo como el primer Papa latinoamericano de la historia.

Pero agregó que sí podrían alterar el desarrollo de la JMJ, que atrae a cientos de miles de fieles de todo el mundo, y sostuvo que falta experiencia local para lidiar con protestas de demandas difusas y sin líderes claros para negociar.
"Brasil entero y sus fuerzas de seguridad no están acostumbradas a este tipo de protestas", señaló este excomandante del Batallón de Operaciones Especiales (Bope) de la policía de Río e investigador del Instituto de Ciencias Policiales en la Universidad Cândido Mendes.
Las sorpresivas manifestaciones de junio pasado, por mejores servicios públicos y contra los gastos multimillonarios para el Mundial de Fútbol 2014, entre otros motivos, reunieron más de un millón de personas en varias ciudades brasileñas.
Río fue una de las que tuvo más agitación y la policía recurrió varias veces a gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar a los manifestantes.
La intensidad de las protestas bajó este mes, pero hay varias señales de que la efervescencia social se mantiene.
La semana pasada, una manifestación contra el gobernador de Río, Sergio Cabral, reunió a cientos de personas y acabó con destrozos en comercios y locales bancarios de Leblon, un barrio acomodado de la ciudad.

Visita millonaria

La protesta convocada para este lunes a través de redes sociales fuera del Palacio Guanabara -donde está previsto que el Papa se encuentre con Cabral, la presidenta Dilma Rousseff y otras autoridades locales- tiene consignas contra el uso de fondos públicos en eventos religiosos.
Esa recepción costará unos US$380 mil en recursos públicos, informó la prensa brasileña.
Los gastos federales, estatales y municipales ligados a la JMJ reportados hasta el momento suman casi US$73 millones según cifras del diario O Globo, pero los organizadores afirman que la economía local tendrá una inyección de dinero gracias al evento.
Buena parte de los recursos públicos asignados a la visita del papa se destinarán precisamente al esquema de seguridad del evento, que movilizará cerca de 28 mil miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Militar.
A eso se sumarán 1.500 efectivos de la Policía Federal brasileña (el doble de lo que se había previsto hace dos años) abocados exclusivamente a la seguridad personal del Sumo Pontífice, 40 de ellos como guardaespaldas.
La agenda del Papa en Brasil incluye el miércoles una visita al santuario de Aparecida en el estado de São Paulo, el jueves una recorrida por una favela de Río, un acto donde bendecirá la bandera olímpica y un mensaje en la playa de Copacabana. El viernes hará la confesión de jóvenes en un parque de la ciudad y un Vía Crucis en Copacabana, donde fue convocada otra manifestación.
El sábado rezará una oración en la vigilia de los jóvenes en el Campus Fidei, un terreno en Guaratiba a unos 60 kilómetros al oeste de la ciudad, donde el domingo por la mañana también celebrará la misa de cierre de la JMJ. En la noche partirá de regreso a Roma.
Los militares a cargo de proteger el campo de Guaratiba, donde se esperan cientos de miles de jóvenes, ya anunciaron que prohibirán el acceso de manifestantes o personas enmascaradas y que revisarán a quienes tengan actitudes sospechosas.

"Nada agradable"

La Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) ha calificado como una "fuente de amenaza" para la JMJ la posibilidad de que surjan manifestaciones esta semana.
El ministro de la secretaría general de la presidencia brasileña, Gilberto Carvalho, afirmó la semana pasada que "la gran seguridad del Papa será hecha por el pueblo brasileño y por la juventud del mundo entero".
Pero otros dos ministros intentaron convencer al Vaticano de la necesidad de reforzar la protección y usar un papamóvil blindado en apariciones públicas.
De todos modos, se ha confirmado que el Papa está resuelto a usar un vehículo abierto, del cual pueda salir para saludar a los fieles.
"Es una decisión personal, respetamos, pero no es nada agradable para la seguridad", admitió el general José Abreu, que comanda el operativo militar de protección papal.
Brasil es el país con más católicos del mundo pero, al igual que en el resto de América Latina, la Iglesia ha perdido fuerza aquí en las últimas décadas ante el aumento de los evangélicos y personas sin religión.
Una encuesta de Datafolha, publicada el domingo, indicó que los católicos en Brasil son hoy 57% de la población, lo que marcaría el menor nivel histórico tras una caída constante desde el 75% que sumaban en 1994.
Los expertos creen que el énfasis de Francisco en aumentar el contacto con la gente en general y los pobres en particular apunta a devolverle a la Iglesia su carácter pastoral.
Eso mismo es lo que el Papa parece dispuesto a hacer en Brasil, aunque le implique renunciar a cierta seguridad.
"Es una visita de carácter bien misionero", dijo André Chevitarese, profesor de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ), especializado en historia del catolicismo.
Y agregó: "Reunir millares y millares de jóvenes es mostrar que la Iglesia está viva y tiene futuro".

Disponible en: www.bbc.co.uk


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