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OPEAL, un proyecto del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, hace seguimiento permanente a la situación geopolítica, económica, medioambiental y de seguridad de la región así como a la coyuntura de seguridad y la política exterior colombiana.




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Jueves 19 de marzo de 2015

La crisis en la independencia judicial y represalias contra juzgadores en Guatemala expondrán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), esta tarde en Washington DC, la Fundación Myrna Mack, la exmagistrada Claudia Escobar y Elabora Mirte Postema, de la Fundación Para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés).

En términos de justicia, en Guatemala el 2014 fue caracterizado por las graves irregularidades en los distintos procesos de selección judicial que tuvieron lugar en el país, indican en un comunicado conjunto. Resaltan “como principales deficiencias la permeabilidad de las comisiones de postulación por 'intereses especiales', la falta de diligencia de estas al aplicar la normativa nacional (la Ley de Garantía a la Imparcialidad de las CdP, la Ley de Carrera Judicial, y la decisión CC 2143-2014), su deficiencia de evaluar méritos de las y los candidatos de manera adecuada, y de investigar antecedentes y honorabilidad de las y los aspirantes”.

Agregan que “por las graves irregularidades en los procesos de selección judicial, no se puede garantizar que las y los profesionales más capaces e independientes han sido electos en el sistema de justicia. Esto tiene un efecto negativo sobre la independencia judicial.”

Según Helen Mack, presidenta de la Fundación Myrna Mack, “la legitimidad de la mayoría de jueces electos, tanto en la Corte Suprema de Justicia como en la Corte de Apelaciones, al ser nombrados sin que se respete la ley, deja a los ciudadanos sin protección de garantías judiciales”.

“Sin la independencia del Poder Judicial -encargado de hacer valer las leyes a todos por igual y de frenar eventuales excesos de otros poderes del Estado- el sistema democrático del país está en riesgo”, advierte Mirte Postema, oficial del Programa de Independencia Judicial en la DPLF.

Como si eso fuera poco, continúa la declaración previa, es extremadamente grave que las y los jueces que denunciaron injerencias en los procesos de selección judicial en el 2014 -la magistrada Claudia Escobar Mejía y más de 70 colegas que la acompañaron- han sufrido represalias de la cúpula de CSJ.

Esta situación es de suma preocupación de la CIDH -órgano principal de la Organización de Estados Americanos, encargada de velar por los derechos humanos en América-, que ya se pronunció en dos ocasiones en el 2014 (comunicados 41/14 y 108/14) sobre los procesos de selección judicial en Guatemala, se puntualiza.

En referencia al acoso y persecución por parte de la institución contra los funcionarios, la actual jueza de Mixco, Claudia Escobar, apunta que “el debilitamiento del sistema de justicia promovido por la propia Corte Suprema es alarmante”.

Y Mirte Postema expone que “los traslados que la CSJ ha ordenado de varias juezas, entre ellas Patricia Gamez y Jennie Molina, forman parte del debilitamiento sistemático al sistema de justicia guatemalteco, y a pesar de los esfuerzos de la Corte Suprema por encubrirlos como nombramientos ordinarios para un nuevo período constitucional, es evidente por la variedad de irregularidades -de forma y de fondo- que son sanciones disciplinarias encubiertas a juezas independientes.'

 

Claudia Escobar y Helen Mack, dos de las ponentes. Fotos Archivo

Lea completa la noticia en: elperiodico.com.gt
 
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Miércoles 11 de marzo de 2015

Al tiempo que las Farc mantienen el cese al fuego unilateral, el Eln ha incrementado sus acciones armadas e incluso está incursionando en ciudades como Bogotá, alejadas de los sitios en los que tradicionalmente ha hecho presencia.
 
Esa es una de las conclusiones del estudio realizado por el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac) en el que se advierte que el Eln ha aumentado sus ataques a la infraestructura del país y es responsable de más de 120 secuestros de personas en los últimos cuatro años. (Lea: Unos 655 colombianos desplazados por choques entre grupo armado y Eln)
 
El informe señala que esa guerrilla pasó de participar en 2010 en 49 acciones violentas en el país a 194 el año pasado. En lo corrido del año lleva 28 ataques y las autoridades señalan que el Eln sería responsables de algunos de los atentados registrados con petardos en Bogotá, Medellín y Cartagena.
 
Aunque el Eln mantiene su presencia en departamentos como Arauca, Casanare, Magdalena, Sur de Bolívar, Norte de Santander, Cauca, Nariño, Risaralda y Chocó, se ha empezado a extender a otras regiones del país con importantes corredores de movilidad para armas y droga. (Lea: Alcalde del Alto Baudó dice que Eln le hizo juicio político de 4 días)
 
“El Eln está lejos de ser una guerrilla minoritaria sin implicaciones para la seguridad del país”, advierten los investigadores del Cerac.
 
El documento señala que, a pesar de que la guerrilla mantiene su ofensiva concentrada en atentados contra la infraestructura, entre 2012 y 2013 aumentaron los enfrentamientos con la Fuerza Pública, pasando de 13 a 40 combates.
 
De hecho, el informe plantea como una hipótesis muy fuerte que el Eln esté detrás de los tres petardos que han explotado en Bogotá en lo corrido del año, como parte de su estrategia de fortalecimiento. (Lea: Desplazamiento masivo en Chocó, tras combates de Eln y 'Gaitanistas')
 
“Esos hechos pueden estar asociados a la reactivación de células dormidas del Eln que de tiempo atrás han existido en Bogotá”, dice el informe.
 
En dos años se duplicaron las acciones violentas.
Negociación urgente
Cerac señala en el documento que, ante ese incremento de la violencia del Eln, es clave que ese grupo entre a la negociación de paz con el Gobierno, que ya se adelanta con las Farc en La Habana.
 
Los investigadores señalan que, ante una eventual firma de la paz con las Farc, el Eln podría entrar a ocupar esos espacios en zonas ya conflictivas con fuerte presencia de cultivos ilícitos. Además, en otras regiones como el pacífico y Nariño, esa guerrilla intensificaría sus enfrentamientos con la banda del ‘clan Úsuga’ para quedarse con rutas del narcotráfico y el lucrativo negocio de la minería ilegal de oro y otros metales.
 

 

“Podría reactivarse una escalada de acciones terroristas de este grupo en las ciudades, dado el radicalismo extremista y la incapacidad militar que caracteriza a sus células urbanas”, sostienen los investigadores. Agregan que, aunque el Eln ha demostrado interés en la negociación, persiste en temas como el secuestro y atentados, “que bloquean la negociación”.
 
Autoridades señalan que el Eln sería responsables de algunos de los atentados registrados con petardos en Bogotá, Medellín y Cartagena.
 
Lea completa la noticia en: eltiempo.com
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Lunes 09 de marzo de 2015

El relator especial sobre la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez, recomienda a México reconocer públicamente la dimensión de la impunidad respecto a las torturas y malos tratos; pide que se retire definitivamente a las Fuerzas Armadas de las labores relacionadas con la seguridad pública

La tortura en México es generaliza y ocurre en un contexto de impunidad, lo que es un aliciente para su repetición y agravamiento, según el relator especial de Naciones Unidas sobre la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez.

"La tortura y los malos tratos durante los momentos que siguen a la detención y antes de la puesta a disposición de la Justicia son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad", reza el primer párrafo de las conclusiones del informe de Méndez sobre México.

"La impunidad de la tortura y el maltrato es aliciente para su repetición y agravamiento", prosigue.

Méndez realizó una visita a México entre el 21 de abril y el 2 de mayo de 2014 y redactó un informe que hoy presentará ante el pleno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, reunido en su vigésimo octava sesión ordinaria.

El relator resalta que la finalidad de dicha tortura es castigar o extraer confesiones o información, y "hay evidencia de la participación activa de las fuerzas policiales y ministeriales de casi todas las jurisdicciones, y de las fuerzas armadas, pero también de tolerancia, indiferencia o complicidad por parte de algunos médicos, defensores públicos, fiscales y jueces".

Méndez denuncia también que "las salvaguardas son débiles, especialmente para detectar e impedir la tortura en esos primeros momentos y asegurar su investigación pronta, imparcial, independiente y exhaustiva".

El relator denuncia la deficiencia de los exámenes médicos, dado que raramente se constatan alegaciones o evidencias de torturas; la falta de control sobre la legalidad y el plazo de la detención; y que las declaraciones se presentan sin intervención judicial ni presencia del abogado.

Asimismo, Méndez critica que no se inician investigaciones de oficio, ni se excluyen de oficio pruebas obtenidas bajo tortura.

Ante esta situación, el relator "recomienda" a México "reconocer públicamente la dimensión de la impunidad respecto a las torturas y malos tratos y enviar enérgicos mensajes públicos a todos los funcionarios de seguridad y justicia federal y estatal de que toda tortura y maltrato será seriamente investigado y castigado, conforme a la normativa internacional, constitucional y penal".

Además, el relator urge a México a tomar todas las medidas para prevenir y castigar seriamente toda represalia contra víctimas que denuncien torturas o malos tratos, sus familiares, representantes y defensores de derechos humanos.

Méndez pide urgentes reformas legislativas para adaptar la normativa a los estándares internacionales para efectivamente prevenir, evitar, juzgar y castigar todos los actos de tortura o malos tratos.

Uno de los actos "urgentes" que México debe emprender es la investigación de todas las denuncias presentadas hasta la fecha, incluidos "los sucesos pendientes de la Guerra Sucia".

En la misma línea, se debe suspender inmediatamente a los funcionarios sospechosos de aplicarla; y ordenar a los fiscales y jueces que excluyan de oficio cualquier prueba de la cual se tenga sospecha que ha sido obtenida bajo malos tratos.

Asimismo, Méndez pide que se retire "definitivamente" a las Fuerzas Armadas de las labores relacionadas con la seguridad pública.

Finalmente, el relator hace especial mención a la desaparición en septiembre de 2014 de 43 estudiantes en la localidad de Iguala, en el estado de Guerrero.

"La inaceptable tragedia constituye una llamada urgente al Gobierno para implementar reformas estructurales en materia de seguridad, lucha contra la corrupción y garantías de los derechos humanos", concluyó.

Lea completa la noticia en: eluniversal.com.mx
 
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Jueves 19 de febrero de 2015

 

Este día fueron trasladados al penal de máxima seguridad en Zacatecoluca, conocido como "Zacatraz", varios jefes de pandillas.

Entre los reos removidos está Carlos Mojica Lechuga, "El Viejo Lin", y Carlos Rivas Barahona, alias "Chino 3 Colas", ambos cabecillas de la pandilla 18, y Borromeo Enrique Henríquez Solórzano, "Diablito".

Los reos fueron trasladados desde el penal de Cojutepeque, Izalco y Ciudad Barrios.

La semana pasada fueron movidos a “Zacatraz”, José Timoteo Mendoza Flores, alias " El Chory" y Douglas Geovany Velásquez Navas alias "El Payaso", también de la 18, y a Ricardo Adalberto Díaz, de la mara MS.

Mojica y Rivas fueron llevados hasta la cárcel de mediana seguridad de Cojutepeque en 2012, a raiz de la tregua entre pandillas que iniciaba en ese entonces.

Lea completa la noticia en: elsalvador.com
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Martes 10 de febrero de 2015

Police in Haiti have clashed with anti-government protesters angry about the high cost of fuel.

Several people were injured as police moved in to clear roadblocks set up in the capital, Port-au-Prince.

Protest organisers said that drivers who ventured into the city centre during the two-day protest would be putting their lives at risk.

Haiti has seen months of protests against President Michel Martelly over delayed elections.

"Because of the price of fuel, the cost of living is going up," said Ralph La Croix, a Port-au-Prince resident.

"If the government could cut the price of fuel so it was lower, the population would live better," he told the Reuters news agency.

'Devastating consequences'
Petrol and diesel prices have been reduced by the government recently, but protesters want a 50% cut, reflecting the drop in international oil prices over the past six months.

The price of a gallon of petrol in Haiti initially dropped by about 25 cents to $4.50 (£3) and further cuts will reduce that price to about $4. Diesel prices were cut down by 20 cents to $3.55 (£2.30) and will now go down to $3.30.

Haiti bus during strike day
Protesters warned drivers and commuters not to try to go into the city centre
Burning tyres in Haiti
Burning tyres have been used to block roads in several points of the city
Haiti police trying to clear road blocks
Haiti police said the protest had not been authorised and roadblocks would be removed
The government said the protests would damage the country's troubled economy and create "devastating consequences for the most vulnerably people in our population".

Prime Minister Evans Paul made an appeal for calm.

The government "cannot lower the price of petrol. It's not that we do not want to, it's because we are not able to," he said.

Protesters say they will set up new roadblocks in Port-au-Prince on Tuesday.

Mr Martelly began ruling by decree last month after the parliament's term expired.

He has since reached an agreement with the opposition to form a new government and hold general and local elections, which are three years overdue.

But discontent continues in the poorest nation in the Western Hemisphere, struck by a powerful earthquake in 2010 which devastated much of Port-au-Prince.

Lea completa la noticia en: bbc.com
 
Published in Noticias Haití
Lunes, 09 Febrero 2015 17:13

"Si vencen a la PNC, vencen al Estado"

Lunes 09 de febrero de 2015

El incremento en los ataques de las pandillas a los integrantes de la Policía Nacional Civil tiene muy preocupado al arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, quien demandó del Gobierno acciones urgentes para detener esa vorágine contra los agentes del orden.

En un mes y ocho días de 2015, ocho policías han sido asesinados por las maras. El más reciente caso se registró el viernes anterior en Ciudad Real, en el municipio de San Sebastián Salitrillo, en Santa Ana, donde fue ultimado el agente Érick Alejandro Reyes Morales. Ayer también un policía fue lesionado en un autobús (ver nota anexa).

"Estamos inmensamente preocupados y unidos a las víctimas en esta situación tan grave que azota a la sociedad", declaró el Arzobispo.

"Cuando se afecta o se toca directamente a la Policía, la fuerza del orden público, estamos en una situación agravante, que preocupa aún más, porque son las personas encargadas de dar seguridad a la nación", subrayó Escobar.

El prelado recordó que los expertos han manifestado que los constantes ataques a policías son una demostración de fuerza de las pandillas "como para ver quién tiene el dominio y el poder".

Esta guerra sin cuartel viene a complicar aún más la situación porque "si la Policía fuera vencida, el Estado estaría vencido y eso sería muy triste y grave", subrayó el Arzobispo.

Para no llegar al caos, al que pueden llevar las maras al país, el arzobispo de San Salvador demanda de la sociedad en pleno, "reaccionar y tomar medidas". Ojalá, asegura, que se tenga la sabiduría para tomar medidas pertinentes y poder afrontar la situación "tan difícil" y "tan preocupante" que aqueja al país.

El prelado afirmó que el ataque al agente Reyes Morales en San Sebastián Salitrillo, en Santa Ana, no es el único que enluta a los buenos salvadoreños, sino que se suma a varios que se han registrado tiempo atrás.

El arzobispo Escobar Alas dejó claro que la Iglesia Católica no va a dialogar ni participará en ninguna negociación con los cabecillas de las pandillas en una segunda tregua.

"Hemos dicho al Gobierno que apoyamos su esfuerzo pero que no estamos de acuerdo con negociaciones bajo la mesa, que no sean transparentes ni de acuerdo con la sociedad a la luz del día", subrayó.

La Iglesia solo participaría en un acuerdo justo, transparente, honesto y de acuerdo con la Ley, afirmó Escobar Alas para reafirmar que no es su posición sino la de la Conferencia Episcopal.

"Somos conscientes de que es el Gobierno el que lleva adelante el dialogo, la iniciativa, puesto que a él compete por Constitución la seguridad nacional, además es su derecho y su deber", agregó el arzobispo.

Aclaró que si ha habido alguna baja en los homicidios, la Iglesia no tiene nada que ver, porque "no somos nosotros los que hacemos que los homicidios suban o bajen, nos interesa la paz".

Lea completa la noticia en: elsalvador.com
Published in Noticias El Salvador
Lunes, 09 Febrero 2015 14:31

La lógica del sinsentido

 
Tras la aparente irracionalidad del terrorismo se oculta una lógica implacable y tristemente efectiva.
 
Cuando aún no acaba de asimilarse el impacto producido por la incursión de los yihadistas en las oficinas de Charlie Hebdo en París y de la mortífera secuela que han dejado en su intento de fuga; cuando la barbarie terrorista —la de las decapitaciones transmitidas masivamente por internet, la de los niños convertidos en verdugos, la de los yazidíes virtualmente exterminados— parece haber alcanzado su límite, las demoledoras imágenes del asesinato del piloto jordano Moath al-Kasasbeh, quemado vivo por sus captores del “Estado Islámico”, ponen una vez más en evidencia una de las características más peculiares del terrorismo: tras la aparente irracionalidad de la violencia que practica, se oculta una lógica implacable y tristemente efectiva.
 
El terrorismo opera, por definición, mediante el uso suntuario de la violencia. La destrucción que los terroristas provocan parece, a ojos de una opinión pública conmocionada, completamente desproporcionada, abiertamente inconducente, acaso superflua. En realidad, el uso del terrorismo puede ser incluso contraproducente para quienes lo practican. El terrorismo es supererogatorio: es una violencia que va más allá de cualquier necesidad y utilidad estratégica directa, una violencia tan gratuitamente ejercida que fácilmente se juzga patológica. Pero los terroristas no son enfermos mentales, ni el terrorismo es el arma de los desquiciados. La acción terrorista es, básicamente, propaganda, y despliega toda su eficacia destructiva especialmente en el terreno de lo simbólico, más allá de los daños físicos y materiales que provoca. Por eso la puesta en escena, la representación y la repetición: la masacre o la bomba convertidas en una pantomima.
 
Estos rasgos del terrorismo producen enorme desconcierto. En las páginas de The Washington Post el columnista Charles Krauthammer se preguntaba “¿Tiene lógica la barbarie?”. En El País, de España, Lluís Basset denunciaba una puja en la atrocidad “que busca difusión, más reclutas y disuadir al adversario”; y advertía que “no hay límites para una imaginación perversa”. En una época saturada de mensajes, esa imaginación perversa está sobreexcitada, y sabe muy bien que si quiere impactar una audiencia tiene que apostar por el máximo escándalo, por el máximo ruido. ¿Qué quieren los terroristas? ¿Qué logran con su violencia? ¿Hasta dónde serán capaces de llegar? Estas tres preguntas tienen una misma respuesta. Pues el terrorismo —especialmente el terrorismo milenarista contemporáneo— quiere sólo una cosa, aspira a lograr un solo objetivo, y llegará tan lejos como sea necesario a efectos de lograrlo: la destrucción, la aniquilación, la privación de todo sentido. Esa es la lógica de la barbarie: la implacable y tristemente efectiva lógica del sinsentido. 
 
Andrés Molano Rojas
Profesor de la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario y Director Académico del Observatorio de Política y Estrategia en América Latina (OPEAL).
 
Published in OPEAL en los medios

Martes 03 de febrero de 2015

La Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) pidió ayer a las autoridades decir "la verdad" respecto a la nueva tregua entre pandillas que, según los cabecillas de estos grupos, se pactó el pasado 17 de enero para bajar los asesinatos.

"Esperamos que el gobierno nos diga la verdad. ¿Están basando la criminalidad en una tregua o en el combate a la delincuencia? Eso queremos saber los salvadoreños de nuestro gobierno", dijo Javier Simán, presidente de la gremial empresarial.

Esta petición se suma a la de otros sectores que piden al gobierno aclarar si ha pactado con las maras a cambio de disminuir los hechos criminales, como ocurrió en la gestión del expresidente Mauricio Funes, según admitió el mes pasado su antecesor, Salvador Sánchez Cerén.

Analistas y políticos consultados por El Diario de Hoy consideran que se están viendo "indicios" de que las autoridades podrían haber hecho un acuerdo con las maras, aunque lo nieguen (ver nota siguiente).

"(De ser así) eso nos regresa a la misma política del gobierno anterior, de lograr reducir la criminalidad en base a negociaciones con los criminales ", señaló Simán.

El representante de la gremial también criticó al gobierno por que, según él, no tiene ni aplica una política de seguridad y combate a la delincuencia, pese a que los trabajadores y empresarios deben sufrir a diario el problema de la criminalidad.

"Por un lado niegan rotundamente que haya una tregua y por otro vemos a Raúl Mijango y a las iglesias evangélicas diciendo que sí hay pláticas; que si hay diálogo; que si hay tregua", reprochó el presidente de la ASI.

El empresario aclaró que no se cuestiona que las iglesias dialoguen con los reos, pues ellas les pueden ayudar a rehabilitarse o reconvertirse.

"La iglesia no tiene responsabilidad en el combate de la delincuencia, eso es responsabilidad de Estado. El Estado tiene tres responsabilidades básicas: brindar salud, seguridad y educación, y en esos tres servicios básicos estamos viendo deficiencias", sostuvo Simán.

En el tema de la seguridad, él instó a las autoridades a coordinar el trabajo con otras instituciones del Estado como la Fiscalía General y el Órgano de Justicia.

En reiteradas ocasiones, la ASI ha denunciado que sus trabajadores están desamparados por las autoridades en las colonias donde residen y están sujetos a los controles ilegales de territorio que hacen estos grupos delictivos.

Asimismo, algunos agremiados de la ASI han señalado que ya no soportan las extorsiones que les hacen las estructuras delictivas y han criticado que las autoridades no den garantías para que las víctimas puedan hacer las denuncias.

FMLN acepta diálogo con cabecillas de maras

Medardo González, coordinador general del FMLN, aseguró ayer en radio Maya Visión que su partido está a favor de que las iglesias que participan en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana puedan entablar un diálogo con las pandillas.

"Sí está claro que no debe de perderse la oportunidad de dialogar (con las pandillas) con las bases, con mandos medios, inclusive con mandos superiores para mantener un diálogo que pueda ser constructivo y darles oportunidades de reinserción a todos", dijo González.

El político reconoció que el FMLN tiene claro que la población desaprueba las negociaciones entre el gobierno y los grupos criminales.

Según él, el presidente Sánchez Cerén ha asegurado que no utilizará la tregua como un método para buscar detener el crimen.

"El presidente ha dicho que va aplicar la ley, pero al mismo tiempo ha dicho que va aplicar el método suave, el método inteligente, para poder quitarle elementos a las pandillas", señaló González.

El tema de la tregua ha generado desconfianza, porque los grupos delictivos supuestamente la pactaron en momentos en que se cuestionó al gobierno por el traslado de cabecillas de pandillas de cárceles comunes hacia el penal de Máxima Seguridad, en Zacatecoluca (Zacatraz).

Las autoridades han manejado el tema con hermetismo y se han negado a revelar la cantidad y la identidad de los delincuentes que ya habrían sido devuelto a esa prisión, tras haberlos sacado en 2012, como parte de los beneficios que les hizo el gobierno de Funes.

Diferentes sectores temen que los cabecillas de las pandillas hayan acordado la nueva tregua como una estrategia para evitar que los llevaran hacia Zacatraz.

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Lunes 2 de febrero de 2015

Diputados y senadores comienzan el último periodo de la 62 Legislatura, en la que se prevé discutan temas como el mando único policial
 
CIUDAD DE MÉXICO (CNNMéxico) — El Congreso mexicano inicia este domingo el último periodo ordinario de sesiones de la 62 Legislatura, en la que se prevé que diputados y senadores discutan temas clave como las reformas en seguridad y justicia propuestas por el presidente Enrique Peña Nieto, y las medidas en combate a la corrupción impulsadas por los partidos de oposición. 
 
Al final del anterior periodo ordinario, en diciembre, el plan de Peña Nieto se quedó pendiente en el Senado luego de que generó división entre las principales bancadas. Entonces, los legisladores pactaron realizar foros en enero y comenzar a discutir el asunto en febrero. 
 
Sin embargo, no existen acuerdos sobre el tema entre los grupos parlamentarios e, incluso, el Partido Acción Nacional (PAN), segunda fuerza en el Congreso, advirtió que exigirá una "cirugía mayor" a la iniciativa presidencial. 
 
"Vamos por cambios de fondo, por una cirugía mayor que permita un combate efectivo al crimen (...) Hay todavía mucho que analizar y debatir, por lo que en el PAN no creemos que sea un tema que se vaya a agotar y aprobar en los primeros días de febrero", dijo a medios el 28 de enero el senador panista José Rosas Aispuro, vicepresidente de la Cámara alta. 
 
Entre otras medidas, el plan de Peña Nieto en seguridad y justicia plantea desaparecer las policías municipales para que sus funciones las asuman 32 cuerpos estatales de mando único, así como permitir la disolución de los municipios infiltrados por el crimen organizado.
 
Las propuestas generan polémica entre senadores, funcionarios y especialistas, pues algunos creen que fortalecerían el combate a la delincuencia, mientras otros consideran que vulnerarían la autonomía de los ayuntamientos. 
 
"(Con esto) no solamente se debilita el municipalismo sino que se diluye un órgano de gobierno, convirtiéndolo en un órgano de carácter administrativo, lo que significaría regresar a los tiempos de las intendencias y las provincias", dijo el 22 de enero el senador de izquierda Alejandro Encinas, formalmente miembro de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) —aunque ya renunció a esa fuerza política—, durante uno de los foros organizados por la Cámara alta. 
 
Anticorrupción y transparencia
 
En la Cámara de Diputados, por otra parte, está pendiente la aprobación de reformas en combate a la corrupción. 
 
Los senadores aprobaron en 2013 una minuta que plantea crear una comisión nacional anticorrupción con facultades para investigar irregularidades en todos los niveles de gobierno. 
 
Este cambio fue impulsado por el presidente Peña Nieto y el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), pero desde entonces está atorado en San Lázaro por diferencias con la oposición, que busca establecer otro modelo de combate a la corrupción. 
 
Al respecto, los panistas proponen crear un sistema nacional con un nuevo tribunal y más facultades para la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y aunque Peña Nieto expresó simpatía por este planteamiento, las principales bancadas no han alcanzado acuerdos.
 
En este contexto, además, las cámaras tienen hasta el 7 de febrero para aprobar la legislación secundaria de la reforma sobre transparencia, que debe definir aspectos como bajo qué condiciones se podrá declarar reservada cierta información. El plazo límite para la aprobación de esta ley quedó fijado en los artículos transitorios de la propia reforma.
 
Las bancadas en el Senado del PRI, el PAN y el PRD pactaron una iniciativa en la materia, pero el documento hasta ahora no se ha discutido formalmente y genera cuestionamientos de parte de organizaciones civiles.
 
La discusión de todos estos temas se realizará al mismo tiempo que arrancan las campañas para las elecciones federales y locales en 17 entidades, una circunstancia que algunos analistas consideran complicará la construcción de acuerdos porque fuera del Congreso los partidos ya estarán compitiendo entre sí.
 
Durante los primeros días de 2015 varios diputados y senadores ya pidieron licencia para separarse de sus cargos y competir por cargos locales en los próximos meses.
 
Algunos de ellos son la senadora panista Sonia Mendoza, que quiere gobernar San Luis Potosí, y la senadora priista Claudia Pavlovich, nombrada candidata al gobierno de Sonora.
 
En estados y municipios, asimismo, decenas de funcionarios han pedido permiso para contender en la renovación de la Cámara de Diputados. Los 500 legisladores que resulten electos el 7 de junio formarán parte de la 63 Legislatura, la cual iniciará labores en septiembre.
 
En septiembre próximo iniciara trabajos la 63 Legislatura, con 500 nuevos diputados y los actuales 128 senadores (Cuartoscuro/Archivo).
 
Lea completa la noticia en: cnnmexico.com
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Martes 27 de enero de 2015

El Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán, La Libertad, resolvió ayer seguir procesando en libertad a cuatro oficiales de la Policía por haber revelado públicamente información falsa de varios ciudadanos para vincularlos como integrantes de una organización del crimen organizado que operaba en la zona Occidental del país, informaron fuentes judiciales.

Por tener reserva total el proceso judicial, los nombres de los oficiales de la Policía que son juzgados no fueron proporcionados. Sin embargo, los acusados son un subcomisionado, dos inspectores y un sargento; quienes fungieron en distintas jefaturas del Centro de Inteligencia Policial (CIP) entre junio de 2009 y noviembre de 2011.

Los acusados no podrán salir del país, deberán de presentarse de forma periódica al Juzgado de Instrucción, no podrán cambiarse de domicilio y no acercarse a los testigos y personas que aparecen mencionadas en el proceso judicial.

Los acusados habrían relacionado a altos oficiales de la Policía, jefes fiscales, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, empresarios, políticos, exfuncionarios de gobiernos anteriores, y personas particulares como integrantes de un grupo del crimen organizado que tenía el Occidente del país como centro de sus operaciones.

Las investigaciones revelaron que los procesados vincularon a personas que no estaban ligadas con los hechos investigados para dañarles la imagen a esas personas, aparentemente por razones político-ideológicas.

Luego habrían publicado esa información en las redes sociales y la filtraron a periódicos digitales con el propósito de desprestigiarlos ante la opinión pública, según las investigaciones.

Además se estableció en las indagaciones que los oficiales acusados usaron los recursos informáticos de la Policía para crear montajes de organigramas de estructuras criminales y les pegaban las fotografías de los ofendidos para hacer ver que eran integrantes de esos grupos.

A los cuatro oficiales los seguirán procesando por el delito de revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos, contemplado en el artículo 324 del Código Penal y el cual es sancionado de cuatro a seis años de prisión.

Las investigaciones de la Policía y de la Fiscalía determinaron que la organización criminal sí existía en la zona Occidental del país, y de hecho se han capturado y están siendo procesados varios de sus integrantes ligados a robo de autos y narcotráfico, pero en ningún momento se procedió en contra de las personas que involucraron porque no se estableció que tuvieran algún vínculo.

El caso pasará a conocimiento del Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla, La Libertad; donde se decidirá en los próximos meses si los cuatro policías son llevados a juicio.

El fiscal general Luis Martínez dijo en su oportunidad que "vamos a romper esa mala cultura de andar espiando funcionarios, empresarios, o personas particulares. Ya es tiempo de llevar orden al país.

También dentro de las investigaciones se incluía el seguimiento en vehículos policiales y en taxis a empresarios y oficiales de la misma Policía por considerarlos sus adversarios políticos, aunque en las investigaciones no se obtuvieron indicios de esa hipótesis.

Los ofendidos bien pueden demandar a los cuatro procesados por difamación al tratar de mancharles la imagen.

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