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OPEAL, un proyecto del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, hace seguimiento permanente a la situación geopolítica, económica, medioambiental y de seguridad de la región así como a la coyuntura de seguridad y la política exterior colombiana.




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Jueves 19 de febrero de 2015

 

Este día fueron trasladados al penal de máxima seguridad en Zacatecoluca, conocido como "Zacatraz", varios jefes de pandillas.

Entre los reos removidos está Carlos Mojica Lechuga, "El Viejo Lin", y Carlos Rivas Barahona, alias "Chino 3 Colas", ambos cabecillas de la pandilla 18, y Borromeo Enrique Henríquez Solórzano, "Diablito".

Los reos fueron trasladados desde el penal de Cojutepeque, Izalco y Ciudad Barrios.

La semana pasada fueron movidos a “Zacatraz”, José Timoteo Mendoza Flores, alias " El Chory" y Douglas Geovany Velásquez Navas alias "El Payaso", también de la 18, y a Ricardo Adalberto Díaz, de la mara MS.

Mojica y Rivas fueron llevados hasta la cárcel de mediana seguridad de Cojutepeque en 2012, a raiz de la tregua entre pandillas que iniciaba en ese entonces.

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Martes 10 de febrero de 2015

Police in Haiti have clashed with anti-government protesters angry about the high cost of fuel.

Several people were injured as police moved in to clear roadblocks set up in the capital, Port-au-Prince.

Protest organisers said that drivers who ventured into the city centre during the two-day protest would be putting their lives at risk.

Haiti has seen months of protests against President Michel Martelly over delayed elections.

"Because of the price of fuel, the cost of living is going up," said Ralph La Croix, a Port-au-Prince resident.

"If the government could cut the price of fuel so it was lower, the population would live better," he told the Reuters news agency.

'Devastating consequences'
Petrol and diesel prices have been reduced by the government recently, but protesters want a 50% cut, reflecting the drop in international oil prices over the past six months.

The price of a gallon of petrol in Haiti initially dropped by about 25 cents to $4.50 (£3) and further cuts will reduce that price to about $4. Diesel prices were cut down by 20 cents to $3.55 (£2.30) and will now go down to $3.30.

Haiti bus during strike day
Protesters warned drivers and commuters not to try to go into the city centre
Burning tyres in Haiti
Burning tyres have been used to block roads in several points of the city
Haiti police trying to clear road blocks
Haiti police said the protest had not been authorised and roadblocks would be removed
The government said the protests would damage the country's troubled economy and create "devastating consequences for the most vulnerably people in our population".

Prime Minister Evans Paul made an appeal for calm.

The government "cannot lower the price of petrol. It's not that we do not want to, it's because we are not able to," he said.

Protesters say they will set up new roadblocks in Port-au-Prince on Tuesday.

Mr Martelly began ruling by decree last month after the parliament's term expired.

He has since reached an agreement with the opposition to form a new government and hold general and local elections, which are three years overdue.

But discontent continues in the poorest nation in the Western Hemisphere, struck by a powerful earthquake in 2010 which devastated much of Port-au-Prince.

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Lunes, 09 Febrero 2015 17:13

"Si vencen a la PNC, vencen al Estado"

Lunes 09 de febrero de 2015

El incremento en los ataques de las pandillas a los integrantes de la Policía Nacional Civil tiene muy preocupado al arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, quien demandó del Gobierno acciones urgentes para detener esa vorágine contra los agentes del orden.

En un mes y ocho días de 2015, ocho policías han sido asesinados por las maras. El más reciente caso se registró el viernes anterior en Ciudad Real, en el municipio de San Sebastián Salitrillo, en Santa Ana, donde fue ultimado el agente Érick Alejandro Reyes Morales. Ayer también un policía fue lesionado en un autobús (ver nota anexa).

"Estamos inmensamente preocupados y unidos a las víctimas en esta situación tan grave que azota a la sociedad", declaró el Arzobispo.

"Cuando se afecta o se toca directamente a la Policía, la fuerza del orden público, estamos en una situación agravante, que preocupa aún más, porque son las personas encargadas de dar seguridad a la nación", subrayó Escobar.

El prelado recordó que los expertos han manifestado que los constantes ataques a policías son una demostración de fuerza de las pandillas "como para ver quién tiene el dominio y el poder".

Esta guerra sin cuartel viene a complicar aún más la situación porque "si la Policía fuera vencida, el Estado estaría vencido y eso sería muy triste y grave", subrayó el Arzobispo.

Para no llegar al caos, al que pueden llevar las maras al país, el arzobispo de San Salvador demanda de la sociedad en pleno, "reaccionar y tomar medidas". Ojalá, asegura, que se tenga la sabiduría para tomar medidas pertinentes y poder afrontar la situación "tan difícil" y "tan preocupante" que aqueja al país.

El prelado afirmó que el ataque al agente Reyes Morales en San Sebastián Salitrillo, en Santa Ana, no es el único que enluta a los buenos salvadoreños, sino que se suma a varios que se han registrado tiempo atrás.

El arzobispo Escobar Alas dejó claro que la Iglesia Católica no va a dialogar ni participará en ninguna negociación con los cabecillas de las pandillas en una segunda tregua.

"Hemos dicho al Gobierno que apoyamos su esfuerzo pero que no estamos de acuerdo con negociaciones bajo la mesa, que no sean transparentes ni de acuerdo con la sociedad a la luz del día", subrayó.

La Iglesia solo participaría en un acuerdo justo, transparente, honesto y de acuerdo con la Ley, afirmó Escobar Alas para reafirmar que no es su posición sino la de la Conferencia Episcopal.

"Somos conscientes de que es el Gobierno el que lleva adelante el dialogo, la iniciativa, puesto que a él compete por Constitución la seguridad nacional, además es su derecho y su deber", agregó el arzobispo.

Aclaró que si ha habido alguna baja en los homicidios, la Iglesia no tiene nada que ver, porque "no somos nosotros los que hacemos que los homicidios suban o bajen, nos interesa la paz".

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Lunes, 09 Febrero 2015 14:31

La lógica del sinsentido

 
Tras la aparente irracionalidad del terrorismo se oculta una lógica implacable y tristemente efectiva.
 
Cuando aún no acaba de asimilarse el impacto producido por la incursión de los yihadistas en las oficinas de Charlie Hebdo en París y de la mortífera secuela que han dejado en su intento de fuga; cuando la barbarie terrorista —la de las decapitaciones transmitidas masivamente por internet, la de los niños convertidos en verdugos, la de los yazidíes virtualmente exterminados— parece haber alcanzado su límite, las demoledoras imágenes del asesinato del piloto jordano Moath al-Kasasbeh, quemado vivo por sus captores del “Estado Islámico”, ponen una vez más en evidencia una de las características más peculiares del terrorismo: tras la aparente irracionalidad de la violencia que practica, se oculta una lógica implacable y tristemente efectiva.
 
El terrorismo opera, por definición, mediante el uso suntuario de la violencia. La destrucción que los terroristas provocan parece, a ojos de una opinión pública conmocionada, completamente desproporcionada, abiertamente inconducente, acaso superflua. En realidad, el uso del terrorismo puede ser incluso contraproducente para quienes lo practican. El terrorismo es supererogatorio: es una violencia que va más allá de cualquier necesidad y utilidad estratégica directa, una violencia tan gratuitamente ejercida que fácilmente se juzga patológica. Pero los terroristas no son enfermos mentales, ni el terrorismo es el arma de los desquiciados. La acción terrorista es, básicamente, propaganda, y despliega toda su eficacia destructiva especialmente en el terreno de lo simbólico, más allá de los daños físicos y materiales que provoca. Por eso la puesta en escena, la representación y la repetición: la masacre o la bomba convertidas en una pantomima.
 
Estos rasgos del terrorismo producen enorme desconcierto. En las páginas de The Washington Post el columnista Charles Krauthammer se preguntaba “¿Tiene lógica la barbarie?”. En El País, de España, Lluís Basset denunciaba una puja en la atrocidad “que busca difusión, más reclutas y disuadir al adversario”; y advertía que “no hay límites para una imaginación perversa”. En una época saturada de mensajes, esa imaginación perversa está sobreexcitada, y sabe muy bien que si quiere impactar una audiencia tiene que apostar por el máximo escándalo, por el máximo ruido. ¿Qué quieren los terroristas? ¿Qué logran con su violencia? ¿Hasta dónde serán capaces de llegar? Estas tres preguntas tienen una misma respuesta. Pues el terrorismo —especialmente el terrorismo milenarista contemporáneo— quiere sólo una cosa, aspira a lograr un solo objetivo, y llegará tan lejos como sea necesario a efectos de lograrlo: la destrucción, la aniquilación, la privación de todo sentido. Esa es la lógica de la barbarie: la implacable y tristemente efectiva lógica del sinsentido. 
 
Andrés Molano Rojas
Profesor de la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario y Director Académico del Observatorio de Política y Estrategia en América Latina (OPEAL).
 
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Martes 03 de febrero de 2015

La Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) pidió ayer a las autoridades decir "la verdad" respecto a la nueva tregua entre pandillas que, según los cabecillas de estos grupos, se pactó el pasado 17 de enero para bajar los asesinatos.

"Esperamos que el gobierno nos diga la verdad. ¿Están basando la criminalidad en una tregua o en el combate a la delincuencia? Eso queremos saber los salvadoreños de nuestro gobierno", dijo Javier Simán, presidente de la gremial empresarial.

Esta petición se suma a la de otros sectores que piden al gobierno aclarar si ha pactado con las maras a cambio de disminuir los hechos criminales, como ocurrió en la gestión del expresidente Mauricio Funes, según admitió el mes pasado su antecesor, Salvador Sánchez Cerén.

Analistas y políticos consultados por El Diario de Hoy consideran que se están viendo "indicios" de que las autoridades podrían haber hecho un acuerdo con las maras, aunque lo nieguen (ver nota siguiente).

"(De ser así) eso nos regresa a la misma política del gobierno anterior, de lograr reducir la criminalidad en base a negociaciones con los criminales ", señaló Simán.

El representante de la gremial también criticó al gobierno por que, según él, no tiene ni aplica una política de seguridad y combate a la delincuencia, pese a que los trabajadores y empresarios deben sufrir a diario el problema de la criminalidad.

"Por un lado niegan rotundamente que haya una tregua y por otro vemos a Raúl Mijango y a las iglesias evangélicas diciendo que sí hay pláticas; que si hay diálogo; que si hay tregua", reprochó el presidente de la ASI.

El empresario aclaró que no se cuestiona que las iglesias dialoguen con los reos, pues ellas les pueden ayudar a rehabilitarse o reconvertirse.

"La iglesia no tiene responsabilidad en el combate de la delincuencia, eso es responsabilidad de Estado. El Estado tiene tres responsabilidades básicas: brindar salud, seguridad y educación, y en esos tres servicios básicos estamos viendo deficiencias", sostuvo Simán.

En el tema de la seguridad, él instó a las autoridades a coordinar el trabajo con otras instituciones del Estado como la Fiscalía General y el Órgano de Justicia.

En reiteradas ocasiones, la ASI ha denunciado que sus trabajadores están desamparados por las autoridades en las colonias donde residen y están sujetos a los controles ilegales de territorio que hacen estos grupos delictivos.

Asimismo, algunos agremiados de la ASI han señalado que ya no soportan las extorsiones que les hacen las estructuras delictivas y han criticado que las autoridades no den garantías para que las víctimas puedan hacer las denuncias.

FMLN acepta diálogo con cabecillas de maras

Medardo González, coordinador general del FMLN, aseguró ayer en radio Maya Visión que su partido está a favor de que las iglesias que participan en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana puedan entablar un diálogo con las pandillas.

"Sí está claro que no debe de perderse la oportunidad de dialogar (con las pandillas) con las bases, con mandos medios, inclusive con mandos superiores para mantener un diálogo que pueda ser constructivo y darles oportunidades de reinserción a todos", dijo González.

El político reconoció que el FMLN tiene claro que la población desaprueba las negociaciones entre el gobierno y los grupos criminales.

Según él, el presidente Sánchez Cerén ha asegurado que no utilizará la tregua como un método para buscar detener el crimen.

"El presidente ha dicho que va aplicar la ley, pero al mismo tiempo ha dicho que va aplicar el método suave, el método inteligente, para poder quitarle elementos a las pandillas", señaló González.

El tema de la tregua ha generado desconfianza, porque los grupos delictivos supuestamente la pactaron en momentos en que se cuestionó al gobierno por el traslado de cabecillas de pandillas de cárceles comunes hacia el penal de Máxima Seguridad, en Zacatecoluca (Zacatraz).

Las autoridades han manejado el tema con hermetismo y se han negado a revelar la cantidad y la identidad de los delincuentes que ya habrían sido devuelto a esa prisión, tras haberlos sacado en 2012, como parte de los beneficios que les hizo el gobierno de Funes.

Diferentes sectores temen que los cabecillas de las pandillas hayan acordado la nueva tregua como una estrategia para evitar que los llevaran hacia Zacatraz.

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Lunes 2 de febrero de 2015

Diputados y senadores comienzan el último periodo de la 62 Legislatura, en la que se prevé discutan temas como el mando único policial
 
CIUDAD DE MÉXICO (CNNMéxico) — El Congreso mexicano inicia este domingo el último periodo ordinario de sesiones de la 62 Legislatura, en la que se prevé que diputados y senadores discutan temas clave como las reformas en seguridad y justicia propuestas por el presidente Enrique Peña Nieto, y las medidas en combate a la corrupción impulsadas por los partidos de oposición. 
 
Al final del anterior periodo ordinario, en diciembre, el plan de Peña Nieto se quedó pendiente en el Senado luego de que generó división entre las principales bancadas. Entonces, los legisladores pactaron realizar foros en enero y comenzar a discutir el asunto en febrero. 
 
Sin embargo, no existen acuerdos sobre el tema entre los grupos parlamentarios e, incluso, el Partido Acción Nacional (PAN), segunda fuerza en el Congreso, advirtió que exigirá una "cirugía mayor" a la iniciativa presidencial. 
 
"Vamos por cambios de fondo, por una cirugía mayor que permita un combate efectivo al crimen (...) Hay todavía mucho que analizar y debatir, por lo que en el PAN no creemos que sea un tema que se vaya a agotar y aprobar en los primeros días de febrero", dijo a medios el 28 de enero el senador panista José Rosas Aispuro, vicepresidente de la Cámara alta. 
 
Entre otras medidas, el plan de Peña Nieto en seguridad y justicia plantea desaparecer las policías municipales para que sus funciones las asuman 32 cuerpos estatales de mando único, así como permitir la disolución de los municipios infiltrados por el crimen organizado.
 
Las propuestas generan polémica entre senadores, funcionarios y especialistas, pues algunos creen que fortalecerían el combate a la delincuencia, mientras otros consideran que vulnerarían la autonomía de los ayuntamientos. 
 
"(Con esto) no solamente se debilita el municipalismo sino que se diluye un órgano de gobierno, convirtiéndolo en un órgano de carácter administrativo, lo que significaría regresar a los tiempos de las intendencias y las provincias", dijo el 22 de enero el senador de izquierda Alejandro Encinas, formalmente miembro de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) —aunque ya renunció a esa fuerza política—, durante uno de los foros organizados por la Cámara alta. 
 
Anticorrupción y transparencia
 
En la Cámara de Diputados, por otra parte, está pendiente la aprobación de reformas en combate a la corrupción. 
 
Los senadores aprobaron en 2013 una minuta que plantea crear una comisión nacional anticorrupción con facultades para investigar irregularidades en todos los niveles de gobierno. 
 
Este cambio fue impulsado por el presidente Peña Nieto y el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), pero desde entonces está atorado en San Lázaro por diferencias con la oposición, que busca establecer otro modelo de combate a la corrupción. 
 
Al respecto, los panistas proponen crear un sistema nacional con un nuevo tribunal y más facultades para la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y aunque Peña Nieto expresó simpatía por este planteamiento, las principales bancadas no han alcanzado acuerdos.
 
En este contexto, además, las cámaras tienen hasta el 7 de febrero para aprobar la legislación secundaria de la reforma sobre transparencia, que debe definir aspectos como bajo qué condiciones se podrá declarar reservada cierta información. El plazo límite para la aprobación de esta ley quedó fijado en los artículos transitorios de la propia reforma.
 
Las bancadas en el Senado del PRI, el PAN y el PRD pactaron una iniciativa en la materia, pero el documento hasta ahora no se ha discutido formalmente y genera cuestionamientos de parte de organizaciones civiles.
 
La discusión de todos estos temas se realizará al mismo tiempo que arrancan las campañas para las elecciones federales y locales en 17 entidades, una circunstancia que algunos analistas consideran complicará la construcción de acuerdos porque fuera del Congreso los partidos ya estarán compitiendo entre sí.
 
Durante los primeros días de 2015 varios diputados y senadores ya pidieron licencia para separarse de sus cargos y competir por cargos locales en los próximos meses.
 
Algunos de ellos son la senadora panista Sonia Mendoza, que quiere gobernar San Luis Potosí, y la senadora priista Claudia Pavlovich, nombrada candidata al gobierno de Sonora.
 
En estados y municipios, asimismo, decenas de funcionarios han pedido permiso para contender en la renovación de la Cámara de Diputados. Los 500 legisladores que resulten electos el 7 de junio formarán parte de la 63 Legislatura, la cual iniciará labores en septiembre.
 
En septiembre próximo iniciara trabajos la 63 Legislatura, con 500 nuevos diputados y los actuales 128 senadores (Cuartoscuro/Archivo).
 
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Martes 27 de enero de 2015

El Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán, La Libertad, resolvió ayer seguir procesando en libertad a cuatro oficiales de la Policía por haber revelado públicamente información falsa de varios ciudadanos para vincularlos como integrantes de una organización del crimen organizado que operaba en la zona Occidental del país, informaron fuentes judiciales.

Por tener reserva total el proceso judicial, los nombres de los oficiales de la Policía que son juzgados no fueron proporcionados. Sin embargo, los acusados son un subcomisionado, dos inspectores y un sargento; quienes fungieron en distintas jefaturas del Centro de Inteligencia Policial (CIP) entre junio de 2009 y noviembre de 2011.

Los acusados no podrán salir del país, deberán de presentarse de forma periódica al Juzgado de Instrucción, no podrán cambiarse de domicilio y no acercarse a los testigos y personas que aparecen mencionadas en el proceso judicial.

Los acusados habrían relacionado a altos oficiales de la Policía, jefes fiscales, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, empresarios, políticos, exfuncionarios de gobiernos anteriores, y personas particulares como integrantes de un grupo del crimen organizado que tenía el Occidente del país como centro de sus operaciones.

Las investigaciones revelaron que los procesados vincularon a personas que no estaban ligadas con los hechos investigados para dañarles la imagen a esas personas, aparentemente por razones político-ideológicas.

Luego habrían publicado esa información en las redes sociales y la filtraron a periódicos digitales con el propósito de desprestigiarlos ante la opinión pública, según las investigaciones.

Además se estableció en las indagaciones que los oficiales acusados usaron los recursos informáticos de la Policía para crear montajes de organigramas de estructuras criminales y les pegaban las fotografías de los ofendidos para hacer ver que eran integrantes de esos grupos.

A los cuatro oficiales los seguirán procesando por el delito de revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos, contemplado en el artículo 324 del Código Penal y el cual es sancionado de cuatro a seis años de prisión.

Las investigaciones de la Policía y de la Fiscalía determinaron que la organización criminal sí existía en la zona Occidental del país, y de hecho se han capturado y están siendo procesados varios de sus integrantes ligados a robo de autos y narcotráfico, pero en ningún momento se procedió en contra de las personas que involucraron porque no se estableció que tuvieran algún vínculo.

El caso pasará a conocimiento del Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla, La Libertad; donde se decidirá en los próximos meses si los cuatro policías son llevados a juicio.

El fiscal general Luis Martínez dijo en su oportunidad que "vamos a romper esa mala cultura de andar espiando funcionarios, empresarios, o personas particulares. Ya es tiempo de llevar orden al país.

También dentro de las investigaciones se incluía el seguimiento en vehículos policiales y en taxis a empresarios y oficiales de la misma Policía por considerarlos sus adversarios políticos, aunque en las investigaciones no se obtuvieron indicios de esa hipótesis.

Los ofendidos bien pueden demandar a los cuatro procesados por difamación al tratar de mancharles la imagen.

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Lunes 26 de enero de 2015

La Iglesia no apoyará la existencia o reanudación de una posible "tregua" si no es un proceso transparente y legal dijo hoy Monseñor José Luis Escobar Alas, Arzobispo de San Salvador, durante la conferencia episcopal.

Asimismo aseguró que desconoce si el proceso de negociación entre miembros de pandillas se haya reanudado .

"No estoy informado acerca de una nueva tregua entre pandillas, y no quisiera opinar de esto", dijo Escobar Alas durante la conferencia.

También, detalló que desconoce la propuesta que Raúl Mijango hará sobre la creación de una nueva "tregua", y aseguró que no están involucrados en ella.

El Arzobispo además expresó su preocupación por la situación de violencia que azota al país y que como iglesia están comprometidos a estar cerca de las familias de las víctimas.

Visita del Papa

Por otra parte, Monseñor Escobar Alas, afirmó que no tienen un comunicado oficial sobre la posible visita del Papa Francisco a El Salvador.

"No tenemos ninguna noticia que el Papa venga, si nos lo comunicarán serían los primeros en saber", dijo el Arzobispo durante la conferencia de prensa.

También aseguró que sobre la posible beatificación de Monseño Óscar Arnulfo Romero, tampoco han recibido detalles de la etapa que lleva el proceso y que esa información solo le corresponde brindarla a su santidad el Papa.

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Lunes 26 de Enero de 2015

Las pandillas que delinquen en el país pactaron, el 17 de enero, una nueva tregua entre ellas, confirmó Raúl Mijango, uno de los mediadores entre estos grupos.

Según Mijango, los mareros quieren demostrar "que tienen voluntad de ser parte de la solución al problema de violencia".

Sin embargo, la noticia ha sido recibida con dudas y escepticismo por diferentes sectores y, más bien, parece salir al paso del requerimiento hecho por el fiscal general, Luis Martínez, que los cabecillas de dichos grupos vuelvan al Penal de Máxima Seguridad (Zacatraz).

Pese a que el ministro de Seguridad, Benito Lara, ha asegurado que algunos jefe pandilleros han sido devueltos a Máxima Seguridad, Martínez ha reiterado que ninguno de ellos ha sido regresado.

A algunos analistas les parece "extraño" que los grupos delictivos hayan hecho un nuevo acuerdo cuando las autoridades han estado discutiendo el tema de los traslados de reos.

Pero Mijango rechazó ayer que la pretensión de las pandillas sea reducir los hechos delictivos a cambio de que el gobierno desista de regresar a los pandilleros que están recluidos en cárceles comunes a la prisión de mayor rigor.

"Eso es una especulación. Este nuevo esfuerzo termina de reafirmar la tesis de que el diálogo es la solución a este asunto, no los llamados a más violencia", expresó Mijango.

El primero en restarle méritos al anuncio de Mijango fue el director de la Policía, Mauricio Ramírez Landaverde, "Todos tenemos libertad de expresarnos, pero como institución no podemos guiarnos por meras declaraciones", señaló.

Entre 2012 y 2013, durante la gestión del expresidente Mauricio Funes, las pandillas pactaron una tregua que aparentemente redujo el número de los asesinatos.

Después, algunos exfuncionarios de gobierno admitieron que, a cambio de eso, las autoridades les concedieron beneficios a los delincuentes.

En ese contexto fue que decenas de cabecillas de las pandillas que estaban presos en Zacatraz fueron llevados a cárceles comunes. Algunos pandilleros favorecidos fueron Arístides Dionisio Umanzor, apodado el Sirra, José Ángel Turcios, apodado el 13, y Carlos Ernesto Lechuga, Viejo Lin, entre otros.

La semana anterior, el fiscal general responsabilizó a los cabecillas de pandillas que fueron sacados de Zacatraz de ser los que dan las órdenes de cometer hechos delictivos.

"Bien estaba el país cuando (los cabecillas) no estaban recluidos en penales de menor seguridad", afirmó Martínez.

Al respecto, el ministro de Justicia y Seguridad, Benito Lara, aseguró que sí se estaban regresando a pandilleros al presidio de Zacatecoluca.

Él agregó que entre los criterios que se estaban tomando en cuenta para hacer los traslados estaban: el grado de peligrosidad que representan los reos y si estos habían ordenado, desde la prisión, cometer hechos delincuenciales.

Días atrás, el presidente Salvador Sánchez Cerén reconoció que la tregua entre pandillas que hubo en la administración pasada —en la que él fue vicepresidente— permitió que estos grupos crecieran y se fortalecieran.

El mandatario también sostuvo que estas estructuras delincuenciales son las principales responsables de la espiral de violencia que golpea a la población. Él aseguró que su gobierno no hará negociaciones con ellas.

"Si tienen voluntad, que se salgan de la pandilla"

Raúl Mijango aseguró ayer que las pandillas están convencidas que el acuerdo al que han llegado "no es fácil de sostener por mucho tiempo", ya que no existen las condiciones adecuadas de comunicación para hacerlo.

Según él, los pandilleros no le han revelado las condiciones en las que se hizo el nuevo pacto, tampoco quiénes lo acordaron ni el tiempo en que estará vigente.

"Ellos quieren demostrar que el diálogo es la vía más eficaz, expedita y económicamente más cómoda para resolver el problema (de la violencia)", sostuvo el vocero de los mareros.

A Rodrigo Ávila, exdirector de la Policía, le parece una "coincidencia perfecta" que los pandilleros hayan suscrito una nueva tregua cuando está en debate el tema de los traslados de mareros al penal de Máxima Seguridad.

El exfuncionario es de la idea que de parte de los mareros no puede haber "buena voluntad" para que se resuelva el problema de la violencia "si ellos no dejan de cometer delitos".

"Si son parte de una organización que sigue cometiendo delito, difícilmente se puede dialogar con ellos. Si hablan de diálogo, que quieren ser parte de la solución, y siguen extorsionando no es una voluntad honesta", opinó Ávila.

A su juicio, los pandilleros que verdaderamente quieren hacerle un bien a la sociedad deberían unir esfuerzos para crear un programa nacional de desarticulación de estos grupos delictivos y se reintegren a la sociedad, como ha pasado en otros países.

Por su parte, el exministro de Justicia y Seguridad, Francisco Bertrand Galindo, calificó de positivo el acuerdo entre los grupos pandilleriles, siempre y cuando "el gobierno no esté actuando como tercer negociador, como la otra vez (en 2012)".

"Si las pandillas deciden que no se van a matar, pues bienvenido sea, es algo que ayuda para la paz. Pero si hay un acuerdo con el gobierno, va a generar mucha desconfianza y está en contra de lo que ha propuesto el Consejo de Seguridad y lo que han dicho los mismos funcionarios", señaló Bertrand Galindo.

Según el mediador de las pandillas, una muestra de que la nueva tregua está dando resultados es que, a partir del domingo 18 de enero, han empezado a descender los homicidios en el país. Hasta hace unas semanas, las autoridades registraban un promedio de 15 asesinatos al día. Esta semana, la cifra ha tenido altibajos.

Las estadísticas de las autoridades revelan que el 18 de enero hubo seis asesinatos, un día después se registraron cuatro. El martes hubo 10 (cinco de ellos resultado de una masacre); el miércoles siete y el jueves no hubo ninguna muerte violenta.

"El acuerdo lo tomaron el sábado y ya el domingo hubo una disminución significativa. Desde entonces la curva ha llegado a descender hasta llegar a casos como el hecho de que se haya experimentado una tasa cero, el día 22 de enero", expresó Mijango.

Al respecto, el director general de la Policía aseguró que el alza y disminución de asesinatos se ha tenido varias veces y en diferentes periodos y, a su juicio, son muchos factores los que influyen en eso.

En reiteradas ocasiones, las autoridades han señalado que se ha detectado una relación entre el incremento y disminución de muertes violentas con la época electoral. Por ejemplo, en febrero de 2014, tras una aparente reducción de homicidios antes, durante y después de las elecciones presidenciales, las autoridades registraron un repunte de muerte violentas justo un fin de semana después. El día de las elecciones hubo tres asesinatos, mientras que el domingo siguiente, 15.

Previo a esas votaciones, los cabecillas de las pandillas, a través de un comunicado que hicieron llegar a los medios de comunicación, se comprometieron a no realizar acciones violentas. En esa ocasión, Mijango dijo que algunos crímenes tendrían el fin de obtener beneficios electorales.

Aunque él asegura que ellas se han comprometido a reducir los asesinatos. Ayer, al mediodía, dos miembros de esta estructura intentaron matar a un policía en Salvador y en San Miguel vapulearon a otro agente que sobrevivió.

Además, la Fiscalía registró al menos otros nueve homicidios en diferentes municipios del país.

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Martes 20 de Enero de 2015

El director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Ramírez Landaverde, aconsejó hoy a los agentes de la corporación a disparar sin miedo a los delincuentes y les recordó a la fecha no hay ningún miembro de la institución detenido por una situación de esas.

"Necesitamos que los policías tengan conciencia que pueden usar su arma de equipo para defenderse o defender a terceras personas", dijo de manera tajante Ramírez Landaverde.

"Hay una institución que los respalda, hay un gobierno que los respalda. Háganlo (disparen) con toda confianza y con convicción", agregó.

Además, los policías que ha resultado muertos por pandilleros ha sido porque están de día libre y los toman de sorpresa o con engaños. En enfrentamientos directos, los agentes siempre han salido librados.

El director reveló que se ha instruido a su gente en tácticas de tiro y que hay una delegación entera entrenando para eso en la actualidad.

Sobre la masacre descubierta hoy de pandilleros en Nahuizalco, sospecha que se trate de grupos de exterminio y que el desalojo de familias en Mejicanos es por problemas de rivalidad entre mareros y que ya están en el lugar para prestar seguridad.

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